Las quiebras empresariales escalan a su récord desde 2014 pese al triunfalismo de SánchezEspaña suma 5.475 concursos de acreedores hasta el 30 de noviembre, un 40% más que en 2020Las insolvencias empresariales se disparan en Cataluña, con más de una de cada cuatro del total nacional
​Antonio Ramírez CerezoSEGUIR
MADRID Actualizado:07/12/2021 08:59hGUARDAR

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Los buenos datos de empleo publicados la semana pasada y los buenos augurios de crecimiento económico que sigue vendiendo el Gobierno cabalgan entre contradicciones. A saber, mientras el número de ocupados crece -y en medio de una negociación de nueva reforma laboral que enfrenta a Yolanda Díaz con los empresarios-, España sigue perdiendo tejido productivo a niveles de los últimos coletazos de la crisis financiera. Hasta el 30 de noviembre, el número de empresas que presentaron concurso de acreedores llegó a 5.475, una cifra un 40% superior a la del año pasado y récord desde 2014, según la compañía filial de Cesce, Informa D&B. Aunque cabe remarcar la baja estadística de 2020 debido al estado de alarma y la
 moratoria concursal.
La región que lidera las quiebras vuelve a ser Cataluña al superar entre enero y noviembre los 1.500 concursos, más del 25% del total nacional, lo que supone un avance del 50% interanual. Por su parte, Madrid tampoco se queda atrás con 347 empresas concursadas más respecto a 2020, aunque en noviembre registró una bajada del 4% en términos interanuales. A destacar también el incremento en regiones como Castilla-La Mancha (+67,42%) y Canarias (62,89%). Todas las comunidades perciben un aumento de la concursalidad excepto Cantabria y Ceuta y Melilla.
Por sectores sorprende el espectacular incremento que sufre el sector de la hostelería, un 125% más hasta llegar a las 867 quiebras. Aunque no es la que más crece en términos absolutos, pues el comercio, con 1.157, y la construcción y actividades inmobiliarias, con 1.024, la superan, según Informa D&B.

ABCLas empresas concursadas desde enero contaban con 40.771 empleados y una facturación de cerca de 4.700 millones de euros, inferior a los 5.900 millones de las que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, también cabe destacar el abultado número de disoluciones de empresas registradas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Una circunstancia que viene alentada por el crecimiento del número de empresas que presentan a la vez concurso y extinción, que rozan ya el 70% de las firmas concursadas, cuando antes de la pandemia este porcentaje apenas llegaba al 50%. En total, en lo que llevamos de 2021, 24.460 compañías se han disuelto, un 20% más que el año pasado, aunque en este caso sigue siendo una cifra menor a años anteriores a la pandemia.
En este campo fue Madrid con 6.934 empresas disueltas, el 28% del total, la región que más perdió. Le siguen Andalucía, con 3.288, un 19% más, y Valencia, que crece un 29% hasta las 2.954. Las disoluciones también se elevan en todos los sectores en el acumulado anual excepto en energía, donde se recortan un 26%. Construcción y actividades inmobiliarias, con 5.832, y el comercio, con 4.787 empresas, son los que más tejido pierden. Entre las compañías que han declarado concurso o iniciado proceso de disolución este año suman una facturación de más de 20.000 millones.
Nuevas prórrogasEn todo caso, hay que recordar que la moratoria concursal, prorrogada otra vez por el Gobierno hasta el 3o de junio de 2022, tras el consentimiento de Bruselas, impide la presentación de concursos necesarios por parte de acreedores. Un factor, que como ya han avisado numerosos organismos, está conteniendo una avalancha de presentaciones concursales en los juzgados, además de conllevar una posible zombificación de la economía.
En el mismo sentido, entidades como el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas de España avisan del riesgo de que el retraso en la recuperación de la economía española pueda incidir en que un mayor número de compañías y autónomos se vean abocados a la quiebra. De hecho, el Refor alerta de que España será el país del mundodonde más crecerán las quiebras en 2021 y seguirá entre los diez primeros el próximo año.
Entre las empresas en concurso o disueltas a lo largo de 2021 suman más de 20.000 millones de facturaciónMención especial hicieron al aumento de insolvencias en el caso de las personas físicas, que se han multiplicado por seis entre 2015 y 2020, y que continuarán en esta tónica este año por las «consecuencias derivadas del incremento en el precio de las energías, inflación y retrasos en el abastecimiento de determinadas materias primas».
Según los economistas, estos peligros también acechan al resto de empresas independientemente de su tamaño. En concreto, señalan que riesgos como los cuellos de botella en el comercio internacional, una inflación de carácter estructural, la incertidumbre en la regulación laboral y fiscal, el deterioro de las condiciones crediticias tras los avales ICO y el retraso en la llegada de los fondos europeos podrían incidir en un mayor retraso en la recuperación y, por tanto, en más quiebras.
Lenta recuperaciónEspaña aún no se ha recuperado del Covid-19. Y no lo hará plenamente hasta 2023 ya que la recuperación no va como esperaba el Ejecutivo. El retardo de la recuperación económica ya es notorio y así se lo han hecho saber al Gobierno numerosos organismos en los últimos meses. El FMI, la Comisión Europea o la OCDE ya han recortado las previsiones de crecimiento para España este año, mientras el Ejecutivo sigue empeñado en su defensa de que creceremos un 6,5% este ejercicio, como así plasmó en los Presupuestos Generales del Estado validados por el Congreso hace dos semanas.
Pero La Moncloa ya tiene puesta las miras en seguir maquillando estos datos el próximo año. Para ello se ha servido de la prórroga otrorgada por Bruselas a todas las economías europeas para seguir sacando partido a todos los mecanismos de apoyo a la economía para paliar el Covid-19.
Entre estas medidas se encuentran las moratorias concursales, pero también la línea de créditos ICO. Unas extensiones, que como ya avisaron en este periódico distintas fuentes empresariales, no son más que patadas hacia adelante, pues supone mantener vivas a un gran número de empresas, sin tener en cuenta si son viables o no. Las quiebras ya están repuntando, pero lo que está por venir es impredecible ya que el tejido productivo sigue en buena medida anestesiado.
Asimismo, en el mismo paquete también se prorrogaron el uso de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas (fondos de rescate), tanto el de grandes empresas estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como el de ayudas a las pymes, dirigido por Cofides. Hasta el momento, pocas empresas se han visto beneficiadas de su capital.
Llamativo es el caso del mecanismo de la SEPI, que en año y medio tan solo ha dado salida a diez rescates y repartido menos del 15% de los 10.000 millones con los que está dotado el fondo. Ahora, dispondrá de apenas siete meses para resolver el más de medio centenar de expedientes que se acumulan en sus despachos. Por su parte, el fondo de recapitalización de pymes, tan solo ha repartido 12 millones de euros a dos empresas. Aunque cabe destacar, que apenas lleva unos meses puesto en marcha. concurso de acreedores alicante, elche, benidorm y denia

SJE REFOR-CGE 41/21.
1) Doctrina: El tratamiento concursal de los créditos garantizados con hipoteca legal tácita.***


Autora: Fachal Noguer, Nuria.
Anuario de Derecho Concursal 52, enero – abril 2021, páginas 283 a 322.
Hipoteca legal tácita: Concepto.
IBI: Tratamiento concursal.
IVTM: Tratamiento concursal.
Cuotas de urbanización: Tratamiento concursal.
Gastos de comunidad de propietarios: Tratamiento concursal.


La autora aborda con cita de numerosa jurisprudencia y doctrina los diferentes aspectos concursales de los créditos que se encuentran garantizados con hipoteca legal tácita. En especial el IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, las cuotas de urbanización y los gastos de comunidades de propietarios. Resulta muy de agradecer que la profesora exponga y fundamente las diferentes tesis existentes en las cuestiones polémicas y que a continuación se pronuncie y nos dé su parecer.


La obra comienza tratando en sus respectivos capítulos dos cuestiones generales que son fundamentales para el desarrollo posterior: los créditos con privilegio especial en el Texto Refundido y la hipoteca legal tácita en contraposición a la expresa. Considera hipotecas legales tácitas las previstas en los arts. 194 y 196 de la Ley Hipotecaria.


El capítulo tercero desarrolla la hipoteca legal de determinados créditos tributarios. A su criterio los créditos que quedan garantizados con la hipoteca legal tácita del art. 78 LGT son los tributos que gravan periódicamente bienes inmuebles y los que gravan periódicamente bienes y derechos inscribibles en registro público. Incluye el IBI y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, dejando abierta la posibilidad de incluir el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.


En relación al IBI, trata sobre la afección fiscal del art. 79 LGT según la cual los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos por derivación de la acción tributaria. Esta afección sólo se activa en caso de transmisión y respecto aquellas deudas tributarias no abonadas por los sujetos pasivos.


El capítulo cuarto es el de mayor aplicación práctica. En relación al IBI, a criterio de la autora, las dos anualidades a que se refiere la formulación genérica del art. 78 LGT deben ser las devengadas en la anualidad en curso al tiempo de la declaración de concurso así como la anualidad inmediatamente anterior.


Pese a la interpretación restrictiva de los créditos o preferencias que consagra el apartado segundo del art. 269 TRLC, a criterio de la autora deben incluirse los intereses remuneratorios, los moratorios (estos últimos con la imposibilidad de devengo desde la declaración de concurso), los recargos y también las costas si declarado el concurso se cumplen los presupuestos establecidos en el art. 144 TRLC. La preferencia (también habla de prioridad o primacía) es absoluta y pasa por delante de otros acreedores que tengan derechos reales inscritos.


Declarado el concurso, los créditos devengados con posterioridad deben calificarse contra la masa y recuerda que el IBI se devenga el 1 de enero de cada ejercicio.


Por lo que se refiere al tratamiento concursal del crédito por impago del impuesto de vehículos de tracción mecánica, a su criterio también debe ser clasificado como crédito con privilegio especial.
Con cita de la jurisprudencia sentada por el TS en la materia, recuerda que las cuotas o derramas de urbanización giradas por la Junta de Compensación, cuya afectación consta en el Registro, son créditos concursales con privilegio especial. Las giradas posteriormente, lógicamente, tendrán la consideración de crédito contra la masa.


En su último capítulo pone sobre la mesa el intenso debate doctrinal suscitado en relación a la naturaleza jurídica de la preferencia de los créditos existentes en favor de la comunidad de propietarios del art. 9.1.E) de la Ley de Propiedad Horizontal. La disyuntiva se centra en si tiene efectos reales o se trata de una preferencia de alcance personal. La magistrada se posiciona a favor de la tesis que niega al crédito por gastos comunes en edificios en régimen de propiedad horizontal la clasificación de crédito privilegiado especial. Y es que, como señala más adelante “no se puede soslayar un obstáculo difícilmente salvable, como es la ausencia de una previsión legal en la que se atribuya tal privilegio a los créditos por gastos comunes en caso de concurso”. Lo que se traduce en que “cuando el inmueble pertenezca a una persona física o jurídica en situación de concurso (…) la comunidad concurrirá con el resto de acreedores, pero sin privilegio alguno.”
Sin perjuicio de ello, el adquirente de un inmueble en régimen de propiedad horizontal afecto al pago de esas cuotas anteriores por gastos generales que no han sido satisfechas en el concurso responderá -con los límites legales- de su pago.


El trabajo, por su claridad, profundidad y fundamentación está llamado a convertirse en un referente que será citado por otros posteriores y también por la jurisprudencia. Y es que en un buen número de procedimientos nos topamos con créditos como los citados y muchas veces no sabemos cómo resolver las cuestiones jurídicas que se plantean en torno a los mismos.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
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1.- STS 783/2021, de 15 de noviembre*


Sala de lo Civil. Ponente, Juan María Díaz Fraile.
Ejecución hipotecaria: de inmueble distinto al de vivienda, efectos sobre contrato de arrendamiento no inscrito o inscrito con posterioridad a la hipoteca ejecutada.


Nota: Aunque la Sentencia se refiere a un proceso de ejecución hipotecaria, consideramos que los efectos son extrapolables a la ejecución por subasta en el seno del concurso de acreedores.


Los arrendamientos de inmuebles para uso distinto al de vivienda no inscritos, o los inscritos con posterioridad a la hipoteca ejecutada, carecen de eficacia frente al adjudicatario, de forma que la transmisión de la finca (en un procedimiento de ejecución hipotecaria) provoca en este caso la extinción del arrendamiento a instancia de aquél. Se trata, por tanto, de un supuesto de resolución de la relación arrendaticia ejercitable facultativamente por el adjudicatario del inmueble, y solo en caso de no ejercitarse da lugar a su subrogación en la posición del anterior propietario o arrendador, dando así continuidad al contrato de arrendamiento.



2.- A JPI 3 HUES 222/2021, de 8 de noviembre.*


BEPI: Efecto sobre los avalistas.


El BEPI del deudor principal no puede beneficiar a los fiadores del deudor concursado.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
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AMPLIACIÓN PRÓRROGA CONCURSAL HASTA EL 3O JUNIO 2022
Acabamos de ver que esta tarde en Consejo de Ministros se ha aprobado el siguiente Real Decreto Ley de interés, que se publicará próximamente en el BOE. Incluimos resumen del citado Consejo de Ministros, información oficial de la que disponemos en este momento.


Medidas en el ámbito concursal


"El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.


El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.

CONCURSOS DE ACREEDORES EN ALICANTE

La Segunda Oportunidad, una ley que funciona a pesar de ser una gran desconocida
De izda a dcha: Jesús Sánchez, Lourdes Ciuró, Mª Eugènia Gay e Yvonne PaviaEl 1º Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad se ha cerrado con la conclusión de que la Ley de Segunda Oportunidad “funciona”, como muestran los datos obtenidos por el Observatorio de la Insolvencia Personal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, según los cuales el 95% de personas que acude a este mecanismo obtienen la exoneración.
Sin embargo, se trata de una herramienta muy desconocida tanto por la sociedad como por los propios profesionales. Por eso una de las conclusiones de este encuentro celebrado en Barcelona ha sido un llamamiento a la formación, tanto de los actores intervinientes en este mecanismo como de los ciudadanos, ya que una mejor educación financiera redundará en una mejor salud del tejido empresarial y menores casos de insolvencias personales.
El anteproyecto de reforma de la Ley Concursal ha sido también uno de los protagonistas de este encuentro. Sobre este texto se ha debatido en varios aspectos clave, y se ha defendido la necesidad de la participación de abogados y administradores concursales en el proceso.
Además, los participantes han concluido que es necesario evitar debates morales sobre la buena fe del deudor, y ceñir esta cuestión a la calificación culpable o no del concurso, para “objetivizar el concepto de buena fe y garantizar la posición del deudor, que tiene que saber qué le va a pasar en un procedimiento de Segunda Oportunidad”.
Durante el Congreso se ha querido poner el acento no solo en los aspectos jurídicos, sino también en los sociales y el impacto que la insolvencia tiene sobre las personas. Por ello, se concluye que “el ciudadano ha de estar en el centro de la norma” y que el sobreendeudamiento “tiene un impacto claro y definido en la salud emocional de las personas, y también en la unidad familiar”. Sin embargo, las deudas siguen siendo percibidas como un estigma.
Mecanismos como la Segunda Oportunidad “no son la solución definitiva a la pobreza crónica, pero sí una herramienta que permite encauzar vidas y reiniciar proyectos”, señalan.
Las conclusiones de las jornadas apuestan también por los programas de acompañamiento profesional a los deudores y piden más apoyo normativo para las insolvencias de autónomos.
También se aboga por el uso de las herramientas de alerta temprana para las pymes, que eviten problemas antes de que sea demasiado tarde, y se considera imprescindible la actuación coordinada con diferentes instituciones profesionales, sociales y con la administración pública para dar una respuesta adecuada a estas situaciones, que lleve a una sociedad más justa y más resolutiva ante endeudamientos sobrevenidos
Las conclusiones de este encuentro, se trasladarán a organismos locales, autonómicos, ministerios y Congreso de los Diputados.
Buenas prácticas de los Colegios de Abogados
Gran parte del éxito del mecanismo de Segunda Oportunidad reside en los Colegios de Abogados, y por ello, en la segunda jornada del Congreso se celebró una mesa con varios representantes de estas entidades para que expusieran sus Buenas Prácticas en esta área, moderadas por el secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía, José Antonio Perales.
Luis Miguel Fernández, vicepresidente del Grupo de Abogados Especializados en Derecho Mercantil del Colegio de Abogados de Granada, lamentó que “en Andalucía no existe conciencia suficiente de la institución de la Segunda Oportunidad”, y por ello, “el Colegio está realizando una gran labor de divulgación en esta materia”, además de contar con un Turno de Oficio especializado en asuntos de Segunda Oportunidad.
Antonio García Montes, diputado del Colegio de Abogados de Murcia, destacó que “la función de los Colegios es ser sensibles a la realidad que nos rodea”, y por ello desde su institución se han firmado convenios con el Gobierno de Murcia para poner en marcha el “Plan Renace”, que ahora está a la espera de renovación.
Por su parte, Mireia Labarías Cortes, diputada 3ª del Colegio de Abogados de Terrassa, explicó que desde su Colegio se detectó el gran desconocimiento que existe sobre la Ley de Segunda Oportunidad entre usuarios y letrados, y por tanto se apostó por la formación. Además, han puesto en marcha un Turno de Oficio específico dentro de la sección civil.
Finalmente, Yvonne Pavía Lalauze, diputada y tesorera del Colegio de la Abogacía de Barcelona, destacó la creación de un Grupo de Trabajo de Segunda Oportunidad, así como un taller práctico mensual para abogados. También ha puesto en marcha un Turno de Oficio sobre esta materia

SJE REFOR-CGE 39/21.



1) Roj: ATS 12681/2021, de 5 de octubre.*
Sala de lo Social. Ponente, Antonio Vicente Sempere Navarro
Unidad productiva: Sucesión laboral (anterior al TRLC).


Cuando en el seno del concurso se produce la adjudicación de una unidad productiva autónoma, se aplica el artículo 44 ET y las previsiones de los artículos 146 bis y 149.4 LC no permiten exonerar de responsabilidad a la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo contrato se halle extinguido en el momento de la adjudicación y el trabajador no fue, por tanto, subrogado. El artículo 44 ET implica la subrogación del cesionario en la posición jurídica del cedente y la transmisión de la titularidad de todos los derechos y obligaciones que tenía el cedente que son asumidos por el cesionario. Por tanto, si la entidad concursada adeudaba a los actores determinadas cantidades, los efectos del mencionado precepto legal determinan que la entidad cesionaria asuma la deuda reconocida y se convierta en responsable solidario de la misma.



2) Roj: AJM C 2838/2021, de 26 de julio.***
Juzgado Mercantil 1. Magistrada, Nuria Fachal Noguer.
Unidad productiva: Activos hipotecados.
Supuesto de hecho: Administración concursal que solicita la cancelación de hipotecas inscritas sobre fincas de la concursada, en las que asumió la condición de hipotecante no deudor.


En la presente resolución se asume la tesis favorable a la compatibilidad de la purga general -cfr. art. 225 TRLC- y de la cancelación de las cargas posteriores, que, en la ejecución singular, es fruto de la adjudicación de los bienes objeto de realización citada LEC art. 149.5 -cfr. art. 674 LEC-. Por ello, ha de concluirse que la cancelación de la segunda y de la tercera hipoteca sí entrará en el ámbito competencial del juez del concurso cuando, en la transmisión del bien o derecho afecto al pago del crédito con privilegio especial, se hayan observado las prescripciones legales y, además, el valor de realización de este activo sea inferior al importe del crédito reconocido como privilegiado especial -con origen en la hipoteca de rango preferente-. Así sucederá no sólo cuando se acuda a la subasta concursal como método para la realización de los bienes o derechos afectos, pues no debemos perder de vista que la vocación de purga de cargas y gravámenes es la de extender su aplicación a cualesquiera métodos de realización de los bienes y derechos de la masa activa. En el presente caso, tal y como se ha expuesto en páginas precedentes, se cumplen los requisitos para la enajenación de las unidades productivas de la concursada y, en concreto, en lo que respecta a la unidad productiva de frío, se han cumplido las exigencias del art. 214.1.1º TRLC respecto de los bienes y derechos afectos al pago de crédito con privilegio especial, que operan si la transmisión tiene lugar sin subsistencia de garantía. Las restantes cargas de naturaleza real que gravan la finca registral nº 29.433 no tienen el carácter de preferentes ni han conllevado el reconocimiento de un crédito privilegiado especial dentro del concurso - al haberse constituido en garantía de deudas de un tercero-. El juez del concurso está facultado para ordenar su cancelación, ya que la facultad de purga que reconoce el art. 225 TRLC ha de ser interpretada de forma coherente y sistemática con el art. 674 LEC cuando, como aquí acaece, el producto obtenido con la realización del activo gravado sólo alcanza para abonar parcialmente el crédito que goza de preferencia registral.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

​Concurso de acreedores en alicante y elche.

La Ley de la Segunda Oportunidad por fin habilita cancelar las deudas públicasEsto supone un enorme alivio sobre todo a pequeños autónomos con cuotas atrasadas de la Seguridad Social o con deudas tributarias del pasado
La cancelación de deudas de persona física tras un concurso de acreedores sigue generando controversia sobre si incluye las cantidades reclamadas por las administraciones públicas.
Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo el 2 de julio de 2019, los Juzgados de todo el país están respetando y generalizando su aplicación práctica, siendo ya son 22 las exoneraciones de deuda pública conseguidas por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en lo que llevamos de año.
¿Entran las deudas con Hacienda y Seguridad Social en la Ley de la Segunda Oportunidad?


La Ley de la Segunda Oportunidad está en vigor en España desde el año 2015. Desde entonces, no ha cesado un intenso debate, donde, por un lado, la Unión Europea siempre ha abogado por que el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) -el perdón definitivo de las deudas no pagadas- comprenda las deudas de derecho público, mientras que, por otro, el Gobierno español ha tratado de entorpecer tal labor.
Este dilema pareció desaparecer en 2019 cuando el Tribunal Supremo se pronunció interpretando la finalidad de la Ley 25/2015 y el mecanismo de “segunda oportunidad”. Concluyó entonces que carecía de sentido conceder el perdón de todos los créditos privados al deudor, pero dejar intactos los públicos. Recalcó además que los intereses, las sanciones, los recargos y la mitad del principal de los créditos públicos deben ser exonerados en el mismo momento que los privados. El restante 50% del principal se llevaría a un plan de pagos post-concursal sin intereses, acorde a los ingresos del deudor.
A pesar de este rayo de luz para miles de españoles que arrastraban miles de euros adeudados a la Administración Pública, en 2020 entró en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal . El Gobierno vuelve a sembrar la preocupación tras redactar que “el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público” en el artículo 491 de la nueva norma.
Tras esto, han tenido que ser los Juzgados los que tomen riendas en el asunto. Atendiendo a que un Texto Refundido es una aclaración y depuración de una normativa y, por tanto, no puede modificar una ley (como es la Ley concursal), la práctica procesal ha continuado aplicando los criterios establecidos por el Tribunal Supremo el 2 de julio de 2019 y exonerando a todo aquel deudor de buena fe que tenga algo pendiente con la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.
Portada del artículo titulado “Un Juzgado exonera el pago de una deuda pública a pesar de la oposición del Ayuntamiento” publicado el 24/09/2021. (Foto: Economist & Jurist)
De este modo, por ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, formada por abogados y economistas especialistas en Derecho concursal, ha compartido con este medio que son ya 22 exoneraciones de deuda pública las conseguidas en lo va de año. Al respecto, nos comenta una de sus abogadas, Andrea Olcina, que “suele pensarse que estas sentencias son cosa de Barcelona o Madrid, juzgados pioneros en aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, pero la realidad es que otros tribunales con menor impacto como Orihuela (Alicante) o Illescas (Toledo) siguen resolviendo en contra del Texto Refundido”.
Esto supone un enorme alivio sobre todo a pequeños autónomos con cuotas atrasadas de la Seguridad Social o con deudas tributarias del pasado. Todo aquel que tenga deuda pública, y que no pueda afrontarla, puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y optar a empezar de nuevo financieramente.
Ejemplos de sentencias más recientesSiendo objetivos, podemos concluir que la Ley de la Segunda Oportunidad por fin cancela las deudas públicas. Solo en este 2021, los mismos abogados de la asociación han conseguido esta hazaña en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Valladolid, Albacete, Murcia, Jaén, Guadalajara, Orihuela o Benidorm, por citar algunos ejemplos.
El último caso ha sido en Huesca el pasado 8 de noviembre, donde el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 ha concedido la exoneración de 9.325,65 euros frente a Seguridad Social y 6.337,47 frente Hacienda.
Algunos otros casos a destacar son los resueltos en Jaén el pasado 9 de junio, en Valencia el 9 de septiembre o en Orihuela el 2 de noviembre.

¿Entran las deudas con Hacienda y Seguridad Social en la Ley de la Segunda Oportunidad?


La Ley de la Segunda Oportunidad está en vigor en España desde el año 2015. Desde entonces, no ha cesado un intenso debate, donde, por un lado, la Unión Europea siempre ha abogado por que el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) -el perdón definitivo de las deudas no pagadas- comprenda las deudas de derecho público, mientras que, por otro, el Gobierno español ha tratado de entorpecer tal labor.

Este dilema pareció desaparecer en 2019 cuando el Tribunal Supremo se pronunció interpretando la finalidad de la Ley 25/2015 y el mecanismo de “segunda oportunidad”. Concluyó entonces que carecía de sentido conceder el perdón de todos los créditos privados al deudor, pero dejar intactos los públicos. Recalcó además que los intereses, las sanciones, los recargos y la mitad del principal de los créditos públicos deben ser exonerados en el mismo momento que los privados. El restante 50% del principal se llevaría a un plan de pagos post-concursal sin intereses, acorde a los ingresos del deudor.
A pesar de este rayo de luz para miles de españoles que arrastraban miles de euros adeudados a la Administración Pública, en 2020 entró en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal . El Gobierno vuelve a sembrar la preocupación tras redactar que “el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público” en el artículo 491 de la nueva norma.
Tras esto, han tenido que ser los Juzgados los que tomen riendas en el asunto. Atendiendo a que un Texto Refundido es una aclaración y depuración de una normativa y, por tanto, no puede modificar una ley (como es la Ley concursal), la práctica procesal ha continuado aplicando los criterios establecidos por el Tribunal Supremo el 2 de julio de 2019 y exonerando a todo aquel deudor de buena fe que tenga algo pendiente con la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Portada del artículo titulado “Un Juzgado exonera el pago de una deuda pública a pesar de la oposición del Ayuntamiento” publicado el 24/09/2021. (Foto: Economist & Jurist)

De este modo, por ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, formada por abogados y economistas especialistas en Derecho concursal, ha compartido con este medio que son ya 22 exoneraciones de deuda pública las conseguidas en lo va de año. Al respecto, nos comenta una de sus abogadas, Andrea Olcina, que “suele pensarse que estas sentencias son cosa de Barcelona o Madrid, juzgados pioneros en aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, pero la realidad es que otros tribunales con menor impacto como Orihuela (Alicante) o Illescas (Toledo) siguen resolviendo en contra del Texto Refundido”.
Esto supone un enorme alivio sobre todo a pequeños autónomos con cuotas atrasadas de la Seguridad Social o con deudas tributarias del pasado. Todo aquel que tenga deuda pública, y que no pueda afrontarla, puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y optar a empezar de nuevo financieramente.
Ejemplos de sentencias más recientesSiendo objetivos, podemos concluir que la Ley de la Segunda Oportunidad por fin cancela las deudas públicas. Solo en este 2021, los mismos abogados de la asociación han conseguido esta hazaña en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Valladolid, Albacete, Murcia, Jaén, Guadalajara, Orihuela o Benidorm, por citar algunos ejemplos.
El último caso ha sido en Huesca el pasado 8 de noviembre, donde el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 ha concedido la exoneración de 9.325,65 euros frente a Seguridad Social y 6.337,47 frente Hacienda.
Algunos otros casos a destacar son los resueltos en Jaén el pasado 9 de junio, en Valencia el 9 de septiembre o en Orihuela el 2 de noviembre.

























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¿Entran las deudas con Hacienda y Seguridad Social en la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad está en vigor en España desde el año 2015. Desde entonces, no ha cesado un intenso debate, donde, por un lado, la Unión Europea siempre ha abogado por que el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) -el perdón definitivo de las deudas no pagadas- comprenda las deudas de derecho público, mientras que, por otro, el Gobierno español ha tratado de entorpecer tal labor.

Este dilema pareció desaparecer en 2019 cuando el Tribunal Supremo se pronunció interpretando la finalidad de la Ley 25/2015 y el mecanismo de “segunda oportunidad”. Concluyó entonces que carecía de sentido conceder el perdón de todos los créditos privados al deudor, pero dejar intactos los públicos. Recalcó además que los intereses, las sanciones, los recargos y la mitad del principal de los créditos públicos deben ser exonerados en el mismo momento que los privados. El restante 50% del principal se llevaría a un plan de pagos post-concursal sin intereses, acorde a los ingresos del deudor.
A pesar de este rayo de luz para miles de españoles que arrastraban miles de euros adeudados a la Administración Pública, en 2020 entró en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal . El Gobierno vuelve a sembrar la preocupación tras redactar que “el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público” en el artículo 491 de la nueva norma.
Tras esto, han tenido que ser los Juzgados los que tomen riendas en el asunto. Atendiendo a que un Texto Refundido es una aclaración y depuración de una normativa y, por tanto, no puede modificar una ley (como es la Ley concursal), la práctica procesal ha continuado aplicando los criterios establecidos por el Tribunal Supremo el 2 de julio de 2019 y exonerando a todo aquel deudor de buena fe que tenga algo pendiente con la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.


Portada del artículo titulado “Un Juzgado exonera el pago de una deuda pública a pesar de la oposición del Ayuntamiento” publicado el 24/09/2021. (Foto: Economist & Jurist)
De este modo, por ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, formada por abogados y economistas especialistas en Derecho concursal, ha compartido con este medio que son ya 22 exoneraciones de deuda pública las conseguidas en lo va de año. Al respecto, nos comenta una de sus abogadas, Andrea Olcina, que “suele pensarse que estas sentencias son cosa de Barcelona o Madrid, juzgados pioneros en aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, pero la realidad es que otros tribunales con menor impacto como Orihuela (Alicante) o Illescas (Toledo) siguen resolviendo en contra del Texto Refundido”.
Esto supone un enorme alivio sobre todo a pequeños autónomos con cuotas atrasadas de la Seguridad Social o con deudas tributarias del pasado. Todo aquel que tenga deuda pública, y que no pueda afrontarla, puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y optar a empezar de nuevo financieramente.
Ejemplos de sentencias más recientesSiendo objetivos, podemos concluir que la Ley de la Segunda Oportunidad por fin cancela las deudas públicas. Solo en este 2021, los mismos abogados de la asociación han conseguido esta hazaña en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Valladolid, Albacete, Murcia, Jaén, Guadalajara, Orihuela o Benidorm, por citar algunos ejemplos.
El último caso ha sido en Huesca el pasado 8 de noviembre, donde el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 ha concedido la exoneración de 9.325,65 euros frente a Seguridad Social y 6.337,47 frente Hacienda.
Algunos otros casos a destacar son los resueltos en Jaén el pasado 9 de junio, en Valencia el 9 de septiembre o en Orihuela el 2 de noviembre.




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¿Qué requisitos se necesitan para poder acogerse a la 'Segunda Oportunidad'?
CHRISTIAN MORATA  NOTICIA15.11.2021 - 19:48H

• El momento para solicitar esta ley debe darse cuando la persona se encuentra en un estado actual de insolvencia.
• Cuantía de la deuda, patrimonio del deudor, buena fe...
• "Empecé a llorar, fue como volver a nacer": la Covid duplica los madrileños acogidos a la 'Segunda Oportunidad'.

Cartera vacía.
PIXABAYLa mayoría de personas ignoran qué es la Ley de Segunda Oportunidad, una medida que desde 2015 permite a las personas físicas, tanto particulares como autónomos, que no pueden hacer frente a sus deudas puedan tener un mecanismo con el que afrontar la situación y poder empezar de nuevo, dejando atrás todas ellas.
El momento para solicitar esta ley debe darse cuando la persona se encuentra en un estado actual de insolvencia o, incluso, cuando se prevea que en un futuro cuasi inmediato no se va a poder hacer frente con regularidad a las obligaciones contraídas.
Para que un particular o un autónomo puedan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad deben cumplir varios requisitos que tienen que ver con la cuantía de la deuda, el patrimonio del deudor y su forma de actuar.
Cuantía de la deuda
"Empecé a llorar, fue como volver a nacer": la Covid duplica los madrileños acogidos a la 'Segunda Oportunidad'A la 'Segunda Oportunidad' solo se puede acceder en caso de que la deuda pendiente de pago (o la suma de diferentes deudas pendientes) no supere los 5 millones de euros. En la práctica este es un requisito bastante fácil de cumplir, porque es un procedimiento orientado a particulares o autónomos y es complicado que estas lleguen a endeudarse tanto antes de empezar a tener problemas de liquidez.
Patrimonio del deudorOtro de los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es indispensable que el deudor ponga todo su patrimonio a disposición de los acreedores para intentar así sufragar las deudas pendientes. No obstante, si se trata de un autónomo puede conservar aquellos bienes que sean imprescindibles para poder desarrollar su actividad profesional (por ejemplo, un taxi, camiones, maquinaria, un local comercial, etc.).
Para poder acceder a la negociación, e incluso a la exoneración total de la deuda, el deudor debe acreditar que ha intentando pagar todo lo que le ha sido posible. De ahí la necesidad de que liquide su patrimonio para demostrar que de verdad hay intención de pagar pero no hay recursos suficientes para ello.
Buena feLa buena fe se exige como requisito para solicitar esta ley, pero es un concepto jurídico indeterminado que puede llegar a ser muy amplio. En este caso, se entiende que hay buena fe si el deudor ha hecho todo lo posible por pagar y aún así no lo ha conseguido. Algunas conductas que demuestran su buena fe son:

• Haber intentado negociar y alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de acudir al procedimiento de Segunda Oportunidad.
• No haber provocado su situación de insolvencia de manera voluntaria.
• No tener antecedentes por haber cometido un delito de carácter económico.
• No haberse acogido a otro procedimiento de Segunda Oportunidad en los últimos 10 años.
• No haber rechazado un trabajo adecuado a sus capacidades que le permita obtener recursos para sufragar sus deudas, en los cuatro años anteriores.

concurso de acreedores alicante

​ Doctrina: “La exoneración del pasivo insatisfecho en el anteproyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal”
) Doctrina: “La exoneración del pasivo insatisfecho en el anteproyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal”


Cuena Casas, Matilde. Revista General de Insolvencias & Reestructuraciones / Journal of Insolvency & Restructuring 4 / 2021
BEPI: Tratamiento en el Anteproyecto de reforma del TRLC de julio de 2021.


“Hay un cambio absoluto de sistema respecto del actualmente vigente en el TRLC. No hay retoque, sino un cambio de paradigma” que, a juicio de la autora, “va en la dirección correcta porque termina con un sistema que ha sido interpretado de forma demencial, generándose mucha inseguridad jurídica.”


“Es razonable que haya dos itinerarios para obtener la exoneración en función de las circunstancias particulares del deudor. Es adecuado el control de la conducta del deudor para evitar situaciones de riesgo moral. Las nue­vas exigencias se ven atemperadas por la inversión de la carga de la prueba. El nuevo texto impone más carga de actividad probatoria a los acreedores que deben ser asesorados correctamente para la defensa de sus derechos. Ahora es el deudor el que tiene derecho a la exoneración. Este cambio de perspectiva que procede de la DRI es muy importante.
El texto proyectado presenta algunos fallos relevantes que esperemos sean solventados a lo largo de su tramitación parlamentaria. El tratamiento del crédito público es insostenible. Debilita todo el sistema y compromete los objetivos de la DRI. Con este texto, los empresarios españoles estarán en inferioridad de condiciones y ello tendrá impacto en la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo. Veremos si el resto de los partidos políticos se comprometen de manera eficiente y apoyan a los empresarios con sentido de Estado y dejando de lado otro tipo de intereses.”



2) TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, S 18 de octubre de 2021***


CCM: Ejecución de créditos públicos.
Compensación: De CCM de derecho público.


Como consecuencia de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2017 (rec.cas.1632/2014), de 17 de julio de 2019 (rec. cas. 713/2016) y de 15 de diciembre de 2020 (rec. cas. 1763/2018) quedan superados los criterios fijados en la resolución de 26 de febrero de 2019 dictada en recurso extraordinario de alzada en unificación de criterio (RG 217/2018) y se procede a unificar criterio en el sentido siguiente:


1.- El artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no es de aplicación a los créditos contra la masa.
2.- La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, opera sobre los créditos concursales pero no sobre los créditos contra la masa.
3.- Es posible ejecutar singularmente una deuda contra la masa y, en consecuencia, compensarla de oficio, una vez abierta la fase de liquidación del concurso.
4.- El acuerdo de compensación es un acto meramente declarativo, en la medida en que se limita a declarar la extinción de una deuda tributaria producida en un momento anterior. Ello conlleva que la Administración tributaria, debidamente reconocido su crédito contra la masa, no tenga que ejercitar acción alguna de pago respecto a aquél ante el Juez del concurso en los términos del artículo 84.4 LC para hacer efectivo su acuerdo de compensación de oficio. Serán en su caso la administración concursal o los posibles acreedores afectados quienes, a la vista del acuerdo de compensación de oficio, podrán plantear incidente concursal si consideran que dicha compensación ha alterado el orden de prelación establecido por la normativa concursal para el pago de los créditos contra la masa. De ahí que la revisión y eventual anulación en la vía económico-administrativa de un acuerdo de compensación de oficio de la Administración tributaria respecto de una deuda contra la masa por causa de infracción de la normativa concursal requiere siempre el previo pronunciamiento al efecto del Juez de lo Mercantil competente en el concurso, a través de la resolución de un incidente concursal planteado por la propia administración concursal o por otros acreedores.


Nota: La aplicación práctica de esta resolución va a incrementar la litigiosidad en el seno del concurso de forma extraordinaria. Que una cuestión tan simple como el orden de pago por vencimiento del art. 245.2 TRLC o conforme el orden por clasificación del 250.1 TRLC se tenga que resolver mediante un incidente concursal nos parece desproporcionado. Pero la resolución es clara: las compensaciones a partir de ahora serán automáticas y de oficio.



3) Roj: STS 1872/2018, de 23 de mayo.*


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Fianza: Subrogación de acreedor de derecho público como consecuencia del pago.


Nota: Reproducimos esta resolución pues el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está comunicando en los concursos su subrogación en el crédito (líneas ICO avales covid-19) de entidades financieras. El tratamiento que debe darse a ese acreedor de derecho público es “el de inferior grado de entre las que correspondan al acreedor o al fiador” (párrafo segundo del art. 263.2 TRLC).


El Gobierno Vasco era fiador del crédito que unas entidades financieras tenían frente a la concursada. Como consecuencia de la ejecución de los avales, el Gobierno Vasco se subrogó en el crédito por pago del mismo. Tiene derecho a que le sea reconocido en el concurso de acreedores el importe del crédito satisfecho y respecto del que se subroga, pero su clasificación está sujeta a la regla del segundo inciso del art. 87.6 LC (actual párrafo segundo del art. 263.2 TRLC, la nota es nuestra).


No se discute que la clasificación que correspondía a los créditos de las entidades financieras de no haber existido la subrogación por pago hubiera sido la de «créditos ordinarios»; mientras que la clasificación que hubiera correspondido al fiador, en atención a que reúne los requisitos del art. 91.4º LC, sería la de crédito con privilegio general respecto de la mitad y crédito ordinario respecto de la otra mitad. De entre estas dos clasificaciones, la menos gravosa para el concurso es la primera, razón por la cual, en aplicación del art. 87.6 LC, debía optarse por ella y clasificar el crédito del Gobierno Vasco de crédito ordinario.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga


​

1) Roj: STS 3737/2021, de 7 de octubre.***


Sala de lo Contencioso. Ponente Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda
Administrador concursal: Tributación de los honorarios por IRPF vs IS.


Supuesto de hecho: Dos profesionales, que son socios de una sociedad profesional, son designados administradores concursales en diversos concursos a título individual. Es decir, los nombrados son ellos y no la sociedad profesional. ¿Puede la sociedad facturar estos servicios y tributar por Impuesto de Sociedades?


Resulta difícil juzgar en abstracto toda la casuística que las sociedades profesionales puede producir y que es harto complicado establecer una doctrina general sobre cuándo la actividad de tales sociedades responde a los parámetros de lo que se conoce como economía de opción y cuándo -por el contrario- tales sociedades pueden llegar a ser instrumentos directamente encaminados a eludir el pago de los tributos que resulten legalmente exigibles. Reproduce STS 1710/2020, de 11 de diciembre (rca. 872/2019), evocando la STS 1802/2019, de 17 de diciembre, rca. 6108/2017.


La posibilidad de que los servicios de administración concursal puedan llevarse a cabo tanto por personas físicas como jurídicas no es óbice para aceptar la conclusión a la que llegó la Administración y que, a nuestro juicio, debemos confirmar -ex articulo 13 LGT- por la necesidad de exigir la obligación tributaria con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado.


Los honorarios del administrador constituyen créditos contra la masa y en el ámbito del concurso es el propio administrador" quien se cobra" pues, en ilustrativa expresión de la STS (Sala Primera) 225/2017, 6 de abril, rec. 2383/2014, "tiene la llave de la caja y administra la masa activa".


Cuando el administrador concursal, designado por el juez del concurso, sea una persona física, los rendimientos obtenidos por esa concreta actividad concursal habrán de declararse como ingresos sujetos a IRPF -con la deducción de gastos y costes que proceda- y no por el Impuesto de Sociedades por cuanto la designación judicial no recayó sobre una sociedad.


2) Roj: STS 3768/2021, de 20 de octubre.**


Sala de lo Civil. Ponente, Rafael Saraza Jimena.
Cosa juzgada: efectos.
Acción frente a deudor solidario de concursada: Legitimidad.


1.- El laudo arbitral del que resulta una obligación pecuniaria para una determinada sociedad de capital ¿tiene efectos de cosa juzgada que impida que en un litigio posterior se exija responsabilidad solidaria a la sociedad resultante de la escisión parcial de aquella?


El laudo arbitral no puede tener eficacia de cosa juzgada negativa respecto de la demanda origen de este litigio por varias razones. La primera razón, porque la sociedad hoy demandada no fue parte en aquel proceso arbitral, por lo que no se cumple el requisito de identidad subjetiva exigido por el art. 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La segunda razón, porque tampoco la pretensión ejercitada coincide en uno y en otro litigio: en aquel, el fundamento de la acción era la existencia de cierto acuerdo entre las partes al que se pretendía dar cumplimiento; en este, la existencia de una escisión parcial, posterior al nacimiento de la obligación declarada en el laudo arbitral, de la que nacería una responsabilidad solidaria para la demandada respecto de una de las sociedades que resultó condenada en el laudo arbitral. Por tanto, falta el requisito de identidad de objeto que exige el art. 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


2.- El hecho de que la sociedad a la que el laudo condenaba al cumplimiento de determinada obligación pecuniaria haya sido posteriormente declarada en concurso ¿Impide que el acreedor de la concursada entable una acción contra la sociedad resultante de la escisión parcial de la concursada para exigirle la responsabilidad solidaria?


La existencia de un convenio no impide que el acreedor se dirija contra el obligado solidariamente con el deudor, sin perjuicio de que cuando se haya aprobado un convenio concursal, habrá que tomar en consideración cuál ha sido el voto del acreedor y, caso de que haya sido favorable a la aprobación del convenio, tomar en consideración qué prevén los pactos celebrados entre el acreedor y el obligado solidario y, a falta de estos, qué prevén las normas aplicables a la obligación que hubiere contraído.


El demandante puede pretender cobrar su deuda de Y, en el concurso de acreedores, y de Z, en este juicio declarativo ordinario, si bien no puede cobrar por duplicado puesto que la responsabilidad solidaria de ambas entidades supone que lo que cobre de una no podrá cobrarlo de la otra.


3) STS 726/2021, de 26 de octubre.**


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Calificación: ámbito temporal.
Calificación: Irregularidad contable, no contabilización de minoración patrimonial por préstamo a sociedad matriz.


Supuesto de hecho: Sociedad concursada que asiste financieramente a su matriz prestando 5.884.000€ en tiempos muy anteriores a la declaración de concurso, y que pese a conocer la dificultad (sino imposibilidad) de la matriz de generar flujos para poderlo restituir, no lo contabiliza como una minoración patrimonial.


Para la jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 583/2017, de 27 de octubre, la exigencia legal de que la irregularidad contable sea relevante significa que debe tener suficiente entidad, cuantitativa o cualitativa, para desvirtuar la imagen de la empresa que ofrece la contabilidad:


«La irregularidad será cualitativamente relevante cuando impida al tercero tener una información correcta y suficiente del estado patrimonial de la empresa y, especialmente, cuando oculte la existencia de una causa de disolución o de una situación de insolvencia. Y lo será cuantitativamente cuando el importe económico de la incidencia, en relación con el tamaño de la empresa, altere significativamente la situación patrimonial y financiera que se proyecta al exterior».
En nuestro caso, es evidente la relevancia de la irregularidad porque no reflejar en la contabilidad una minoración patrimonial de 5.884.000 euros, en atención al tamaño de esta sociedad, distorsionaba gravemente su imagen de solvencia, su situación patrimonial y financiera». Se estima en parte el recurso de casación.


En la sección de calificación se pueden juzgar todas las conductas subsumidas en el tipo general (art. 164.1 LC y ahora art. 443 TRLC) al margen de la antelación con que se realizaron respecto de la declaración de concurso, sin perjuicio de que no pueda declararse persona afectada por la calificación al administrador o liquidador (de hecho o de derecho) o apoderado general que fuera responsable de la conducta y que hubiera perdido esa condición dos años antes de la declaración de concurso.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) Roj: SAP IB 1030/2021, de 29 de abril.***


Ponente: María Arantzazu Ortiz González
Intereses: Inaplicabilidad de los devengados entre la declaración y la conclusión de concurso cuando se condena a un administrador social.


Supuesto de hecho: Administradores sociales que son condenados solidariamente al pago de una deuda de la sociedad que administran y sus intereses. La Audiencia provincial entiende que deben excluirse los intereses devengados en el periodo que discurre ente la declaración de concurso de la sociedad y su conclusión.


La cuestión es si la condena a este garante por mandato legal desde que nace la obligación social incluye el importe de los intereses que no se han devengado para la sociedad. En nuestro caso es muy relevante porque la obligación social dejó de devengar intereses entre los años 2010 a 2017. La suspensión del devengo es un efecto propio del concurso que, en consecuencia, cesa con la concusión del mismo en este caso además por insuficiencia de masa activa.


En el ámbito de la responsabilidad de los administradores, confirmada la condena, hay un patrimonio que va a pagar el principal. En identidad de razón podemos estimar que los intereses de la deuda impagada continúan devengándose desde la conclusión del concurso. Son obligación social nacida después de la causa de disolución y ya no está suspendido el devengo. En consecuencia, procede estimar el recurso en este punto y minorar el importe de los mismos detrayendo los que se han calculado desde marzo de 2010 hasta febrero 2017 porque no forman parte de la deuda originaria de la sociedad por la que ellos responden.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga


28/10/2021

​
1) STS 3606/2021, de 6 de octubre.***

Sala de lo Civil. Ponente, Pedro José Vela Torres.
Responsabilidad individual: Compras de mercaderías antes de la presentación del preconcurso.

Supuesto de hecho: En 2014 la sociedad A realizó compras masivas de productos textiles a la sociedad B. En septiembre de 2015 la sociedad A presentó el preconcurso y después el concurso en el que el administrador concursal reconoció que los primeros “resentimientos económicos” (fondos propios negativos) afloraron en 2014. A criterio de la Audiencia Provincial “en este contexto empresarial el demandado no debió comprar género textil a la compañía actora en la cuantía en que lo hizo, o en su caso debió informar a la sociedad demandante de su situación económica”, y condenó a los administradores sociales por una responsabilidad individual.

El tema reviste interés ya que en las fases iniciales de la insolvencia es frecuente la pregunta de los clientes ¿Puedo seguir comprando a crédito? Veamos qué dice el TS.

No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción de la responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador: cuando la sociedad resulte deudora por haber incumplido un contrato, haber infringido una obligación legal o haber causado un daño extracontractual, su administrador sería responsable por ser él quien habría infringido la ley o sus deberes inherentes al cargo, entre otros, el de diligente administración. Esta objetivación de la responsabilidad y la equiparación del incumplimiento contractual de la sociedad con la actuación negligente de su administrador no son correctas, puesto que no resultan de la legislación societaria ni de la jurisprudencia que la desarrolla.

El impago de las deudas sociales no puede equivaler necesariamente a un daño directamente causado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad deudora, a menos que el riesgo comercial quiera eliminarse por completo del tráfico entre empresas o se pretenda desvirtuar el principio básico de que los socios no responden personalmente de las deudas sociales. De ahí que se exija al demandante, además de la prueba del daño, tanto la prueba de la conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario, como la del nexo causal entre conducta y daño, sin que el incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del administrador, ni determinante sin más de su responsabilidad. Asimismo, como regla general, no cabe atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales de una sociedad que ha entrado en una situación de insolvencia que impide a sus acreedores cobrar sus deudas. Por el contrario, cuando la LSC ha querido imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales, ha exigido el incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad o solicitar el concurso, y ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución (art. 367 LSC).

Quien ha causado el quebranto patrimonial del acreedor, al no pagar su crédito, ha sido la sociedad, no sus administradores sociales. La actuación antijurídica de los administradores, por negligente o contraria a la diligencia exigible, no puede consistir en el propio comportamiento, contractual o extracontractual, de la sociedad que ha generado un derecho de crédito a favor del demandante.

Incluso en el caso de que los administradores sociales no hubieran sido diligentes en la gestión social y hubieran llevado a la sociedad a la insolvencia, el daño directo se habría causado a la sociedad administrada por ellos, que habría incurrido en pérdidas, no a los acreedores sociales, que solo habrían sufrido el daño de modo indirecto, al no poder cobrar sus créditos de la sociedad. Así pues, los daños sufridos por el acreedor no serían daños directos o primarios, sino reflejos o secundarios, derivados de la insolvencia de la sociedad. Para que el administrador responda frente al socio o frente al acreedor que ejercita una acción individual de responsabilidad del art. 241 TRLSC, es necesario que el patrimonio receptor del daño directo sea el de quien ejercita la acción. Y no es directo, sino indirecto, el daño sufrido por el patrimonio de la sociedad que repercute en los socios o acreedores.

En caso de que el acreedor haya sufrido daños como consecuencia de la insolvencia de la sociedad deudora, la acción que puede ejercitarse no es por regla general la individual, sino la social, que permite reintegrar el patrimonio de la sociedad. Es cierto que, en determinados supuestos, hemos considerado que la imposibilidad del cobro de sus créditos por los acreedores sociales es un daño directo imputable a los administradores sociales. Pero para ello es preciso que concurran circunstancias muy excepcionales y cualificadas, que en este caso no costa que se hayan producido.

No consta que la operación que dio lugar a la deuda, aun siendo de un elevado importe económico, fuera fraudulenta, extraordinaria o se alejara de las pautas habituales de contratación de la sociedad; antes al contrario, la propia argumentación de la sentencia recurrida relativa a que las marcas proveedoras obligaban a comprar un gran número de género induce a pensar lo contrario. Tampoco puede considerarse que la conducta del administrador fuera negligente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales: cuando tuvo noticia de la existencia de graves dificultades económica acudió al mecanismo preconcursal procedente y ante la inviabilidad de éste, instó el concurso voluntario de la sociedad, que fue declarado fortuito.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

DOS INFORMES INTERNACIONALES OCTUBRE 2021 SOBRE PREDICCIÓN INSOLVENCIAS PAÍSES 2021 Y 2022
Incluimos desde REFOR los siguientes dos informes internacionales con datos de predicciones de insolvencias de diversos países (entre ellos España). Incluimos traducción de una selección de algunos de los cuadros que consideramos de mayor interés:
1) "Insolvencies: We´ll be back" (Insolvencias: Volveremos) de Euler Hermes (fecha: 6 octubre 2021)

• Acceso al Informe (en VO)

- La retirada de las medidas de apoyo para empresas de los diversos gobiernos da lugar a una gradual normalización del número de insolvencias.


- El índice Global de insolvencias alcanza un rebote del + 15% anual en 2022 (tras la disminución dos años seguida del -6% en 2021 y del -12% en 2020). Las ayudas masivas de los gobiernos evitaron que hubiera 1 de cada 2 insolvencias en Europa Occidental y 1 de cada 3 en EEUU.
- En diversos países europeos y de mercados emergentes podrían resurgir insolvencias antes que en EEUU y diversas partes de Asia. Europa Occidental podría tener escenarios diversos: en España e Italia es probable una gran vuelta en número de insolvencias en 2022 (5.110 y 10.500 insolvencias respectivamente) debido a una mayor sensibilidad a la insolvencia en sectores debido a la Covid. Sin embargo, Francia (37.000), Alemania (16.300), Bélgica (8.150) y Holanda (2.400) les llevará más tiempo para llegar a niveles (concursales) pre pandemia debido al volumen y tiempo de ayuda recibida
- EEUU es la principal excepción, con un número bajo de insolvencias (como en 2021 y 2022) debido a la combinación de ayuda masiva (especialmente el "Paycheck Protection Program" en 2020) y el plan de recuperación en 2021-2022) y el más rápido rebote económico en tres décadas. Asia también alcanzará menos insolvencias en 2022, comparado con 2019, gracias a su salida más rápida de la crisis y su recuperación económica.
Gráfica 1: Índice Global Euler Hermes (y por Regiones mundiales) base año 2019
Gráfica 4: Abscisas: disminución de insolvencias 2020. Ordenadas: Evolución del PIB 2020
Predicción de insolvencias 2021 de diversos países comparado con 2020 y 2019:
(España: +53% respecto a 2019 y 34% sobre 2020)
2º) "Insolvency increases expected as support ends" ( Se espera crecimiento de la insolvencia tras fin de las ayuda, Atradius) (fecha: 7 octubre 2021)

• Acceso

- Al final de 2022, se espera que las insolvencias aumenten comparadas con niveles pre pandemia en la mayoría de los mercados. Esto puede ser debido a insolvencias de negocios que fueron salvados por las ayudas de los gobiernos en 2020 y la vuelta a niveles de insolvencia normales. En algunos casos, un nivel de recuperación económica débil contribuye a un mayor número de insolvencias.
- Los países en los que se espera un mayor crecimiento de insolvencias en 2021 y 2022 comparado con niveles pre pandemia son Italia (+34%), Reino Unido (+33%) y Australia (+33%).

Tabla evolución insolvencias 2021 comparado con 2019:
(España: predicción del +24% de incremento insolvencias en 2021)
Cuadro insolvencias: predicción 2022 en % con respecto a 2019:
(España: predicción del +26% de insolvencias en 2022)
Matriz de insolvencias 2022/2019:
(España en situación de deterioro y media incremento insolvencias)
Esperando que esta selección os resulte de interés y utilidad, recibid un cordial saludo.


REFOR

13 de octubre de 2021

   

​
DOS INFORMES INTERNACIONALES OCTUBRE 2021 SOBRE PREDICCIÓN INSOLVENCIAS PAÍSES 2021 Y 2022
Incluimos desde REFOR los siguientes dos informes internacionales con datos de predicciones de insolvencias de diversos países (entre ellos España). Incluimos traducción de una selección de algunos de los cuadros que consideramos de mayor interés:

1) "Insolvencies: We´ll be back" (Insolvencias: Volveremos) de Euler Hermes (fecha: 6 octubre 2021)
Acceso al Informe (en VO)

- La retirada de las medidas de apoyo para empresas de los diversos gobiernos da lugar a una gradual normalización del número de insolvencias.

- El índice Global de insolvencias alcanza un rebote del + 15% anual en 2022 (tras la disminución dos años seguida del -6% en 2021 y del -12% en 2020). Las ayudas masivas de los gobiernos evitaron que hubiera 1 de cada 2 insolvencias en Europa Occidental y 1 de cada 3 en EEUU.

- En diversos países europeos y de mercados emergentes podrían resurgir insolvencias antes que en EEUU y diversas partes de Asia. Europa Occidental podría tener escenarios diversos: en España e Italia es probable una gran vuelta en número de insolvencias en 2022 (5.110 y 10.500 insolvencias respectivamente) debido a una mayor sensibilidad a la insolvencia en sectores debido a la Covid. Sin embargo, Francia (37.000), Alemania (16.300), Bélgica (8.150) y Holanda (2.400) les llevará más tiempo para llegar a niveles (concursales) pre pandemia debido al volumen y tiempo de ayuda recibida

- EEUU es la principal excepción, con un número bajo de insolvencias (como en 2021 y 2022) debido a la combinación de ayuda masiva (especialmente el "Paycheck Protection Program" en 2020) y el plan de recuperación en 2021-2022) y el más rápido rebote económico en tres décadas. Asia también alcanzará menos insolvencias en 2022, comparado con 2019, gracias a su salida más rápida de la crisis y su recuperación económica.
1111
Gráfica 1: Índice Global Euler Hermes (y por Regiones mundiales) base año 2019
Gráfica 4: Abscisas: disminución de insolvencias 2020. Ordenadas: Evolución del PIB 2020
2222
Predicción de insolvencias 2021 de diversos países comparado con 2020 y 2019:
(España: +53% respecto a 2019 y 34% sobre 2020)
3333
2º) "Insolvency increases expected as support ends" ( Se espera crecimiento de la insolvencia tras fin de las ayuda, Atradius) (fecha: 7 octubre 2021)
Acceso

- Al final de 2022, se espera que las insolvencias aumenten comparadas con niveles pre pandemia en la mayoría de los mercados. Esto puede ser debido a insolvencias de negocios que fueron salvados por las ayudas de los gobiernos en 2020 y la vuelta a niveles de insolvencia normales. En algunos casos, un nivel de recuperación económica débil contribuye a un mayor número de insolvencias.

- Los países en los que se espera un mayor crecimiento de insolvencias en 2021 y 2022 comparado con niveles pre pandemia son Italia (+34%), Reino Unido (+33%) y Australia (+33%).

Tabla evolución insolvencias 2021 comparado con 2019:
(España: predicción del +24% de incremento insolvencias en 2021)
4444
Cuadro insolvencias: predicción 2022 en % con respecto a 2019:
(España: predicción del +26% de insolvencias en 2022)
55555
Matriz de insolvencias 2022/2019:
(España en situación de deterioro y media incremento insolvencias)
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Esperando que esta selección os resulte de interés y utilidad, recibid un cordial saludo.

REFOR
13 de octubre de 2021
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​SJE REFOR-CGE 34/21.
1) STS 651/2021, de 29 de septiembre.** (incluimos resumen del Gabinete Técnico del TS, pues la STS 651/2021 todavía no está subida a la base de datos del CENDOJ)


Sala Primera. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento: Contrato de tracto único.


El contrato concertado entre las partes era de compraventa de una parcela, un contrato de tracto único. Al tiempo de la declaración de concurso de MNT33, la vendedora, este contrato con obligaciones recíprocas estaba pendiente de cumplimiento por ambas partes, pues la vendedora tenía que entregar la finca en las condiciones pactadas y la compradora debía acabar de pagar la mitad del precio convenido. En consecuencia, en aplicación del art. 61.2 LC, las obligaciones de la concursada para con la compradora tenían la condición de créditos contra la masa, esto es, obligaciones exigibles con cargo a la masa y no sujetas para su satisfacción a la solución concursal por la que se optara (convenio o liquidación).


Como explicita el propio art. 61 LC, la declaración de concurso de la vendedora no determina la resolución del contrato de compraventa. Al margen de que fuera difícil el cumplimiento por parte de la vendedora de entregar la finca libre de cargas, al tiempo de la declaración de concurso el contrato no había sido resuelto y podía ser objeto de cumplimiento. Por lo que, ante el incumplimiento de la vendedora, la compradora podía instar el cumplimiento con cargo a la masa, que es lo que hizo al formular su pretensión principal, finalmente estimada por la Audiencia.


El que la administración concursal hubiera reconocido en la lista de acreedores un eventual crédito a favor de la compradora consistente en la devolución del precio a cuenta que ya había abonado, no afecta a la acción principal ejercitada en la demanda y estimada por la Audiencia. El crédito que se ha reconocido es el que podría corresponder al comprador en caso de resolución del contrato y condena a la compradora a devolver las cantidades recibidas a cuenta en concepto de precio. Como quiera que el comprador no ha optado por la resolución, sino por exigir el cumplimiento por el vendedor, que consiste en la entrega de la finca en las condiciones convenidas, esta obligación con cargo a la masa no se ve afectada porque la administración concursal hubiera incluido en la lista de acreedores aquel crédito de restitución de las cantidades entregadas a cuenta [...]


En el caso que ahora es objeto de enjuiciamiento, la parte in bonis, ante el incumplimiento de la vendedora, ejercita la acción de cumplimiento del contrato también prevista en el art. 1124 CC. Como hemos visto, esta obligación de la concursada cuyo cumplimiento se solicita, la entrega de la finca en las condiciones pactadas, es distinta de la eventual obligación de restitución de las cantidades recibidas a cuenta del precio derivada de una resolución contractual que no se ha instado. Razón por la cual, la estimación de la reclamación de cumplimiento de la obligación de entrega de la finca con cargo a la masa no constituye ninguna infracción del art. 97 LC.

​Ley de segunda oportunidad: empezar de cero tras perderlo todo
Hablamos con una mujer que lo ha conseguido. Todavía recuerda la llamada en la que se enteró de que estaba libre de cargas.

     
10/10/2021
Castilla y León Televisión
Suena casi a utopía, pero es posible empezar de cero después de haberlo perdido todo o casi todo. Cada vez más españoles se aferran a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo que sirve para eliminar las deudas si el afectado reúne determinados requisitos. La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para echar una mano a empresas y particulares que se ven ahogados por las deudas.

Desde que se aprobó, en 2015, no han dejado de aumentar los concursos instados: los casos que han llegado a los juzgados para determinar si esas personas podían reestructurar sus deudas. Los solicitantes de esta ley  se han multiplicado por cuatro en los últimos 6 años. Y eso, a pesar de que este mecanismo legal sigue siendo un gran desconocido.

Hablamos con una mujer que lo ha conseguido. Todavía recuerda la llamada en la que se enteró de que estaba libre de cargas.

Su caso se evidencia en miles de hogares, sobre todo a raíz de la pandemia. Carmen ha conseguido cancelar todas sus deudas. "Las cosas no me fueron muy bien. Estuve un tiempo pagando, pero llegó un momento en que ya no podía seguir pagando". En 2016, abre un bar y en seguida le empiezan a ahogar las deudas. El banco no daba tregua. "Tenía un número de teléfono que tuve que cambiar porque hasta las 9 de la noche llamándote... Eso era un acoso, que es que una persona termina enferma de los nervios. Bueno, de hecho yo terminé yendo hasta al psiquiatra y tomando medicación", reconoce. Fue entonces cuando descubrió la ley de Segunda Oportunidad.

Ana Isabel García, directora letrada de 'Repara tu deuda abogados' lo explica. "No es que no paguen porque no quieren, sino que no pagan porque no pueden. Por la situación en la que se encuentran".

Carmen reunía todos los requisitos. El primero de ellos: negociar antes con el banco para conseguir un plan de pagos justo. No fue posible. Además, era insolvente. "No puedes tener nada: ni coche, ni casa... Nada". La inmensa mayoría de los casos que llegan al juzgado, consiguen la reparación de la deuda.

Con la Ley de Segunda Oportunidad, se paralizarán todos los embargos porque esa deuda ha dejado de existir. "¿Sabes lo que es no tener deudas con nadie, que estás limpia de deudas? Eso es una tranquilidad para mí", reconoce Carmen. La tranquilidad de comprobar que era cierto: que se podía tener una segunda oportunidad.

​1) ROJ: STS 3430/2021, de 28 de septiembre.***

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.

Honorarios de la administración concursal: Limitación temporal de doce meses.

La DT3ª Ley 25/2015 no ha quedado derogada con la entrada en vigor del RDLeg 1/2020, de 5 de mayo. La limitación temporal, de doce meses, del derecho a cobrar la retribución durante el periodo de liquidación es aplicable a los administradores concursales de concursos en los que la fase de liquidación se abrió con anterioridad a la entrada en vigor de esta DT3ª Ley 25/2015. Se reitera la doctrina constitucional que distingue entre la retroactividad propia e impropia, y se razona que en el presente caso estamos ante una retroactividad impropia, pues a la relación jurídica consiguiente al nombramiento de un administrador concursal, al tiempo de abrirse el concurso, bajo un régimen legal y reglamentario que no establecía limitación temporal al cobro de honorarios durante la fase de liquidación, el juez del concurso le aplica la limitación temporal de cobro que establece la DT3ª, a partir de la entrada en vigor de esta última. No es una auténtica aplicación retroactiva, porque no afecta a derechos adquiridos (los honorarios anteriores a la entrada en vigor de la DT3ª), sino a una expectativa de cobro de unas retribuciones por la función desarrollada como administrador concursal, que en fase de liquidación se devenga mes a mes y, lógicamente, mientras durara la liquidación. Se altera la expectativa de cobro que tenía el administrador concursal, al cambiar el marco normativo que regula su retribución. La aplicación de la DT3ª sobre la retribución de los meses posteriores a su entrada en vigor está justificada por la propia ratio del precepto, evitar la prolongación en el tiempo de los concursos en fase de liquidación más allá de los doce meses y tratar de que esta prolongación no genere más costes para la masa.

Reproduce su jurisprudencia sentada en S 349/2020, de 23 de junio.



2) Roj: STS 3447/2021, de 22 de septiembre.***

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.

Calificación: Pagarés de favor, colusorios ("papel pelota").

Supuesto de hecho: Sociedades vinculadas a la concursada emitían pagarés a su favor que esta descontaba. No existía entrega de mercancía. El importe total de los pagarés de favor recibidos y descontados fue superior a 9.000.000€. La S recurrida condena al pago del importe del crédito contabilizado a favor de la concursada, que habría dejado de exigirse.

Tiene razón la recurrente en que el perjuicio no puede ser la restitución de una cantidad no debida, en cuanto que el pagaré emitido a favor de la concursada era de favor y no respondía a la entrega de mercancía o prestación alguna. La propia sentencia de primera instancia, ratificada por la de apelación, reconoce que esos pagarés eran emitidos por sociedades del grupo o vinculadas a la concursada, sin que hubiera mediado prestación alguna de la concursada que justificara dicha emisión, que se hacía para que la concursada pudiera descontarlos y obtener así una financiación, pero con el compromiso de no reclamar el importe de los "supuestos créditos", aunque se hubieran contabilizado.

La emisión de los pagarés de favor podía haber ocasionado algún perjuicio susceptible de indemnización, como el coste tributario y del descuento, así como las consecuencias de haber contribuido a generar una imagen falseada de la situación patrimonial de la concursada (por los créditos inexistentes) y el sobreendeudamiento. Pero la condena a indemnizar solicitada y concedida no responde a estos perjuicios, que además habría que cuantificar y justificar. Reitera su doctrina sentada en 341/2011, de 6 de junio.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

EcoleyEl CES recomienda simplificar el régimen preconcursal

• Propone mejorar los trámites para aumentar la supervivencia de las empresas ante riesgos de insolvencia
• Pide más implicación de los responsables de los principales acreedores públicos

1. Ignacio Faes

Madrid
 7:00 - 5/10/2021

El Consejo Económico y Social de España propone apuntalar mejor la regulación prevista en el régimen pre-concursal para simplificar procedimientos y trámites, sin que ello vaya en detrimento de las necesarias garantías de información, teniendo en cuenta que va a desaparecer buena parte de la tutela judicial directa; tal y como recoge el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.


El CES considera muy oportuno que el Anteproyecto introduzca mejoras en el derecho pre-concursal para incentivar las reestructuraciones de las empresas viables, que reformule el mecanismo de segunda oportunidad para permitir la exoneración parcial del pasivo insatisfecho a las personas físicas deudoras insolventes de buena fe, y que reduzca la duración y los costes procedimentales de los procesos concursales, particularmente para las microempresas.
Con relación al régimen pre-concursal, el Consejo reconoce el valor del mecanismo proyectado por cuanto persigue aumentar las posibilidades de supervivencia de las empresas ante un riesgo de insolvencia, al favorecer la reestructuración de la deuda en una fase temprana.
El Dictamen también considera conveniente el establecimiento, dentro de estas previsiones pre-concursales, de mecanismos de adquisición preferente que podrían facilitar la transmisibilidad a favor de los trabajadores a través de fórmulas de economía social.
De igual modo, se hace eco de la relevancia que el tratamiento del crédito público tiene en el procedimiento concursal, y constata que el Anteproyecto no sólo mantiene los privilegios vigentes respecto de este tipo de créditos, sino que ha optado por incrementarlos. En este sentido, el Consejo entiende que sería necesaria una mayor implicación de los responsables de los principales acreedores públicos en la búsqueda de soluciones para dar viabilidad a la empresa.
En opinión del CES, el crédito público debería verse más concernido en los planes de reestructuración de deuda, incluidas fórmulas de aplazamiento y quita, sin perjuicio de las garantías y particularidades que fueran necesarias en función del origen de tales créditos.
Venta de empresasEl Dictamen también incide sobre las previsiones relacionadas con la venta de la empresa o de alguna de sus unidades productivas independientes. A juicio del CES, sería necesario reforzar la seguridad jurídica, la certeza y la eficiencia de tales operaciones para los potenciales adquirentes, que eviten una potencial frustración de la transmisión y con ella la pérdida de la actividad empresarial, de los puestos de trabajo y el perjuicio de los acreedores.
Por otra parte, considera que deberían tenerse suficientemente en cuenta dentro del Anteproyecto los derechos de información y consulta de los representantes legales de los trabajadores que resulten obligados por la Directiva. Y también que sería aconsejable aprovechar la oportunidad para mejorar la regulación existente en materia de protección social y de intervención del Fondo de Garantía Salarial para los trabajadores afectados por situaciones de insolvencia empresarial.
Por último, en materia del procedimiento especial para microempresas que introduce el Anteproyecto, el CES entiende que el aumento de la agilidad y la eficiencia procedimental no debe ir en perjuicio de los intereses de los acreedores, cuyos derechos deben quedar garantizados, para evitar efectos indeseables en el mercado en general y en el de las microempresas en particular, tanto desde un punto de vista vertical (solicitud de mayores garantías a las microempresas para operar) como horizontal (efectos sobre la solvencia de otras microempresas acreedoras).
Protección social de los trabajadoresSobre determinados aspectos laborales y de protección social de los trabajadores, a juicio del CES no concurre una justificación de los cambios proyectados sobre el pago de los créditos laborales en los concursos con insuficiencia de masa activa, por lo que estima que deberían suprimirse tales modificaciones en el Anteproyecto de Ley.
Finalmente, el Consejo señala que el borrador de Anteproyecto no se ha remitido previamente a consulta e informe de las organizaciones de los interlocutores sociales. Y que sorprende la excesiva premura seguida en el trámite de información y audiencia. En este sentido, considera que hubiera sido aconsejable permitir un análisis más sosegado y en profundidad por parte de los actores concernidos acerca de los efectos y consecuencias de los cambios proyectados.

SJE REFOR-CGE 32/21.
1) Roj: STS 3309/2021, de 14 de septiembre.**


Sala de lo Civil. Ponente, Pedro José Vela Torres.


Calificación: Cómplice.


1.- El cómplice es un tercero, en tanto que cooperador en una conducta ajena del deudor o de quienes actúan por él, que determina la calificación culpable del concurso. Por ello, la persona que de alguna manera interviene en la realización de esa conducta no puede ser declarada al mismo tiempo persona afectada por la calificación, que equivale a autor responsable, y cómplice, que equivale a cooperador.


2.- Aunque el art. 172.2.1º LC hacía mención a los cómplices, el artículo que realmente regulaba esta figura era el 166 LC (actual art. 445 TRLC).


En la Ley ( art. 172 bis LC y art. 456 TRLC) la responsabilidad consistente en atender el déficit concursal sólo está prevista para determinadas personas afectadas por la declaración de culpabilidad del concurso, pero no para los cómplices.


Respecto de los cómplices, la LC prevé una consecuencia general, consistente en la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores en el concurso; y otras consecuencias particulares, en función de la conducta desarrollada, y que pueden consistir en la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o recibido de la masa activa, o en la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados.


La parte más sustancial del perjuicio ocasionado por esa operación fue ya reseñada mediante la acción de rescisión concursal ejercitada por la administración concursal, que finalizó con la sentencia por la que se ordenó la reintegración al patrimonio de la concursada de las fincas registrales.


En cuanto a la solicitud de la condena al pago del déficit concursal como si fueran daños y perjuicios, aparte de forzar la institución para atribuir a los cómplices una responsabilidad que, por ley, no les atañe, no se ha justificado mínimamente como la conducta de los cómplices pudo haber influido en que los acreedores no puedan cobrar la totalidad de sus créditos, sobre todo una vez que prosperó la mencionada acción de reintegración de la masa.



2) Roj: SAP B 7636/2021, de 27 de julio.***


Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano.


Sentencias: Dictadas en el concurso, ejecutividad.


Supuesto de hecho: AC que considera extraconcursales los créditos devengados en favor de la AEAT por más de medio millón de euros, desde la fecha de aprobación del convenio (12 de diciembre de 2014) hasta el auto de apertura de la liquidación (26 de julio de 2016). El criterio fue inicialmente aceptado por el juzgado mercantil, que dictó sentencia el 4 de septiembre de 2018, sentencia que fue revocada por la Sección 15 en resolución de 14 de junio de 2019. En el ínterin entre la primera y segunda instancia, el administrador concursal procedió a pagar los créditos contra la masa –entre ellos sus propios honorarios- y créditos concursales conforme a su criterio inicial, presentando rendición final de cuentas en 26 octubre de 2018 para que se corroborara su criterio de distribución de la masa activa y la conclusión del concurso. Esa rendición de cuentas inicial dejaba sin satisfacer más de medio millón de euros adeudados a la AEAT, créditos que inicialmente se consideraban extraconcursales pero que eran contra la masa. La Sentencia del Juzgado Mercantil estimó la impugnación de la rendición de cuentas presentada por la AEAT e inhabilitó al administrador concursal.


En el proceso concursal todas las resoluciones del juez del concurso son ejecutivas. Su efectividad no queda supeditada a que alcancen firmeza, lo que obligaría a demorar incluso varios años la tramitación y conclusión del procedimiento, caso de que se agotaran los recursos previstos en la Ley. El artículo 197 de la LC, que regula el régimen de recursos, no sólo no contempla el efecto suspensivo de los recursos, a diferencia del régimen general de la apelación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456), sino que tiene como premisa que los recursos no suspenden la ejecución, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde "motivadamente al admitir el recurso de apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución", decisión que puede ser revisada en segunda instancia (apartado sexto). La suspensión tiene carácter excepcional, alcanzando únicamente a aquellas actuaciones que, de llevarse a efecto, provocaría que el recurso quedará sin objeto o dieran lugar a una situación difícil de revertir. De acceder a la suspensión, esta puede alcanzar a pronunciamientos concretos de la resolución apelada o de otras actuaciones del concurso que indirectamente puedan verse afectadas por la resolución del recurso.


Por tanto, en la medida que la Agencia Tributaria, al recurrir en apelación la sentencia del Juzgado que validaba la consideración del crédito tributario como concursal, no pidió, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.6º de la LC, la suspensión de las actuaciones que pudieran verse comprometidas por la resolución del recurso (en concreto, el pago de los créditos contra la masa), la administración concursal podía legalmente (y nos atrevemos a decir que venía obligada legalmente) a continuar con la gestión ordinaria del concurso, atendiendo por su orden los créditos contra la masa que en ese momento habían sido reconocidos para, a continuación, solicitar la conclusión del concurso y rendir cuentas de su actuación. La situación, ante la falta de una petición expresa de la Agencia Tributaria con arreglo al artículo 197.6º, es la misma que si, solicitada en tiempo y forma la suspensión de las actuaciones afectadas por el recurso (el pago de los créditos contra la masa), el juzgado o el tribunal de apelación la hubiera rechazado. Pretender, como en último término sostiene la resolución apelada, que la comunicación de insuficiencia de masa (que debería haberse formulado en función del resultado del recurso), la liquidación de los créditos contra la masa, la rendición de cuentas y hasta la conclusión del concurso debe revisarse en función de una sentencia que, de haberse recurrido en casación, hubiera tardado varios años en alcanzar firmeza, cuando no se ha hecho uso de la facultad contemplada en el artículo 197.6º, es un sinsentido que entra en contradicción con la plena efectividad de las resoluciones judiciales en el concurso y el régimen legal establecido en el artículo 197.





Resumen realizado por José María Marqués VilallongaHaz clic aquí para editar.

1) AJM B 2726/2021, de 19 de julio.**

Juzgado Mercantil 12. Magistrada  María Isabel López Montañez.

Medida cautelar: Suspensión de medida cautelar.
1) AJM B 2726/2021, de 19 de julio.**


Juzgado Mercantil 12. Magistrada  María Isabel López Montañez.


Medida cautelar: Suspensión de medida cautelar.
Bienes necesarios: Embargo anterior a la declaración de concurso por la AEAT.
Embargo: Anterior a la declaración de concurso.

1) AJM B 2726/2021, de 19 de julio.**

Juzgado Mercantil 12. Magistrada  María Isabel López Montañez.

Medida cautelar: Suspensión de medida cautelar.
Bienes necesarios: Embargo anterior a la declaración de concurso por la AEAT.
Embargo: Anterior a la declaración de concurso.

Supuesto de hecho: La Agencia Tributaria embarga antes del concurso créditos de la concursada frente a terceros deudores, por valor de 55 de millones de euros, que son necesarios para la continuidad de la actividad. La medida impide la viabilidad económica de la concursada.

En principio, quedan exceptuados de la regla general de la suspensión de las ejecuciones individuales y apremios administrativos contra bienes del deudor concursado, los procedimientos administrativos de ejecución en que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que también se hubieran embargado bienes del concursado. Se entiende que en estos casos no se suspende el procedimiento de ejecución administrativo o, en su caso, judicial laboral, pero queda constreñido a los bienes y derechos embargados con anterioridad a la declaración de concurso. En ningún caso será posible extenderla a nuevos embargos. En nuestro caso, los embargos acordados por la AEAT fueron anteriores a la declaración de concurso, por lo que en principio debía operar la excepción.

Sin embargo, para poder continuar con la ejecución se precisa la previa declaración del juez del concurso de que aquellos concretos bienes o derechos embargados no son necesarios (art. 55.1.II LC que debe integrarse con lo dispuesto en el art. 56.5 LC, merced a la remisión contenida en este último, respecto del procedimiento para determinar cuándo un bien o derecho cumple esta condición de necesario para la continuidad de la actividad económica del deudor).

Además, las ejecuciones laborales o administrativas sobre bienes no necesarios sólo pueden continuar hasta la aprobación del plan de liquidación, no comportando tales ejecuciones separadas una preferencia de cobro.

Con el fin de garantizar la adecuada tramitación del concurso y la continuidad de la actividad de la concursada hemos de concluir que concurre el fumus bonis iuris y el periculum in mora necesarios para la adopción de las medida cautelar interesada (consistente en la suspensión inmediata de los acuerdos de adopción de medidas cautelares realizados por la AEAT), puesto que con la misma se garantiza el mantenimiento de la integridad del patrimonio de la concursada, de su masa activa, y del mantenimiento de las relaciones laborales y de la actividad empresarial que conducirá, tal y como ha manifestado la concursada en su solicitud, a proponer una propuesta de convenio que permita satisfacer los créditos existentes.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga​

Supuesto de hecho: La Agencia Tributaria embarga antes del concurso créditos de la concursada frente a terceros deudores, por valor de 55 de millones de euros, que son necesarios para la continuidad de la actividad. La medida impide la viabilidad económica de la concursada.


En principio, quedan exceptuados de la regla general de la suspensión de las ejecuciones individuales y apremios administrativos contra bienes del deudor concursado, los procedimientos administrativos de ejecución en que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que también se hubieran embargado bienes del concursado. Se entiende que en estos casos no se suspende el procedimiento de ejecución administrativo o, en su caso, judicial laboral, pero queda constreñido a los bienes y derechos embargados con anterioridad a la declaración de concurso. En ningún caso será posible extenderla a nuevos embargos. En nuestro caso, los embargos acordados por la AEAT fueron anteriores a la declaración de concurso, por lo que en principio debía operar la excepción.


Sin embargo, para poder continuar con la ejecución se precisa la previa declaración del juez del concurso de que aquellos concretos bienes o derechos embargados no son necesarios (art. 55.1.II LC que debe integrarse con lo dispuesto en el art. 56.5 LC, merced a la remisión contenida en este último, respecto del procedimiento para determinar cuándo un bien o derecho cumple esta condición de necesario para la continuidad de la actividad económica del deudor).


Además, las ejecuciones laborales o administrativas sobre bienes no necesarios sólo pueden continuar hasta la aprobación del plan de liquidación, no comportando tales ejecuciones separadas una preferencia de cobro.


Con el fin de garantizar la adecuada tramitación del concurso y la continuidad de la actividad de la concursada hemos de concluir que concurre el fumus bonis iuris y el periculum in mora necesarios para la adopción de las medida cautelar interesada (consistente en la suspensión inmediata de los acuerdos de adopción de medidas cautelares realizados por la AEAT), puesto que con la misma se garantiza el mantenimiento de la integridad del patrimonio de la concursada, de su masa activa, y del mantenimiento de las relaciones laborales y de la actividad empresarial que conducirá, tal y como ha manifestado la concursada en su solicitud, a proponer una propuesta de convenio que permita satisfacer los créditos existentes.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

Supuesto de hecho: La Agencia Tributaria embarga antes del concurso créditos de la concursada frente a terceros deudores, por valor de 55 de millones de euros, que son necesarios para la continuidad de la actividad. La medida impide la viabilidad económica de la concursada.

En principio, quedan exceptuados de la regla general de la suspensión de las ejecuciones individuales y apremios administrativos contra bienes del deudor concursado, los procedimientos administrativos de ejecución en que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que también se hubieran embargado bienes del concursado. Se entiende que en estos casos no se suspende el procedimiento de ejecución administrativo o, en su caso, judicial laboral, pero queda constreñido a los bienes y derechos embargados con anterioridad a la declaración de concurso. En ningún caso será posible extenderla a nuevos embargos. En nuestro caso, los embargos acordados por la AEAT fueron anteriores a la declaración de concurso, por lo que en principio debía operar la excepción.

Sin embargo, para poder continuar con la ejecución se precisa la previa declaración del juez del concurso de que aquellos concretos bienes o derechos embargados no son necesarios (art. 55.1.II LC que debe integrarse con lo dispuesto en el art. 56.5 LC, merced a la remisión contenida en este último, respecto del procedimiento para determinar cuándo un bien o derecho cumple esta condición de necesario para la continuidad de la actividad económica del deudor).

Además, las ejecuciones laborales o administrativas sobre bienes no necesarios sólo pueden continuar hasta la aprobación del plan de liquidación, no comportando tales ejecuciones separadas una preferencia de cobro.

Con el fin de garantizar la adecuada tramitación del concurso y la continuidad de la actividad de la concursada hemos de concluir que concurre el fumus bonis iuris y el periculum in mora necesarios para la adopción de las medida cautelar interesada (consistente en la suspensión inmediata de los acuerdos de adopción de medidas cautelares realizados por la AEAT), puesto que con la misma se garantiza el mantenimiento de la integridad del patrimonio de la concursada, de su masa activa, y del mantenimiento de las relaciones laborales y de la actividad empresarial que conducirá, tal y como ha manifestado la concursada en su solicitud, a proponer una propuesta de convenio que permita satisfacer los créditos existentes.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

Como sabéis, desde la propia declaración del estado de alarma —14 de marzo de 2020—, han sido numerosas las medidas adoptadas por el gobierno en aras de intentar reducir los efectos nefastos de la pandemia, en la economía en general y en las empresas, en particular.

Una de esas medidas ha sido la “Suspensión de la causa de disolución por pérdidas” recogida originariamente en el artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia —de cuyo contenido os hemos informado desde el Consejo General de Economistas de España, a través de la Nota de Aviso remitida el pasado 29 de abril de 2020 (ver aquí)— y, posteriormente en su convalidación parlamentaria, en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Atendiendo a la literalidad de la norma podría parecer que subyace que las pérdidas incurridas en el ejercicio 2020 no se deberían tener en consideración a los efectos de determinar la concurrencia de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) ni en el ejercicio 2020 ni tampoco en los siguientes. Sin embargo, dado que esta opinión no es unánime, y que han sido varias las consultas recibidas sobre este particular, desde el Consejo General de Economistas de España se evacuó la consulta al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo su interpretación la siguiente:


"En el ejercicio 2020 no se tomarán en consideración las pérdidas producidas en el mismo para determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
En el ejercicio 2021, si se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de junta general para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
Se trata de una medida que, junto con la moratoria del deber de solicitar el concurso previsto en esa misma ley, trata de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en ese ejercicio de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.

Pues bien, la aplicación de ese artículo supone que, para el ejercicio 2021, las pérdidas del año anterior (el 2020) se deben de haber integrado en el balance de la sociedad, minorando los recursos propios (como pérdidas de ejercicios anteriores).

Por otro lado, si en el ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de junta general para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente, es decir, se estaría incurriendo en causa de disolución del artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)".




En base a esta interpretación, le aconsejamos revisar el equilibrio patrimonial de las empresas, a efectos del artículo 363.1 e), antes de que finalice el ejercicio 2021, teniendo en consideración las perdidas de ejercicios anteriores (incluido el ejercicio 2020).

No obstante, habida cuenta de la situación económica del 2021, y que muchas empresas pueden no haber recuperado las pérdidas del ejercicio precedente, desde el Consejo General de Economistas de España se acaba de solicitar "con carácter de urgencia" la prórroga de lo dispuesto en el art 18 del RDL 16/2020, de cuyas novedades —en el caso de haberlas— os informaremos puntualmente.






Consejo General de Economistas de España

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1) Roj: SAP B 6859/2021, de 1 de julio.**

Sección 15. Ponente, Juan Francisco Garnica Martín.

Culpabilidad: Derivada de infracción tributaria.

Supuesto de hecho: El Sr. Isidoro cometió diversas irregularidades tributarias actuando a través de WWW, S.C.P. Dicha sociedad, dada su falta de personalidad jurídica, tributaba en régimen de asignación, de forma que el Sr. Isidoro, a quien se imputaba un 50 % de la actividad, debió haber tributado en su IRPF por los ingresos percibidos personalmente como consecuencia de esa actividad y no lo hizo. Ello determinó que se le abriera un expediente disciplinario fiscal que finalizó con la determinación de la deuda y con una importante sanción tributaria. La cuestión está en si basta con la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias a que estaba obligado el concursado para que debamos considerar que ha incurrido en la causa de culpabilidad del art. 164.1 LC

La respuesta creemos que debe ser positiva en un supuesto como el enjuiciado, en la medida que han sido esas irregularidades las que han situado al deudor en insolvencia. El dolo o culpa grave de que habla la norma tiene que proyectarse en la generación o el agravamiento de la insolvencia y creemos que en el supuesto enjuiciado concurre, cuando menos, culpa grave, aceptada por el propio deudor al no cuestionar el acta de infracción, en los hechos que han determinado la insolvencia, particularmente por la propia gravedad de los hechos que han generado esa responsabilidad tributaria.

2) Roj: SJM B 5565/2021, de 28 de junio.***

Juzgado Mercantil 5. Ponente, Florencio Molina López.

Calificación: Art. 164.2.1 LC. Falta de llevanza de la contabilidad.
Calificación: Artículo 165.2 LC. Falta de colaboración del administrador.

Supuesto de hecho: administrador social que no aporta la contabilidad pese a haber sido requerido para ello por la administración concursal.

a) 164.2.1 LC. Falta de llevanza de la contabilidad.

La STS de 10 de septiembre de 2012(ponente: don José Ramón Ferrándiz Gabriel), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 20 de marzo de 2012(ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 6 de mayo de 2013 (ponente: don José María Ribelles Arellano), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 21 de mayo de 2013 (ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 6 de septiembre de 2013 (ponente: don José María Ribelles Arellano), la SAP Pontevedra (Sección 1ª), de 22 de abril de 2013(ponente: don José Jacinto Pérez Benítez) y la SAP Madrid (Sección 28ª), de 28 de junio de 2013 (ponente: don Ángel Galgo Peco) concluyen que la apreciación de la causa de culpabilidad consistente en el incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad requiere de la presencia de los siguientes presupuestos:

- Un elemento objetivo: el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 25 del Código de Comercio(en adelante, C.Com.). Recordemos que el artículo 25 C.Com. dispone que "todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de inventario y Cuentas anuales y otro Diario". Concreta la STS de 5 de junio de 2015 (ponente: don Sebastián Sastre Papiol) que la conducta debe "afectar a la imagen fiel del patrimonio o de la situación financiera del deudor".

- No precisa de un nexo de causalidad entre el elemento objetivo y la generación o agravación de la insolvencia: la STS de 10 de septiembre de 2012 (ponente: don José Ramón Ferrándiz Gabriel) afirma contundentemente que la apreciación de la causa del artículo 164.2.1º LC, no exige "más que el incumplimiento del omitido deber".

No puede imbuirse en la causa del artículo 164.2.1º LC, los siguientes supuestos citados por la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 20 de marzo de 2013 (ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren):

- La falta de legalización de los libros, ya que "Se trata de un incumplimiento de naturaleza formal que no ha tenido trascendencia -o, al menos, no se ha alegado que la haya tenido- frente a terceros y que no ha impedido conocer la verdadera situación patrimonial de la concursada".

- La falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil durante los tres años anteriores a la declaración del concurso, ya que "(...) ese hecho lo tipifica la LC en el artículo 165.3 como una presunción de existencia de dolo o culpa, salvo prueba en contrario".

b) Artículo 165.2 LC. Falta de colaboración del administrador.

La falta de colaboración con la Administración Concursal o con el Juez del Concurso, se concreta o bien en la conducta general de falta de colaboración, o en la más concreta de falta de suministro de información o en la falta de asistencia a la junta de acreedores. Las SAP Barcelona(Sección 15ª), de 23 de abril de 2013 (ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren), la SAP Alicante (Sección 8ª), de 11 de septiembre de 2013 (ponente: don Luis Antonio Soler Pascual) y la SAP Alicante (Sección 8ª), de 12 de julio de 2013 (ponente: don Francisco José Soriano Guzmán), llegan a la conclusión de que la apreciación de esta causa depende de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Un elemento activo o material: consistente en el incumplimiento del deber de colaboración. La SAP Alicante(Sección 8ª), de 11 de septiembre de 2013 (ponente: don Luis Antonio Soler Pascual) define el deber de colaboración como el "de lealtad y predisposición, es de buena fe y de asistencia, de auxilio y alianza a la consecución de los fines propios del concurso y desde luego, en absoluto puede efectuarse esta afirmación incluso de quien solo retrasa injustificadamente la entrega de documentación esencial y ejecuta actos directamente lesivos al concurso de la naturaleza de la extracción o sustracción de bienes sin autorización o modifica maliciosamente documentación contable para fines procesales que en absoluto lo justifica".

- No se requiere un nexo de causalidad entre el elemento pasivo u omisivo y la generación u agravación de la insolvencia.

Se estima la condena a la cobertura de la totalidad del déficit concursal al administrador social, puesto que la ausencia de llevanza de la contabilidad ha impedido conocer hasta qué punto la insolvencia ha sido generada/agravada por dichos incumplimientos del administrador social, afectando a la imagen fiel del patrimonio o de la situación financiera del deudor, habiendo impedido a los terceros y al AC conocer la verdadera realidad financiera de la misma.

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

​La ley de ‘Segunda Oportunidad’ que se olvida de los autónomos
Reclaman que la reforma de la Ley Concursal permita a estos profesionales librarse de las deudas con Seguridad Social y Hacienda
MURCIAECONOMÍAVIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021Tiempo de lectura: 1 min


 

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos insisten en reclamar al Gobierno que incluya la condonación de las deudas de los autónomos con Hacienda y Seguridad Social en el recién aprobado anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal. De esta forma cumpliría así con la Directiva europea.

 

Estas asociaciones entienden que la futura Ley de ‘Segunda Oportunidad’ no debe permitir que las deudas de los autónomos con las entidades públicas supongan un “endeudamiento eterno”.

 

El proyecto de reforma legislativa ha abierto un periodo de consultas que está siendo aprovechado por los autónomos para hacer llegar sus reivindicaciones al Gobierno. La principal de ellas  es que estas deudas con Seguridad Social o Hacienda no supongan un obstáculo para comenzar una nueva actividad empresarial.

 

Así, una organización como UATAE recuerda que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya se han pronunciado en este sentido, como también lo ha hecho el Tribunal Supremo a través de, al menos, una sentencia.

 

De la misma forma, la principal asociación del colectivo, ATA, hace hincapié en la Directiva europea que obliga a los diferentes estados miembros a poner en marcha una serie de mecanismos sobre la insolvencia empresarial, para prevenirla, “pero también para proteger al deudor ‘de buena fe’, aumentando la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas”.

 

"Si la norma se queda como está -indican desde ATA-, se pierde una oportunidad única, y en un momento crucial, para apoyar a los autónomos. No tiene sentido que animen a los profesionales acogidos a la Ley de Segunda Oportunidad a emprender nuevas actividades económicas manteniendo unas deudas que son como lastres".

Así se le pueden perdonar las deudas a los autónomos con la ley de la Segunda Oportunidad
Se trata de una opción para deudas acumuladas imposibles de pagar
Solo vale para determinadas deudas y cuantías y mostrando buena fe
El objetivo es que el profesional pueda empezar de cero sin ataduras
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Foto: eE.
elEconomista.es
10/09/2021 - 9:30
Debido a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, los autónomos han encontrado muchas dificultades para sacar adelante sus negocios. Los casos más graves son los de los profesionales que no han podido seguir ahogados por las deudas. Pero para algunas de estas personas todavía podría haber un último clavo ardiendo.

La clave está en la denominada Ley de la Segunda Oportunidad, que se redactó en 2015 con el objetivo de tender la mano a aquellos profesionales que, tras varios años de crisis, vieron cómo sus negocios se perdían por la acumulación de deudas muy difíciles de pagar debido a la falta de recursos.

Así, para 'rescatar' a estos profesionales y, de paso, fomentar su vuelta al mercado laboral, se creó este mecanismo por el cual se contempla "que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer".

La ley de Segunda Oportunidad, regulada a través del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero y la Ley 25/2015, de 28 de julio, tiene también los objetivos de desincentivar la economía sumergida y favorecer la cultura empresarial.

La principal característica de este mecanismo es que, tras una declaración de insolvencia en un concurso, se contempla el perdón de las deudas (o una parte) del profesional, siempre que sean menores a cinco millones de euros y que se acredite que no hay posibilidad de saldar esas deudas. Además, y no menos importante, hay que demostrar buena fe. Esto es, no aprovecharse de esta ley para no pagar las deudas acumuladas y comenzar un nuevo negocio de forma irresponsable.

Para demostrar la buena fe, el deudor necesita cumplir cuatro condiciones concretas:

-No ser declarado culpable en el concurso.

-Haber intentado (o celebrado) un acuerdo extrajudicial de pagos.

-No haber sido condenado en sentencia firme por un delito contra la Hacienda pública o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.

-Haber pagado al menos los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y el 25% de los créditos ordinarios si no hubo acuerdo de pagos.
Así se consigue la pensión mínima de los autónomos: los años que tienes que cotizar y por qué base
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Si se reúnen todas las condiciones anteriormente enumeradas, el profesional podrá acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad. No obstante, debe saber que existen deudas que no se pueden perdonar: es el caso de los créditos de derecho público y las pensiones de alimentos (aunque en este caso ya existe jurisprudencia que también exonera del pago de estas cantidades).

Cuando se encuentre en uno de esos supuestos, el profesional tendrá que elaborar un calendario de pagos pactado mediante el cual, en un plazo de cinco años, tendrá que ponerse al día con esos acreedores. Y, en paralelo, tendrá que mirar de reojo al resto de acreedores, ya que pueden exigir el pago de las deudas si el deudor incumple con su requisito de buena fe o con su calendario de plazos de pago, percibe ingresos no declarados o mejora sustancialmente su situación económica.

Relacionados

SJE REFOR-CGE 29/21.

1) Roj: STS 3233/2021, de 27 de julio.**


Sala de lo civil. Ponente, Juan María Díaz Fraile


Convenio: Ideas generales.
Convenio: Contenidos alternativos.
Ejecución de valores dados en garantía: Carácter dispositivo de la norma.


Con carácter general, el principal efecto derivado de la aprobación del convenio consiste en el cese de los efectos del concurso (art. 133.2 LC); salvo los deberes de colaboración e información del art. 42 LC, y excepto los efectos que se puedan establecer en el propio convenio en cada caso específico. Conforme al art. 134.1LC, el deudor queda obligado al cumplimiento del convenio; y en cuanto a los acreedores concursales, se ven vinculados por el convenio los ordinarios y subordinados. Los acreedores con privilegio general o especial no se verán afectados por el convenio, salvo si hubiesen votado a favor o se hubiesen adherido al mismo (art.134.2 LC), o cuando concurran las mayorías de acreedores de su misma clase que prevé el art. 134.3 LC.


En consecuencia, todos los acreedores ordinarios y subordinados verán novados sus créditos respecto a su cuantía y tiempo de pago; quedando extinguidos y aplazados en la parte correspondiente, conforme al art. 136 LC. Y ello, con la única posibilidad de rescisión de dicho efecto para el caso de que se declare el incumplimiento del convenio. Como declaramos en nuestra sentencia 229/2016, de 8 de abril, se trata de una novación modificativa no extintiva: "La quita concursal no produce la extinción de la obligación, y no puede considerarse la remisión que se acuerde en un convenio como una condonación, ni como una novación extintiva. Es una novación modificativa, basada en la renuncia de los acreedores a exigir el pago al deudor (pacto de non petendo). Como consecuencia de ello, si el convenio se incumple y se abre la fase de liquidación, desaparecen estos efectos sobre los créditos (art. 140.4 LC). Si el convenio se cumple parcialmente, en la liquidación se tendrán por legítimos los pagos parciales efectuados, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención del convenio o alteración de la igualdad de trato a los acreedores (art. 162.1 LC). Mientras que si el convenio se cumple íntegramente, y así se declara conforme al art. 139 LC, los créditos quedarán definitivamente extinguidos".


En el caso de que el convenio aprobado establezca distintos contenidos alternativos, a las modificaciones de la remisión (quita) y/o dilación (espera), se suma la derivada del carácter alternativo de las diversas prestaciones ofrecidas, de forma que con la ejecución de una de ellas se entenderá cumplida la obligación (art. 1131 CC). En este caso la elección, frente al régimen común supletorio de las obligaciones alternativas (art. 1132 CC), corresponde al acreedor (art. 102 LC), sin perjuicio de que, en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección por el acreedor, deberá ser el propio convenio, no el deudor unilateralmente, el que determine la alternativa aplicable.


En un convenio con propuestas alternativas, el ejercicio del derecho de opción por una de ellas, que desenvuelve la autonomía de la voluntad en ese limitado margen, no es asimilable al voto favorable ni a la adhesión al convenio, tampoco a los efectos de excluir la aplicación del art. 135.1 LC.


La S. realiza un análisis “en parte novedoso” del art. 322 del Código de Comercio, relativo a la ejecución de valores dados en garantía, en su redacción dada por Ley 24/1988, 28 julio («B.O.E.» 29 julio), del Mercado de Valores.



2) Roj: AJM B 2189/2021.**


Juzgado de lo Mercantil. Magistrado, Florencio Molina López.


Declaración-conclusión: Requisitos.


Dado que la conclusión del concurso debe adoptarse a partir de los datos aportados por el deudor, deberá procederse con extremada prudencia, por lo que sólo si de manera muy evidente el activo es insuficiente para atender los créditos contra la masa y los gastos del procedimiento, y sólo si por las circunstancias que rodean al deudor no son previsibles acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, estará justificada la conclusión del concurso en el mismo auto de declaración.


En idéntico sentido AJM B 2193/2021 y AJM B 2093/2021 de la misma fecha; también AJM B 2695/2021, de 21 de julio y AJM B 2693/2021, de 20 de julio; siendo el segundo de la Magistrada Lucia Martínez Orejas y el tercero y cuarto de la Magistrada Yolanda Ríos López.



3) Roj: SJM B 4440/2021, de 22 de julio.**


Juzgado Mercantil 10. Ponente, Lucía Martínez Orejas.


Responsabilidad de administradores: Omisión del deber del depósito de las cuentas anuales.


La falta de presentación de las cuentas anuales no determina, por sí sola, la existencia de la causa de disolución (pues la falta de formulación, aprobación o depósito de las cuentas anuales, si bien privan a los terceros del conocimiento de la situación patrimonial de la compañía, no constituye prueba directa de la situación de pérdidas), pero sí constituye un indicio de la concurrencia de la causa de disolución de pérdidas cualificadas, que habrá de ser valorado con el resto de material probatorio y, en todo caso, conduce a una inversión de la carga de la prueba, por aplicación del principio de disponibilidad y facilidad probatoria (217.7 LEC), que desplaza al administrador demandado la carga de probar que no se da el desbalance patrimonial, por serle más fácil y accesible de acreditar que a la actora. La STS de 5 octubre 2004 y la SAP BCn, Sección 15, de 28 septiembre 2011, establecen que, ante la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, es irracional pretender que el incumplimiento de una obligación derive en un beneficio para el incumplidor, en cuanto deja sin prueba a la contraparte de datos objetivos muy importantes, de modo que incumbirá al actor acreditar lo que puede acreditar en estas circunstancias (la falta de pago de los suministros, el cierre de hecho, la desaparición del tráfico sin liquidación alguna,..) y será a cargo del administrador demandado probar que la sociedad no ha sufrido disminución de su patrimonio en términos que le obliguen a convocar junta para adoptar el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas.



4) Roj: STS 3038/2021, de 20 de julio.***


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.


Hipotecante no deudor: Efectos cuando se aprueba un convenio con quita en el concurso del deudor no hipotecante.


En el concurso de acreedores de la prestataria (deudora no hipotecante, la nota es nuestra), el banco prestamista tenía reconocido un crédito ordinario de 507.039,61 euros. El convenio propuesto por el deudor, que fue aceptado por la junta de acreedores y luego aprobado judicialmente, prevé una quita del 50% del importe de los créditos y una espera de siete años, con dos años de carencia. El banco no votó a favor del convenio.


En este contexto, la cuestión suscitada en este motivo es en qué medida la quita del 50% del importe de los créditos genera efectos en la ejecución de la garantía hipotecaria prestada por un tercero, hipotecante no deudor. Y, en concreto, si resulta de aplicación el art. 135.1 LC.


La ratio de la norma contenida en el art. 135.1 LC es garantizar al acreedor que no vota a favor de la propuesta de convenio que su aprobación no afectará a los derechos que tuviera frente a terceros, ya sean los obligados solidarios con el concursado, ya sean quienes hubieran aportado una garantía. Aunque la norma haga únicamente referencia expresa a las garantías personales (fiadores o avalistas), tiene sentido que corran la misma suerte las garantías reales prestadas por terceros, como en este caso una hipoteca otorgada por un hipotecante no deudor.


La norma lo que pretende es preservar los derechos del acreedor concursal frente a los terceros afectados por el cumplimiento de un crédito concursal, en caso de que se apruebe un convenio si ese acreedor no ha votado a favor (ahora el texto refundido aclara que también se exige que no haya sido autor de la propuesta ni se haya adherido a ella). La razón estriba en que el sacrificio que comporta, para el acreedor que no acepta la propuesta de convenio, verse arrastrado por lo acordado por otros acreedores con el deudor está justificado dentro del concurso y por la finalidad de facilitar, con esta reestructuración de la deuda, la continuidad de la actividad económica del deudor concursado. Pero no está justificado que este sacrificio que entraña verse arrastrado por los efectos del convenio no aceptado, en concreto por las quitas y esperas no consentidas, se extienda también a las garantías que en previsión del incumplimiento del deudor hubiera recabado el acreedor de terceros.


Los terceros que hubieran prestado garantías no tienen por qué beneficiarse de las razones concursales que justifican el reseñado arrastre de efectos, pues están fuera del concurso.


Se agradece a la Profesora María Rey Peña habernos puesto al corriente de esta resolución.


Nota: Aprovechando el comienzo de curso, aclaramos que los asteriscos que siguen a cada resolución no pretenden enjuiciar la opinión del autor sobre el fallo del Tribunal, ni tampoco sobre el fondo del asunto. Simplemente ponen en alerta de aquellas que pueden resultar más novedosas, clarificadoras, o que resuelven casos de una cierta proyección pública.
Antes de cada resumen se esquematizan en cursiva los principales conceptos que aborda la resolución.


En la mayoría de ocasiones los resúmenes recogen la doctrina jurisprudencial de forma textual. Sin embargo, siempre debe acudirse a la fuente a través del sistema de hipervínculo pues pueden producirse errores de transcripción o de interpretación.


Se agradecerá el envío de resoluciones que resulten novedosas.


El autor agradece muy sinceramente las muestras de reconocimiento y agradecimiento recibidas. En justicia, todas ellas deberían dirigirse al REFOR.







Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) Roj: AAP B 4700/2021, de 27 de mayo.**


Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano.
Concurso necesario: Indicio de insolvencia.
Insolvencia: Fondo de maniobra negativo.


La actora justificó la situación de sobreseimiento generalizado a partir de lo que resultaba de las cuentas anuales del ejercicio 2016, que reflejan un pasivo corriente muy superior al activo de igual naturaleza. El fondo de maniobra, por tanto, es negativo, lo que constituye, sin duda, un indicio de insolvencia, en la medida que el activo circulante no permite atender las deudas a corto plazo. Además, junto al crédito impagado del propio demandante, en la solicitud se identificaba a cuatro acreedores que habían iniciado acciones judiciales contra XRT77.



2) Roj: AAP B 4687/2021, de 20 de mayo.**


Sección 15. Ponente, Marta Cervera Martínez.
Declaración de concurso: Averiguación patrimonial de oficio.


Nota: Con gran acierto la Audiencia considera que tras la declaración de concurso y a instancia de la administración concursal es procedente la averiguación patrimonial del concursado. Creemos que es una medida muy útil sobre todo en los concursos de persona física.


Nos ha sorprendido la averiguación patrimonial de oficio que lleva a cabo el magistrado de instancia por cuanto no hay trámite procesal alguno para ello. Tras la presentación de la solicitud de concurso consecutivo, por fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos, el juez debe analizar los documentos presentados, pedir las subsanaciones que estime pertinentes, y resolver sobre su admisión o inadmisión, pero no es acorde con el procedimiento la adopción de diligencias de averiguación de patrimonio de oficio antes de intervenir el patrimonio del concursado tras la declaración, donde el juez podrá hacer uso de tales diligencias para auxiliar a los órganos del concurso o velar por la protección de los acreedores.




3) Roj: SAP B 5045/2021, de 20 de mayo.**


Sección 15. Ponente, Manuel Díaz Muyor
Calificación: Ausencia de contabilidad, condena al total déficit concursal.


Afirma la administración concursal que no se llevó contabilidad de ninguna clase, tal como ya puso de manifiesto en su informe, y tal hecho no ha sido cuestionado en ningún momento por el administrador social. Entendemos, por tanto, que ante la ausencia de contabilidad, se dificulta de forma absoluta, tanto para los administradores de la concursada, sus socios y terceros acreedores el real conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, con el consiguiente perjuicio para los citados, perjuicio que debe equipararse al montante total del déficit concursal que resulte en su caso.


4) Roj: AAP B 3327/2021, de 7 de mayo.***


Sección 15. Ponente, Manuel Díaz Muyor.
Competencia del Juez del concurso: Acciones civiles contra el patrimonio del concursado que pueden conllevar una incidencia trascendente sobre el mismo.


Al juez del concurso le incumbe, con carácter general (a salvo específicas excepciones - capacidad, filiación matrimonio o menores), la competencia para el conocimiento de las acciones civiles dirigidas contra el patrimonio del concursado y que pueden conllevar una incidencia trascendente sobre el mismo (artículo 8.1º de la Ley Concursal en relación con el artículo 86 ter, nº 1, de la LOPJ). Se trata de una previsión legal de considerable amplitud que responde a la conveniencia de que sea el juez del concurso el que decida sobre aquellas demandas que pudieran acabar determinando una influencia sobre el activo o sobre el pasivo concursal.


En el presente caso se ejercita una acción de resolución contractual por incumplimiento de la parte demandada, donde se solicita la restitución de las cantidades que los demandantes habían entregado a cuenta y los daños morales, todo ello por un total de 206.545,68.-€. Estamos ante una demanda civil que puede tener consecuencias significativas en el patrimonio de la concursada, y por lo tanto, su conocimiento debe atribuirse al juez del concurso.


No es motivo para rechazar la competencia del juez del concurso que junto a la acción resolutoria del contrato se haya ejercitado una acción de levantamiento del velo frente al resto de codemandados, habiendo dicho ya este mismo Tribunal en sentencia de fecha 31 de octubre de 2018 (ROJ: SAP B 10808/2018 - ECLI:ES:APB:2018:10808) y de 06 de febrero de 2020 (ROJ: SAP B 654/2020 - ECLI:ES:APB:2020:654 ) que "creemos que concurre criterio de conexión entre las diversas acciones acumuladas, porque todas ellas tienen en común numerosos hechos, y el principio de especialidad determina que la acumulación solo sea posible ante los órganos especializados, que es ante los cuales han acudido las demandantes. Por tanto, no tiene fundamento la alegación de falta de competencia objetiva" respecto de la acción de levantamiento del velo.


Nota del autor: Un curso más nos despedimos, no sin antes agradecer a todos aquellos compañeros que nos han hecho llegar resoluciones de interés para el colectivo. Felices vacaciones y hasta el próximo mes de septiembre.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga


28/07/2021