Eliseo Quintanilla Ripoll ha sido Co-autor del Libro "Memento Experto Concurso de acreedores. Aspectos prácticos de contabilidad y valoración" editorial Lefebvre-Elderecho.

Memento Experto Concursal. Concurso de acreedores. Aspectos prácticos de contabilidad y valoración



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Libro de Lefebvre-El Derecho
Lefebvre-El Derecho, S.A.0
1ª ed. (15/06/2018)
500 páginas
ISBN: 8417317465 ISBN-13: 9788417317461

SJE REFOR-CGE 19/2018   6 de junio  de 2018

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1)    STS 1897/2018, de 24 de mayo.*

Sala Civil. Ponente, Rafael Saraza Gimena.

Calificación de créditos: Swap.

El swap no es un contrato que produzca obligaciones recíprocas entre las partes sino obligaciones para una sola de las partes en cada una de las liquidaciones previstas, sin perjuicio de que el riesgo sea bilateral y por la aleatoriedad propia de tal contrato puede que la parte para la que surgen obligaciones no sea la misma en todas las liquidaciones. Por tal razón, se fijó como doctrina jurisprudencial la consistente en que "los créditos derivados de contratos de permuta financiera en que el deudor se encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se hayan devengando antes o después de la declaración de concurso". Reiteración de SSTS 629/2015, de 17 de noviembre, y 630/2015, de 18 de noviembre.

 

2)    Auto de 18 de enero de 2018.**

Juzgado de Primera Instancia 5 de Torrent (Valencia).

BEPI: Efecto sore los avales.

La exoneración del pasivo insatisfecho supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración de concurso, quedando también exonerados sus fiadores o avalistas, conforme lo previsto en el art. 1847 CCv en relación a lo previsto en los arts. 1190 y 12078 CCv. Obiter.

 

3)    Doctrina: Venta de unidad productiva versus deudas con la Seguridad Social (Análisis de la STS de 29 de Enero de 2018).***

Fernández Albella, José María.

El autor analiza la jurisprudencia sentada en la materia desde la promulgación de la LC. Destaca la afirmación de que las resoluciones (muy polémicas en esta materia) que dicta la Sala de Conflictos no han de tener la consideración de Jurisprudencia, toda vez que la misma emana de la reiterada doctrina que dicta el alto tribunal y, aun cuando es cierto que la Sala de Conflictos está constituida paritariamente por Magistrados de las distintas salas del TS -art 42 LOPJ-, no tiene dicha condición sin desdeñar la idea que, cuando son reiteradas, sus consideraciones hayan de ser tenidas en cuenta.

En la reforma operada por RDL 11/2014 se insiste en la finalidad conservativa de la unidad de negocio viable. Sin embargo, ello no casa con la previsión legal de extender al comprador las deudas con la Seguridad Social. Por eso, parece decantarse por la solución más razonable, según la cual, el comprador de la unidad productiva únicamente se subrogará en las deudas de los trabajadores en cuya relación se subroga.

 Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga.

​TSJE REFOR-CGE 18/2018   30 de mayo de 2018

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 1)    STS 1800/2018, de 22 de mayo.*

Sala Civil. Ponente, Rafael Saraza Jimena.

Créditos contra la masa: Costas de adverso en juicio promovido antes de la declaración de concurso.

El art. 84.2.3.º LC distingue, entre costas y gastos judiciales. El crédito por costas requiere que la concursada haya sido condenada al pago de las costas ocasionadas a la otra parte en aquel pleito que, iniciado antes de la declaración de concurso, continuó en interés del concurso porque no se provocó su terminación mediante allanamiento (si la concursada era la demandada), o mediante transacción. El crédito por costas nació con la sentencia dictada en primera instancia que las impuso a la concursada, sin perjuicio de que la determinación de su cuantía quedara pendiente de la posterior tasación. De este modo, este crédito por costas que es posterior a la declaración de concurso, conforme al art. 84.2.3º LC debe ser considerado «crédito contra la masa». Reiteración de jurisprudencia sentada en 418/2017, de 30 de junio.

Es posible acumular al concurso un procedimiento ordinario en tramitación al tiempo de la declaración, en el que se enjuicia la resolución contractual de un contrato de ejecución de obra. Obiter.

 

2)    STS 1744/2018, de 21 de mayo.*

Sala Civil. Ponente, Pedro José Vela Torres.

Créditos contra la masa: Honorarios AC.

El art. 84.3 LC, y antes el art. 154.2 de la misma Ley, establece que, salvo los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, el resto de los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. Por tanto, la fecha a tomar en consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. Reiteración de doctrina sentada en391/2016 y 392/2016, ambas de 8 de junio; 629/2016, de 25 de octubre; 169/2017 y 170/2017, ambas de 8 de marzo; y 560/2017, de 16 de octubre.

En ningún caso cabe considerar que la fecha de vencimiento del crédito contra la masa correspondiente a la retribución de la administración concursal sea la de aceptación del cargo, sino que será la de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales de vencimiento previstos en el mencionado Real Decreto. Es decir, respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, será el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación; y respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente, para el caso de que no procediera dictar el mencionado auto). Y en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad. Salvo que el juez, por causa justificada y razonada, altere dichas fechas en relación con concretos servicios ya prestados. Nunca respecto de los servicios que estén pendientes de prestación. 

 

3)    SAN 1512/2018, de 30 de abril.***

Sala Social. Ponente, Emilia Ruiz-Jarabo Quemada.

Liquidación: Unidad productiva, sucesión empresarial a efectos laborales.

El apartado cuarto del art. 146 bis LC, establece que la transmisión de la unidad productiva no impone la obligación de hacer frente a los créditos no satisfechos por el concursado, salvo que el adquirente asuma dicha obligación. Pero regula también una excepción. Se trata de los supuestos en los que exista "disposición en contrario" y "siempre sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 LC". El convenio puede establecer que se aplique el efecto subrogatorio y también la asunción de las obligaciones de abono de los créditos anteriores a la sucesión. Pero si concurren los requisitos del artículo 44 ET) no es posible eludir su aplicación, por imperativo de los apartados tercero y cuarto del artículo 146 bis LC. Por tanto, la única especialidad concursal será la limitación de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 149 LC. Esto es, el instituto de la sucesión de empresa será aplicable a los supuestos de ventas de unidades productivas en sede concursal, cuando concurran los requisitos legales del artículo 44 ET.

Con independencia de las circunstancias en las que se haya desarrollado una extinción colectiva de contratos de trabajo en el marco de un concurso de acreedores, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si se ha producido o no una sucesión empresarial del artículo 44 ET es competencia de la jurisdicción social. Con cita de STS de 11 de enero de 2017.

En el caso enjuiciado (reanudación de la actividad empresarial por LUFTHANSA de la actividad que desarrollaba AIR BERLIN) la Sala no puede apreciar la existencia de sucesión de empresas. Sobre esta cuestión el criterio decisivo para determinar la realidad de una transmisión, a los efectos de la Directiva 2001/23/CE y del artículo 44 ET, es si la entidad de que se trata, mantiene su identidad tras el cambio de titular. Para ello, uno de los elementos fundamentales a considerar es si ha continuado de forma efectiva la explotación o se ha reanudado (SS Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18-3-1986, caso Spijkers y de 11-3-1997, caso Süzen). De acuerdo con la legislación comunitaria, seguida por la actual redacción del art. 44 ET, el elemento característico de la sucesión de empresa es la transmisión "de una persona a otra" de "la titularidad de una empresa o centro de trabajo", entendiendo por tal "una unidad de producción susceptible de continuar una actividad económica preexistente" Reproduce la STS 23 de noviembre de 2004.

En el caso enjuiciado no se ha acreditado la continuidad en la actividad, en los términos fijados jurisprudencialmente, esto es, como un conjunto organizado de elementos materiales que sean suficientes, "por sí mismos", para "seguir" con la "explotación empresarial" Con cita de STS de 27 de mayo de 2013).

 

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga.

​El número de concursos se incrementa un 30 % en abril
4 de Mayo de 2018

En los primeros cuatro meses del año se han contabilizado un total de 1.648 concursos y 11.279 disoluciones en España, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por INFORMA. Estas cifras suponen que los concursos se incrementan un 6,5 % respecto al mismo periodo el pasado año mientras que las disoluciones bajan un 3 %.

Las sociedades concursadas desde enero sumaban 10.097 empleados y una facturación de más de 2.100 millones de euros, un 33 % más que las que iniciaron este proceso en el mismo periodo de 2017. Las afectadas por las disoluciones daban trabajo a 37.794 personas y su cifra de negocio era de 6.900 millones de euros, un 2 % por debajo de la del año anterior. 

En abril el número de concursos se incrementa casi un 30 % respecto al año precedente para quedar en 444. Las disoluciones por su parte lo hacen un 1 % hasta 1.771. 

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B: “La subida en las cifras de concursos se aprecia en la mayoría de las autonomías en abril, aunque son Cataluña y Madrid las que más lo notan, sumando 47 y 39 procesos a los del mismo mes en 2017”.

Las microempresas suponen el 83 % de los concursos registrados en abril. Las medianas son el 2 % y las pequeñas el 15%, mientras que no se registró ningún proceso entre las grandes empresas este mes. 

Cataluña es la comunidad que más concursos suma respecto al año anterior 
Cataluña, con 436 concursos, es la comunidad con más procesos en lo que llevamos de año, superando en un 43 % las cifras del año anterior, con el mayor incremento en valor absoluto, 131 procesos más. A continuación, Madrid, con 279, donde crecen un 11 %, y Valencia, con 249, que aumenta un 6 %. Entre las tres representan el 59 % de todos los concursos del país.  

En abril son las mismas comunidades las que más concursos registran: Cataluña 119, Madrid 97, y Valencia 55, con importantes aumentos del 65 %, 67 % y 20 %. 

Madrid, Andalucía y Valencia lideran las disoluciones tanto en el acumulado anual, con 2.885, 1.570 y 1.349 procesos respectivamente, como en abril, con 452, 268 y 208 cada una. Juntas suman el 51 % del total nacional en los cuatro primeros meses. Cataluña es la autonomía que incrementa en mayor medida sus datos en valor absoluto en abril, añadiendo 21 disoluciones a las del año anterior. 

Comercio y Construcción lideran el número de procesos contabilizados  
Comercio y Construcción registran el mayor número de procesos de ambos tipos en estos cuatro primeros meses y en abril. Comercio lidera los concursos en el acumulado, con 417, y es el segundo en el mes, con 97, mientras que Construcción alcanza 388 y 109 en cada periodo. En el caso de las disoluciones, Construcción es el más afectado, con 2.722 desde enero y 450 en abril seguido por los 2.444 y 381 respectivamente de Comercio.  

Aunque Construcción es el sector que más recorta el número de concursos en lo que llevamos de año, restando 32, y el de disoluciones con 159 menos. Comercio por el contrario lidera la subida en los concursos, con 90 más, y Servicios empresariales la de las disoluciones, añadiendo 73 a las del año pasado. 

El derecho de información de los socios de las sociedades mercantiles.
por Jose María Dutilh | may 26, 2015 | Business Law

El derecho de información de los socios de las sociedades mercantiles.
1. Concepto.
Con el fin de que los socios puedan emitir convenientemente su voto sobre los asuntos mencionados en la convocatoria de la junta general, la LSC concede a todo socio el denominado derecho de información.

Es el derecho de todos los socios[1] o accionistas[2] de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima a:

a) Solicitar a los administradores por escrito, antes de las reuniones de las juntas generales, con anterioridad a la celebración de la junta[3], los informes, la información o las aclaraciones[4] que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

b) A obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la junta general, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas[5].

c) A examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los  documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales, antes de la celebración de la junta general, salvo disposición en contrario de los estatutos, por parte de socios de sociedades de responsabilidad limitada, que representen al menos el 5% del capital.

En la convocatoria se hará mención de este derecho[6].

d) A formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

e) Solicitar verbalmente durante la celebración de juntas generales, los informes, las informaciones o las aclaraciones que estimen precisos o consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día[7].

En el supuesto de que se vaya a debatir una modificación de estatutos sociales, en el anuncio de la convocatoria de la junta general, se deben expresar con claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos[8].

 

2. Momento de ejercicio.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general (en el caso de las sociedades anónimas, hasta el séptimo día anterior a su celebración[9]).

Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta[10].

 

3. Denegación de la información.
El órgano de administración o los administradores, estará obligado a proporcionar la información solicitada y los documentos solicitados, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que:

a) A juicio de la junta general, la publicidad de ésta perjudique el interés social[11].

b) esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio.

c) existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o;

d) su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas[12].

 

4. Ámbito de aplicación subjetivo de la denegación.
No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada[13].

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social, sin perjuicio de que los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social de una sociedad anónima[14].

 

5. La vulneración del derecho de información.
La vulneración del derecho de información solo facultará al accionista de una sociedad anónima para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general[15].

 

6. Utilización abusiva o perjudicial de la información.
En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio de una sociedad anónima será responsable de los daños y perjuicios causados[16].

 

7. Conclusión.
La única variación sustancial consiste en que, tratándose de sociedades anónimas:

(i) La vulneración del derecho de información únicamente faculta al accionista paraa solicitar una indemnización de daños y perjuicios causados y;

(ii) Se sanciona el uso abusivo del derecho de información en sociedades anónimas por el / los socios minoritarios.

[1] Artículo 196.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC en lo sucesivo).
[2] Artículo 197.1 y 2 de la LSC.
[3] Artículo 197.1 de la LSC. Concretamente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración en el caso de las sociedades anónimas.
[4] En el caso de las sociedades anónimas, el artículo 197 de la LSC se refiere a los informes, las informaciones o las aclaraciones que se estimen oportunos. Para el caso de las de responsabilidad limitada, hace referencia el artículo 196 a informes o aclaraciones.
[5] Artículo 272.2 de la LSC.
[6] Artículo 272.1 de la LSC.
[7] Artículo 196.1 y 197.1 y 2 de la LSC.
[8] Artículo 287 de la LSC.
[9] Conforme al artículo 197.1 de la LSC.
[10] Artículo 197.2 de la LSC.
[11] Artículo 196.2 de la LSC.
[12] Artículo 197.3 de la LSC.
[13] Artículo 196.3 de la LSC.
[14] Artículo 197.4 de la LSC.
[15] Artículo 197.5 de la LSC.
[16] Artículo 197.6 de la LSC.
FUENTE: Jose María Dutilh
Socio Director de la Firma de Abogados LeQuid, especializada en Derecho de los Negocios y de las Empresas Sociales, estoy plenamente convencido de que el desarrollo empresarial rentable y eficiente no sólo es compatible sino que necesita la ética empresarial. En la actualidad, desde LeQuid colaboro con empresarios que necesitan una segunda oportunidad a través de estos procesos; Apoyo legal en el día a día, Re emprendimiento socialmente responsable, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración y Refinanciación de empresas o Concurso de acreedores entre otros.

SJE REFOR-CGE 12/2018  18 de abril de 2018

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1)  Doctrina: La reserva de dominio en el concurso.** 

Pérez Benítez, J.J., (13 de abril de 2018) en Lefebvre – El Derecho.

Reserva de dominio: Regulación en la LC.

La Ley Concursal parte de la validez del pacto de reserva de dominio, al que se refiere directamente en tres preceptos que, sin embargo, contemplan situaciones diferentes: al tratar de los efectos de las garantías reales (art. 56), al tratar de los privilegios especiales (art. 90.1.4º) y en sede del concurso internacional (art. 201.1). Mientras que la primera de las normas citadas se refiere tan solo a las reservas de dominio sobre bienes muebles inscritas, no existe la misma limitación al regular el privilegio especial, que permite dar entrada a las compraventas de inmuebles. Las reservas de dominio en contratos de otra naturaleza, diferentes al de compraventa, quedarían fuera de las expresas previsiones de la normativa concursal.

Nota: El autor es Magistrado de la AP de Pontevedra y el artículo abre las cuestiones en un foro abierto. En relación a la materia, recomendamos igualmente la lectura del artículo con el mismo título de Manuel García Villarrubia, en Revista de Derecho Mercantil, nº 61.



2) SAP PO 194/2018, de 2 de febrero.**

Sección 1. Ponente, Manuel Almenar Belenguer.

Reserva de dominio: No inscrita, inclusión del bien en el informe

Reserva de dominio: No inscrita, calificación del crédito del acreedor.

No procede excluir del inventario de bienes y derechos el deudor concursado las construcciones realizadas por un acreedor, en virtud de contrato de obra formalizado en documento privado y en el que se incluyó una reserva de dominio a favor de ese acreedor precisamente porque dicho pacto de reserva de dominio se recoge en un documento privado y la garantía no está inscrita. En consecuencia, el acreedor ni cuenta con un crédito privilegiado, ni puede ejercitar un derecho de ejecución separada, ni puede acudir, al procedimiento especial previsto en la ley procesal común. Por tanto, para hacer efectiva la reserva del dominio, el vendedor (que es el constructor acreedor) tan sólo podría pretender la resolución contractual en el concurso, pero al tratarse de incumplimientos anteriores de un contrato de tracto único, carece de esta facultad. En conclusión, el acreedor cuenta con un crédito concursal por el importe del precio adeudado y el bien debe incluirse en el inventario de la masa activa.



3) Doctrina: Persona física representante de la persona jurídica administradora.***

Moreno Vázquez, P. (4 de abril de 2018) en Legal Today.

Calificación: Persona física designada por persona jurídica.

Pese a algunas opiniones discrepantes en la doctrina científica -que no en la jurisprudencial-, se puede afirmar que el representante persona natural designado por la persona jurídica administradora social, no es susceptible de integrar la categoría de persona afectada por la calificación.

Lo más prudente es que la depuración de responsabilidades se realice llamando a estas personas como cómplices, no como afectadas. Con cita de la STS 104/2018, que a criterio del autor parece cuestionar que la persona física representante pueda ser imputada por la vía de la administración de hecho.



4) STS 1224/2018, de 21 de marzo.***

Sala Especial. Ponente, Angel Ramón Arozamena Laso.

Administración concursal: Derivación de responsabilidad de deuda tributaria de la concursada.

AEAT: Derivación de deudas de la concursada a la AC.

Nota: La controversia trae causa de la falta de ingreso por la AC de una cuota por IVA por la venta de un inmueble más el importe de la sanción; y se discute si la AEAT tiene competencia para incoar un procedimiento de derivación por la vía administrativa, mientras se está tramitando el concurso.

El principio de universalidad que establece la L.C., al atribuir jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso -de modo que a él incumba la toma de cualesquiera decisiones sobre la marcha del procedimiento concursal (jurisdicción exclusiva) y ningún otro órgano, administrativo o jurisdiccional, pueda proceder ejecutiva o cautelarmente sobre el patrimonio del concursado (jurisdicción excluyente)- se funda en razones de economía procesal y sirve a la eficacia del proceso universal abierto (art. 9 LC). Ahora bien, la jurisdicción atribuida al juez del concurso para conocer de cualesquiera cuestiones relacionadas con el proceso universal, con desplazamiento del órgano primariamente competente -sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo supone una excepción al principio de improrrogabilidad y, por ello, debe ser objeto de una interpretación estricta y está sujeta a ciertos límites. Lo que supone una reconsideración del criterio mantenido por la Sala Especial en la S de 27 de abril de 2016 (CJ 1/2016), volviendo a la doctrina previamente mantenida al respecto en la S de 9 de abril de 2013 (CJ 1/2013). Esta misma doctrina se mantiene por la STS, Sección 2.ª, Sala Tercera, de 27 de junio de 2017 (recurso de casación nº 433/2016), con cita de la de 15 de junio de 2016 (recurso de casación nº 1916/2015).

El reconocimiento de la jurisdicción de la Administración Tributaria no contiene ningún juicio anticipatorio de la conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que puedan ser dictadas en el marco del procedimiento.

  

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga.

http://refor.economistas.es/

CONCLUSIONES ESTUDIO EVOLUCIÓN PAGOS DEL FOGASA Y EVOLUCIÓN DE CONCURSOS DE ACREEDORES

Marzo 2018

Desde el REFOR-CGE, Registro de Expertos en Economía Forense, órgano especializado del Consejo General de Economistas, CGE, venimos analizando la evolución de pagos del FOGASA y el número de concursos, y comparamos dichas cifras. Puede accederse a estos datos, a través de las fuentes estadísticas del FOGASA (por motivo de solicitud: procedimientos concursales), que ofrecen datos tanto mensuales como acumulados de diversos años.

En concreto, como datos más actualizados obtenidos: acumulando los dos primeros meses de este año, hasta febrero 2018, se han estancado los pagos del FOGASA en empresas, pues sólo se han incrementado un 0,20% (pasando de 985 empresas en enero+febrero en 2017 a 987 en 2018 en estos dos meses) y con respecto a expedientes sí que se han incrementado intensamente hasta alcanzar el 62,77 %. Si calculamos la ratio, que lo compara con el número de concursos de acreedores en dichos meses, observamos que representa un 1,18.En datos acumulados hasta febrero 2018, las cifras muestran que los pagos del FOGASA están experimentando un estancamiento en el total de los dos primeros meses de 2018 con respecto a 2017 en cifras absolutas (pagos del FOGASA) y una mejora en las relativas (la comparación del ratio o índice pagos del FOGASA/número de concursos ha disminuido; de 1,28 en dichos dos meses acumulados en 2017 a 1,18 en 2017, lo que se traduce en una disminución de un 8% en dicho índice).

Por tanto, SE ESTÁ PRODUCIENDO UN ESTANCAMIENTO EN EL NÚMERO DE PAGOS DEL FOGASA EN ESTOS DOS PRIMEROS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, UN EMPEORAMIENTO DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES, PERO MEJORA EN CUANTO AL INDICE DE ECONOMÍA SUMERGIDA CONCURSAL. ESPERAREMOS A EVOLUCIÓN EN PRÓXIMOS MESES PARA OBSERVAR LA TENDENCIA EN 2018.

No obstante, recordemos que la tendencia a lo largo de 2017 en cuanto a pagos del FOGASA ha sido positiva pues se han reducido dichos pagos. Acumulando los doce primeros meses han disminuido los pagos del FOGASA en empresas un 38% el pasado año. Por ello, no resulta fácil que continúen disminuyendo continuamente estas cifras. De ahí, que se hayan estancado en estos dos primeros meses de 2018.
Recordemos que, en 2016, las cifras no eran tan positivas y que, en determinados meses, el acumulado hasta noviembre 2016, se había llegado hasta un índice ó ratio de 3,32 (es decir, más del triple de pagos del FOGASA que de concursos). A partir de agosto 2016, los pagos y en consecuencia dicho índice ha mejorado.
​
Téngase en cuenta que se incluyen en los pagos de FOGASA aquellas insolvencias que no devienen en un procedimiento de concurso de acreedores.

​INFORME EULER HERMES

INFORME EULER HERMES  CON PRONÓSTICOS INSOLVENCIAS 2018 A NIVEL MUNDIAL

          “Menos casos pero insolvencias mayores”

           (resumen traducido desde REFOR-CGE)

 

En la publicación anual de “Euler Hermes”, “Global Insolvencies Index” (Índice global de insolvencias), publicada recientemente en 2018, se realiza el pronóstico de las insolvencias para este año 2018, en 43 países a nivel internacional. Así como en 2017 la tendencia a la baja en las insolvencias se ha paralizado debido a un incremento en Asia y en los mercados emergentes (como Rusia y Brasil), en 2018 la tendencia general es hacia un decrecimiento de las insolvencias a nivel internacional de un -1% (índice global de insolvencias). No obstante, en uno de cada dos países, el número de insolvencias ha sido mayor que en 2017, especialmente en Europa

Tras siete años consecutivos de disminuciones sustanciales en las insolvencias a nivel mundial, la mejora se ha paralizado en 2017. De este modo, los concursos de acreedores van a disminuir o estabilizarse en 2018 en la gran mayoría de los países. América del Norte y otras economías avanzadas serán un ejemplo notable de esta tendencia.

Se incrementaron además Las cifras de insolvencias de empresa de gran tamaño con una cifra de negocios de 50 millones de €.

 No obstante, en uno de cada dos países, el número de insolvencias ha sido mayor que en 2017, especialmente en Europa. Para el caso de España se prevé un estancamiento en el número de insolvencias en 2018 siendo el crecimiento de un 0%.

Se comenta en este informe que: con todo, las insolvencias se están estabilizando después de siete años de caída. Esto confirma la vuelta del riesgo del crédito. En 2018, las empresas en Asia, Hispanoamérica, Este de Europa y Reino Unido, deberían ser estrechamente monitorizadas. Además, las grandes insolvencias están incrementándose rápidamente en compañías de servicios y de retail, sin dejar a ningún sector indemne. ¡Cuidado con el efecto dominó!.

​https://refor.economistas.es/informe-euler-hermes/

fuente REFOR
 http://refor.economistas.es/ 

ADELANTO INFORME INTERNACIONAL CONCURSAL REFOR-CGE: COMPARATIVA CONCURSOS DE ACREEDORES DE EMPRESAS EN PRINCIPALES PAISES DE EUROPA 2017 

7 febrero 2018 

Hemos actualizado una serie de datos fundamentales del informe más detallado de REFOR-CGE de comparativa internacional del total anual 2017. De esta forma, podemos obtener un análisis de cómo ha evolucionado la comparativa internacional en 2017. Nos adelantamos este año en un informe que solemos obtener en mayo de cada año y que las principales organizaciones referentes en este ámbito como Creditreform realizan no antes de dicho mes. 

Para simplificar nos hemos centrado en la variable número de concursos, prescindiendo de otras variables que utilizábamos como el PIB, población y número de empresas, que dejaremos para el estudio de mayor profundidad en 2018 con más tiempo. Los datos que hemos obtenido pueden verse en la siguiente tabla: PAÍS 

 
 
N.º
CONCURSOS EN 2017
VARIACIÓN
2017/2016
en %
TENDENCIA
(en relación con variación % 2016)
NÚMERO CONCURSOS
EN 2016
)
VARIACIÓN
2016/2015
en %

FRANCIA
55.175
-4,6%
57.844
-8,3%

ALEMANIA
20.200
-6,3%
21.518
-9,2%

REINO UNIDO
17.243
4,2%
16.502
12.6%

ITALIA
13.098
-3%
13.472
-8,6%

PORTUGAL
6.284
-12%
7.168
-1,6%

DINAMARCA
6.383
-4%
6.674
+65,6%

FINLANDIA
2.160
-10%
2.408
-6,4%

ESPAÑA
4.095
-4,7%
4.297
-20%




Cuadro genérico comparativa concursal y económica europea total año 2017 

Elaboración propia del REFOR-CGE: datos de diversas fuentes (fundamentalmente Estadísticas concursales oficiales del país) 

Nota: dado que el concepto de concurso de acreedores varía de un país a otro, es posible que las cifras absolutas de número de concursos de determinados países no coincidan dependiendo de la fuente estadísticas de la que procedan los datos. Por ello, consideramos como más importante la segunda y tercera columna que mide la tendencia alcista o bajista de la evolución concursal. 

Conclusiones del estudio:
Debemos aclarar en primer lugar que este estudio lo hemos realizado refiriéndonos a concursos de empresas, no estando incluidos los concursos de personas físicas. Frente al informe sobre el año 2016, en el que España era el país de la UE (entre los siete países seleccionados en el cuadro) en el que se producía el mayor descenso en cuanto al número de concursos (-20%); sin embargo, se produce en este año 2017 un posible cambio de tendencia pues disminuyen los concursos en nuestro país en mucho menor grado, un 4,7%. En otras naciones de nuestro entorno, la tendencia es en general hacia un MENOR NÚMERO DE CONCURSOS DE ACREEDORES salvo el caso de Reino Unido, que con 17.243 concursos presenta un crecimiento concursal del 4,2%. Sin embargo, en otros países europeos bajan los concursos de acreedores en 2017 con respecto a 2016: de este modo, Francia con 55.175 insolvencias de empresas (-4%), Alemania, alcanza 20.200 (-6%), Italia 13.098 (-3%), Portugal 6.284 (-12%), Dinamarca 6.383 (-4%) y Finlandia 2.160 (-10%). 
Observamos por tanto un menor decrecimiento concursal en España en 2017, lo que nos podría llevar a pensar en una posible tendencia al incremento de concursos de acreedores, que podría ser causado por un conjunto de variables. Por un lado, como efecto de la reforma concursal 2014-2015; un mayor conocimiento del procedimiento concursal por parte de los empresarios; una menor percepción del estigma concursal (si bien todavía persiste); posibles vencimientos de las refinanciaciones y operaciones financieras de crédito y una posible pequeña mejora de la economía sumergida que anteriormente no computaba las cifras concursales oficiales. Se ha mejorado las cifras de pagos del FOGASA en relación con los concursos de acreedores, según ponemos de manifiesto desde REFOR-CGE en otro de nuestros estudios. Como observamos en la tendencia nos referimos a la comparación con el porcentaje de crecimiento de 2016. 
En cualquier caso, pese a este cambio de tendencia en España, hacia el incremento concursal, sin embargo, las cifras que se presentan en nuestro país siguiendo todavía bajas en relación con el resto de países europeos analizados. La cifra de concursos de empresas en España (en torno a 4.000 anuales, en concreto este año 4.095) es inferior a la de otras economías vecinas de Europa (Francia: más de 55.000; Alemania, unos 20.000, Reino Unido más de 17.000, Italia, más de 13.000, Portugal y Dinamarca superan los 6.000. Incluso un país como Portugal, de menor dimensión económica que nosotros, cuyo PIB es 6 veces inferior al de España y con 4 veces menos de población que nuestro país, nos supera en número de concursos en 2017: más de 6.000. O el caso paradigmático que también solemos destacar en nuestros estudios del REFOR-CGE, Dinamarca, con un número de concursos, más de 6.000, no muy alejado de los nuestros, siendo un país mucho más pequeño y con menor PIB. 
Este hecho, nos lleva a pensar que la cifra en el número de concursos es menor al que debería corresponder a España, y quizás ofrezca una visión un tanto distorsionada de la realidad. Una de las explicaciones, para esta situación que ya hemos comentado también con anterioridad en el REFOR-CGE es que en España, todavía y a pesar de la mejoría en este sentido, en realidad muchas empresas no acuden al concurso de acreedores, al no percibir sus ventajas, frente a otros países europeos, por lo que se percibe una importante cifra oculta de teóricas situaciones de insolvencia, que pasan a engrosar las cifras de la economía sumergida y no de la economía real (otros estudios periódicos del REFOR-CGE que elaboramos comparando cifras del FOGASA en 2016 y 2017, a las que nos remitimos, resultan esclarecedoras en este sentido). Quizá un fenómeno parecido pueda ocurrir en Italia, si bien con efectos menos acusados que en España. Esta economía sumergida concursal, que seguimos observando, en la comparación europea, sin embargo, se va reduciendo en España en 2017 (pues se han reducido mucho los pagos del FOGASA en 2017, casi un 40% lo que resulta positivo ( y puede ser una de las razones por lo que los concursos de acreedores han experimentado un menor decrecimiento).Es decir, las reformas concursales de 2015 parecen contribuir a que las empresas progresivamente tiendan a solventar sus insolvencias a través de la ley concursal. Se observa asimismo un mayor conocimiento del procedimiento concursal en los últimos años por parte del empresariado y la sociedad en general, aunque con espacio todavía de mejora. No obstante, como decimos, a pesar de estos datos que mejoran dicha economía sumergida concursal, queda todavía recorrido para que haya más insolvencias.
Como decíamos anteriormente, en este estudio que hemos realizado desde el REFOR-CGE sobre la evolución europea en el número de concursos, nos referimos a las insolvencias empresariales. Si incluyéramos en este estudio los concursos de personas físicas, las conclusiones serían todavía más extremas y la cifra de concursos totales en España, sería ridícula comparada con la de otros países europeos.
FUENTE REFOR