​
1) Roj: SAP B 6859/2021, de 1 de julio.**

Sección 15. Ponente, Juan Francisco Garnica Martín.

Culpabilidad: Derivada de infracción tributaria.

Supuesto de hecho: El Sr. Isidoro cometió diversas irregularidades tributarias actuando a través de WWW, S.C.P. Dicha sociedad, dada su falta de personalidad jurídica, tributaba en régimen de asignación, de forma que el Sr. Isidoro, a quien se imputaba un 50 % de la actividad, debió haber tributado en su IRPF por los ingresos percibidos personalmente como consecuencia de esa actividad y no lo hizo. Ello determinó que se le abriera un expediente disciplinario fiscal que finalizó con la determinación de la deuda y con una importante sanción tributaria. La cuestión está en si basta con la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias a que estaba obligado el concursado para que debamos considerar que ha incurrido en la causa de culpabilidad del art. 164.1 LC

La respuesta creemos que debe ser positiva en un supuesto como el enjuiciado, en la medida que han sido esas irregularidades las que han situado al deudor en insolvencia. El dolo o culpa grave de que habla la norma tiene que proyectarse en la generación o el agravamiento de la insolvencia y creemos que en el supuesto enjuiciado concurre, cuando menos, culpa grave, aceptada por el propio deudor al no cuestionar el acta de infracción, en los hechos que han determinado la insolvencia, particularmente por la propia gravedad de los hechos que han generado esa responsabilidad tributaria.

2) Roj: SJM B 5565/2021, de 28 de junio.***

Juzgado Mercantil 5. Ponente, Florencio Molina López.

Calificación: Art. 164.2.1 LC. Falta de llevanza de la contabilidad.
Calificación: Artículo 165.2 LC. Falta de colaboración del administrador.

Supuesto de hecho: administrador social que no aporta la contabilidad pese a haber sido requerido para ello por la administración concursal.

a) 164.2.1 LC. Falta de llevanza de la contabilidad.

La STS de 10 de septiembre de 2012(ponente: don José Ramón Ferrándiz Gabriel), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 20 de marzo de 2012(ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 6 de mayo de 2013 (ponente: don José María Ribelles Arellano), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 21 de mayo de 2013 (ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren), la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 6 de septiembre de 2013 (ponente: don José María Ribelles Arellano), la SAP Pontevedra (Sección 1ª), de 22 de abril de 2013(ponente: don José Jacinto Pérez Benítez) y la SAP Madrid (Sección 28ª), de 28 de junio de 2013 (ponente: don Ángel Galgo Peco) concluyen que la apreciación de la causa de culpabilidad consistente en el incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad requiere de la presencia de los siguientes presupuestos:

- Un elemento objetivo: el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 25 del Código de Comercio(en adelante, C.Com.). Recordemos que el artículo 25 C.Com. dispone que "todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de inventario y Cuentas anuales y otro Diario". Concreta la STS de 5 de junio de 2015 (ponente: don Sebastián Sastre Papiol) que la conducta debe "afectar a la imagen fiel del patrimonio o de la situación financiera del deudor".

- No precisa de un nexo de causalidad entre el elemento objetivo y la generación o agravación de la insolvencia: la STS de 10 de septiembre de 2012 (ponente: don José Ramón Ferrándiz Gabriel) afirma contundentemente que la apreciación de la causa del artículo 164.2.1º LC, no exige "más que el incumplimiento del omitido deber".

No puede imbuirse en la causa del artículo 164.2.1º LC, los siguientes supuestos citados por la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 20 de marzo de 2013 (ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren):

- La falta de legalización de los libros, ya que "Se trata de un incumplimiento de naturaleza formal que no ha tenido trascendencia -o, al menos, no se ha alegado que la haya tenido- frente a terceros y que no ha impedido conocer la verdadera situación patrimonial de la concursada".

- La falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil durante los tres años anteriores a la declaración del concurso, ya que "(...) ese hecho lo tipifica la LC en el artículo 165.3 como una presunción de existencia de dolo o culpa, salvo prueba en contrario".

b) Artículo 165.2 LC. Falta de colaboración del administrador.

La falta de colaboración con la Administración Concursal o con el Juez del Concurso, se concreta o bien en la conducta general de falta de colaboración, o en la más concreta de falta de suministro de información o en la falta de asistencia a la junta de acreedores. Las SAP Barcelona(Sección 15ª), de 23 de abril de 2013 (ponente: doña Marta Rallo Ayezcuren), la SAP Alicante (Sección 8ª), de 11 de septiembre de 2013 (ponente: don Luis Antonio Soler Pascual) y la SAP Alicante (Sección 8ª), de 12 de julio de 2013 (ponente: don Francisco José Soriano Guzmán), llegan a la conclusión de que la apreciación de esta causa depende de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Un elemento activo o material: consistente en el incumplimiento del deber de colaboración. La SAP Alicante(Sección 8ª), de 11 de septiembre de 2013 (ponente: don Luis Antonio Soler Pascual) define el deber de colaboración como el "de lealtad y predisposición, es de buena fe y de asistencia, de auxilio y alianza a la consecución de los fines propios del concurso y desde luego, en absoluto puede efectuarse esta afirmación incluso de quien solo retrasa injustificadamente la entrega de documentación esencial y ejecuta actos directamente lesivos al concurso de la naturaleza de la extracción o sustracción de bienes sin autorización o modifica maliciosamente documentación contable para fines procesales que en absoluto lo justifica".

- No se requiere un nexo de causalidad entre el elemento pasivo u omisivo y la generación u agravación de la insolvencia.

Se estima la condena a la cobertura de la totalidad del déficit concursal al administrador social, puesto que la ausencia de llevanza de la contabilidad ha impedido conocer hasta qué punto la insolvencia ha sido generada/agravada por dichos incumplimientos del administrador social, afectando a la imagen fiel del patrimonio o de la situación financiera del deudor, habiendo impedido a los terceros y al AC conocer la verdadera realidad financiera de la misma.

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

​La ley de ‘Segunda Oportunidad’ que se olvida de los autónomos
Reclaman que la reforma de la Ley Concursal permita a estos profesionales librarse de las deudas con Seguridad Social y Hacienda
MURCIAECONOMÍAVIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021Tiempo de lectura: 1 min


 

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos insisten en reclamar al Gobierno que incluya la condonación de las deudas de los autónomos con Hacienda y Seguridad Social en el recién aprobado anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal. De esta forma cumpliría así con la Directiva europea.

 

Estas asociaciones entienden que la futura Ley de ‘Segunda Oportunidad’ no debe permitir que las deudas de los autónomos con las entidades públicas supongan un “endeudamiento eterno”.

 

El proyecto de reforma legislativa ha abierto un periodo de consultas que está siendo aprovechado por los autónomos para hacer llegar sus reivindicaciones al Gobierno. La principal de ellas  es que estas deudas con Seguridad Social o Hacienda no supongan un obstáculo para comenzar una nueva actividad empresarial.

 

Así, una organización como UATAE recuerda que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya se han pronunciado en este sentido, como también lo ha hecho el Tribunal Supremo a través de, al menos, una sentencia.

 

De la misma forma, la principal asociación del colectivo, ATA, hace hincapié en la Directiva europea que obliga a los diferentes estados miembros a poner en marcha una serie de mecanismos sobre la insolvencia empresarial, para prevenirla, “pero también para proteger al deudor ‘de buena fe’, aumentando la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas”.

 

"Si la norma se queda como está -indican desde ATA-, se pierde una oportunidad única, y en un momento crucial, para apoyar a los autónomos. No tiene sentido que animen a los profesionales acogidos a la Ley de Segunda Oportunidad a emprender nuevas actividades económicas manteniendo unas deudas que son como lastres".

Así se le pueden perdonar las deudas a los autónomos con la ley de la Segunda Oportunidad
Se trata de una opción para deudas acumuladas imposibles de pagar
Solo vale para determinadas deudas y cuantías y mostrando buena fe
El objetivo es que el profesional pueda empezar de cero sin ataduras
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Foto: eE.
elEconomista.es
10/09/2021 - 9:30
Debido a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, los autónomos han encontrado muchas dificultades para sacar adelante sus negocios. Los casos más graves son los de los profesionales que no han podido seguir ahogados por las deudas. Pero para algunas de estas personas todavía podría haber un último clavo ardiendo.

La clave está en la denominada Ley de la Segunda Oportunidad, que se redactó en 2015 con el objetivo de tender la mano a aquellos profesionales que, tras varios años de crisis, vieron cómo sus negocios se perdían por la acumulación de deudas muy difíciles de pagar debido a la falta de recursos.

Así, para 'rescatar' a estos profesionales y, de paso, fomentar su vuelta al mercado laboral, se creó este mecanismo por el cual se contempla "que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer".

La ley de Segunda Oportunidad, regulada a través del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero y la Ley 25/2015, de 28 de julio, tiene también los objetivos de desincentivar la economía sumergida y favorecer la cultura empresarial.

La principal característica de este mecanismo es que, tras una declaración de insolvencia en un concurso, se contempla el perdón de las deudas (o una parte) del profesional, siempre que sean menores a cinco millones de euros y que se acredite que no hay posibilidad de saldar esas deudas. Además, y no menos importante, hay que demostrar buena fe. Esto es, no aprovecharse de esta ley para no pagar las deudas acumuladas y comenzar un nuevo negocio de forma irresponsable.

Para demostrar la buena fe, el deudor necesita cumplir cuatro condiciones concretas:

-No ser declarado culpable en el concurso.

-Haber intentado (o celebrado) un acuerdo extrajudicial de pagos.

-No haber sido condenado en sentencia firme por un delito contra la Hacienda pública o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.

-Haber pagado al menos los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y el 25% de los créditos ordinarios si no hubo acuerdo de pagos.
Así se consigue la pensión mínima de los autónomos: los años que tienes que cotizar y por qué base
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Si se reúnen todas las condiciones anteriormente enumeradas, el profesional podrá acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad. No obstante, debe saber que existen deudas que no se pueden perdonar: es el caso de los créditos de derecho público y las pensiones de alimentos (aunque en este caso ya existe jurisprudencia que también exonera del pago de estas cantidades).

Cuando se encuentre en uno de esos supuestos, el profesional tendrá que elaborar un calendario de pagos pactado mediante el cual, en un plazo de cinco años, tendrá que ponerse al día con esos acreedores. Y, en paralelo, tendrá que mirar de reojo al resto de acreedores, ya que pueden exigir el pago de las deudas si el deudor incumple con su requisito de buena fe o con su calendario de plazos de pago, percibe ingresos no declarados o mejora sustancialmente su situación económica.

Relacionados

SJE REFOR-CGE 29/21.

1) Roj: STS 3233/2021, de 27 de julio.**


Sala de lo civil. Ponente, Juan María Díaz Fraile


Convenio: Ideas generales.
Convenio: Contenidos alternativos.
Ejecución de valores dados en garantía: Carácter dispositivo de la norma.


Con carácter general, el principal efecto derivado de la aprobación del convenio consiste en el cese de los efectos del concurso (art. 133.2 LC); salvo los deberes de colaboración e información del art. 42 LC, y excepto los efectos que se puedan establecer en el propio convenio en cada caso específico. Conforme al art. 134.1LC, el deudor queda obligado al cumplimiento del convenio; y en cuanto a los acreedores concursales, se ven vinculados por el convenio los ordinarios y subordinados. Los acreedores con privilegio general o especial no se verán afectados por el convenio, salvo si hubiesen votado a favor o se hubiesen adherido al mismo (art.134.2 LC), o cuando concurran las mayorías de acreedores de su misma clase que prevé el art. 134.3 LC.


En consecuencia, todos los acreedores ordinarios y subordinados verán novados sus créditos respecto a su cuantía y tiempo de pago; quedando extinguidos y aplazados en la parte correspondiente, conforme al art. 136 LC. Y ello, con la única posibilidad de rescisión de dicho efecto para el caso de que se declare el incumplimiento del convenio. Como declaramos en nuestra sentencia 229/2016, de 8 de abril, se trata de una novación modificativa no extintiva: "La quita concursal no produce la extinción de la obligación, y no puede considerarse la remisión que se acuerde en un convenio como una condonación, ni como una novación extintiva. Es una novación modificativa, basada en la renuncia de los acreedores a exigir el pago al deudor (pacto de non petendo). Como consecuencia de ello, si el convenio se incumple y se abre la fase de liquidación, desaparecen estos efectos sobre los créditos (art. 140.4 LC). Si el convenio se cumple parcialmente, en la liquidación se tendrán por legítimos los pagos parciales efectuados, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención del convenio o alteración de la igualdad de trato a los acreedores (art. 162.1 LC). Mientras que si el convenio se cumple íntegramente, y así se declara conforme al art. 139 LC, los créditos quedarán definitivamente extinguidos".


En el caso de que el convenio aprobado establezca distintos contenidos alternativos, a las modificaciones de la remisión (quita) y/o dilación (espera), se suma la derivada del carácter alternativo de las diversas prestaciones ofrecidas, de forma que con la ejecución de una de ellas se entenderá cumplida la obligación (art. 1131 CC). En este caso la elección, frente al régimen común supletorio de las obligaciones alternativas (art. 1132 CC), corresponde al acreedor (art. 102 LC), sin perjuicio de que, en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección por el acreedor, deberá ser el propio convenio, no el deudor unilateralmente, el que determine la alternativa aplicable.


En un convenio con propuestas alternativas, el ejercicio del derecho de opción por una de ellas, que desenvuelve la autonomía de la voluntad en ese limitado margen, no es asimilable al voto favorable ni a la adhesión al convenio, tampoco a los efectos de excluir la aplicación del art. 135.1 LC.


La S. realiza un análisis “en parte novedoso” del art. 322 del Código de Comercio, relativo a la ejecución de valores dados en garantía, en su redacción dada por Ley 24/1988, 28 julio («B.O.E.» 29 julio), del Mercado de Valores.



2) Roj: AJM B 2189/2021.**


Juzgado de lo Mercantil. Magistrado, Florencio Molina López.


Declaración-conclusión: Requisitos.


Dado que la conclusión del concurso debe adoptarse a partir de los datos aportados por el deudor, deberá procederse con extremada prudencia, por lo que sólo si de manera muy evidente el activo es insuficiente para atender los créditos contra la masa y los gastos del procedimiento, y sólo si por las circunstancias que rodean al deudor no son previsibles acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, estará justificada la conclusión del concurso en el mismo auto de declaración.


En idéntico sentido AJM B 2193/2021 y AJM B 2093/2021 de la misma fecha; también AJM B 2695/2021, de 21 de julio y AJM B 2693/2021, de 20 de julio; siendo el segundo de la Magistrada Lucia Martínez Orejas y el tercero y cuarto de la Magistrada Yolanda Ríos López.



3) Roj: SJM B 4440/2021, de 22 de julio.**


Juzgado Mercantil 10. Ponente, Lucía Martínez Orejas.


Responsabilidad de administradores: Omisión del deber del depósito de las cuentas anuales.


La falta de presentación de las cuentas anuales no determina, por sí sola, la existencia de la causa de disolución (pues la falta de formulación, aprobación o depósito de las cuentas anuales, si bien privan a los terceros del conocimiento de la situación patrimonial de la compañía, no constituye prueba directa de la situación de pérdidas), pero sí constituye un indicio de la concurrencia de la causa de disolución de pérdidas cualificadas, que habrá de ser valorado con el resto de material probatorio y, en todo caso, conduce a una inversión de la carga de la prueba, por aplicación del principio de disponibilidad y facilidad probatoria (217.7 LEC), que desplaza al administrador demandado la carga de probar que no se da el desbalance patrimonial, por serle más fácil y accesible de acreditar que a la actora. La STS de 5 octubre 2004 y la SAP BCn, Sección 15, de 28 septiembre 2011, establecen que, ante la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, es irracional pretender que el incumplimiento de una obligación derive en un beneficio para el incumplidor, en cuanto deja sin prueba a la contraparte de datos objetivos muy importantes, de modo que incumbirá al actor acreditar lo que puede acreditar en estas circunstancias (la falta de pago de los suministros, el cierre de hecho, la desaparición del tráfico sin liquidación alguna,..) y será a cargo del administrador demandado probar que la sociedad no ha sufrido disminución de su patrimonio en términos que le obliguen a convocar junta para adoptar el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas.



4) Roj: STS 3038/2021, de 20 de julio.***


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.


Hipotecante no deudor: Efectos cuando se aprueba un convenio con quita en el concurso del deudor no hipotecante.


En el concurso de acreedores de la prestataria (deudora no hipotecante, la nota es nuestra), el banco prestamista tenía reconocido un crédito ordinario de 507.039,61 euros. El convenio propuesto por el deudor, que fue aceptado por la junta de acreedores y luego aprobado judicialmente, prevé una quita del 50% del importe de los créditos y una espera de siete años, con dos años de carencia. El banco no votó a favor del convenio.


En este contexto, la cuestión suscitada en este motivo es en qué medida la quita del 50% del importe de los créditos genera efectos en la ejecución de la garantía hipotecaria prestada por un tercero, hipotecante no deudor. Y, en concreto, si resulta de aplicación el art. 135.1 LC.


La ratio de la norma contenida en el art. 135.1 LC es garantizar al acreedor que no vota a favor de la propuesta de convenio que su aprobación no afectará a los derechos que tuviera frente a terceros, ya sean los obligados solidarios con el concursado, ya sean quienes hubieran aportado una garantía. Aunque la norma haga únicamente referencia expresa a las garantías personales (fiadores o avalistas), tiene sentido que corran la misma suerte las garantías reales prestadas por terceros, como en este caso una hipoteca otorgada por un hipotecante no deudor.


La norma lo que pretende es preservar los derechos del acreedor concursal frente a los terceros afectados por el cumplimiento de un crédito concursal, en caso de que se apruebe un convenio si ese acreedor no ha votado a favor (ahora el texto refundido aclara que también se exige que no haya sido autor de la propuesta ni se haya adherido a ella). La razón estriba en que el sacrificio que comporta, para el acreedor que no acepta la propuesta de convenio, verse arrastrado por lo acordado por otros acreedores con el deudor está justificado dentro del concurso y por la finalidad de facilitar, con esta reestructuración de la deuda, la continuidad de la actividad económica del deudor concursado. Pero no está justificado que este sacrificio que entraña verse arrastrado por los efectos del convenio no aceptado, en concreto por las quitas y esperas no consentidas, se extienda también a las garantías que en previsión del incumplimiento del deudor hubiera recabado el acreedor de terceros.


Los terceros que hubieran prestado garantías no tienen por qué beneficiarse de las razones concursales que justifican el reseñado arrastre de efectos, pues están fuera del concurso.


Se agradece a la Profesora María Rey Peña habernos puesto al corriente de esta resolución.


Nota: Aprovechando el comienzo de curso, aclaramos que los asteriscos que siguen a cada resolución no pretenden enjuiciar la opinión del autor sobre el fallo del Tribunal, ni tampoco sobre el fondo del asunto. Simplemente ponen en alerta de aquellas que pueden resultar más novedosas, clarificadoras, o que resuelven casos de una cierta proyección pública.
Antes de cada resumen se esquematizan en cursiva los principales conceptos que aborda la resolución.


En la mayoría de ocasiones los resúmenes recogen la doctrina jurisprudencial de forma textual. Sin embargo, siempre debe acudirse a la fuente a través del sistema de hipervínculo pues pueden producirse errores de transcripción o de interpretación.


Se agradecerá el envío de resoluciones que resulten novedosas.


El autor agradece muy sinceramente las muestras de reconocimiento y agradecimiento recibidas. En justicia, todas ellas deberían dirigirse al REFOR.







Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) Roj: AAP B 4700/2021, de 27 de mayo.**


Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano.
Concurso necesario: Indicio de insolvencia.
Insolvencia: Fondo de maniobra negativo.


La actora justificó la situación de sobreseimiento generalizado a partir de lo que resultaba de las cuentas anuales del ejercicio 2016, que reflejan un pasivo corriente muy superior al activo de igual naturaleza. El fondo de maniobra, por tanto, es negativo, lo que constituye, sin duda, un indicio de insolvencia, en la medida que el activo circulante no permite atender las deudas a corto plazo. Además, junto al crédito impagado del propio demandante, en la solicitud se identificaba a cuatro acreedores que habían iniciado acciones judiciales contra XRT77.



2) Roj: AAP B 4687/2021, de 20 de mayo.**


Sección 15. Ponente, Marta Cervera Martínez.
Declaración de concurso: Averiguación patrimonial de oficio.


Nota: Con gran acierto la Audiencia considera que tras la declaración de concurso y a instancia de la administración concursal es procedente la averiguación patrimonial del concursado. Creemos que es una medida muy útil sobre todo en los concursos de persona física.


Nos ha sorprendido la averiguación patrimonial de oficio que lleva a cabo el magistrado de instancia por cuanto no hay trámite procesal alguno para ello. Tras la presentación de la solicitud de concurso consecutivo, por fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos, el juez debe analizar los documentos presentados, pedir las subsanaciones que estime pertinentes, y resolver sobre su admisión o inadmisión, pero no es acorde con el procedimiento la adopción de diligencias de averiguación de patrimonio de oficio antes de intervenir el patrimonio del concursado tras la declaración, donde el juez podrá hacer uso de tales diligencias para auxiliar a los órganos del concurso o velar por la protección de los acreedores.




3) Roj: SAP B 5045/2021, de 20 de mayo.**


Sección 15. Ponente, Manuel Díaz Muyor
Calificación: Ausencia de contabilidad, condena al total déficit concursal.


Afirma la administración concursal que no se llevó contabilidad de ninguna clase, tal como ya puso de manifiesto en su informe, y tal hecho no ha sido cuestionado en ningún momento por el administrador social. Entendemos, por tanto, que ante la ausencia de contabilidad, se dificulta de forma absoluta, tanto para los administradores de la concursada, sus socios y terceros acreedores el real conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, con el consiguiente perjuicio para los citados, perjuicio que debe equipararse al montante total del déficit concursal que resulte en su caso.


4) Roj: AAP B 3327/2021, de 7 de mayo.***


Sección 15. Ponente, Manuel Díaz Muyor.
Competencia del Juez del concurso: Acciones civiles contra el patrimonio del concursado que pueden conllevar una incidencia trascendente sobre el mismo.


Al juez del concurso le incumbe, con carácter general (a salvo específicas excepciones - capacidad, filiación matrimonio o menores), la competencia para el conocimiento de las acciones civiles dirigidas contra el patrimonio del concursado y que pueden conllevar una incidencia trascendente sobre el mismo (artículo 8.1º de la Ley Concursal en relación con el artículo 86 ter, nº 1, de la LOPJ). Se trata de una previsión legal de considerable amplitud que responde a la conveniencia de que sea el juez del concurso el que decida sobre aquellas demandas que pudieran acabar determinando una influencia sobre el activo o sobre el pasivo concursal.


En el presente caso se ejercita una acción de resolución contractual por incumplimiento de la parte demandada, donde se solicita la restitución de las cantidades que los demandantes habían entregado a cuenta y los daños morales, todo ello por un total de 206.545,68.-€. Estamos ante una demanda civil que puede tener consecuencias significativas en el patrimonio de la concursada, y por lo tanto, su conocimiento debe atribuirse al juez del concurso.


No es motivo para rechazar la competencia del juez del concurso que junto a la acción resolutoria del contrato se haya ejercitado una acción de levantamiento del velo frente al resto de codemandados, habiendo dicho ya este mismo Tribunal en sentencia de fecha 31 de octubre de 2018 (ROJ: SAP B 10808/2018 - ECLI:ES:APB:2018:10808) y de 06 de febrero de 2020 (ROJ: SAP B 654/2020 - ECLI:ES:APB:2020:654 ) que "creemos que concurre criterio de conexión entre las diversas acciones acumuladas, porque todas ellas tienen en común numerosos hechos, y el principio de especialidad determina que la acumulación solo sea posible ante los órganos especializados, que es ante los cuales han acudido las demandantes. Por tanto, no tiene fundamento la alegación de falta de competencia objetiva" respecto de la acción de levantamiento del velo.


Nota del autor: Un curso más nos despedimos, no sin antes agradecer a todos aquellos compañeros que nos han hecho llegar resoluciones de interés para el colectivo. Felices vacaciones y hasta el próximo mes de septiembre.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga


28/07/2021

 

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1) ATS 6851/2021, de 25 de mayo.*

Sala Especial de Conflictos. Ponente, María Luz García Paredes
Venta de unidad productiva: Sucesión de empresa.

Cuál es el orden jurisdiccional al que debe atribuirse la competencia para declarar si se produce o no la sucesión de empresas que regula el art. 44 ET cuando, como en este caso, el negocio jurídico por el que se ha producido el traspaso trae causa de la venta de los bienes de la sociedad mercantil empleadora llevada a cabo en el procedimiento concursal y el adquirente es un tercero que no se encuentra afectado por la declaración de concurso.

Procede reconocer competencia al Juez de lo Social para decidir sobre la pretensión de extensión de responsabilidad en la fase de ejecución planteada por el trabajador ejecutante en relación con la sociedad mercantil adquirente de una unidad productiva de la que era titular una de las condenadas.

Es doctrina reiterada de la Sala IV del Tribunal Supremo la que sostiene que corresponde a la jurisdicción social determinar si la transmisión de aquello que constituya una unidad productiva implica o no una sucesión empresarial a los efectos del art. 44 ET, aun cuando el traspaso se haya producido por la adquisición en el marco del procedimiento de concurso de la empleadora inicial.

Tal atribución competencial se afirma aun cuando el adquirente no hubiere sido parte en el concurso y su única participación se limite a la compra de un activo de la masa del concursado.

Así se manifiesta en abundantes sentencias, como las STS/4ª de 11 enero, 18 mayo y 5 julio 2017 - rcud. 1689/2015, 1645/2015 y 563/2015, respectivamente-; 11 enero, 12 julio y 12 septiembre 2018 - rcud. 3290/2015, 3525/2016 y 1549/2017, respectivamente-; 12 diciembre 2019 -rcud. 3895/2017-; 27 febrero, 13 mayo, 9 septiembre, 27 octubre y 25 noviembre 2020 -rcud. 3999/2017, 1239/2018, 3905/2017, 1254/2018 y 2570/2018, respectivamente-.

Esta misma ha venido siendo la doctrina sentada por esta Sala Especial de Conflictos de Competencia que igualmente mantiene la competencia del orden jurisdiccional Social cuando se acciona contra sociedades distintas de la concursada en liquidación porque la acción ejercitada, de ser acogida, implicaría la responsabilidad de personas que no son parte del procedimiento concursal ( ATS/Conflictos de 9 diciembre 2015 -CC 25/2015-, 9 marzo 2016 -CC 1/2016- y 26 abril 2016 -CC 4/2016, CC 5/2016, CC 6/2016 y CC 7/2016-).



2) ATS 6850/2021, de 24 de mayo.***

Sala especial de conflictos. Ponente, María de los Angeles Parra Lucan

Supuesto de hecho: Unos trabajadores de AIGUA DEL MONSENY, S.A. promovieron ante la Jurisdicción Social diversas ejecuciones singulares sobre bienes muebles e inmuebles de la sociedad, saldos de clientes, cuentas corrientes, etc… Posteriormente se declaró el concurso de acreedores de dicha sociedad. En el seno del procedimiento y durante su fase común se adjudicaron dos unidades productivas cuyos bienes se encontraban en parte embargados como consecuencia de aquellas ejecuciones laborales.

Posteriormente, el Juzgado de lo Social trabó embargo mediante la reseña en el acta de la diligencia de embargo.

Al día siguiente de esta reseña el Juzgado Mercantil declaró necesarios todos los bienes integrados en las unidades productivas y las cuentas bancarias, levantó todas las cargas que pesaban sobre los bienes y derechos integrados en dichas unidades productivas y exhortó al Juzgado de lo social para que dejara sin efecto y alzara los embargos y cualesquiera medidas cautelares o de ejecución que hubiese acordado sobre las cuentas bancarias, así como sobre las fincas registrales del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners.

El Juzgado de los Social denegó el levantamiento de las cargas porque la declaración de necesidad de los bienes embargados se realizó por el juez del concurso después de la venta de la unidad productiva, y consideró que la declaración de necesidad de los bienes embargados ha de referirse a la continuidad de la actividad empresarial de la entidad en concurso, no a la de terceros distintos de ella ni, por tanto, a la del adquirente de la unidad productiva.

El comprador de las unidades productivas desistió de la compra lo que provocó la extinción de la relación laboral de 30 trabajadores.

Es cierto que, conforme a lo dispuesto en el art. 55.1.II LC, las ejecuciones laborales pueden continuar separadamente siempre que en ellas se hubieren embargado bienes del concursado antes de la declaración del concurso y los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Sin embargo, en el caso del que dimana el presente conflicto positivo de competencia no concurren los presupuestos a que hace referencia el art. 55.1.II LC, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1) Aunque los embargos de los saldos en cuentas de ahorro y depósito, las devoluciones de la AEAT y los inmuebles resultaron embargados con anterioridad a la declaración de concurso de AIGUA DEL MONTSENY, S.A., el embargo de los bienes muebles del centro de trabajo ubicado en Espinelves se llevó a efecto después de la declaración de concurso.

2) La declaración de necesidad de los bienes embargados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial es admisible respecto de un tercero cuando la transmisión de la unidad productiva tiene por objeto que el tercero continúe con aquella actividad. Cita la STS, Sala Primera, de 30-5-2018.
3) La declaración de necesidad de los bienes para la continuidad de la actividad productiva constituye un concepto jurídico indeterminado cuya concreción corresponde únicamente al juez del concurso (art. 56.5 LC).

4) Cuando el Juzgado de lo Social consideró que la declaración de necesidad de los bienes embargados acordada por el juez del concurso resultaba improcedente -por entender que no cabía si la unidad productiva carecía de actividad o si aquella declaración se hacía a favor de un tercero-, en realidad, estaba invadiendo una competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso para adoptar una decisión de fondo propia de este.

La disconformidad con la declaración de necesidad de los bienes embargados que realiza el juez del concurso no ha de manifestarse cuestionando su competencia, sino mediante la interposición de los recursos previstos en la ley por parte de quienes se sientan perjudicados por aquella declaración.

5) Ni siquiera el hecho de que el tercero llamado a continuar con la actividad productiva desistiera posteriormente de ejecutar la adjudicación acordada a su favor permite modificar el sentido de la decisión que debe adoptar esta Sala Especial de Conflictos de Competencia -como sostiene el Ministerio Fiscal-, ya que a esta Sala corresponde únicamente declarar cuál es el órgano competente, no analizar si, por circunstancias sobrevenidas, los bienes declarados necesarios han dejado de serlo, cuestión de fondo de competencia del juez del concurso quien, a la vista de aquellas circunstancias sobrevenidas podría modificar su anterior decisión.

En consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona no invadió competencias del Juzgado de lo Social núm. 23 de Barcelona.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) ATS 8782/2021, de 23 de junio.**

Sección de lo Civil. Ponente, Francisco Marín Castán.
Convenio: Incumplimiento, ejercicio de la acción resolutoria.

Conforme al art. 140 LC basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del convenio, previa declaración de incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo de ejercitarse la resolución, porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse la demanda, el demandante carecería de legitimación para pedir la resolución.

El pago posterior por sí sólo no enerva la acción, ni convierte el incumplimiento en mero retraso, máxime cuando han vencido ya otros aplazamientos que no constan pagados, como es el caso. Reproduce su S 449/2014, de 10 de julio.

Observación: Cohonestar con el régimen de la Ley 3/2020 en su redacción dada por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo según el cual el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta el 31 de diciembre de 2021. Hasta entonces, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.



2) STS 2587/2021, de 29 de junio.**

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Venta de unidad productiva: Contrato de licencia de uso de marcas.

Condiciones suspensivas introducidas en un contrato de compraventa de marcas, que eran objeto de licencia a favor de una sociedad en concurso de acreedores. Las condiciones afectaban a los términos en que la licencia de las marcas sería ofrecida a quienes concurrieran a la licitación de la unidad productiva dentro del concurso. Las condiciones fueron establecidas en interés de la compradora y suponían que estuviera de acuerdo en los términos en que era ofrecida la licencia en la venta de unidad productiva. La falta de acuerdo, verificada en diciembre de 2013, ni supone que, a los efectos del art. 1117 CC, se tuviera por frustrada la condición suspensiva y por eso a partir de entonces el contrato de compraventa se extinguiera, porque el comprador se había reservado la facultad de renunciar a esas condiciones suspensivas, y resulta lógico que esperar a hacer uso de esta renuncia a que concluyera el proceso de venta de unidad productiva, a la que también había concurrido. La renuncia a las condiciones justo después de saber que la unidad productiva se había adjudicado a un tercero, para dar eficacia al contrato de compraventa de marcas, ni contradice el art. 1117 CC ni supone una actuación contraria a los actos propios. Resumen copia del que reproduce el CENDOJ en su portal.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) ATS 8782/2021, de 23 de junio.**

Sección de lo Civil. Ponente, Francisco Marín Castán.Convenio: Incumplimiento, ejercicio de la acción resolutoria.

Conforme al art. 140 LC basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del convenio, previa declaración de incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo de ejercitarse la resolución, porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes de interponerse la demanda, el demandante carecería de legitimación para pedir la resolución.

El pago posterior por sí sólo no enerva la acción, ni convierte el incumplimiento en mero retraso, máxime cuando han vencido ya otros aplazamientos que no constan pagados, como es el caso. Reproduce su S 449/2014, de 10 de julio.

Observación: Cohonestar con el régimen de la Ley 3/2020 en su redacción dada por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo según el cual el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta el 31 de diciembre de 2021. Hasta entonces, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.



2) STS 2587/2021, de 29 de junio.**

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.Venta de unidad productiva: Contrato de licencia de uso de marcas.

Condiciones suspensivas introducidas en un contrato de compraventa de marcas, que eran objeto de licencia a favor de una sociedad en concurso de acreedores. Las condiciones afectaban a los términos en que la licencia de las marcas sería ofrecida a quienes concurrieran a la licitación de la unidad productiva dentro del concurso. Las condiciones fueron establecidas en interés de la compradora y suponían que estuviera de acuerdo en los términos en que era ofrecida la licencia en la venta de unidad productiva. La falta de acuerdo, verificada en diciembre de 2013, ni supone que, a los efectos del art. 1117 CC, se tuviera por frustrada la condición suspensiva y por eso a partir de entonces el contrato de compraventa se extinguiera, porque el comprador se había reservado la facultad de renunciar a esas condiciones suspensivas, y resulta lógico que esperar a hacer uso de esta renuncia a que concluyera el proceso de venta de unidad productiva, a la que también había concurrido. La renuncia a las condiciones justo después de saber que la unidad productiva se había adjudicado a un tercero, para dar eficacia al contrato de compraventa de marcas, ni contradice el art. 1117 CC ni supone una actuación contraria a los actos propios. Resumen copia del que reproduce el CENDOJ en su portal.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) STS 2499/2021, de 22 de junio.*
Sala de lo Civil. Ponente, Pedro José Vela Torres.
PERC: Lista tasada.


Para que se aplique el art. 93.2 LC tiene que tratarse de alguna de las personas específicamente citadas en el precepto -lista tasada- ( sentencia 664/2011, de 10 de octubre), sin que sea posible la inclusión de personas no concernidas por las concretas relaciones societarias y personales previstas en la norma.


La LC incluye una relación de sujetos que se encuentran vinculados por una relación especial al deudor, sea éste una persona natural (art. 93.1 LC) o una persona jurídica (art. 93.2 LC). La enumeración, tanto en uno u otro supuesto, es taxativa y cerrada, introduciendo presunciones iuris et de iure, de modo que cualquier sujeto incluido en la relación tendrá la consideración de persona especialmente relacionada; pero, del mismo modo, un sujeto no incluido en la relación no tendrá esta condición de persona especialmente relacionada con el deudor, pues la lista está limitada a los sujetos allí relacionados de forma inalterable, como único recurso para alcanzar un alto grado de rigor y de seguridad jurídica, evitando conceptos jurídicos indeterminados y, dado el carácter excepcional del precepto por sus consecuencias jurídicas que entraña la subordinación de los créditos, no caben interpretaciones analógicas. Reproduce su S 294/2015, de 3 de junio.



2) AAP B 3342/2021, de 14 de mayo.***
Sección 15ª. Ponente, José María Fernández Seijo.
Convenio: Efectos sobre los créditos reconocidos tardíamente.
Convenio: Ejecución singular ante el incumplimiento.
Convenio: Apertura del concurso para acometer la liquidación.


Supuesto de hecho: Concursada que promueve una acción contra un tercero fuera del concurso. Ese tercero se opone a la demanda y además reconviene. En el concurso no se reconoce ningún crédito contingente ni litigioso en favor del tercero. El Juzgado finalmente condena a la concursada a pagar al tercero más de 1M€. Para entonces la concursada había aprobado un convenio que contemplaba quitas y esperas. El tercero insta la ejecución de su crédito.


El artículo 134.1 de la LC/2003 (art. 396.1 del TRLC) indica que el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos. Lo cierto es que este precepto determinaría que el crédito del que es acreedor Star Law quedase sometido a las quitas y esperas aprobadas con el convenio, pero esta extensión de los efectos de la aprobación del convenio no lleva a una extensión automática de los efectos de la declaración de concurso a los posibles procedimientos judiciales seguidos contra el patrimonio del deudor. El deudor probablemente podría solicitar dentro del concurso que se determine la calificación que, a los efectos concursales, pueda tener el crédito reclamado judicialmente por Star Law. El concursado podrá, dentro del procedimiento de ejecución correspondiente, oponerse a las medidas de ejecución en la medida que el crédito ejecutado se vea afectado por el convenio aprobado, bien porque el crédito no sea total o parcialmente exigible en ese momento (en función de las esperas establecidas en el convenio) o bien porque las cantidades reclamadas se hayan visto reducidas por las quitas correspondientes.


Ahora bien, si la concursada no ha cumplido con lo previsto en el convenio, el acreedor tiene acción individual para reclamar el crédito en los términos que haya quedado modificado por el convenio. No consta que el deudor haya actuado del modo descrito. La invocación del indudable interés del concurso en cumplir en sus propios términos el convenio, evitando así que un acreedor afectado en principio por el convenio pueda ejecutar su crédito más allá de lo que resulte del mismo, no justifican ni la reapertura del concurso ni la extensión de efectos de la declaración de concurso ya que la normativa concursal sólo prevé la solicitud del concursado para la apertura de la liquidación concursal.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga


07/07/2021

1) STS 2366/2021, de 22 de Junio.***


Sala de lo Civil. Ponente, Juan María Díaz Fraile
Crédito subordinado: Préstamo otorgado por PERC.


Supuesto de hecho: Socio titular del 30,6% del capital que vende a su sociedad una finca rústica. Se pacta un aplazamiento del pago del precio y se constituye una hipoteca en garantía del cumplimiento de la obligación.


Están excluidos de la regla de excepción a la subordinación los créditos en que pueda apreciarse una analogía o semejanza con el contrato de préstamo tanto por razón de la "naturaleza jurídica" del negocio, como por razón de su "finalidad económica", por tratarse de un negocio destinado a la "financiación del concursado".


La relación de conmutatividad propia de la compraventa, en determinados supuestos y bajo ciertas circunstancias concretas, puede quedar modelizada cuando, junto con la finalidad de intercambio prestacional (cosa por precio) propia de la causa de este negocio, pueda apreciarse otra simultánea función de financiación del comprador por el vendedor. Esto no se producirá por el mero hecho de que exista un término para el cumplimiento de la obligación pecuniaria a cargo del comprador. Este aplazamiento podrá responder a los usos del tráfico, a un aumento del precio pactado u otros motivos, ajenos a una finalidad de financiación, en que confluyan los intereses de ambos contratantes (art. 1127 CC). Pero puede responder también a una finalidad económica de financiación del vendedor al comprador, de forma que la suspensión temporal de la atribución patrimonial en qué consiste el pago del precio de la compraventa tenga como correspectivo un derecho de crédito del vendedor contra el comprador por el importe del precio aplazado. Esta finalidad financiera se apreciará más claramente en los casos en que, adicionalmente, el precio aplazado en un momento posterior a la celebración del contrato resulte refinanciado por no resultar satisfecho a su vencimiento.


En este contexto, en el caso objeto del recurso concurren una serie de circunstancias que resultan expresivos de la finalidad económica de financiación a la sociedad compradora (luego concursada) del pacto de aplazamiento del pago del precio, que se concretan en los siguientes elementos: (i) el elevado porcentaje del precio que fue objeto de aplazamiento (sobre un precio total de 602.214,13 euros, se aplazaron 510.618,48 euros); (ii) el amplio periodo de amortización de ese precio aplazado (que debía satisfacerse en siete plazos anuales); y (iii) la refinanciación que supuso el reconocimiento de deuda formalizado en el año 2012, después de vencido el plazo de pago previsto en el contrato de compraventa, por un importe del que todavía quedaba pendiente de pago en la fecha de declaración del concurso un total de 357.166,93 euros, como resulta del hecho de que no se exigiera su abono a su vencimiento, y que esa deuda fuera garantizada en la propia escritura de reconocimiento de la deuda mediante una hipoteca sobre los propios inmuebles vendidos, por tanto con una función de aseguramiento de un pago futuro, y sin efecto solutorio alguno de presente.


En consecuencia, la decisión de la Audiencia fue acertada al confirmar la calificación del crédito como subordinado por tener su origen en un acto de análoga finalidad a un préstamo.



2) ATS 8301/2021, de 1 de junio.*


Sala de lo Social. Ponente, Rosa María Viroles Piñol.
Venta de up: Sucesión a efectos laborales pese al pronunciamiento en contra del Juez del Concurso.


Nota del autor: La resolución aplica el régimen anterior a la entrada en vigor del TRLC cuyo art. 224.1.3º que limita la sucesión de empresa a los créditos laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de la unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente.


La cuestión de la calificación como sucesión empresarial de las adjudicaciones de las unidades productivas en fase de liquidación del concurso ha sido analizada ya por esta Sala IV (STS/4ª de 27 febrero -rcud. 112/2016-, 26 abril -rcud. 2004/2016-, 5 junio -rcud. 471/2017-, 12 julio -rcud. 3525/2016-, 12 septiembre 2018 -rcud. 1549/2017-, 3 y 17 octubre - rcud. 3664/2017 y 2340/2017- y 27 noviembre 2018 -rcud. 1902/2017-), cuya doctrina ha partido de la firme declaración de que el art. 44 ET es "una norma de carácter imperativo por lo que, únicamente en el supuesto en el que existiera una disposición que estableciera que en estos particulares supuestos de empresas en situación de concurso no se produce la sucesión de empresa, habría de admitirse que no opera el fenómeno de la sucesión".


Esta Sala Cuarta, en sentencia de 11 de septiembre de 2019, dictada en el RCUD 1505/2017 en el que se invocaba de contraste la misma sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de mayo de 2016, R. Supl. 490/2016, invocada para el presente recurso unificador de doctrina, desestimó aquel, concluyendo que "los efectos del art. 44 ET son totales en estos supuestos, de suerte que no resulta posible ir más allá de lo permitido por la ley y exonerar de responsabilidad a la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo contrato se halle extinguido en el momento de la adjudicación y el trabajador no fue, por tanto, subrogado."..."En definitiva, la apreciación de sucesión empresarial no puede ser eludida por la vía de la exclusión de las responsabilidades del adquirente, ni siquiera mediante la declaración del juez del concurso."






Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

DIVERSOS ACUERDOS APROBADOS POR JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE SEVILLA EN 2021

Hemos visto la siguiente reciente noticia con relación a un "Protocolo para exonerar las deudas sin exclusión del crédito público en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla".

• Los jueces de lo mercantil de Sevilla impulsan un protocolo para exonerar las deudas sin exclusión del crédito público

En relación con este asunto, incluimos los siguientes acuerdos del año 2021 (en concreto el que se refiere a este caso es el acuerdo nº8) así como de otros de gran interés y actualidad para dicho ámbito territorial, que se nos han hecho llegar al REFOR, de los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla.


Si bien estos acuerdos son para el ámbito territorial de Sevilla, consideramos que son de interés general para los miembros del REFOR.


Observamos se va extendiendo esta iniciativa de Protocolos y Acuerdos de los Juzgados de lo Mercantil, en diversos ámbitos territoriales y temáticas diversas concursales y mercantiles, que consideramos son de gran utilidad y aclaración para los profesionales


Acuerdos: (acceso a los acuerdos)


Esperando que esta documentación sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.



REFOR


1/7/2021

  

HERRAMIENTA COMPARATIVA INTERNACIONAL REFOR DE SISTEMAS CONCURSALES Y DE REESTRUCTURACIÓN PAÍSES DE LA UE tras Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia
En el mes de mayo de 2021 salió publicada una consulta pública internacional en materia de insolvencia de la Comisión Europea. Como sabéis, desde REFOR tratamos de revisar, en las fases más iniciales posibles, las nuevas propuestas normativas que afectan al ámbito de la economía forense (concursal, pericial, mediación, societario, mercantil...) tanto a nivel nacional como internacional. Así , en caso de considerarlo conveniente, realizamos propuestas y enmiendas en estas fases previas a su entrada en vigor que se remiten desde secretaría general del CGE a través de los cauces establecidos de participación y participación en proyectos normativos.


Esta consulta europea se refiere a una propuesta de modificación en los Anexos A y B del Reglamento Europeo de Insolvencias Transfronterizos de 2015 debido al transcurso del tiempo y otros cambios y modificaciones (Brexit, y cambios en sistemas de insolvencia y reestructuración en diversos países ). A través de esta consulta, por tanto, se pretende modificar y actualizar los Anexos A y B de procedimientos pre y concursales, en algunos países (por ejemplo Holanda y algún país adicional; téngase en cuenta que diversos países están ya o han actualizado su legislación a la Directiva de Insolvencia y están actualizando sus procedimientos preconcursales de refinanciación y reestructuración R&R ) y que ya no figura Reino Unido en el Reglamento por Brexit. Hemos comparado el referente a España y no ha cambiado tanto a nivel concursal como preconcursal.


El plazo para comentarios a esta consulta es hasta el 12 de julio; si bien, como decimos, no afecta al caso español; pero sí a otros países vecinos, por lo que es de interés para operaciones concursales transfronterizas e internacionales). Continuaremos desde REFOR, en coordinación con el Departamento Internacional del CGE, la evolución de esta consulta y como quede el texto definitivo.
Acceso a consulta europea

Con relación a esta consulta hemos elaborado un documento para poder comparar estas actualizaciones. Además de servir para esta función de detección de posibles cambios, estimamos que puede ser un documento orientativo y de posible utilidad para comparar y conocer orientativamente los distintos procedimientos tanto concursales como preconcursales de los distintos países de la UE actualizados, así como las denominaciones de los profesionales de la insolvencias y de la reestructuración en los países de la UE actualizados.


Herramienta REFOR de sistemas concursales y preconcursales y denominaciones de los profesionales de la insolvencia y reestructuración por países de la UE: (nota: las denominaciones están en los idiomas originales de cada país integrante de la UE).
Acceso
Conclusiones a partir de esta herramienta
- Países que introducen cambios en los Anexos A y B Reglamento europeo insolvencias transfronterizos (derivados de modificaciones en sus sistemas concursales y de reestructuración)(señalamos en negrita los de mayor conexión y relación con España) Bélgica (Le dessaisissement provisoire de la gestion, XX.32 du Code dedroit économique), Bulgaria (Производство по стабилизация на търговеца,) Croacia ( — Predstečajni postupak; Postupak stečaja potrošača;Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,), Italia (Liquidazione giudiziale;Ristrutturazione dei debiti del consumatore; Concordato minore), Grecia ( Διορισμός Εξεταστή , Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής) Holanda ( De openbare akkoordprocedure buiten faillissement; De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement, — De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,),, Lituania ( Juridinio asmens restruktūrizavimo byla;Juridinio asmens bankroto byla, — Juridinio asmens); Polonia (Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,), Portugal (Processo especial para acordo de pagamento); Reino Unido (desaparece del listado x Brexit).
- España, Francia y Alemania no modifican sus anexos
Esperamos que esta nueva herramienta del REFOR os pueda resultar de interés y utilidad.
Saludos cordiales

​Se ha publicado el pasado 21 de junio, el anuario concursal de Registradores, que contiene un interesante y profundo estudio estadístico anual de los concursos de acreedores en España de personas jurídicas.
Según indica el informe como resumen del mismo: "Claramente la moratoria concursal establecida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (con entrada en vigor el 18 de marzo de 2020), y las ampliaciones posteriores, ha tenido su efecto sobre los concursos de acreedores de personas jurídicas. Pese a registrarse un 5% menos de sociedades concursadas, los pasivos afectados por procedimientos concursales aumentan un 6% respecto a 2019. La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años de edad, y tiene contratados más de 6 empleados. Este año, sin embargo, su pasivo tan sólo supera ligeramente los 300.000 euros, muy por debajo de los 400.000 de 2019 o los casi 600.000€ de 2015."
Incluimos las conclusiones de este estudio relativas a las personas jurídicas:

• La plantilla laboral de la sociedad que inició concurso en 2020 es mayor a la del conjunto de empresas españolas. De éstas, el 60,79% contrata de 1 a 2 empleados, mientras que entre las concursadas el porcentaje es del 25,24%.
• Al menos la mitad de la muestra de sociedades concursadas reflejó un número superior a 6 asalariados, y el 25% de las más grandes superó los 14. Hemos visto también que un 5% contrataba más de 53 asalariados.
• En cuanto al pasivo, la cifra acumulada por la sociedad típica (mediana) fue de 300.672 Euros. Yendo a los valores extremos, destaca la presencia de un 5% de sociedades con activos patrimoniales próximos o superiores a los 6,7 millones de Euros. Asimismo, vemos que un 5% de las que entraron en 2020 disponían de activos cercanos o inferiores a los 13.670 Euros.
• La mayor parte de las sociedades que entraron en concurso en 2020 realizaban actividades de servicios no constructivos: un 65,3%. El resto se compone de sociedades vinculadas a la construcción (un 20,5%) y a la industria (un 13,0%), alcanzando el sector primario (agricultura y pesca) un 1,2%.
• La empresa representativa acumula una edad de 12 años (mediana). Observamos asimismo que un 5% entra en concurso con 2 años o menos, mientras que el 5% del extremo opuesto supera los 35 años.
• La viabilidad de la sociedad concursada está condicionada por un nivel elevado de aprovisionamientos, que dejan hasta un 57% del volumen de negocio (mediana) para retribuir al resto de factores de producción.
• También hemos visto que el 63,3% de las sociedades registra pérdidas netas. Y que el 54,6% de las concursadas no genera recursos positivos: es decir, reflejan nulas posibilidades de reducir la deuda. Por otra parte, un 12% con los recursos que generan tardarían 25 años o más en cancelar sus deudas. Sumadas todas las anteriores, concluimos que no tienen muchas posibilidades de reducir la deuda el 66,6% de la muestra.
• Analizando los extremos, vemos que al menos un 5% de las sociedades exhibe márgenes iguales o superiores al 8% y una rentabilidad positiva de las actividades de explotación del 19%. Resulta llamativo también que un 5% de la muestra podría reducir su pasivo exigible en un 33% si a ello dedicara todos los recursos generados en un solo año.
• El 9% de las sociedades exhibe una capacidad suficiente como para amortizar sus deudas en menos de 5 años. Ampliando un poco el rango, vemos que el 16,4% de las concursadas podrían hacerlo en menos de 10 años, referencia útil para valorar cuántas opciones tienen para alcanzar un convenio.
• Desde una perspectiva patrimonial, para el 50% de la muestra el peso de la financiación a largo es al menos del 33%, si bien en el 25% inferior (igual o por debajo del percentil 25) el porcentaje se reduce drásticamente hasta el 2% o menos.
• El 50% de la muestra acumula un pasivo exigible total bastante cercano al valor total del activo, con una ratio de apalancamiento del 92%. Un 5% de la muestra refleja una deuda igual o inferior al 32% del activo total. Por el contrario, un 5% muestra dificultades insuperables, con un 548% o más en la ratio de apalancamiento.
• Para el 50% de las sociedades las reservas representan como mucho un 6% sobre la inversión. En cambio, para el 25% del extremo superior las reservas alcanzan el 28% por encima del valor del activo o más.
• Se ha constatado que en un 38,1% de las sociedades la destrucción patrimonial ha sido completa (fondos propios negativos).
• Las sociedades cuyo procedimiento fue promovido por los acreedores (que luego deriva en concurso necesario) constituyen el 3,6% del total de concursos iniciados en 2020, porcentaje especialmente reducido debido a la moratoria concursal introducida el 18 de marzo de ese año.
• El tamaño de la sociedad que inicia concurso por iniciativa del acreedor es muy superior al resto, ascendiendo el pasivo de la sociedad típica (mediana) de ese grupo a 749.270 Euros frente a 296.295 Euros.
• Se ha observado una mayor proporción de sociedades de la construcción en el grupo de concursos solicitados por acreedores: un 37,1 frente al 20,2.
• Si bien el valor añadido es inferior en las sociedades de concursos necesarios, un 51% frente al 57%, los indicadores relacionados con el resultado del ejercicio (margen neto) y con el resultado de explotación (rentabilidad de los activos) son peores en el grupo de concursos voluntarios. A ello se añade una menor capacidad para generar recursos en este último grupo. La iniciativa de los acreedores se asocia a una mayor viabilidad de la sociedad.
• Por su parte, algunas ratios de solvencia patrimonial revelan una mejor situación de los concursos necesarios: este es el caso del apalancamiento (87% frente al 92%) y de las reservas (10% sobre activo, frente al 6%).

• Resumen nota de prensa Anuario
• Acceso al Anuario Concursal Registradores 2020

Esperando que esta información os resulte de utilidad, recibid un cordial saludo.


REFOR

1) Roj: JM COR Auto de 1 de junio de 2021.**

Juzgado Mercantil 1. Magistrada, Nuria Fachal Noguer

Unidad productiva: Sin trabajadores.
Unidad productiva: Deuda laboral susceptible de subrogación.
Unidad productiva: Competencia del Juez del Concurso.

La existencia de contratos laborales no es requisito indispensable para entender que estamos ante una unidad productiva.

El adquirente de una unidad productiva habrá de asumir únicamente la deuda laboral y de seguridad social que hubiese contraído el concursado y que se refiera a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente.

El pronunciamiento que efectúe el juez del concurso [al adjudicar la unidad productiva, la nota es nuestra] proyectará sus efectos más allá del propio concurso, pues es el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresa.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

​

1) Roj: JM COR Auto de 1 de junio de 2021.**

Juzgado Mercantil 1. Magistrada, Nuria Fachal Noguer

Unidad productiva: Sin trabajadores.Unidad productiva: Deuda laboral susceptible de subrogación.Unidad productiva: Competencia del Juez del Concurso.

La existencia de contratos laborales no es requisito indispensable para entender que estamos ante una unidad productiva.

El adquirente de una unidad productiva habrá de asumir únicamente la deuda laboral y de seguridad social que hubiese contraído el concursado y que se refiera a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente.

El pronunciamiento que efectúe el juez del concurso [al adjudicar la unidad productiva, la nota es nuestra] proyectará sus efectos más allá del propio concurso, pues es el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresa.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) AJM B, de 26 de mayo de 2021.***
Juzgado Mercantil 9. Magistrada, Montserrat Morera Rasanz.
Honorarios de la AC: Prededucibilidad de los correspondientes a la fase común en escenarios de insuficiencia de masa activa.
​
La administración concursal solicita que sus honorarios de la fase común y de la fase de liquidación sean declarados gastos necesarios para la liquidación. Pues bien, atendidas las razones expuestas en su escrito, procede considerar imprescindibles para la liquidación las actuaciones que la administración concursal ha realizado y prevé realizar, todas ellas detalladas en su escrito, pues se trata de actuaciones estrictamente necesarias para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago a los acreedores por aquel especial orden de prelación de créditos, en el sentido que a continuación se expondrá.

Aunque una parte de tales actuaciones se realizaron durante la fase común, pues la fase de liquidación se abrió cuando había transcurrido un mes de la declaración de concurso, ello no impide que pueda reconocerse el carácter prededucible de los honorarios correspondientes a dichas actuaciones de la fase común, si se cumplen los tres requisitos o elementos que estableció el Tribunal Supremo en la sentencia antes citada (procesal, temporal y teleológico) para que el crédito sea considerado imprescindible (y por tanto prededucible).

Nota: Agradecemos al compañero Jordi Albiol Plans, Presidente de la Sección Mercantil, Concursal y de Actuaciones Judiciales del Colegio de Economistas de Cataluña, y miembro del REFOR, el envío de esta resolución que resulta pionera.


2) Roj: AAP B 2023/2021, de 25 de marzo.***

Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano.

Responsabilidad de administradores: Imposibilidad de entrar en el examen de la acción, continuidad del procedimiento sobre otras acciones acumuladas (acción individual de responsabilidad del 241 LSC y frente a la sociedad).
La suspensión de la acción contra los administradores por el incumplimiento de los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 bis de la LC, no alcanza al resto de las acciones acumuladas y mucho menos puede provocar el archivo de las actuaciones.

El mandato legal del artículo 51 bis se traduce en la imposibilidad de entrar en el examen de la acción de responsabilidad por deudas, más que propiamente en una suspensión del proceso, cuando la misma se ha acumulado a otras pretensiones. Por tanto, no afecta a las acciones ejercitadas contra la sociedad y tampoco a la otra acción de responsabilidad ejercitada contra los administradores, la del art. 241 LSC. Reitera jurisprudencia sentada en su S de 21 de julio de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:6437).





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga


1) AJM B, de 26 de mayo de 2021.***
Juzgado Mercantil 9. Magistrada, Montserrat Morera Rasanz.
Honorarios de la AC: Prededucibilidad de los correspondientes a la fase común en escenarios de insuficiencia de masa activa.
La administración concursal solicita que sus honorarios de la fase común y de la fase de liquidación sean declarados gastos necesarios para la liquidación. Pues bien, atendidas las razones expuestas en su escrito, procede considerar imprescindibles para la liquidación las actuaciones que la administración concursal ha realizado y prevé realizar, todas ellas detalladas en su escrito, pues se trata de actuaciones estrictamente necesarias para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago a los acreedores por aquel especial orden de prelación de créditos, en el sentido que a continuación se expondrá.

Aunque una parte de tales actuaciones se realizaron durante la fase común, pues la fase de liquidación se abrió cuando había transcurrido un mes de la declaración de concurso, ello no impide que pueda reconocerse el carácter prededucible de los honorarios correspondientes a dichas actuaciones de la fase común, si se cumplen los tres requisitos o elementos que estableció el Tribunal Supremo en la sentencia antes citada (procesal, temporal y teleológico) para que el crédito sea considerado imprescindible (y por tanto prededucible).

Nota: Agradecemos al compañero Jordi Albiol Plans, Presidente de la Sección Mercantil, Concursal y de Actuaciones Judiciales del Colegio de Economistas de Cataluña, y miembro del REFOR, el envío de esta resolución que resulta pionera.


2) Roj: AAP B 2023/2021, de 25 de marzo.***

Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano.

Responsabilidad de administradores: Imposibilidad de entrar en el examen de la acción, continuidad del procedimiento sobre otras acciones acumuladas (acción individual de responsabilidad del 241 LSC y frente a la sociedad).
La suspensión de la acción contra los administradores por el incumplimiento de los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 bis de la LC, no alcanza al resto de las acciones acumuladas y mucho menos puede provocar el archivo de las actuaciones.

El mandato legal del artículo 51 bis se traduce en la imposibilidad de entrar en el examen de la acción de responsabilidad por deudas, más que propiamente en una suspensión del proceso, cuando la misma se ha acumulado a otras pretensiones. Por tanto, no afecta a las acciones ejercitadas contra la sociedad y tampoco a la otra acción de responsabilidad ejercitada contra los administradores, la del art. 241 LSC. Reitera jurisprudencia sentada en su S de 21 de julio de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:6437).





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

Los juzgados auxilian la Ley de la Segunda Oportunidad

​Por  Redaccion DJ
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 26 mayo, 2021Basta echar un vistazo a casos concretos como el de Juan Enrique para entender que el poder acudir, cuando se cumplen los requisitos, a la ley de la segunda oportunidad, es más necesaria que nunca.
Empresario de Artes gráficas, tuvo que cerrar en 2013 su negocio por la crisis del momento, lo que le generó unas deudas inasumibles que, con los años, se fueron acumulando hasta llegar a unos 300.000 euros con la Seguridad Social, Hacienda, bancos e hipotecas.
“Cuando nos contactó, nos encontramos con una persona de casi 57 años que llevaba cotizando desde los 14 pero que malvivía con una ayuda de 430 euros sin capacidad para hacer frente a las deudas generadas por su negocio anterior. Además, vio cómo sus datos se facilitaron a terceras partes que llegaron a acosarle telefónicamente, por carta e incluso físicamente, generándole problemas incluso de ansiedad” explican desde Quita Deudas, quienes están recopilando la documentación para presentarla ante el juzgado, donde se espera que se tarde entre 24 y 30 meses en dictarse sentencia.
Por desgracia, el plazo es largo, pero sí que es cierto que, una vez conseguida, la persona que se beneficia de ello tiene la oportunidad de salir adelante.
Este caso es solo un ejemplo de los muchos que hay en nuestro país. Sin embargo, pocos saben que tienen esta opción siempre que, como Juan Enrique, sean deudores de buena fe, se liquiden sus bienes para hacer frente a las deudas y, en caso de no poder llegar a un acuerdo de pagos, intentar por la vía judicial conseguir acogerse a la ley de la segunda oportunidad, para reiniciar una nueva vida y reincorporarse a la sociedad sin el lastre que supone una situación como la mencionada.
Lo cierto es que, aunque hay bastante desconocimiento, cada vez hay más demanda de este tipo de procedimiento, lo que hace que empresas como Quitadeudas vayan dando servicio a una creciente demanda como bien muestran los más de 50 casos que tienen actualmente en última fase.

1) Roj: ATS 5508/2021, de 4 de mayo.*
Sala de lo Social. Rosa María Viroles Piñol
Venta de la unidad productiva: Sucesión de empresa.


Cuando en el seno del concurso se produce la adjudicación de una unidad productiva autónoma, se aplica el artículo 44 ET y que las previsiones de los artículos 146 bis y 149.4 LC no permiten exonerar de responsabilidad a la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo contrato se halle extinguido en el momento de la adjudicación y el trabajador no fue, por tanto, subrogado. El artículo 44 ET implica la subrogación del cesionario en la posición jurídica del cedente y la transmisión de la titularidad de todos los derechos y obligaciones que tenía el cedente que son asumidos por el cesionario. Por tanto, si la entidad concursada adeudaba a los actores determinadas cantidades, los efectos del mencionado precepto legal determinan que la entidad cesionaria asuma la deuda reconocida y se convierta en responsable solidario de la misma. al tratarse de deudas nacidas con anterioridad a la transmisión


2) Roj: SAP GI 231/2021, de 8 de marzo.**
Sección Primera. Fernando Ferrero Hidalgo.
Rendición de cuentas: Reformulación e inhabilitación.
Rendición de cuentas: Meros errores o lapsus.
Liquidación: Reclamación de saldos frente a terceros.


La rendición de cuentas es una garantía esencial para la protección de los acreedores y del propio concursado, de tal forma que si no cumplen tales criterios no pueden ser aprobadas y deberán reformularse nuevamente. Y su desaprobación comportará como segunda consecuencia la inhabilitación de la Administración Concursal, salvo cuando resulte claramente que las omisiones o errores observados y que ha motivado la desaprobación, son meros errores o lapsus de la AC, sin intención de ocultamiento o fraude o sin culpa relevante.


La función principal de la AC, abierta la fase de liquidación, es la de liquidar el activo y el pasivo de la sociedad. Es claro que los créditos que la sociedad tenga con terceros es un activo que debe reclamarse y obtenido su importe deberá ser destinado al pago del pasivo. Y tal función es de la AC, no del administrador de la sociedad que está cesado. Se alega por la AC que los créditos que se dice no han sido cobrados no fueran incluidos en la solicitud del concurso, en la documentación que se acompañaba no se incluía el saldo de clientes y que tras examinar la contabilidad, la AC procedió a incluirlos. Pues bien, respecto a dicha alegación debe indicarse que ello no era más que una obligación de la AC, la de examinar la contabilidad e incluir en su informe todo el activo y pasivo de la sociedad. Pero no sólo ello, sino también realizar todas las gestiones para el cobro de todos los créditos que la sociedad tuviera frente a terceros, resultando inexplicable que se alegue que se ordenó al administrador el cobro de dichos crédito y que tal administrador durante los primeros meses iba ingresando cheques en la cuenta bancaria, que procedían de cobros de saldos pendientes, y decimos que resulta inexplicable, pues quien debía cobrar dichos créditos no era el administrador de la sociedad, sino la AC.



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1) STC 238/2021, de 4 de mayo.***
Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.

Contratos con obligaciones recíprocas: Tratamiento concursal del crédito ostentado por arrendatario que paga diez años de rentas por adelantado, en el concurso del arrendador.
Supuesto de hecho: Concurso de acreedores de un club náutico, que concertó varios contratos de arrendamiento o cesión de uso de plazas de atraque. La duración de estos contratos era, en la mayoría de los casos, de diez años, y la renta era anual. Los arrendatarios habían entregado por adelantado el importe de la totalidad de las rentas correspondientes a los diez años de duración del contrato.
Estos contratos pueden caracterizarse de trato sucesivo, en cuanto que, como advertimos en la sentencia 510/2013, de 25 de julio, «las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente, en el sentido de que cada prestación singular satisface íntegramente el interés de ambas partes durante el correspondiente periodo, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato».

Ordinariamente, en un contrato de tracto sucesivo con obligaciones recíprocas, como el arrendamiento, en caso de concurso de acreedores de una de las partes (de la arrendadora), habrá obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, por la arrendadora concursada y por el arrendatario (parte in bonis), en relación con las prestaciones susceptibles de aprovechamiento independiente correspondientes a anualidades futuras. Hasta que no comience la anualidad correspondiente, no surge la obligación de pago de la renta correspondiente a esa anualidad.

Aunque para financiar al club Náutico los arrendatarios o cesionarios de plazas de atraque hubieran adelantado desde el principio el importe correspondiente a todas las anualidades, si al declararse el concurso del arrendador quedaran varias anualidades pendientes de iniciarse, las obligaciones correspondientes a estas anualidades no habrían surgido todavía. Y a los efectos de su tratamiento concursal, podría entenderse que estaban pendientes de cumplimiento, sin perjuicio de que los arrendatarios ya hubieran adelantado el dinero que se debía aplicar a cada una de esas anualidades conforme surgiera la obligación de pago con el comienzo de cada anualidad.

Por esto, debemos considerar que la obligación del club Náutico de mantener a cada uno de los arrendatarios o cesionarios de las plazas de atraque en las anualidades contratadas, tras la declaración de concurso debe satisfacerse con cargo a la masa y no es propiamente un crédito concursal, en aplicación de la regla contenida en el primer párrafo del art. 61.2 LC[…]

Para la aplicación de este precepto es preciso que se cumplan dos presupuestos legales: que se trate de un contrato con obligaciones recíprocas y que estén pendiente de cumplimiento tanto las que van a cargo del concursado como las que corresponden a la otra parte. En este caso, el contrato de arrendamiento o cesión de uso de plazas de atraque, como hemos visto, puede considerarse un contrato con obligaciones recíprocas, que respecto de las anualidades venideras con posterioridad a la declaración, debe considerarse que estarían pendientes de surgir y por ende de cumplirse».

Nota: La referencia ha sido obtenida del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo pues aún no está subida a la base de datos del CENDOJ.


2) AJM 3 BCN, de 26 de abril de 2021***
Juzgado Mercantil 3. Magistrada, Isabel Giménez García.
BEPI: Derecho de alimentos.
Derecho de alimentos: Exclusión del BEPI.

El BEPI del padre no puede convertirse en el modo de sortear el derecho del niño a percibir las pensiones alimentarias que fueron estipuladas en convenio o resolución judicial, puesto que en dicho caso estaríamos privando al niño de tener cubiertas sus necesidades alimenticias y educacionales o, en su caso, obligando a la progenitora a suplir con un esfuerzo personal mayor dichas necesidades.

Por todo ello, constando impagados créditos en concepto de alimentos a favor del cónyuge que trae origen de la pensión de alimentos existente a favor de su hijo, procede declarar el crédito por alimentos no exonerable y, en lo que proceda, crédito contra la masa, razón por la que el concurso deberá hacerse cargo del pago de los créditos de alimentos, mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

12/05/2021

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1) SAP B 10743/2020, de 5 de noviembre.**Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo.Honorarios del letrado de la concursada: Provisión de fondos.Honorarios del letrado de la concursada: Regla de la comparación con los del AC.

Supuesto de hecho: La administración concursal promueve una acción de reintegración durante la fase de liquidación que sigue al incumplimiento del convenio previamente aprobado. La acción pretende rescindir los 17.000€ de honorarios pagados por la concursada antes de la solicitud de concurso en concepto de provisión de fondos al abogado de la concursada.

Según las circunstancias concretas de cada caso, puede estar justificado y no debe rescindirse el pago de provisiones de fondos, aunque incluyan servicios posteriores a la declaración de concurso, siempre que se entienda que son necesarias para garantizar la asistencia letrada del deudor en el procedimiento concursal (que, insistimos, es obligatoria), que no abarque la totalidad de los servicios futuros y que no sean desproporcionadas. Reproduce su S de 26 de abril de 2017 - ECLI:ES:APB:2017:3963.

El posible perjuicio patrimonial no puede presumirse sólo a partir de una regla de comparación de las cantidades percibidas y los honorarios de la administración concursal. Las tareas, funciones y responsabilidades de unos y otros profesionales son distintas y el propio reglamento de honorarios de la administración concursal está pendiente de actualización desde 2014.



2) ATS 4835/2021, de 6 de abril.*Sala de lo Social. Ponente, María Luz García Paredes.Venta de unidad productiva: Sucesión a efectos laborales.

Supuesto de hecho: Auto de adjudicación de unidad productiva que limitaba la subrogación al comprador de las deudas por créditos laborales siempre que se tratase de trabajadores que formasen parte de la plantilla en fecha 1 de noviembre de 2013. Un grupo de trabajadores que habían resuelto sus contratos voluntariamente en el mes de abril de 2013, amparándose en la acción del 44.3 ET, accionan frente a la compradora.

Cuando en el seno del concurso se produce la adjudicación de una unidad productiva autónoma, se aplica el artículo 44 ET y que las previsiones de los artículos 146 bis y 149.4 LC no permiten exonerar de responsabilidad a la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo contrato se halle extinguido en el momento de la adjudicación y el trabajador no fue, por tanto, subrogado. El artículo 44 ET implica la subrogación del cesionario en la posición jurídica del cedente y la transmisión de la titularidad de todos los derechos y obligaciones que tenía el cedente que son asumidos por el cesionario. Por tanto, si la entidad concursada adeudaba a los actores determinadas cantidades, los efectos del mencionado precepto legal determinan que la entidad cesionaria asuma la deuda reconocida y se convierta en responsable solidario de la misma al tratarse de deudas nacidas con anterioridad a la transmisión.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

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1) SAP B 10743/2020, de 5 de noviembre.**Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo.Honorarios del letrado de la concursada: Provisión de fondos.Honorarios del letrado de la concursada: Regla de la comparación con los del AC.

Supuesto de hecho: La administración concursal promueve una acción de reintegración durante la fase de liquidación que sigue al incumplimiento del convenio previamente aprobado. La acción pretende rescindir los 17.000€ de honorarios pagados por la concursada antes de la solicitud de concurso en concepto de provisión de fondos al abogado de la concursada.

Según las circunstancias concretas de cada caso, puede estar justificado y no debe rescindirse el pago de provisiones de fondos, aunque incluyan servicios posteriores a la declaración de concurso, siempre que se entienda que son necesarias para garantizar la asistencia letrada del deudor en el procedimiento concursal (que, insistimos, es obligatoria), que no abarque la totalidad de los servicios futuros y que no sean desproporcionadas. Reproduce su S de 26 de abril de 2017 - ECLI:ES:APB:2017:3963.

El posible perjuicio patrimonial no puede presumirse sólo a partir de una regla de comparación de las cantidades percibidas y los honorarios de la administración concursal. Las tareas, funciones y responsabilidades de unos y otros profesionales son distintas y el propio reglamento de honorarios de la administración concursal está pendiente de actualización desde 2014.



2) ATS 4835/2021, de 6 de abril.*Sala de lo Social. Ponente, María Luz García Paredes.Venta de unidad productiva: Sucesión a efectos laborales.

Supuesto de hecho: Auto de adjudicación de unidad productiva que limitaba la subrogación al comprador de las deudas por créditos laborales siempre que se tratase de trabajadores que formasen parte de la plantilla en fecha 1 de noviembre de 2013. Un grupo de trabajadores que habían resuelto sus contratos voluntariamente en el mes de abril de 2013, amparándose en la acción del 44.3 ET, accionan frente a la compradora.

Cuando en el seno del concurso se produce la adjudicación de una unidad productiva autónoma, se aplica el artículo 44 ET y que las previsiones de los artículos 146 bis y 149.4 LC no permiten exonerar de responsabilidad a la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo contrato se halle extinguido en el momento de la adjudicación y el trabajador no fue, por tanto, subrogado. El artículo 44 ET implica la subrogación del cesionario en la posición jurídica del cedente y la transmisión de la titularidad de todos los derechos y obligaciones que tenía el cedente que son asumidos por el cesionario. Por tanto, si la entidad concursada adeudaba a los actores determinadas cantidades, los efectos del mencionado precepto legal determinan que la entidad cesionaria asuma la deuda reconocida y se convierta en responsable solidario de la misma al tratarse de deudas nacidas con anterioridad a la transmisión.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) AJM BCN, de 22 de abril de 2021***
Juzgado Mercantil 4. Magistrado, Alfonso Merino Rebollo.
Cuentas anuales: Exención de la obligación de depósito en caso de liquidación.

Los artículos 253 y 254 LSC establecen la obligación a cargo de los administradores societarios de formular las cuentas anuales de la sociedad que administran, las cuales deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la misma, ello a fin de salvaguardar los intereses de terceros. Dichas cuentas son aprobadas por la junta general (art. 272 LSC) y depositadas en el Registro Mercantil (art. 278 LSC) a fin de garantizar la publicidad de las mismas. El incumplimiento de dicho deber conlleva una sanción administrativa (art. 283 LSC), así como el cierre de la correspondiente hoja registral, a salvo las anotaciones relativas a la disolución de la sociedad, el nombramiento de liquidadores, y los asientos ordenados por autoridad judicial o administrativa (art. 282 LSC).


En consonancia con lo dispuesto en la LSC, el artículo 46 LC establece la necesidad de que, en caso de suspensión de las facultades de administración y disposición de la concursada, sea la administración concursal la que asuma el deber de formular y depositar las cuentas anuales. Ahora bien, dicha previsión no distingue entre empresa en funcionamiento y sociedad en fase de liquidación, disuelta y carente de actividad alguna.


Si la finalidad del depósito de las cuentas anuales es publicitar los datos registrados a terceros, garantizando que la información patrimonial y financiera de la empresa pueda acceder a terceros, ésta decae cuando la concursada ha cesado en toda actividad, hallándose disuelta y en fase de liquidación, ya que en este caso los posibles interesados son los acreedores cuyo crédito se halla reconocido en el proceso concursal, y éstos poseen a su disposición en el propio proceso concursal el informe de la administración concursal, los informes trimestrales de liquidación y la rendición de cuentas, documentos que, a juicio de esta juzgadora, garantizan suficientemente el
acceso a la información relativa al estado del patrimonio societario.


Por tanto, a fin de satisfacer el interés del concurso, cuál es el pago de los créditos de los acreedores, resulta preferible eximir de la obligación de depósito de las cuentas anuales en un supuesto como el presente, en el que decae la finalidad de tutela de la información que poseen los terceros comerciantes en el tráfico, priorizando la satisfacción del interés del concurso, pues no procede salvaguardar ningún otro.


2) AAP B 926/2021 de 25 de febrero. ***
Sección 15. Ponente, Marta Cervera Martínez.
Insolvencia: Falta de acreditación y consiguiente no declaración de concurso voluntario.

La falta de acreditación de la situación de insolvencia inminente por el solicitante del concurso al tiempo de la solicitud de concurso voluntario y sus propios actos defendiendo su solvencia ante los tribunales de Liechtenstein en la misma fecha, nos debe llevar a confirmar la resolución de instancia, además de la evidente falta de información que impide conocer la real situación de la mercantil. Todo ello sin perjuicio de que la sociedad ante una nueva situación de insolvencia pueda instar una nueva solicitud de concurso voluntario, puesto que la presente resolución no produce efectos de cosa juzgada.






Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
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1) Roj: AJM 13 MDR, 140/2021, de 7 de abril.**
Magistrada, Bárbara María Córdoba Ardao.

BEPI: No procede su concesión si no se solicita por el deudor.

España fue uno de los últimos países de la Unión Europea en prever un mecanismo de segunda oportunidad para las personas físicas. Si bien, cuando reguló esta figura en el ex art. 178 bis de la LC, lo hizo siguiendo una tendencia marcadamente liberal, hasta el punto que se decía que teníamos una de las regulaciones más liberales en esta materia, en comparación con otros países de nuestro entorno.

En concreto, el mecanismo de la segunda oportunidad o “fresh start” estaba regulado en el ex art. 178 bis LC y, a diferencia de otras legislaciones, podían optar a él todas las personas físicas, fueran comerciantes o no comerciantes, siempre que fueran “deudores de buena fe”.

Ahora bien, estamos ante un derecho o una obligación, siendo el deudor el único que está legitimado para pedir la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

En el caso de autos, a pesar del trámite que se le concedió al deudor, a tal efecto, para pedir el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el deudor nunca lo ejercitó a pesar del tiempo transcurrido, de ahí que no procede su concesión.

No habiendo solicitado el deudor la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, seguirá siendo responsable de la deuda impagada, conforme lo dispuesto en el art. 484 TRLC y art. 1911 CC.
Se agradece al letrado D. Joan Haro el envío de la resolución.


2) Roj: AAP B 502/2021, de 15 de febrero.***

Sección 15. Ponente, Manuel Díaz Muyor.

Solicitud de Concurso: Por un administrador mancomunado con oposición del otro.

De existir discrepancias entre los integrantes del órgano de administración mancomunado, estos deben acudir a los remedios que la propia legislación societaria contempla para estos supuestos, actuaciones que pueden llevarse a cabo sin perjuicio de justificar la posición que cada administrador mancomunado haya adoptado ante la situación de insolvencia, en caso de darse posteriores acciones de responsabilidad o derivadas de una posible calificación concursal contra los mismos.

La deficiente actuación del administrador proclive a presentar la solicitud de concurso le llevó a otorgar un poder para pleitos en favor de procurador, que adolece de los mismos defectos que se acaban de poner de manifiesto, es decir, otorgados con la intervención de uno solo de los administradores, que supone un defecto insalvable para llegar a la declaración de concurso, sin que además se tratase de poderes especiales para efectuar tal petición, contraviniendo lo dispuesto en el art. 6 LC.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

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1) Roj: STS 1210/2021, de 30 de marzo.**


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.


Convenio: Límite temporal.


Al no establecerse ninguna mayoría extraordinaria para el caso en que el convenio contenga esperas superiores a diez años, ha de concluirse que la ley las excluye del contenido del convenio. De tal forma que este precepto, el art. 124.1 LC, integra el art. 100 LC, en el sentido de establecer un límite a las proposiciones de espera, que en ningún caso pueden ser superior a diez años. El TRLC ahonda en la procedencia de esta interpretación, en la medida en que traslada este límite de 10 años a las proposiciones de espera, al precepto que regula el contenido de la propuesta de convenio (art. 317 TRLC), y lo suprime del precepto que regula las mayorías necesarias para la aceptación dela propuesta de convenio ( art. 376 TRLC). Con ello, el texto refundido ratifica la existencia de este límite legal de 10 años a las proposiciones de espera y pone en evidencia que ya existía, en la ley concursal refundida, sin perjuicio de que estuviera ubicado en un lugar inapropiado.


2) Roj: STS 1208/2021, de 30 de marzo.**
STS 1211/2021, de 30 de marzo


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.


Suspensión de facultades: Efectos sobre los procedimientos judiciales en curso.


La cuestión controvertida, objeto de ambos recursos, se refiere a la interpretación de los artículos de la Ley Concursal relativo a la legitimación para apelar, en concreto los art. 51 y 54 LC, cuando una de las partes en un litigio ha sido declarada en concurso de acreedores durante su pendencia en primera instancia, y lo ha sido con suspensión de sus facultades patrimoniales.


Al tiempo de interponerse el recurso de apelación la administración concursal no se había personado y sustituido procesalmente a la concursada, ésta seguía legitimada para actuar en el proceso sin perjuicio de la necesidad de recabar la conformidad de la administración concursal para recurrir en apelación. El recurso fue interpuesto por la concursada con la conformidad de la administración concursal, quien pudiendo no hizo valer la sustitución procesal, razón por la cual hay que considerar que estuvo correctamente interpuesto. La concursada estaba legitimada para sostener el recurso, con la conformidad de la administración concursal, mientras ésta no le sustituyera procesalmente. Reitera doctrina sentada en SS de la Sala 295/2018, de 23 de mayo y 570/2018, de 15 de octubre.


3) Roj: STS 1084/2021, de 25 de marzo.***


Sala de lo Civil. Ponente, Juan María Díaz Fraile.


Reintegración: Compensación realizada en preconcurso con una sociedad del grupo y que además es cesionaria del crédito.


Se ejercita en la presente litis, a través del incidente concursal, una acción de reintegración al amparo del art. 71 LC respecto de las operaciones de compensación de créditos realizadas por la concursada y otras dos sociedades del "Grupo …", en cuya virtud éstas habrían cobrado, por compensación, determinados créditos, cuyo reconocimiento con la calificación de subordinados se interesa, al considerar el demandante que esas compensaciones constituyen un acto perjudicial para la masa del concurso y contrario a la par conditio creditorum.


Como afirmamos en las sentencias 629/2012, de 26 de octubre y 487/2013, de 10 de julio, en principio, un pago debido realizado en el periodo sospechoso de los dos años previos a la declaración de concurso, siempre que esté vencido y sea exigible, por regla general goza de justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa. Sin embargo, como precisábamos entonces, "ello no excluye que en alguna ocasión puedan concurrir circunstancias excepcionales (como es la situación de insolvencia al momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso, así como la naturaleza del crédito y la condición de su acreedor), que pueden privar de justificación a algunos pagos en la medida que suponen una vulneración de la par condicio creditorum". Resultan determinantes, pues, el momento y las circunstancias en que se realiza el pago, como acto dispositivo objeto de una posible acción de reintegración.


En el presente caso las circunstancias que privan de justificación al sacrificio patrimonial que comporta para la masa las compensaciones litigiosas son: (i) el momento en que se produce la alegación de la compensación, en el breve intervalo de tiempo que medió entre la comunicación de la sociedad concursada del art. 5 bis LC y la declaración del concurso, es decir en un momento muy próximo a esta declaración, en el que ya era conocida la situación de insolvencia; (ii) las sociedades cedentes, cesionarias y concursada/cedida, están integradas en un mismo grupo de sociedades, en que el presidente o consejero-delegado es una misma persona; (iii) la previa cesión de créditos entre sociedades del grupo para provocar la compensación; y (iv) la circunstancia de que los créditos contra la concursada, que desaparecen del pasivo a cambio de la supresión en el activo de los correlativos créditos de la concursada, dada la especial relación de las sociedades acreedores con ésta, tendrían carácter subordinado ( art. 92.5º y 93.2.3º LC).


A la vista de tales circunstancias, el conjunto de las operaciones de cesiones de crédito y compensaciones analizados no pueden ser considerados como actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones de normalidad.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
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1) Roj: ATS 2922/2021, de 16 de marzo.**

Sala de lo Civil. Ponente, José Luis Seoane Spiegelberg.


Grupo de sociedades: Acumulación de concursos.
Acumulación de concursos: Grupo de sociedades.


Para que pueda acordarse la acumulación de concursos, además de la concurrencia de los requisitos que el art. 25 bis LC establece (actual art.41 TRLC), aplicable a este supuesto por razones temporales; es exigible apreciar la conveniencia u oportunidad de la acumulación, lo que, como regla, concurre cuando la tramitación coordinada y la existencia de una sola Administración Concursal facilite la tramitación del procedimiento permitiendo ahorro de costes, la obtención de convenios vinculados y por ello condicionados y, a la postre, una sustanciación más ágil y beneficiosa para el conjunto de intereses latentes de forma directa e indirecta en el concurso- trabajadores, acreedores, concursados, proveedores, clientes, mantenimiento de la riqueza, y cualesquiera intereses en conflicto.


La norma atribuye el control de la concurrencia de los requisitos exigibles para proceder a la acumulación en primer término al juez del concurso en el que se solicita la acumulación -el de la dominante-, pero, ante inexistencia de regla específica, no hay base para rechazar la aplicación de los principios de la LEC que, en el artículo 91, autoriza al requerido para controlar la concurrencia de los requisitos exigidos por la norma y, entre ellos, el de la oportunidad o conveniencia de la misma ponderando todos los intereses en juego.



2) Roj: STS 763/2021, de 2 de marzo.**


Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.


Derivación de responsabilidad: Calificación del crédito en la acción subrogatoria.


Supuesto de hecho: Patronato deportivo que es condenado por un Juzgado de lo social a pagar la deuda que una sociedad en concurso de acreedores adeudaba a una trabajadora, como consecuencia de la acción de derivación del art. 42.2 ET.


En el caso de la subrogación, no existía duda de que el garante, al pagar la deuda garantizada, pasa a ocupar la posición del acreedor frente al deudor principal, en este caso la concursada, y si el crédito garantizado es concursal, aunque se haya satisfecho por el garante después del concurso, su efecto consiguiente es un cambio en la posición acreedora, conforme a lo previsto en los arts. 1203.3º y 1209 CC, que no afecta a la naturaleza concursal del crédito. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque haya cambiado el titular con derecho a reclamarlo, y sin perjuicio del efecto previsto en el art. 87.6 LC (actual art. 263.2 TRLC) respecto de su clasificación.


A efectos concursales y, más en concreto, de determinar la naturaleza de crédito concursal o contra la masa, la jurisprudencia ha concedido este mismo tratamiento a la acción de reembolso del garante frente al concursado, por lo que respecta a la reclamación o repetición del importe del crédito satisfecho. Así lo declaramos en la sentencia 20/2020, de 16 de enero (citada después por las sentencias 61/2020, de 3 de febrero, y 262/2020, de 8 de junio): "El pago del fiador, con posterioridad a la declaración de concurso, le legitima para sustituir al acreedor originario como titular del crédito, que seguirá siendo concursal, sin que el hecho de gozar el fiador, no sólo de la acción subrogatoria (art. 1839 CC), sino también de la de reembolso (art. 1838 CC), permita concluir que la obligación frente al deudor nació con el pago posterior a la declaración de concurso y por ello su crédito es contra la masa. En todo caso, el fiador que paga con posterioridad a la declaración de concurso del deudor, se subroga en la titularidad del crédito, que mantiene la consideración de concursal".


Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. Esta obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nacía con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. Los créditos salariales que finalmente satisfizo el Patronato Deportivo, después de haber sido condenado al pago por el juzgado de lo social, habían sido reconocidos como créditos concursales en el concurso de acreedores. A los efectos que ahora interesa, el tratamiento de los créditos dentro del concurso de acreedores, el derecho del Patronato Deportivo a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos, al haber pagado por la concursada un crédito salarial concursal, no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

Sobre la exoneración de créditos de derecho público
​Gustavo García CalbóAbogado área Gestión de Crisis. AGM Abogados

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Publicado
 27/03/2021
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Los Jugados entienden inaplicable la novedad del Texto Refundido


La Ley 25/2015, de 28 de julio , de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social introdujo un nuevo artículo 178 bis en la Ley Concursal vigente en aquel momento. La norma ha comportado multitud de dudas prácticas y discrepancias interpretativas desde su misma aprobación.
Con ella, nuestro ordenamiento jurídico incorporó un mecanismo para que los deudores insolventes pudieran exonerarse de aquellas deudas de las que no pudieran hacer frente ni siquiera con la liquidación de todo su patrimonio. Es el caso, por ejemplo, de empresarios que habiendo avalado personalmente las deudas de la empresa, tras la quiebra de ésta, no han podido hacerse cargo de todas las obligaciones contraídas por la sociedad. O el caso de quien, tras la ejecución de su préstamo hipotecario no ha podido abonar el remanente, que a su vez continúa generando unos intereses que el deudor no puede pagar.


Sobre estas bases han surgido ya resoluciones judiciales que entienden extensible el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a los créditos de derecho público (Foto: Getty)
A pesar de que la finalidad y los efectos de la norma pudieran parecer sencillos, lo cierto es que su aplicación generó varias discrepancias.
La norma distinguía dos vías para conceder la exoneración:

1. La primera, prevista en el art. 178 bis 4º LC , permitía la exoneración directa tras la tramitación de un concurso de acreedores. Entre otros requisitos que no abordaremos en este artículo para centrarnos en el objeto de estudio, el deudor debía haber abonado los créditos contra la masa y los créditos privilegiados.
2. El segundo de los supuestos de exoneración, recogido en el art. 178 bis 5º LC preveía, para el caso de no haberse abonado los créditos contra la masa y privilegiados durante el concurso de acreedores, que el deudor pudiera obtener la exoneración tras someterse al abono de los créditos anteriores por medio de un plan de pagos en un plazo no superior a 5 años.

No obstante, existen supuestos en los que resulta manifiestamente inviable que el deudor abone la totalidad de los créditos contra la masa y privilegiados en un plazo de 5 años en atención a sus cuantías. Para estos casos se preveía en el art. 178 bis 8 LC la facultad del Juez, de apreciar un esfuerzo razonable en el deudor, que pudiera conceder la exoneración de las deudas aunque se hubiera incumplido el plan de pagos.
Sin embargo, el tenor literal de la norma establecía, en su art. 178 bis 5. 1º, que “Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos”.
Así, los créditos de derecho público y por alimentos no podían ser exonerados de optarse por esta segunda vía de exoneración diferida. Se creaba la contradicción de que la exoneración alcanzaba más créditos si el deudor había pagado la totalidad de los créditos contra la masa y privilegiados a la conclusión del concurso y no requería someterse a un plan de pagos. Esto comportaba la ineficacia del mecanismo de segunda oportunidad cuando el grueso de la deuda derivaba principalmente de créditos frente a organismos públicos y que a su vez eran clasificados como privilegiados.
Ante esta aparente diferencia en el alcance de la exoneración según si se optaba por la exoneración inmediata o diferida, nuestro Tribunal Supremo, por Sentencia del Pleno de la Sala Primera de 2 de julio de 2019, determinó que el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho debía cubrir todos los créditos sin distinción, incluso si la vía elegida era por medio de un plan de pagos. El Tribunal entendió, mediante una interpretación teleológica, que la norma persigue la exoneración de la totalidad de las deudas y por tanto los créditos de derecho público debían ser exonerados.
Ante este escenario se promulgó el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, siendo de aplicación desde el pasado 1 de septiembre de 2020. El Texto no debía introducir cambios sustantivos, sino regularizar, aclarar y armonizar una legislación concursal muy parcheada tras 15 años de vigencia. Sin embargo, en lo relativo a la exoneración de créditos públicos, los artículos 491 y 497 del nuevo Texto Refundido excluyen expresamente a los créditos públicos por ambas vías de obtención de la exoneración.
Si bien la jurisprudencia no se considera fuente del derecho en nuestro ordenamiento, resulta lógico que su labor interpretativa (art. 1.6 del Código Civil) se incorpore en un Texto Refundido con vocación de aclarar la normativa anterior. Lo que no es habitual es que la extralimitación reguladora ultra vires, como algunas voces han tildado la novedad, vaya en sentido directamente opuesto a la interpretación de nuestro Alto Tribunal.
Sobre estas bases han surgido ya resoluciones judiciales que entienden extensible el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a los créditos de derecho público, entre otros, el Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona, Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid y Juzgados de lo Mercantil 3, 7 y 10 de Barcelona.
En estas resoluciones, los Jugados entienden inaplicable la novedad del Texto Refundido . Conforme al art. 82.5 de la Constitución Española, la habilitación dada por el poder legislativo al Gobierno para que, por medio de Real Decreto Legislativo, pueda regularizar, aclarar y armonizar, en ningún caso puede modificar el contenido de la norma anterior. Y ello se habría producido en tanto el nuevo Texto sea contrario a la interpretación que el Tribunal Supremo hacía de la redacción anterior de la norma. Por ello, entienden aplicable la norma originaria en el sentido dado por el Tribunal Supremo, esto es, que la exoneración debe alcanzar a la totalidad de los créditos insatisfechos, independientemente de que se acceda mediante la exoneración directa o por medio de la exoneración diferida. Así, conforme al art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resuelven como inaplicable la modificación introducida en el Texto Refundido.
Si bien el criterio anterior parece mayoritario, lo cierto es que se hace necesario un nuevo pronunciamiento por el Tribunal Supremo en aras a la seguridad jurídica. Quizás la futura transposición de la Directiva Europea sobre reestructuración e insolvencias (Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019), cuya fecha límite es el próximo 17 de julio de 2021, suponga una oportunidad para que el legislador arroje claridad sobre una cuestión que ha sembrado dudas desde su nacimiento.
fuente;https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/sobre-la-exoneracion-de-creditos-de-derecho-publico/
​concurso de acreedores alicante

1) Roj: STS 762/2021, de 2 de marzo.**
STS 763/2021, de 2 de marzo


Sección de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.


Crédito por subrogación: Carácter concursal aunque el pago se verifique tras la declaración de concurso.


Garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal. El garante había asumido esa condición de garante por prescripción legal. Esta obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nacía con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. Los créditos salariales que finalmente satisfizo el garante, después de haber sido condenado al pago por el juzgado de lo social, deben ser reconocidos como créditos concursales en el concurso de acreedores y no contra la masa. El derecho del garante a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos, al haber pagado por la concursada un crédito salarial concursal, no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal.


2) Roj: SAP B 11733/2020, de 24 de noviembre.***


Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano.


TRLC: Aclaración y armonización.
Préstamos participativos: Calificación, subordinados.


De acuerdo con la Exposición de Motivos del TRLC, la Ley es el resultado de la "regularización, la aclaración y la armonización de unas normas legales que, como las que son objeto de refundición, han nacido en momentos distintos y han sido generadas desde concepciones no siempre coincidentes". Por tanto, el nuevo TRLC va más allá de una mera yuxtaposición de normas jurídicas preexistentes, sino que persigue, entre otros fines, aclarar divergencias surgidas en la aplicación de las normas que son objeto de refundición.


Póliza en la que las partes convienen expresamente la sujeción del préstamo a las disposiciones del Real Decreto Ley 7/1996 y, más en concreto, el artículo 20, en cuyo apartado c/, como venimos exponiendo, se contempla que en "orden a la prelación de créditos" los préstamos participativos "se situarán después de los acreedores comunes". Pero posteriormente novan determinados pactos y se incluye una cláusula, la sexta, denominada de "exclusión de la subordinación" que es del siguiente tenor literal: "Sin perjuicio de lo dispuesto en la estipulación primera del contrato de préstamo participativo de fecha 1 de julio de 2010, de aplicación para resolver las concurrencias singulares, las partes excluyen, de forma expresa, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y normativa complementaria, la subordinación del crédito derivado del contrato de préstamo participativo mencionado y reconocen el carácter ordinario del mismo". El crédito debe calificarse subordinado ya que el art. 281 TRLC zanja definitivamente la polémica doctrinal y judicial sobre la naturaleza en el concurso de los créditos participativos, al contemplarlos expresamente dentro del catálogo de créditos subordinados por pacto contractual (apartado segundo). En concreto, dicho precepto establece lo siguiente: "Son créditos subordinados (...) los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el concursado, incluidos los participativos."





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga