EN EL CASO DE QUE DEBAS CERRAR TU NEGOCIOLas 10 claves para saber cómo acogerse a la Ley de Segunda OportunidadLa Ley de Segunda Oportunidad exonera las deudas de las personas cuyo negocio ha entrado en quiebra y no pueden atender sus obligaciones de pago. A raíz del Covid-19 muchos autónomos se han visto obligados a recurrir a ella para rehacer sus vidas sin lastres económicos. Requisitos y claves para acogerte a esta Ley.

ANDREA GONZÁLEZ
00:05 18/08/20

La Ley de la Segunda Oportunidad ofrece a los trabajadores autónomos la oportunidad de rehacer su vida tras un fracaso en su negocio. "Cualquier persona que se vea afectada por la imposibilidad de atender sus obligaciones de pago –sin importar el por qué- puede acogerse a esta Ley. Sirve para exonerar al deudor cuando el mantenimiento de esas deudas impide que pueda retomar su vida e iniciar un nuevo proyecto empresarial”, aseguró el abogado judicial experto en Ley de Segunda Oportunidad, Javier López.
Si bien desde que se aprobó esta Ley en España –año 2015-, sólo se han acogido a ella 10.000 personas, el experto estimó que entre este año y el que viene, las solicitudes se multiplicarán de forma exponencial. “Han aumentado en más de un 200% las llamadas de asesoramiento para trabajadores autónomos sobre esta ley desde que comenzó el colectivo comenzó a sufrir los estragos económicos de la pandemia”.
El abogado judicial aseguró que "es necesario incentivar su uso dada la extrema necesidad que tienen los negocios de acogerse a esta ley por las circunstancias derivadas de la crisis por el Covid-19. Es imprescindible que se dé a conocer este mecanismo judicial entre los autónomos”.
En Europa, las personas se pueden acoger a esa Ley cada 10 años y los expertos abogados aseguran que tiene eficacia en el 100% de los casos. “Es una ley hecha para el deudor, y no hay ningún tipo de juicio. Y, si se demuestra que una persona no puede pagar sus deudas, éstas simplemente se cancelan”, señaló López.
Pero ¿quiénes puede acogerse a esta ley?, y en caso de hacerlo, ¿qué requisitos debe cumplir?. ¿Hay algún tipo de contraprestación negativa? el despacho de abogados 'Empieza de Cero' junto al experto fiscalista en Lay de Segunda Oportunidad, Javier López, aúnan diez pautas a tener en cuenta.
Las 10 claves de la Ley de Segunda Oportunidad1.- ¿A quiénes está dirigida la Ley?​​La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada, sobre todo, para trabajadores profesionales por cuenta propia -autónomos-, y ciudadanos particulares. Esta legislación ayuda, por tanto, a que los pequeños negocios cuenten con un vehículo legal por el que pedir la exoneración de todas sus deudas. Tienen la capacidad de rehacer su vida tras un fracaso empresarial sin tener que afrontar sus deudas con su patrimonio presente y futuro.
2.- ¿Cuál es el primer paso para acogerse a ella?En primer lugar, el deudor deberá intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. En este proceso, que será tutelado por un juez, el deudor podrá liquidar sus bienes para abonar las deudas que pueda pagar y pactar un calendario de pagos. La Ley entra en juego en el momento en el que un concurso de acreedores termina  porque ya no hay más activos ni bienes disponibles para pagar las deudas y se exonera el pasivo.
3.- ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acogerse a la Ley?Existen una serie de requisitos a tener en cuenta a la hora de saber si una persona puede o no, acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Éstos son:
- El interesado no puede tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, ni contra la salud pública.
- En caso de haber cobrado el paro en los últimos 4 años, el interesado no puede haber renunciado a ningún puesto de trabajo que le haya ofrecido el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
- Tiene que contar con un mínimo de dos acreedores.
- Sus deudas no pueden exceder de los 5 millones.
- Que no haya utilizado esta vía en los últimos 10 años.
4.- ¿Hay alguna figura que medie en la negociación?Sí. Al ser un proceso tutelado por un juez, el autónomo podrá solicitar la ayuda de un mediador concursal. El mediador hará de interlocutor entre el deudor y sus acreedores.
El mediador concursal es una figura que organiza una junta de acreedores llamada AEP (Acuerdo Extrajudicial de Pagos). Se envía una notificación al conjunto de acreedores citándoles un día y una hora para firmar la oferta que en un principio se les ha enviado con la cantidad que el deudor puede pagar a lo largo de esos cinco años.
Esta Ley deja muy claro que ‘primero se vive y luego se paga’, lo que viene a decir que el deudor tiene el derecho a una mínima cantidad de dinero para vivir y el resto debe ofrecérselo a los acreedores. Con lo cual, “la oferta que les hace a sus acreedores seria: después de determinar el dinero necesario para vivir, destina X cantidad al mes, repartidos en orden de la deuda entre los acreedores”, explicó el asesor Javier López.
Hay que tener muy en cuenta que la Ley establece que no se puede tardar más de cinco años en pagar todas tus deudas. “Independientemente de que cuando se cumplan los cinco años se haya pagado todo el dinero que se debe o no, la deuda queda exonerada. Es decir, si por ejemplo debes 100.000 euros, pero sólo puedes pagar 200€ al mes, en cinco años llegarías a pagar 10.000 euros, el resto se exonera. Es decir, 90% de la deuda se cancelaría”, destacó López.
5.- ¿Qué requisitos hay que cumplir en el concurso de acreedores?Una vez que el autónomo o emprendedor haya solicitado el concurso de acreedores voluntario, el juez podrá exonerarle de gran parte de sus deudas bajo dos condiciones: en primer lugar, que el propio juez considere que el deudor ya no tiene dinero ni activos para afrontar sus deudas; en segundo lugar, que dicho deudor haya demostrado obrar de buena fe y demuestre que no ha habido Quorum.
¿Qué es exactamente eso del Quorum?El quórum hace referencia a cuando el 75% de los acreedores aceptan la oferta del deudor. Esto deja dos supuestos: que haya quórum, o que no lo haya.
En caso de darse el quórum, el deudor simplemente tiene que hacerse cargo de ese pago que ha prometido hasta que se cumplan los 5 años. Una vez se cumplan, el juzgado le dará un documento en el que se especifica que se le exonera de la deuda que le queda por pagar. “El quórum se da en los casos en los que el cliente debe una cantidad grande de dinero a un acreedor, que sabe que, aunque al final no vaya a recibir todo el dinero que se le debe, recibirá una buena cantidad. Y como ese acreedor supone más del 75%, se produce el quórum”, explicó Javier López.
Sin embargo, “en el 99,9% de los casos nunca hay quórum”, señaló el asesor judicial. “Normalmente no acude nadie a esa junta de acreedores. Y la Ley dice que, cuando el cliente ha intentado -y el notario da fe de ello- un acuerdo extrajudicial de pagos para tratar de saldar su deuda y éste no ha sido posible porque no ha habido quórum, la deuda directamente queda totalmente extinguida”.
Por lo tanto, si la persona que ha contraído la deuda demuestra notarialmente que ha intentado establecer un acuerdo con sus acreedores a través de la Ley de Segunda Oportunidad, y esto no ha sido posible porque éstos no se han presentado, queda exento de esa deuda en ese mismo instante.
Dadas estas consecuencias, el mediador envía un comunicado al juzgado indicando que el cliente va a entrar en lo que se conoce como Concurso Consecutivo: “queda exonerado del 100% de la deuda y se pide un BEPI -Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho- que certifica esa cancelación total. Legalmente nadie puede reclamarle ese dinero”.
El abogado Javier López explicó que el motivo por el que casi nunca se da un quórum es que, enviar un abogado al notario para firmar ese plan de pago “suele salirles muchísimo más caro a los acreedores que el dinero que va a percibir una vez que su deudor se ha acogido a la Ley de Segunda Oportunidad”.
7.- ¿Las deudas contraídas con la Administración pueden exonerarse?Este tipo de deudas son, sin duda, uno de los mayores quebraderos de cabeza para los trabajadores autónomos negocios han caído en quiebra, las referidas a la Administración pública. Sin embargo, y aunque la Ley de Segunda Oportunidad en España no recoja claramente que las deudas contraídas con las administraciones también deben quedar exoneradas, los asesores judiciales expertos en la materia dejan claro que sí se cancelan.
“Esta normativa viene de Europa, y la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dicta que, por la Ley de Segunda Oportunidad, las deudas con la administración se cancelan. Y ningún sistema judicial de ningún país tienen capacidad para modificar esa norma europea”, aclaró el abogado judicial y experto en Ley de Segunda Oportunidad, Javier López.
“Las deudas de las administraciones públicas se ven claramente afectadas por la exoneración, sino no tendría ningún sentido. El objetivo principal de la Ley de Segunda Oportunidad es precisamente que las personas puedan saldar la totalidad de la deuda y si una persona puede ser exonerada de todo menos de la parte pública, la ley no serviría de nada”, comentó el abogado David Clavero.
8.- ¿Y las sentencias firmes? ¿Pueden exonerarse también a través de esta Ley?Sí, es muy importante tener en cuenta que esta Ley da la posibilidad de exonerar hasta las sentencias judiciales firmes. “Si, por ejemplo, una persona, hace un año, perdió un juicio y debía 230.000 euros de indemnización a un acreedor, en el momento en el que se acoge a la Ley de Segunda Oportunidad también se le cancelaría esa sentencia firme”. Del mismo modo, “si hay procedimientos jurídicos abiertos, se paralizan y quedan todos exonerados estén finalizados o no”, concluyó el experto Javier López.
9.- ¿Los autónomos acogidos a esta Ley aparecen en algún registro?​Sí, pero es imprescindible que los autónomos sepan que no es un registro público. Tal y como dicta la ley, el registro sólo podrá ser consultado por tres tipos de agentes sociales:
- Administraciones Públicas.
- Bancos -ante una petición de crédito, por ejemplo-.
- Posibles clientes y proveedores del futuro emprendedor.
10.- ¿Las deudas desaparecen para siempre?En principio sí, ya que ningún acreedor suele pedir una revocación de las deudas que han quedado exoneradas a través de la Ley de Segunda Oportunidad. No obstante, sí tienen esa opción. Cualquier acreedor podrá pedir al juez la revocación de la exoneración de deudas si, en los cinco años posteriores a la admisión de la ‘segunda oportunidad’, el acreedor entiende que su deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos en no declarados -mediante economía sumergida-.
La Ley otorgaba a los acreedores un plazo de cinco años para descubrir estas ‘trampas’ por parte del deudor. Sin embargo, el texto final concede un plazo ilimitado para hacerlo. Si el acreedor pide la revocación de la exoneración de deudas y el juez la acepta, el autónomo dejará de estar sometido a esta Ley y volverá a responsabilizarse de sus deudas.

 AUTONOMOS EMPRENDEDORES SEGUNDA-OPORTUNIDAD

¿Por qué no cala la ley de segunda oportunidad?La falta de conocimiento y la exigencia de sus requisitos son algunas razones de las bajas cifras de personas que acuden a la norma en España.
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Ads by TeadsLa compañía de un empresario sevillano de la construcción quebró en 2009 por el derrumbe del mercado inmobiliario. Como tantos otros profesionales del sector, el cierre no sólo costó puestos de trabajo y el fin de la actividad; además supuso la pérdida de los bienes familiares y de la vivienda donde residía con su mujer e hijos, con los que avaló las deudas derivadas de su negocio.
El pasado mes de enero este empresario volvió a ver la luz gracias a la decisión tomada por el juzgado de lo mercantil de Sevilla que le liberó de una deuda de más de 800.000 euros que acarreaba desde aquellos años. Los jueces se apoyaron en la ley de segunda oportunidad que, aprobada en 2015, contempla la liberación de las deudas en aquellos casos en que, constatada la buena fe del deudor y comprobado que la ruina no fue consecuencia de un delito de naturaleza económica, se tramite un expediente notarial y luego un concurso de liquidación judicial.
Hace unos meses, otro juzgado de lo mercantil liberó a un vecino de Oviedo de una deuda de 600.000 euros, contraída por avalar la empresa de la que era socio y que entró en concurso de acreedores. Igualmente se acogió a esta norma.
Estos dos ejemplos son algunos de los 19.500 que se han beneficiado de la ley en los cinco años que lleva en vigor, según el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, que emplea datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que dista de los más de 100.000 que han acudido a medidas similares en países de nuestro entorno como Francia y Alemania.
Esta diferencia de números hace preguntarse si ha fracasado una norma que nació para ayudar a particulares y pequeños empresarios que no pueden afrontar sus deudas. O, bien, ¿ se ha dado a conocer lo suficiente a los que pueden acudir a ella?
"No sé si se puede hablar de fracaso. Tal vez requiera darle una vuelta, ya que seguramente se esperaba que se pudieran beneficiar más personas y hasta la fecha no ha sucedido", explica Alfonso Carrillo, socio de derecho concursal y procesal en Bird & Bird.
Carrillo recuerda el alto nivel de exigencia que establece la norma: "Probablemente el cumplimiento íntegro de todos los requisitos que marca la ley para beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho haya sido el motivo fundamental por el cual no ha tenido la difusión esperada".
El socio de Bird & Bird explica que uno de los requisitos que marca la norma para acogerse a ella es haber pagado los créditos contra la masa, que son los gastos y deudas generados después de declararse el concurso de acreedores. Muchos deudores llegan a él "sin ingresos y con embargos", explica, "por lo que satisfacer esa cantidad es realmente difícil".
Para Esperanza Palacio, codirectora legal de Reclamador.es, el gran problema es la falta de conocimiento. "En España no triunfa, seguramente, por el desconocimiento del procedimiento", explica. Incluso, añade Palacio, "conociendo la existencia de esta ley muchos no acuden a ella porque no entienden cómo realizar los trámites o bien porque piensan que no pueden acogerse a ella" . A estas razones la abogada suma una más, que es la lentitud del proceso en España, en comparación con los de otros países vecinos.
Asesorar al deudorVarias han sido las firmas legales que, en los últimos años, ayudan a particulares y empresas a contar con una segunda oporunidad. Una de ellas, Reclama Por Mí, ha identificado las características comunes de los perfiles de afectados por las deudas. Según un reciente estudio de la compañía, el 42% son particulares que han atravesado un bache económico como consecuencia de la crisis económica y han sido incapaces de gestionar el dinero que deben.
El 58% corresponde a autónomos que, tras un fracaso empresarial por la recesión, deben dinero a Hacienda o a la Seguridad Social.
REQUISITOS QUE HAY QUE CUMPLIR

• En primer lugar, ser un deudor de buena fe y no ser objeto de un concurso culpable. Es decir, el empresario debe demostrar que no ha sido responsable (no ha habido dolo o culpa grave) de haber desembocado en ese proceso.
• No haber sido condenado penalmente por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra Hacienda y la Seguridad Social.
• Haber pagado los créditos contra la masa (generados después del concurso, como gastos de abogado o notario) y los concursales privilegiados (hipotecas y deudas con Hacienda y a Seguridad Social).

fuente: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/08/19/5f21afef468aebca218b4600.html

CONCURSO DE ACREEDORES EN ALICANTE, ELCHE

Limitación temporal al devengo de honorarios por la administración concursal Ignacio Sanz
 8 agosto, 2020 02:26El pasado 23 de junio de 2020 el Tribunal Supremo se pronunció en relación a la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera (la “DT 3ª”) de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (la “Ley 25/2015”), mediante la cual se modifica el régimen de retribución de la administración concursal, entre otros, limitando la retribución de la administración concursal en fase de liquidación, con cargo a la masa pasiva, a doce meses desde la apertura de dicha fase, susceptible de ser prorrogados hasta seis meses adicionales, mediante autorización judicial (letra b), párrafo tercero de la DT 3ª).
La anterior reforma suscitó numerosos debates jurisprudenciales siendo el principal el relativo a su ámbito temporal de aplicación. En efecto, la DT 3ª no clarifica si la limitación introducida es de aplicación únicamente a los concursos en los que la apertura de la fase de liquidación tuvo lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/2015 (el 30 de julio de 2015) o si, por el contrario, aplica también respecto a aquellos concursos cuya fase de liquidación se abrió con anterioridad a dicha fecha.
En el supuesto de autos, la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso una demanda incidental por la que pedía que: (i) se declarase que la administración concursal no tenía derecho a percibir retribución tras la entrada en vigor de la DT 3ª; y (ii) se condenase a la administración concursal a devolver a la masa activa del concurso aquellas cantidades percibidas desde el 1 de agosto de 2015, en el marco de un concurso de acreedores declarado por auto de 23 de mayo de 2013 en el cual la apertura de la fase de liquidación tuvo lugar simultáneamente con la declaración de concurso.
La demanda incidental fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia y, posteriormente, ratificada por la Audiencia Provincial de Navarra, siendo esta última resolución recurrida en casación por la administración concursal. El motivo del recurso era la infracción por aplicación indebida de la DT 3ª de la Ley 25/2015 por entender la administración concursal que la limitación temporal de doce meses a su derecho de cobro de honorarios durante la fase de liquidación perjudicaría derechos económicos consolidados, al haber tenido lugar la apertura de la fase de liquidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/2015.
 El Tribunal Supremo zanja el debate en torno al ámbito temporal de aplicación de la limitación al cobro de honorarios
Dicho motivo es íntegramente desestimado por el Tribunal Supremo que se hace eco del principio general de irretroactividad de las normas y, en síntesis, concluye que cabe la aplicación de la DT 3ª a aquellos procedimientos concursales en los que la apertura de la fase de liquidación tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/2015, sin que ello merme derechos ya adquiridos, pues la limitación impuesta no afecta a aquellos honorarios devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.
En palabras del Tribunal Supremo, la limitación establecida por la DT 3ª aplica también a los concursos cuya fase de liquidación fue abierta con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 25/2015 y justifica tal aplicación por tratarse de una “retroactividad impropia” en la medida en que la limitación temporal impuesta por la DT 3ª al devengo de honorarios de la administración concursal no afecta a derechos adquiridos (la retribución devengada anterioridad a la entrada en vigor de la DT 3ª), sino a una mera expectativa de cobro en el momento en el que entró en vigor la Ley 25/2015.
Finalmente, según el Tribunal Supremo, la aplicación de la limitación impuesta por la DT 3ª sobre los honorarios de la administración concursal devengados con posterioridad a su entrada en vigor (a pesar de que la apertura de la fase de liquidación haya tenido lugar con anterioridad), se justifica en la ratio del propio precepto que, según la resolución objeto de análisis, no es otro que evitar que la fase de liquidación en sede concursal se prolongue más allá de doce meses, en perjuicio de la masa concursal.
En definitiva, el Tribunal Supremo zanja el debate en torno al ámbito temporal de aplicación de la limitación al cobro de honorarios establecida mediante la DT 3ª de la Ley 25/2015, a fin de agilizar la fase de liquidación, en beneficio de la masa concursal, implicando una presión para la administración concursal, no solo de aquellos concursos en los que la fase de liquidación fue abierta después del 30 de julio de 2015, sino también de aquellos en los que la fase de liquidación se abrió antes de tal fecha.
*** Ignacio Sanz es abogado de Litigación y Arbitraje de Pérez-Llorca

¿Cómo puedes si puedes acogerte a la Ley de Oportunidad en tiempos de COVID?
Desde que empezó la pandemia, con el paso de los meses la Ley de Segunda oportunidad se ha vuelto popular en España y otras partes del mundo. Según explican los expertos de AdiósAMisDeudas, empresa especializada en la ley de segunda oportunidad y en concurso de acreedores, esto es así porque es capaz de ayudar a cualquier persona que atraviese una situación financiera crítica mientras haya actuado de buena fe. Y en estos tiempos de crisis económica por el coronavirus, la Ley de Segunda oportunidad representa una gran solución tanto para autónomos como para empresas de cualquier tipo.

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?La pandemia del coronavirus ha tenido repercusión a nivel mundial, tanto en la salud como en la economía de todos los países que la están sufriendo. Pero, en este contexto, existe un vehículo legal que puede ayudar a los españoles durante estos días difíciles, la Ley de Segunda Oportunidad, que ofrece ayuda a aquellas personas que sufren graves situaciones de impago. Y aunque la crisis del coronavirus ha afectado a empresas y profesionales autónomos, esta ley sigue siendo una solución sólida para todo el que necesite hacer frente a sus deudas.
Desde AdiósAMisDeudas aclaran que puede hacerlo cualquier empresa o particular que se encuentre en situación de impago.  Además, es necesario destacar que una persona que haya sufrido un fracaso de índole personal o laboral, como el provocado por la COVID-19, puede aprovechar los beneficios de esta ley para rehacer su vida y librarse de una situación de sobreendeudamiento.
Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda OportunidadPara acogerse a esta ley, hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta: por un lado, los requisitos relativos al acuerdo extrajudicial de pagos, regulados en el art 231 de la ley concursal, y por otro, los requisitos del beneficio de exoneración del artículo 178 bis. Así que, para aprovechar sus beneficios, desde AdiósAMisDeudas advierten que hay que cumplir con los siguientes requisitos:
Requisitos relativos al acuerdo extrajudicial:

• La estimación inicial del pasivo no debe superar los 5 millones de euros.
• Si el deudor es empresario (incluyendo profesionales y autónomos), tendrá que aportar un balance.
• El deudor no puede haber sido condenado por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, o por falsedad documental en los 10 años anteriores.
• No estar tramitando o haber obtenido un beneficio similar en los últimos 5 años.
• Desde la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el mes de julio 2019, contempla también una quita de hasta el 70 % de los créditos de derecho público, permitiendo el pago del 30 % restante en cuotas mensuales durante 5 años.
• El Mediador Concursal designado por la autoridad competente, seré quien presente a los acreedores una propuesta de pagos adaptada a la situación del deudor, demostrando así la buena fé del mismo en satisfacer sus deudas.

Requisitos relativos al beneficio de exoneración (liberación de la deuda):

• La persona debe haber terminado el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del patrimonio del deudor.
• Es indispensable haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
• Presentar la solicitud del beneficio de exoneración como objetivo del concurso consecutivo que se debe declarar en los 15 días posteriores a la finalización del acuerdo extrajudicial de pagos.
• El deudor tendrá que aceptar que el beneficio de exoneración se haga constar en el Registro concursal durante 5 años. Dicho beneficio de exoneración podrá ser revocado durante este plazo de tiempo, si mejorase sustancialmente la situación del deudor, por ejemplo, mediante una herencia o lotería, o si el deudor hubiese ocultado ingresos, bienes o derechos.
• Todas las deudas contra la masa deben estar satisfechas.

Los trámites legales en tiempos de COVID
Muchos piensan que, en estos momentos de pandemia, no es momento para llevar a cabo ningún trámite legal, peo esto no es así. En Adiós a Mis Deudas, que trabaja directamente con el despacho Aran Advocats, la gestión se hace 100% online, sin la necesidad de mantener contacto presencial. “En estos momentos de crisis e incertidumbre, hemos apostado por un gran equipo que también teletrabaja para poder tramitar a una mayor velocidad las solicitudes de aquellas personas que necesitan exonerar sus deudas”.
Fuente: Adios a mis deudas

a Ley de Segunda Oportunidad, una buena salida frente a la crisis ARCHIVADO EN | ECONOMIAEl número de solicitudes para acogerse a este mecanismo se ha incrementado notablemente desde el inicio de la pandemia, un hecho que deja claro su utilidad.

Desde su entrada en vigor en el año 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha ayudado a miles de particulares y autónomos a salir de complicadas situaciones financieras. Sin embargo, en épocas de crisis, como la derivada de la pandemia por la COVID-19, es cuando más patente se hace su enorme utilidad.
Con la Ley de Segunda Oportunidad, lo que el solicitante logra es afrontar sus deudas para poder volver a empezar. En los mejores casos, la anulación de las deudas pendientes de pago es el resultado. Por este motivo, debido a todos los problemas que atraviesan particulares y autónomos a raíz de la aprobación de las medidas de confinamiento y distanciamiento social es más que probable que el número de solicitantes crezca notablemente.
A este respecto, Ángel Andújar, director del despacho Segunda Oportunidad Galicia, considera obvio que se producirá un incremento del interés por este mecanismo. Sobre todo, porque “la reactivación tras la paralización económica sin precedentes que ha originado la pandemia está siendo lenta, en especial en determinados sectores productivos”, asegura. Como consecuencia de esto, la reincorporación de los trabajadores a los centros de trabajo está siendo paulatina, si es que se produce.
Todo esto provoca inevitablemente la reducción de ingresos en las familias, algo que, en opinión de Ángel Andújar, “va a derivar en situaciones de dificultad económica e insolvencia que deberán ser encauzadas, en gran parte, a través de la Ley de Segunda Oportunidad”.
EL FUNCIONAMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY

Hay que dejar claro que la Ley de Segunda Oportunidad no se ajusta a absolutamente todos los casos de insolvencia. Sin embargo, tal y como señala Andújar, “sí es un potente recurso para gran parte de ellos, pues con él se procede a la renegociación de las deudas y, no en pocos casos, a la cancelación definitiva de las mismas, a través del mecanismo de exoneración previsto en la propia ley”.


Así, esta segunda oportunidad consiste en poder dejar de pagar de manera prácticamente inmediata todas las deudas que se tengan pendientes, a la vez que se goza de protección legal. Todo ello, eso sí, si se logra el acceso a la Ley de Segunda Oportunidad, algo que sin duda será mucho más fácil si se recurre a profesionales expertos en la materia que fijen de la mejor forma posible la estrategia a seguir. “Hablamos de un procedimiento complejo y muy especializado, que no es aplicable a todas las situaciones, de ahí el valor que adquiere el asesoramiento experto”, recuerda el abogado.


¿El siguiente paso? Firmar la solicitud de acogimiento a la ley ante notario y ponerse a disposición del mediador concursal asignado para iniciar el intento de renegociación de las deudas. Una renegociación que, si proporciona un resultado satisfactorio, permitirá al solicitante liberarse de sus deudas mientras duren sus problemas financieros. De esta forma, todos los créditos, préstamos y facturas atrasadas dejarán de ser un problema sin solución.

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2037447/xunta-rechaza-disminucion-10-pac-e-insta-gobierno-no-dar-batalla-perdida

Concurso de acreedores en Valencia, Murcia y Alicante

) ATS 4926/2020, de 8 de julio.*
Sala de lo Civil. Ponente, Francisco Marín Castán.
Reintegración: Garantías contextuales.
Grupo de sociedades: Reintegración y garantías contextuales.
En las garantías contextuales intragrupo puede considerarse excluida la existencia de perjuicio patrimonial si existe una atribución patrimonial, siquiera indirecta, a favor de la sociedad garante, de una entidad suficiente para justificar la prestación de la garantía. Pero la simple existencia de un grupo de sociedades no es por si sola justificativa de la existencia de esa atribución o beneficio patrimonial que excluya el perjuicio en la constitución de la garantía. No basta, pues, la invocación en abstracto del "interés de grupo" para excluir la existencia de perjuicio en la constitución de una garantía intragrupo, es preciso concretar y justificar el beneficio económico obtenido por el garante. Es más, en ocasiones, algunos resultados provechosos para el "interés del grupo" pueden lograrse a costa de sacrificar los intereses objetivos de una o varias de las sociedades consorciadas, lo que los acreedores de estas no están obligados a soportar. Reproduce sus SS n.º 100/2014, de 30 de abril y 45/2019, de 9 de enero.
La exclusión de la existencia de perjuicio patrimonial se justifica en este caso en atención a que los únicos ingresos de A, S.L. provenían de los rendimientos B, S.L. y de las demás sociedades del grupo del que la primera es dominante. Ello supone un interés inmediato de A, SL en el sostenimiento y cooperación de la actividad de las sociedades, que constituían su única fuente de ingresos. Además, por A, S.L. se mantenía una importante cuantía de inversión en el capital social de B, SL, por suma superior de 31.000.000 euros. Asimismo, en la sentencia se indica que este marco de reestructuración de inversiones de grupo logró reducir sensiblemente los resultados negativos.
 
2) SAP B 3943/2020, de 2 de junio.***
Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo.
Intervención de facultades: Régimen legal.
Concursado que,sin autorización de la AC, liquida su plan de pensiones por 355.184'22 euros y trasfiere los fondos a cuentas corrientes abiertas a nombre de sus hijos y suegra amparándose en su situación de necesidad y la de su entorno familiar.
La administración concursal ejercitó la acción de anulación de los actos del concursado posteriores a la declaración de concurso prevista en el artículo 40.7 de la Ley Concursal.
El artículo 40 de la LC regula las facultades patrimoniales del deudor durante el concurso, estas facultades están intervenidas por el administrador concursal durante la fase común del procedimiento, de modo que cualquier acto del deudor que tenga contenido patrimonial necesita la conformidad o autorización del administrador concursal. La norma permite que determinados actos de disposición que puedan considerarse ordinarios, es decir, incluidos dentro del giro o ámbito de actividad del deudor, puedan ser autorizados con carácter general, sin necesidad de una decisión concreta por parte del administrador concursal.
Al abrirse la liquidación del concurso, el artículo 145 de la LC determina la suspensión definitiva de esas facultades patrimoniales, que son asumidas completamente por el administrador concursal.
El artículo 40.7 de la LC fija el régimen de fiscalización de los actos con contenido patrimonial que pudiera realizar el concursado durante el procedimiento. La Ley no define una acción específicamente concursal, sino el ejercicio dentro del concurso de una acción de anulabilidad prevista en el artículo 1300 del CC, por el cual " los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley."
Esta acción de anulabilidad se vincula a las limitaciones que el consentimiento del concursado tendría en aquellos negocios jurídicos con trascendencia patrimonial que realizara una vez declarado el concurso.
Condena a la entidad de crédito y a los familiares por cuanto se trata de actos o negocios jurídicos que están vinculados a su conocimiento y consentimiento. Sin ese conocimiento y consentimiento los actos descritos en esta sentencia no se hubieran podido llevar a cabo. Los codemandados conocían con todo detalle que el deudor había sido declarado en concurso, que sus facultades patrimoniales estaban suspendidas, que no podía adoptar actos de disposición sobre sus bienes y que, específicamente, respecto de los planes de pensiones existía una controversia judicial.
 
 
Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

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Los abogados recuerdan a particulares y autónomos que existe la Ley de Segunda Oportunidaddos recuerdan a particulares y autónomos que existe la Ley de Segunda Oportunidad
Recomiendan acogerse cuanto antes a este mecanismo, para evitar el colapso en los juzgadosAtención a aquellos particulares y autónomos que estén ahogados por sus deudas. Los abogados recuerdan que existe la Ley de Segunda Oportunidad y que sería conveniente acogerse a ella, adelantarse, antes del colapso que esperan por el aumento de los concursos que dicen veremos al final del verano. Esta ley todavía no se conoce mucho y eso que lleva cinco años en marcha.
La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a los autónomos y ciudadanos de a pie la posibilidad de exonerar prácticamente la totalidad de la deuda que hayan podido contraer.
Se trata de un mecanismo en vigor desde 2015 y, que cobra ahora especial relevancia debido a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria, por el que un juez puede exonerarles de toda su deuda sea cual sea la cuantía si demuestran actuar de buena fe y haber intentado renegociar la deuda o llegar a un acuerdo de manera extrajudicial.
Los profesionales recomiendan que aquellas personas endeudadas se asesoren correctamente y se acojan a este recurso legal que, además, disminuye la aparición de economía sumergida.
A partir de septiembre el proceso se agiliza, puesto que una reforma en la ley de 2015 suprime la exigencia de iniciar previamente un proceso concursal.
Este mecanismo permite a los autónomos y personas físicas volver a empezar y reduce la aparición de economía sumergida.

Gracias a la ley de segu​nda oportunidad, los autónomos pueden liquidar sus deudas y empezar de cero

Fuente: Cámara de Comercio de Lorca / Foto: archivo
https://www.murcia.com/noticias/2020/06/26-ley-de-segunda-oportunidad-autonomos-pueden-liquidar-sus-deudas-y-empezar-de-cero.asp

Desde que se implantó este procedimiento jurídico hace menos de un año, la Cámara de Comercio de Lorca ha conseguido la exoneración de 1,5 millones de euros de deudas de autónomos de Lorca y PuertoLumbreras

• Cinco autónomos han podido encarrilar nuevamente su vida, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La ley de segunda oportunidad, una herramienta poco conocida y explotada, tiene como objetivo permitir que una persona física o autónomo con dificultades económicas o tras un fracaso empresarial o personal, tenga una segunda oportunidad y pueda rehacer su vida sin tener que arrastrar deudas de forma indefinida, que difícilmente podría satisfacer a lo largo de su vida. Esta Ley se aprobó hace muchos años en EEUU, y se ha demostrado que es muy beneficiosa para regenerar un sistema económico después de crisis financieras. Los embargos se paralizan, las cuentas dejan de estar embargadas, y el autónomo recupera su vida. Así lo determina en España la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.La ley de segunda oportunidad aprobada en 2015 permite a las Cámaras de Comercio actuar de mediadoras ante los procesos de acuerdos extrajudiciales de pagos de personas jurídicas (Mediación concursal). Desde que se comenzó a prestar este servicio en la Cámara de Comercio de Lorca, hace menos de un año, se han atendido cinco expedientes de personas jurídicas y se han exonerado más de un millón y medio de euros de deudas.
Por supuesto, para ello es necesario cumplir con ciertos requisitos, que impiden el fraude de acreedores. Pero siempre que el autónomo reúna las condiciones legalmente exigidas, tendrá abiertas dos posibilidades:
1. Negociar un acuerdo extrajudicial de pagos. En este caso podrá reestructurar su deuda, de modo que podrá continuar con su actividad y afrontar un plan de pagos realista.
2. Solicitar la exoneración de aquellas deudas que no pueda pagar. Si se liquida el patrimonio del deudor y todavía le quedan deudas, este puede solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), que le permite cancelar las deudas impagables.
Además del acuerdo extrajudicial de pagos, la Cámara de Comercio también ofrece los servicios de Mediación empresarial (o mercantil), un procedimiento de resolución de conflictos que la empresa puede utilizar para resolver los problemas que le surjan con clientes, proveedores, personal laboral, e incluso entre socios o administradores.
Es un procedimiento amparado por el Ministerio de Justicia, recogido en la ley 5/2012, que permite de manera CONFIDENCIAL, flexible, y en un corto plazo de tiempo resolver los conflictos a los que se enfrenta la empresa en su día a día.
Ventajas de la Mediación Empresarial: 

• Protege las relaciones empresariales con proveedores, clientes, personal laboral y societario 
• Permite dar una solución a los problemas en un corto plazo de tiempo mediante un proceso confidencial y más económico que la vía judicial 
• Restablece la comunicación y respeta los intereses de cada parte 
• Ahorro de costes económicos, de tiempo, de incertidumbres y de pérdidas de tiempo del personal directivo respecto a una reclamación judicial.

La Mediación Mercantil aplicada a la empresa es una excelente fórmula para resolver de manera extrajudicial (que no implica renunciar a la vía judicial en caso de no llegar a acuerdos) los conflictos en el ámbito empresarial, y también una metodología que puede ser introducida en el campo de la organización de la empresa.

El procedimiento de la segunda oportunidad, al alcance legal de los más endeudados
Si necesitas una segunda oportunidad para cancelar tus deudas, existe una solución legal para que vuelvas a respirar y puedas rehacer tu vida desde cero

Contenido ofrecido por Atena.
El sistema económico en el que vivimos nos expone a crisis cíclicas que, a veces, nos impiden pagar las deudas que habíamos contraído con los bancos cuando teníamos un nivel adquisitivo prometedor en concepto de hipotecas, créditos para coches o préstamos para otras adquisiciones. 

Es el mismo sistema consumista y financiero que incita a adquirir créditos y que aboca a muchas personas a gastar más de lo que su exigua nómina da de sí para cubrir tanto necesidades tan básicas tal que la vivienda, los suministros y la comida o la ropa, como otras satisfacciones como un buen coche, unas vacaciones u otros caprichos que todos merecemos pero, a veces, no nos podemos permitir sin correr riesgos. 

El optimismo de que todo siempre seguirá en la misma línea y la falta de visión financiera lleva a muchos a acabar pagando créditos con créditos. Y si los bancos ya cobran bastantes intereses, las empresas de microcréditos llegan a sobrecargar hasta un 7.500% de interés, lo cual sumerge a sus víctimas en un bucle infinito y en una desesperación que les lleva a la ansiedad y a la depresión. 

Pero hete aquí que  ahora existe una ley de segunda oportunidad que permite a los abogados tramitar un procedimiento legalmente para conseguir un posible acuerdo extrajudicial, y si ello no es posible, obtener la cancelación de la totalidad de las deudas.  Lo cual permite a estos ciudadanos volver a ver la luz, aprender a reorganizar su economía doméstica, controlar mejor sus gastos y comenzar una nueva vida desde cero. 

¿Cómo se gestiona este procedimiento?
Lo primero que tiene que hacer el cliente es ponerse en contacto con un abogado especialista como los de Atena, que propondrán ante notario, extrajudicialmente, una forma de pago de las deudas sin intereses en un plazo máximo de 10 años. 

En el mismo momento de la firma ante notario, ya se paralizan los intereses, los procedimientos judiciales y las ejecuciones (excepto hipotecas y créditos públicos), de modo que ya es tiempo ganado para el deudor.

El notario nombrará un mediador concursal (en el propio bufete ya están titulados para ello) que sugerirá asimismo una quita o perdón de un porcentaje de la deuda y una espera de máximo 120 meses teniendo en cuenta los ingresos y gastos del solicitante. 

Los acreedores o prestamistas son convocados a una reunión en la que deben votar la propuesta y si el 75% de ellos vota a favor, se aprueba el convenio y se acaba el procedimiento.

¿Y si no aceptan el trato?
Eso sería lo más conveniente y ágil para todos, puesto que si no aceptan este trato, que es lo que venían haciendo las entidades financieras hasta ahora, todavía queda una carta legal sobre la mesa:  Se remitirá el expediente al Juzgado y se inicia lo que se denomina un concurso consecutivo (es un concurso de acreedores de persona física), que concluirá con el perdón de las deudas.

Durante el procedimiento judicial del mismo, el mediador concursal se transforma en administrador concursal, es decir, pasará a controlar los ingresos y gastos bajo unos criterios establecidos por la ley y en función de lo que cobre y gaste el deudor.

Su labor será liquidar sus bienes personales, si es que los tiene, con algunas excepciones como los vehículos que se utilizan para trabajar o la vivienda habitual si está hipotecada con una hipoteca igual o superior al valor del piso.

Una vez liquidados los bienes, o si no los hubiera, se dicta auto de liquidación y se puede solicitar el BEPI (la condonación de todas las deudas, a excepción de parte de las deudas con organismos públicos), siempre y cuando el deudor cumpla una serie de requisitos. A saber: no tener antecedentes penales por delitos económicos, haber intentado la mediación, tener buena fe y colaborar con el administrador concursal.

Es de prever que cualquier persona que tenga de repente y por fin la opción de saldar sus deudas ofrecerá colaboración con toda su buena fe con tal de salir de esa espiral de desesperanza. Si es tu caso, cuidado con confiar en cualquiera sin credenciales, es fundamental tener en cuenta que hay ‘organizaciones’ que van a la caza de estas víctimas del endeudamiento, así que lo más recomendable y seguro es acudir a profesionales del Derecho especializados en este tipo de procesos. 


​https://www.eldiario.es/edcreativo/blog/procedimiento-segunda-oportunidad-alcance-endeudados_6_1041205895.html
CONCURSO DE ACREEDORES ALICANTE, VALENCIA Y ELCHE

1) STS 1588/2020, de 8 de Junio.***

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.

Fianza: El fiador que paga con posterioridad a la declaración de concurso del deudor, se subroga en la titularidad del crédito, que mantiene la consideración de concursal y no contra la masa.

Fianza: Si la fianza fue otorgada con una contragarantía hipotecaria del deudor principal en favor del fiador, al reclamar el fiador en el concurso el importe de su crédito, este tendrá la consideración de crédito con privilegio especial.

Fianza: No exigibilidad al fiador de los intereses devengados tras la declaración de concurso del deudor principal.

Nota: Consideramos esta sentencia de una importancia capital. En la reclamación practicada por las entidades financieras a los fiadores cuando se ha declarado el concurso del deudor principal, en muchas ocasiones se incluyen los intereses devengados durante el concurso. En esta sentencia el Tribunal Supremo invocando el art. 1826 del Código Civil determina que no son exigibles al fiador esos intereses.

El pago del fiador, con posterioridad a la declaración de concurso, le legitima para sustituir al acreedor originario como titular del crédito, que seguirá siendo concursal, sin que el hecho de gozar el fiador, no sólo de la acción subrogatoria (art. 1839 CC), sino también de la de reembolso (art. 1838 CC), permita concluir que la obligación frente al deudor nació con el pago posterior a la declaración de concurso y por ello su crédito es contra la masa. En todo caso, el fiador que paga con posterioridad a la declaración de concurso del deudor, se subroga en la titularidad del crédito, que mantiene la consideración de concursal. Reproduce STS 22/2020, de 16 de enero.

Aunque el fiador asuma la condición de acreedor frente a la sociedad deudora principal, respecto de lo pagado al acreedor principal como consecuencia de la fianza, a los efectos previstos en el art. 87.6 LC [art. 263 TRLC] no cabe hablar del nacimiento de una nueva deuda social, sino más bien de que la existente persiste, sin perjuicio de que ahora sean los fiadores quienes estén legitimados para reclamarla. Cuando menos por lo que respecta al importe de la deuda satisfecha y sus intereses. Cuestión distinta podría ser en lo que respecta al eventual crédito de indemnización de daños y perjuicios, al que legitima también la acción de reembolso. Reproduce STS 61/ 2020, de 3 de febrero.

El crédito del acreedor [una entidad financiera, la nota es nuestra] no hay duda de que era un crédito ordinario, en cuanto al principal. Y el crédito del fiador tendría la consideración de crédito con privilegio especial, pero no por la naturaleza del crédito afianzado ni por la consideración subjetiva del fiador, sino porque las dos pólizas de contragarantía se concertaron con una garantía real (una hipoteca) adicional prestada por el deudor principal. Esta garantía no cubría el crédito de los acreedores financieros garantizados por la fianza, sino que se constituyó por el deudor principal y a favor del fiador para garantizar las consecuencias de la ejecución de la fianza. Por esta razón, la constitución de esta garantía no se debe ver afectada por la regla del art. 87.6 LC.

El carácter accesorio de la fianza (art. 1826 CC) provoca que, si este efecto de suspensión del devengo de intereses en caso de concurso del deudor principal [la suspensión del art. 59.1 LC y 152 TRLC] conlleva que no le sean exigibles los intereses remuneratorios posteriores a la declaración de concurso, y mientras esto sea así, tampoco resulten exigibles estos intereses al fiador.

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
1) STS 1588/2020, de 8 de Junio.***

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.

Fianza: El fiador que paga con posterioridad a la declaración de concurso del deudor, se subroga en la titularidad del crédito, que mantiene la consideración de concursal y no contra la masa.

Fianza: Si la fianza fue otorgada con una contragarantía hipotecaria del deudor principal en favor del fiador, al reclamar el fiador en el concurso el importe de su crédito, este tendrá la consideración de crédito con privilegio especial.

Fianza: No exigibilidad al fiador de los intereses devengados tras la declaración de concurso del deudor principal.

Nota: Consideramos esta sentencia de una importancia capital. En la reclamación practicada por las entidades financieras a los fiadores cuando se ha declarado el concurso del deudor principal, en muchas ocasiones se incluyen los intereses devengados durante el concurso. En esta sentencia el Tribunal Supremo invocando el art. 1826 del Código Civil determina que no son exigibles al fiador esos intereses.

El pago del fiador, con posterioridad a la declaración de concurso, le legitima para sustituir al acreedor originario como titular del crédito, que seguirá siendo concursal, sin que el hecho de gozar el fiador, no sólo de la acción subrogatoria (art. 1839 CC), sino también de la de reembolso (art. 1838 CC), permita concluir que la obligación frente al deudor nació con el pago posterior a la declaración de concurso y por ello su crédito es contra la masa. En todo caso, el fiador que paga con posterioridad a la declaración de concurso del deudor, se subroga en la titularidad del crédito, que mantiene la consideración de concursal. Reproduce STS 22/2020, de 16 de enero.

Aunque el fiador asuma la condición de acreedor frente a la sociedad deudora principal, respecto de lo pagado al acreedor principal como consecuencia de la fianza, a los efectos previstos en el art. 87.6 LC [art. 263 TRLC] no cabe hablar del nacimiento de una nueva deuda social, sino más bien de que la existente persiste, sin perjuicio de que ahora sean los fiadores quienes estén legitimados para reclamarla. Cuando menos por lo que respecta al importe de la deuda satisfecha y sus intereses. Cuestión distinta podría ser en lo que respecta al eventual crédito de indemnización de daños y perjuicios, al que legitima también la acción de reembolso. Reproduce STS 61/ 2020, de 3 de febrero.

El crédito del acreedor [una entidad financiera, la nota es nuestra] no hay duda de que era un crédito ordinario, en cuanto al principal. Y el crédito del fiador tendría la consideración de crédito con privilegio especial, pero no por la naturaleza del crédito afianzado ni por la consideración subjetiva del fiador, sino porque las dos pólizas de contragarantía se concertaron con una garantía real (una hipoteca) adicional prestada por el deudor principal. Esta garantía no cubría el crédito de los acreedores financieros garantizados por la fianza, sino que se constituyó por el deudor principal y a favor del fiador para garantizar las consecuencias de la ejecución de la fianza. Por esta razón, la constitución de esta garantía no se debe ver afectada por la regla del art. 87.6 LC.

El carácter accesorio de la fianza (art. 1826 CC) provoca que, si este efecto de suspensión del devengo de intereses en caso de concurso del deudor principal [la suspensión del art. 59.1 LC y 152 TRLC] conlleva que no le sean exigibles los intereses remuneratorios posteriores a la declaración de concurso, y mientras esto sea así, tampoco resulten exigibles estos intereses al fiador.

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) STS 1433/2020, de 26 de mayo.***

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.Informe: Impugnación de la constitución de una garantía real a través de la impugnación de la lista de acreedores.

En principio, cabe impugnar la clasificación hecha por la administración concursal en la lista de acreedores de un crédito con privilegio especial, en este caso un crédito garantizado con prenda. Las razones de la improcedencia de esta clasificación serían muy variadas, por ejemplo porque no existe o subsiste la prenda, lo que requiere ineludiblemente revisar el título en virtud del cual fue reconocido.

Ahora bien, cuando la impugnación de la clasificación de ese crédito con privilegio especial tiene como presupuesto la previa impugnación de la constitución de la garantía real, realizada antes de la declaración de concurso, en cuanto constituye una acción de reintegración cuyo ejercicio expresamente prevé el art. 71.6 LC, en relación con el art. 72.1 LC, no puede eludirse la aplicación de estas previsiones legales, que constituyen a estos efectos una ley especial. De otro modo, estaríamos amparando un fraude de ley procesal: para evitar la aplicación de unas normas que, en atención a una determinada razón de ser, restringen la legitimación para el ejercicio de la acción de impugnación (nulidad de una prenda constituida por el concursado antes del concurso), se acude al subterfugio de la impugnación de la lista de acreedores (en concreto, de la clasificación del crédito del acreedor pignoraticio como crédito con privilegio especial) para justificar la legitimación para ejercitar la acción de nulidad de la constitución de la prenda, de la que en realidad se carece.En realidad, en un supuesto como el presente, la propia LC ha previsto que pueda alterarse la lista de acreedores como consecuencia de la estimación de una acción de reintegración, al admitir en el apartado 3 del art. 97 LC que, a parte de los supuestos que se enuncian, pueda haber otros, previstos en la ley de modificación de la lista de acreedores. Uno de ellos es la acción de reintegración, pues la rescisión o impugnación de un acto de disposición puede conllevar una alteración de los créditos o de su reconocimiento. Este sería el presente caso, pues si se hubiera ejercitado la acción de nulidad de la constitución de prenda por el cauce adecuado de las acciones de impugnación/reintegración y, consiguientemente, a instancia de quien estuviera legitimado para ello, y esta acción hubiera prosperado, el efecto de la nulidad supone dejar sin efecto la garantía real, lo que determina el cambio o modificación de la clasificación de ese crédito en garantía del cual se había constituido la prenda que pierde la condición de privilegiado especial.

Conviene advertir que lo anterior es compatible con que existan otros medios o acciones dentro del concurso que conlleven un efecto restitutorio a favor de la masa: por ejemplo, una acción social de responsabilidad o, como consecuencia de la calificación culpable del concurso, la condena a restituir o indemnizar daños y perjuicios prevista en el art. 172.2.3º LC. Estas acciones, aunque tengan un efecto restitutorio a favor de la masa, no son acciones propiamente impugnatorias de reintegración, a las que se refiere el art. 71.6 LC, y pueden hacerse valer por su cauce propio, y con el régimen de legitimación previsto para ellas.

En nuestro caso, no estamos ante una acción propia que conlleva un efecto restitutorio o compensatorio (acción social de responsabilidad o la condena a restituir o indemnizar del art. 172.2.3º LC), sino ante una acción que persigue directamente la ineficacia de un acto de disposición del deudor realizado antes del concurso, sin perjuicio de que, como efecto reflejo, conlleve la modificación de la clasificación de créditos. No cabe hablar tanto de una acción propia de impugnación de la lista de acreedores que conlleva la nulidad de la constitución de un derecho real de prenda; como de una acción de nulidad de la constitución de la prenda, en cuanto acto de disposición del deudor concursado anterior a la declaración de concurso, que tendrá un reflejo en la clasificación del crédito que se pretendía garantizar con la prenda.

Nota: El TRLC en su art. 238 parece haber ampliado el espectro de legitimados activamente para el ejercicio de las “otras acciones de impugnación” ya que la legitimación para su interposición es la misma que la de las rescisorias concursales.

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
CONCURSO DE ACREEDORES ALICANTE


1) STS 1433/2020, de 26 de mayo.***

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.Informe: Impugnación de la constitución de una garantía real a través de la impugnación de la lista de acreedores.

En principio, cabe impugnar la clasificación hecha por la administración concursal en la lista de acreedores de un crédito con privilegio especial, en este caso un crédito garantizado con prenda. Las razones de la improcedencia de esta clasificación serían muy variadas, por ejemplo porque no existe o subsiste la prenda, lo que requiere ineludiblemente revisar el título en virtud del cual fue reconocido.

Ahora bien, cuando la impugnación de la clasificación de ese crédito con privilegio especial tiene como presupuesto la previa impugnación de la constitución de la garantía real, realizada antes de la declaración de concurso, en cuanto constituye una acción de reintegración cuyo ejercicio expresamente prevé el art. 71.6 LC, en relación con el art. 72.1 LC, no puede eludirse la aplicación de estas previsiones legales, que constituyen a estos efectos una ley especial. De otro modo, estaríamos amparando un fraude de ley procesal: para evitar la aplicación de unas normas que, en atención a una determinada razón de ser, restringen la legitimación para el ejercicio de la acción de impugnación (nulidad de una prenda constituida por el concursado antes del concurso), se acude al subterfugio de la impugnación de la lista de acreedores (en concreto, de la clasificación del crédito del acreedor pignoraticio como crédito con privilegio especial) para justificar la legitimación para ejercitar la acción de nulidad de la constitución de la prenda, de la que en realidad se carece.En realidad, en un supuesto como el presente, la propia LC ha previsto que pueda alterarse la lista de acreedores como consecuencia de la estimación de una acción de reintegración, al admitir en el apartado 3 del art. 97 LC que, a parte de los supuestos que se enuncian, pueda haber otros, previstos en la ley de modificación de la lista de acreedores. Uno de ellos es la acción de reintegración, pues la rescisión o impugnación de un acto de disposición puede conllevar una alteración de los créditos o de su reconocimiento. Este sería el presente caso, pues si se hubiera ejercitado la acción de nulidad de la constitución de prenda por el cauce adecuado de las acciones de impugnación/reintegración y, consiguientemente, a instancia de quien estuviera legitimado para ello, y esta acción hubiera prosperado, el efecto de la nulidad supone dejar sin efecto la garantía real, lo que determina el cambio o modificación de la clasificación de ese crédito en garantía del cual se había constituido la prenda que pierde la condición de privilegiado especial.

Conviene advertir que lo anterior es compatible con que existan otros medios o acciones dentro del concurso que conlleven un efecto restitutorio a favor de la masa: por ejemplo, una acción social de responsabilidad o, como consecuencia de la calificación culpable del concurso, la condena a restituir o indemnizar daños y perjuicios prevista en el art. 172.2.3º LC. Estas acciones, aunque tengan un efecto restitutorio a favor de la masa, no son acciones propiamente impugnatorias de reintegración, a las que se refiere el art. 71.6 LC, y pueden hacerse valer por su cauce propio, y con el régimen de legitimación previsto para ellas.

En nuestro caso, no estamos ante una acción propia que conlleva un efecto restitutorio o compensatorio (acción social de responsabilidad o la condena a restituir o indemnizar del art. 172.2.3º LC), sino ante una acción que persigue directamente la ineficacia de un acto de disposición del deudor realizado antes del concurso, sin perjuicio de que, como efecto reflejo, conlleve la modificación de la clasificación de créditos. No cabe hablar tanto de una acción propia de impugnación de la lista de acreedores que conlleva la nulidad de la constitución de un derecho real de prenda; como de una acción de nulidad de la constitución de la prenda, en cuanto acto de disposición del deudor concursado anterior a la declaración de concurso, que tendrá un reflejo en la clasificación del crédito que se pretendía garantizar con la prenda.

Nota: El TRLC en su art. 238 parece haber ampliado el espectro de legitimados activamente para el ejercicio de las “otras acciones de impugnación” ya que la legitimación para su interposición es la misma que la de las rescisorias concursales.

Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

1) SJM M 1127/2019, de 25 de junio.*


Juzgado 6. Magistrado, Francisco Javier Vaquer Martín.
Rendición de cuentas: Ámbito.


El art. 181 L.Co., como manifestación de la obligación de todo gestor de bienes, derechos e intereses ajenos, impone al administrador concursal la obligación de rendir cuentas de su actuación; y ello lo hace en un doble ámbito o esfera: (i) uno primero, relativo a la justificación y explicitación cumplida de "... la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas ..." En consecuencia, será exigible la inclusión de una específica información sobre los actos sustantivos y procesales más importantes y relevantes en relación con las funciones [-dentro de las descritas en el art. 33 LC] desplegadas por el administrador desde la declaración de concurso hasta el citado informe de rendición de cuentas; y ello con la suficiente extensión,amplitud e intensidad informativa necesaria para que un acreedor medio y debidamente formado, pueda entender y comprender la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el administrador dentro del concurso para el cumplimiento de los fines del proceso; y (ii) uno segundo, relativo a la información "... del resultado y saldo final de las operaciones realizadas ...", es decir, resultará exigible la inclusión de la información de naturaleza contable precisa, sin necesidad de conformar balance o cuenta de resultados, con la extensión y soporte documental que razonablemente resulte aconsejable [-en modo alguno la totalidad de los documentos civiles, mercantiles, laborales y administrativos derivados de las operaciones de liquidación-], siempre que cuente con los datos e información necesaria para que un acreedor medio y debidamente formado, pueda tomar conocimiento cabal de las operaciones desarrolladas para convertir los bienes y derechos de la concursada en numerario, el destino dado a las cantidades obtenidas para satisfacerlos derechos de crédito por su orden e importes, así como -en su caso- el saldo resultante.


Desde el lado negativo existen cuestiones y materias que deben ser excluidas del ámbito de la rendición de cuentas y de su eventual oposición: (i)Las exigencias de aclaraciones o explicaciones sobre actos del administrador que merecen el juicio crítico o reproche del acreedor que formula oposición resultan ajenas a éste específico cauce. Reproduce S de la APB, Sección 15ª, de 19.5.2011 ; (ii) Tampoco formará parte válida de una rendición de cuentas y su oposición el mayor o menor acierto del administrador en sus decisiones y actos liquidativos en la búsqueda de una mejor y mayor maximización de la tasa de retorno para el pago a los acreedores de toda condición.


2) STS 1005/2020, de 21 de mayo.**


Sala de lo Civil. Ponente, Rafael Saraza Jimena.
Calificación del concurso: Legitimación de los acreedores.


Los acreedores personados en la sección de calificación están legitimados para recurrir la sentencia dictada en esta sección cuando la misma no estima todas las pretensiones formuladas por la administración concursal o el Ministerio Fiscal, (SSTS 534/2012, de 13 de septiembre, 627/2012, de 30 de octubre, y 10/2015, de 3 de febrero).


El carácter condicionado y limitado de la legitimación de los acreedores personados en la sección de calificación, que sirve de base a la decisión adoptada por la Audiencia Provincial, y que se justifica por los intereses en juego en la sección de calificación y la necesidad de que el debate procesal se desarrolle ordenadamente, no priva a estos acreedores de la legitimación para recurrir la sentencia que no haya estimado todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el Ministerio Fiscal, pese a que ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal hayan interpuesto recurso.


El acreedor no puede introducir en el recurso pretensiones que no hubieran sido formuladas oportunamente por la administración concursal ni por el Ministerio Fiscal en la sección de calificación. Esto es consecuencia de que la administración concursal y el Ministerio Fiscal son los únicos que pueden formular propuestas de resolución que pueden ser tenidas en cuenta por el juez, así como de que en el recurso de apelación (y en el de casación) no pueden introducirse cuestiones nuevas que no hayan conformado el objeto del litigio en la primera instancia.


Nota: A la vista de lo dispuesto en los arts. 447 y 460 del TRLC el régimen legal en este tema no ha variado respecto al de la LC.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga
concurso de acreedores en alicante

La Ley de la Segunda Oportunidad, un respiro para autónomos en la crisis de la Covid-19
 0Este colectivo es el primero en padecer los efectos de las crisis, ya que arriesga su patrimonio personalCoronavirus | Últimas noticias de la desescalada en España, en directo
Podrán solicitarla las personas físicas que se encuentren en situación de insolvencia y cuyas deudas no superen los 5 millones de euros
REDACCIÓN
 08/06/2020 07:00 | Actualizado a 09/06/2020 11:17Desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia y con el decreto del estado de alarma, muchos trabajadores autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios y solicitar la prestación por cese de actividad.
En este contexto, aquellos que tengan que hacer frente a unas deudas que no pueden asumir, pueden acogerse al Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) y al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho ( BEPI), mecanismos especialmente configurados para personas físicas y pequeñas empresas. Nos lo explica Jorge Fayos, Consejero Delegado de Digestum Legal , prestigioso despacho de abogados con casi 40 años de experiencia en asesoramiento jurídico del más alto nivel.
El colectivo de los autónomos, tal y como apunta Fayos, “es el primero en padecer los efectos de las crisis económicas, ya que son los que arriesgan su patrimonio personal”. Por ello pueden solicitar el AEP, un trámite “muy sencillo que se desarrolla fuera del juzgado, en el que el deudor presenta a sus acreedores una propuesta con una quita y espera adaptadas a su capacidad real de pago”. Si esta propuesta no se aprueba, se debe acudir al juzgado para obtener, con determinados requisitos y bajo determinadas condiciones, la Segunda Oportunidad. “Esto es la exoneración (lo prefiero a hablar de ‘perdón’) definitiva o provisional de sus deudas para poder volver a comenzar sin ese lastre”.
Ley de la Segunda Oportunidad: ¿quién puede pedirla?
Pueden beneficiarse del AEP “las personas físicas, empresarias o no, que se encuentren en situación de insolvencia y cuyas deudas no superen los 5 millones de euros”, explica Fayos. También las personas jurídicas insolventes cuya estimación inicial del activo y pasivo exigible no supere los 5 millones de euros, tengan menos de 50 acreedores y dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del AEP, gastos que están reglados y son perfectamente asumibles.
Es importante destacar que el sacrificio que pide la Ley al deudor para otorgarle la exoneración de sus deudas consiste en que esté dispuesto a perder aquellos de sus bienes que excedan de los inembargables. Así, el deudor puede continuar con su actividad laboral o empresarial y con los bienes necesarios para ello, al tiempo que mantiene indemne su salario (hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional), los bienes de primera necesidad y aquellos cuyo coste de realización sea desproporcionado respecto a su previsible valor venal –el importe monetario que obtendría el propietario de un bien material usado-. En cuanto a su vivienda habitual, “podrá quedársela, en términos generales, siempre y cuando valga menos que el importe pendiente de la hipoteca, pues en ese caso se entiende que no tiene sentido obligarle a venderla si nadie más que el banco se beneficiaría con ello”.
¿Cuándo y cómo solicitarla?
Tanto el AEP como la Segunda Oportunidad requieren, “como todo mecanismo legal, de una buena estrategia”, apunta Fayos. Por ello, es muy importante analizar cuándo se presenta la solicitud de AEP, ya que no conviene precipitarse en estos momentos de reanudación progresiva y desigual de la actividad económica. Además, es recomendable analizar previamente el tipo de deuda, con especial atención a la privilegiada, singularmente la pública, Hacienda y Seguridad Social. Cabe destacar también la deuda que esté avalada, “porque la solicitud del AEP implica el vencimiento anticipado de todos los créditos y con ello la posibilidad de que los acreedores se dirijan contra los avalistas para el cobro de sus créditos”.
El AEP está diseñado para tener una duración aproximada de 3 meses, ya que los procesos suelen ser rápidos: “El mediador concursal convoca directamente a los acreedores a la reunión en la que se va a decidir si se aprueba o no la propuesta del deudor. Si ésta no se aprueba, también el concurso consecutivo de liquidación y la solicitud y concesión del BEPI deberían ser rápidos, pues, en la gran mayoría de los casos, los bienes a liquidar serán pocos, por no decir ninguno”.

“La tasa de éxito del BEPI es muy alta debido al propio diseño de la Ley”
En cuanto a los honorarios, “ni los de abogado, ni los del mediador concursal y del notario, estos últimos sujetos a una escala arancelaria, suponen en la práctica motivo para que el deudor renuncie a los importantísimos beneficios que le pueden reportar tanto el AEP como el BEPI”, explica Fayos. Cabe destacar que la tasa de éxito de este último es muy alta, ya que “la Ley ha diseñado este mecanismo para que su concesión no dependa de la conformidad de los acreedores, sino de que el deudor pague un porcentaje determinado de créditos o, subsidiariamente, de que durante 5 años destine una parte de sus ingresos no inembargables a un eventual Plan de Pagos”.
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fuente: la vanguardia
https://www.lavanguardia.com/economia/20200608/481587120898/ley-segunda-oportunidad-ayuda-autonomos-hacer-frente-deudas-crisis-covid19-brl.html

1) AJM C 14/2020, de 3 de Marzo.**

Juzgado Mercantil 1. Magistrada, Nuria Fachal Noguer.


Créditos contra la masa: Créditos imprescindibles para la liquidación.


La inconcreción de la categoría de créditos imprescindibles del art. 176 bis, apartado 2, LC exigirá que sea la AC la que en cada supuesto justifique en qué medida determinados gastos tienen el carácter de indispensables para obtener numerario y gestionar la liquidación y pago. En todo caso, como advierte MUÑOZ PAREDES (Protocolo Concursal, ob. cit., 2ª Edición, págs. 692-693), parece claro que deben incluirse aquellos sin cuyo abono la liquidación no podría llevarse a efecto, tales como comisiones de la agencia inmobiliaria que se ocupa de gestionar ventas, los honorarios de entidad especializada y los gastos notariales o registrales para su formalización; se incluirán también todos los créditos para una mejor liquidación de la masa activa.


De las partidas a las que se refiere el escrito presentado por la AC, habrá de reconocerse el carácter de " gastos imprescindibles", en el sentido de indispensables para obtener numerario y gestionar la liquidación y pago, a los siguientes:

• Gastos de vigilancia y custodia de bienes, mantenimiento, tales como suministros de electricidad -incluido combustible del grupo electrógeno- y seguros.
• Gastos registrales por mandamientos de cancelación de cargas o anotaciones en el Registro Mercantil, notariales y de liquidación de los contratos necesarios para la transmisión de activos a terceros.
• Gastos salariales y de seguridad social por el mantenimiento temporal de un trabajador en la plantilla.
• Gastos de por suplidos del procurador por razón de su intervención en el concurso.

Dos de las partidas que se solicitan no pueden ser reconocidas como crédito imprescindible:

• Gastos de auditoría: en modo alguno cabe considerar que este gasto se encuentre conectado con la realización de las actuaciones encaminadas a la obtención de numerario y gestión de liquidación y pago a los acreedores.
• Créditos por gastos de asesoría laboral y fiscal-contable: se considera justificada y proporcionada su inclusión en el concepto de gastos que han de satisfacerse con el carácter de pre-deducibles, tratándose además de gastos que se vinculan en este caso al mantenimiento de la mínima actividad de la concursada. Ahora bien, la vaguedad de los términos en los que se formula esta solicitud, respecto de la que no se indica ni su coste aproximado, hace que no pueda autorizarse en los términos interesados. Y ello sin perjuicio de que pueda dirigirse una nueva petición al juzgado, que habrá de ser lo suficientemente completa y detallada a fin de que el juzgado pueda conocer cuál es el importe de estos gastos,debidamente desglosados.

Por lo que respecta a los honorarios de la AC, se considera que el criterio que favorece en mayor medida la objetividad y que satisface mínimamente las expectativas de cobro del administrador concursal, como "órgano imprescindible del concurso", es el consistente en atender a un determinado número de mensualidades, de tal modo que la parte de la retribución que ha de reputarse imprescindible deberá calcularse sobre la base del Real Decreto 1860/2004, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales, si se justifica cumplidamente que se han llevado a cabo en ese lapso operaciones necesarias para "obtener numerario y gestionar la liquidación y pago" que es, en definitiva, el criterio expresado por la Sala Primera. Todo ello sin desconocer que la enajenación de bienes y derechos que integran la masa activa puede tener lugar en la fase común (artículo 43 LC) y que ya en esta fase del concurso la administración concursal acomete actuaciones imprescindibles para la liquidación de la masa activa, por lo que su retribución correspondiente a esta fase también podrá tener el carácter de pre-deducible.


Nota: El TRLC en su art. 250 recoge textualmente la previsión del art. 176 bis 2 LC con la única diferencia de que donde antes los denominados prededucibles eran los considerados “imprescindibles para concluir la liquidación” ahora son los “imprescindibles para la liquidación”. Parece que de esta manera se ha ampliado ligeramente el espectro de créditos que pueden gozar de esta consideración. No ha resuelto el TRLC si el pago de estos prededucibles cuando no alcanza el líquido del concurso para atenderlos a todos debe realizarse a prorrata (art. 250.1 TRLC) o bien siguiendo la regla del vencimiento (art. 245.2 TRLC).



2 ) SJM IB 681/2020, de 9 de marzo.*


Juzgado Mercantil 1. Magistrado, Víctor Heredia del Real.


Letrado de la administración concursal: Honorarios.


A diferencia de los supuestos en los que el crédito devengado por la asistencia letrada de la Administración Concursal en incidentes se tiene incluida en las funciones del letrado miembro de la Administración Concursal (ar. 184.5 LC), cuando ésta se conforma por un economista, la asistencia de la administración concursal durante la tramitación del procedimiento y sus incidentes es un crédito contra la masa (art. 84.2.2º LC).


Nota: La asistencia letrada en el TRLC aparece en los arts. 6, 121 y 510, (defensa del deudor en el concurso y en los procedimientos en los que se mantenga una defensa separada), 22 (representación del acreedor en la vista del concurso necesario), 511 (actuación de la AC en incidentes o recursos), 512 (defensa de acreedores y demás legitimados), 362 (intervención en nombre del deudor durante las deliberaciones de la junta de acreedores). Finalmente, también aparece en el art. 242 TRLC, concretamente en sus apartados 2º, 3º, y 4º, al enumerar el listado de créditos contra la masa.



Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

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 Segunda Oportunidad y el colapso judicial por el Covid-19

En estas ultimas semanas, la mayoría de expertos en temas concursales han realizado previsiones sobre el posible incremento de concursos de personas físicas y de empresas en los próximos meses. Todos coincidimos en que esta situación, pueda ocasionar un colapso en los Juzgados Mercantiles y en los Juzgados de Primera Instancia, tanto en los Concursos Voluntarios, como en los Concursos Consecutivos, o concursos de personas físicas.
En cuanto a los Acuerdos Extrajudiciales de Pago (AEP), a los que pueden acogerse tanto las personas físicas como personas jurídicas (sean empresarios o no) y que como premisa inicial el volumen de su endeudamiento no supere los cinco millones de euros, pueden iniciarse ante Notario, ante el Registro Mercantil, o bien ante las Cámaras de Comercio, lo que implica una solicitud de acogerse al amparo del Art. 5.bis, con ciertos efectos importantes:

• Durante un plazo de tres meses no podrán iniciarse ejecuciones judiciales de bienes, ni continuarse las que ya se hubiesen iniciado, de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
• Las ejecuciones de acreedores con garantía real, podrán ejercer la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía como por ejemplo la ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual, sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido el plazo previsto.
• No se paralizarán los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos los créditos de derecho público.

Es decir, es muy importante que los Juzgados agilicen la tramitación procesal del Decreto que aprueba el inicio de los efectos del 5.bis, para proteger al deudor a la mayor brevedad posible, siempre teniendo en cuenta que se trata de una protección temporal.




En cuanto a las declaraciones de Concurso de Acreedores, tanto en los Concursos Voluntarios, como en los Concursos Consecutivos que provienen de los Acuerdos Extrajudiciales de Pago, las ventajas procesales que para el deudor representa la emisión del AUTO DE CONCURSO, por parte de los Juzgados de Primera Instancia y de los Juzgados Mercantiles, se convierte en muy importante para el deudor, dado que puede permitir a la empresa, su continuidad o no, dado los efectos de esta declaración de concurso, que son muy importantes:

• Paralización de todas las ejecuciones existentes contra el deudor.
• Suspensión de cualquier procedimiento ejecutivo tanto judicial, como de organismos públicos iniciados desde esta fecha.
• Posibilidad de llegar a acuerdos judiciales, mediante convenios con los acreedores, o mediante procedimientos de refinanciación financiera, siempre tutelados por los Administradores Concursales y el respectivo Juzgado.

Las posibilidades de continuidad empresarial que se contemplan de la Ley Concursal, y en las últimas medidas económicas que ha dictado el Gobierno, deben permitir, utilizar las herramientas concursales de que disponemos en nuestro país, para salvar el máximo número de empresas.
En segundo lugar, respecto a los Concursos Consecutivos, que provienen de los Acuerdos Extrajudiciales de pagos, tramitados bajo la normativa de la denominada Ley de la Segunda Oportunidad, que producen efecto desde la declaración del AUTO DEL CONCURSO, son muy importantes:

• Paralización de los embargos existentes sobre los ingresos del deudor.
• Paralización de todas las ejecuciones existentes contra el deudor.
• Suspensión de cualquier procedimiento ejecutivo tanto judicial, como de organismos públicos iniciados desde esta fecha.
• Mejora de la situación financiera del deudor, al eliminar la mayoría de los pagos periódicos de los acreedores financieros en su totalidad.

Es importante que estos efectos puedan producirse a la mayor brevedad posible desde la presentación del Concurso en el Juzgado correspondiente, por lo que habría que dotar de los medios necesarios a los Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles para agilizar este proceso. En este sentido, el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en su Artículo 7, ha otorgado una tramitación preferente en los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresario.
La Ley Concursal, y las disposiciones legales temporales que se han publicado en estas ultimas semanas, derivadas de la situación sanitaria del COVID-19, nos dan múltiples herramientas para ayudar a los deudores que se encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente, con la ampliación de determinados plazos y por ende las medidas de protección del deudor a los que se refieren, y debemos colaborar con los Órganos Judiciales, para aprovechar estas ventajas procesales que están en nuestras manos.
Sobre el autor: Luis Bielsa Serra es especialista en situaciones de insolvencia empresarial Perito económico Mediador concursal y Administrador Concursal.

AUTOR :Luis Bielsa Serra
  
 27/05/2020