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Despacho de Abogados en Alicante
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Los expertos temen que los concursos de autónomos colapsen los juzgadosEl número de concursos de personas físicas había superado a principios de año al de empresas, algo inédito en España. La crisis hace temer una avalancha de este tipo de quiebras que afectará especialmente a autónomos La cara 'b' de las cifras del paro: se duplica el desempleo de larga duración Los expertos en materia concursal advierten que la posible avalancha de solicitudes por parte de personas físicas de entrada en concurso de acreedores, debido al impacto en el empleo y en las finanzas de las familias del coronavirus, pueda colapsar los juzgados mercantiles en España. Preocupa especialmente la situación de los autónomos. MÁS INFO
El desarrollo de la Ley de Segunda Oportunidad, la ralentización económica, y el endeudamiento insostenible de numerosas personas que habían acudido a créditos fáciles al consumo, provocó este incremento desconocido de los concursos de personas físicas, registrado a principios de año. Pero la cifra previsiblemente se dispare a partir de ahora. ATA, la mayor asociación de autónomos, reclama la ampliación inmediata de la línea de avales ICO Covid-19 hasta los 50.000 millones "Habrá una avalancha de concursos, de personas jurídicas y de personas físicas", vaticina Rafael Quecedo, experto en derecho concursal, con experiencia en la materia desde finales de los años setenta del pasado siglo. "Las personas que no puedan pagar sus deudas están obligados a declararse en concurso de acreedores", indica. En opinión de Quecedo, se requiere cuanto antes habilitar más juzgados para atender la llegada de concursos, "los 5.000 jueces aproximadamente que ahora trabajan en ello no son suficientes", dice. El abogado propone como medidas para paliar la que se avecina, que los préstamos ICO Covid-19 puedan ser empleados también para garantizar el pago de las deudas de las personas en concurso, y que se refuercen las sanciones para los acreedores que incumplan los convenios pactados. El presidente de los administradores concursales pide que se amplíe el periodo por el que se evita la obligatoriedad de declarar concurso El número de concursos de personas físicas "se va a disparar, muchos autónomos no van a poder aguantar las asfixia económica e irán a concurso", advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA, la mayor asociación de autónomos de España. "El arranque va a ser muy lento en muchos sectores", dice el presidente de ATA. Habrá también muchos más concursos de "autónomos empleadores que han realizado ERTE y a los que les será insoportable mantener durante seis meses empleos para no devolver cotizaciones y prestaciones desempleo", vaticina. La asociación ha reclamado la ampliación inmediata hasta los 50.000 millones de euros de las líneas de avales ICO Covid-19; el Gobierno ha anunciado hasta 100.000 millones y de momento se han repartido 20.000 millones entre la banca. "El pasado año se declararon en España 2.544 personas en concurso de acreedores" "Va a ser tremendo, y un caos", lamenta el director y fundador de una consultora especializada en reestructuraciones que prefiere mantener el anonimato. "Creo que se puede llegar a final de año a entre 30.000 y 50.000 concursos de acreedores, entre personas jurídicas y físicas", estima. En España, durante la crisis económica y financiera, se registraron 39.130 concursos por parte de sociedades mercantiles, entre los años 2008 y 2014; el número de concursos de personas físicas rondaba el millar en los peores años de la crisis. En 2019 el número de personas físicas que se declararon en concurso de acreedores alcanzó la cifra de 2.544, entre personas con actividad empresarial (409) y personas sin actividad empresarial (2.135), según datos del INE. "Todo dependerá de lo que dure la crisis""Habrá muchos, muchos concursos de autónomos, en particular afectará a los que trabajen en el sector turístico y en el de horeca [ hoteles, restaurantes y cafeterías)", indica este experto. "Y a estos habrá que sumar el de las personas afectadas ahora por un Erte; familias con un salario que antes era de 3.000 euros mensuales y que ahora perciban cerca de 1.300 euros no podrán hacer frente a hipotecas, colegios...", advierte. "Todo dependerá de lo que dure la crisis sanitaria", apunta Diego Comendador, administrador concursal y presidente de la asociación que representa en España a este colectivo, Aspac. "Es previsible que haya un repunte importante de concursos de personas físicas, después de que los Ertes que ahora se están presentando acaben por convertirse en Eres", indica. Real Decreto y concursosEl Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, incluye dos referidas al sistema concursal. Mientras esté vigente el estado de alarma, "el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso". Y los jueces "no admitirán a trámite las peticiones de concurso hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma". Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, "se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior". Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, "el deudor que hubiera comunicado al juzgado la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio". "Promover concursos en un espacio temporal tan corto, sin que veamos el desenlace definitivo, es muy delicado", advierte el presidente de Upta El presidente de Aspac considera que los dos meses contemplados en el Real Decreto-ley de plazo para no presentar concurso, tras la finalización del estado de alarma, no es suficiente. "La norma habla de una moratoria de dos meses, pero no es una prohibición, y debería ser un plazo mayor", dice. Comendador defiende también la necesidad de agilizar los mecanismos en los juzgados, medidas de colaboración, y sistema de ayudas a las empresas. Negociar cuanto antes"Al igual que habrá un número mucho mayor de empresas que se declaren en concurso, también lo habrá de personas físicas", comenta Luis Martín, administrador concursal, socio fundador de Abencys. "Si se cortan los ingresos se rompe el equilibrio financiero y económico", recuerda. "La banca tradicional suele rechazar la negociación en la Segunda Oportunidad", indica el abogado Carlos Pavón "Hay que recortar costes, reducir en lo posible el gasto", recomienda Martín, quien también reclama ampliar a seis meses, y no a dos, el periodo tras el fin del estado de alarma sobre la no obligatoriedad de presentar concurso de acreedores. Las personas que se dirijan al concurso deben cuanto antes "hablar con proveedores y acreedores y llegar a un acuerdo antes de presentar concurso, prolongar los pagos hasta final de año, por ejemplo", subraya, y destaca que ahora mismo "lo mejor es tener calma, no tomar medidas precipitadas y ayudarse entre todos". El incremento relevante del número de concursos de acreedores de autónomos "es una posibilidad cierta", comenta Eduardo Abad, presidente de Upta, la segunda mayor asociación de autónomos del país. "Sería una mala noticia que esta fuera la fórmula elegida, supondría la desaparición de empresas y autónomos". "En los concursos de acreedores es un administrador designado por un juez el que se hace cargo de tu negocio; promover concursos de acreedores en un espacio temporal tan corto sin que veamos cual es el desenlace definitivo de la economía, es tremendamente delicado", advierte el presidente de Upta. Segunda oportunidadCarlos Pavón, al frente del despacho especializado en Derecho concursal, Gaula Abogados,destaca como el desarrollo de la ley de Segunda Oportunidad ha incidido en ese mayor número de personas que en los últimos meses se ha declarado en concurso de acreedores. La Ley de Segunda Oportunidad exonera al acreedor del pasivo siempre que no cuente con deudas con Hacienda, entre otros requisitos "La gente ha ido perdiendo el miedo a los juzgados", comenta, y señala que, a partir de ahora, no solo los juzgados mercantiles pueden verse colapsados por la entrada de muchos más concursos, también las notarías. Pavón menciona que las personas que se declaran en concurso y que tienen como acreedor a la banca, lo tienen más complicado que otros para llegar a un convenio de pago. "Los bancos tradicionales suelen rechazar la negociación en la Segunda Oportunidad, pero los que tienen otro tipo de deudores sí que habitualmente logran pactar un convenio", explica. la Ley de Segunda Oportunidad, que exonera al acreedor del pasivo siempre que no cuente con deudas con Hacienda, entre otros requisitos, ha impulsado el número de concursos de acreedores de personas. La reforma de la Ley Concursal a través del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, modificado a su vez por la Ley 25/2015, de 28 de julio, estableció el marco normativo definitivo de la segunda oportunidad. El mecanismo de segunda oportunidad para particulares permite la posibilidad que los deudores de buena fe, sean empresarios o no, queden liberados de las deudas que no puedan pagar.
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¿Es posible declararse insolvente? Así funciona la Ley de Segunda Oportunidad Permite liberar de deudas a autónomos y particulares pero en un proceso lento y con condicionantes. Los expertos reclaman modificar la ley de modo que incluya también las deudas con la Administración NURIA SALOBRAL Madrid 5 ABR 2020 - 10:37 CESTComo en las UCI de los hospitales colapsados estos días por el coronavirus, las medidas económicas anunciadas por el Gobierno han puesto el foco en las situaciones más críticas, las de las familias y autónomos más vulnerables ante el parón de la actividad y las de las empresas que de entrada se han visto más afectadas por el estado de alarma. Esas ayudas públicas han tomado cuerpo en las dos últimas semanas de forma creciente, primero con una moratoria en el pago de hipotecas que se ha ampliado después al pago del alquiler y, en el caso de las empresas, primero con los estímulos para presentar ajustes de empleo temporales, solo durante el período de alarma, y luego con la exención de las cuotas a la seguridad social, muy reclamada por el sector empresarial, durante seis meses. Pero una vez confirmada la gravedad de la pandemia y su demoledor efecto inicial sobre la economía española, sigue sin respuesta la gran inquietud generalizada de cuándo se recobrará la normalidad. Cuándo, pasada la alarma sanitaria, volverán a abrir los negocios y a acudir los empleados al trabajo. Y ante lo que pueda venir en los próximos meses, son muchos quienes ya advierten de que las medidas de apoyo anunciadas hasta el momento pueden quedarse cortas si el regreso a la actividad es lento y, por tanto, más profunda la crisis económica. La amenaza de la insolvencia quita de hecho el sueño a muchos particulares y autónomos, ya con una situación financiera precaria antes del estallido del coronavirus. Y es en estos casos, el de personas físicas no necesariamente en situación de máxima vulnerabilidad, cuando la fórmula de la suspensión de pagos puede ser una alternativa. Declararse insolvente es posible desde 2015, cuando con la denominada Ley de Segunda Oportunidad se extendió a particulares y autónomos la suspensión de pagos o concurso de acreedores propia de las empresas. Esta ley permite por tanto que un particular o un autónomo en una situación económica extrema pueda responder con su patrimonio a cambio de verse liberado de la totalidad de su deuda. La aplicaciónLa ley de segunda oportunidad presenta sin embargo obstáculos que le han restado efectividad desde su entrada en vigor y que, ante la situación de urgencia actual, tampoco hacen de la suspensión de pagos individual la salida más socorrida, a pesar de que las peticiones de información se hayan disparado en las últimas semanas. Así lo reconocen en la empresa Repara tu Deuda, especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. “El gran problema se verá cuando se levante el estado de alarma. En estos días hemos notado un incremento importante en las peticiones de información. Y la contratación de servicios ha subido el 35% respecto a la situación previa”, explica Ana Isabel García, abogada de la compañía, que realiza todo el proceso online. Pero para empezar, quedan fuera del proceso concursal todas las deudas con la Administración, como puedan ser los pagos a Hacienda o las cuotas a la Seguridad Social, aspectos especialmente sensibles para el colectivo de los autónomos. En el Consejo General de Economistas de España han empezado a reclamar estos días una mejora de la Ley de Segunda Oportunidad en ese sentido. “La situación actual requiere un procedimiento especial más rápido y una mejora de la mediación concursal, no todas las suspensiones de pagos tienen por qué acabar en los tribunales ni todas las empresas o deudores en liquidación”, defiende Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Economistas Forenses (REFOR). Para empezar, propone una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad que incluya las deudas con la Administración en el proceso concursal y un procedimiento rápido para las deudas inferiores a un millón de euros. Lentitud del procesoLa actual fórmula de suspensión de pagos individual se aplica a deudas de un máximo de 5 millones de euros y antes de la intervención del administrador concursal es necesario que intervenga un mediador para intentar un acuerdo extrajudicial entre el deudor y sus acreedores. Tal mediación no suele ser efectiva en la inmensa mayoría de los casos, con lo que se inicia un proceso concursal en los juzgados que puede durar alrededor de un año hasta obtener una sentencia favorable, que en todo caso no supondrá la liberación total del pago de la deuda si no se han cumplido ciertos requisitos. Así, el deudor se debe comprometer a seguir el plan de pagos que determine el administrador concursal con el fin de saldar la totalidad de la deuda en un plazo máximo de 5 años. En la sentencia se estbalecerá qué parte de los ingresos puede disponer –para cubrir sus gastos más básicos- y qué parte ha de dedicar al pago de la deuda. Y solo quedará libre de la totalidad de la deuda si al cabo de esos cinco años ha destinado a su pago al menos la mitad de sus ingresos, contando por tanto con que el deudor cuenta con un nuevo trabajo que le permita ir rindiendo cuentas poco a poco. El requisito se modera para las familias especialmente vulnerables, de modo que la deuda desaparecerá si se destinó al pago al menos una cuarta parte de los ingresos durante esos cinco años. “Para lograr el perdón definitivo de la deuda hay que cumplir muchos requisitos y además queda fuera del proceso de la deuda con la Administración, lo que le resta interés para los autónomos. Este es el momento perfecto para plantearse un cambio en la Ley de Segunda Oportunidad”, defiende Cristina Borrallo, abogada mercantilista del bufete FuturLegal. La letrada apunta a una sentencia de julio del pasado año del Tribunal Supremo que abrió la puerta a un cambio del texto legal al dar la posibilidad a los jueces de incluir los créditos públicos, como las deudas con Hacienda, en el proceso concursal. Los expertos coinciden en que tal modificación, la agilización del proceso y más facilidades para quedar liberado de la totalidad de la deuda serían los cambios necesarios para impulsar la fórmula de la suspensión de pagos individual ante la crisis actual y que ahora tiene un uso minoritario. En 2019, según datos del INE, los concursos de acreedores individuales fueron apenas 1.979, solo el 3% más que el año anterior, de los que la gran mayoría fueron autónomos (1.280) y el resto, particulares. Las cifras son muy inferiores a las tramitaciones de países vecinos como Italia o Francia, con unas leyes de segunda oportunidad más flexibles que la española, según explica Cristina Borrallo. “Para quienes tengan un problema financiero puntual de dos o tres meses causado por el estado de alarma, la Ley de Segunda Oportunidad no es su opción. Pero habrá muchos autónomos que no van a volver con rapidez a la normalidad y para los que las ayudas concedidas son solo una moratoria. Así, la deuda se irá acumulando”, advierte Ana Isabel García. Además, los criterios para poder disfrutar de la moratoria en el pago de la hipoteca o del alquiler son acumulativos, de modo que además de haber perdido el empleo es preciso ajustarse a determinados niveles de renta, apunta Cristina Borrallo, lo que puede dejar fuera a una parte importante de deudores de clase media. Para quienes estén en proceso concursal, ya se trate de particulares o empresas, el Gobierno ha establecido la parálisis de los plazos durante el estado de alarma. Sin embargo, las empresas en concurso no podrán acogerse a los créditos del ICO, puesto que estarían incrementando su deuda. Y en cuanto a los particulares y autónomos ya acogidos a la Ley de Segunda Oportunidad, desde Repara tu Deuda aconsejan consensuar con el administrador concursal la solicitud de ayudas tales como la moratoria en el pago de la hipoteca. Así, la excepcionalidad del momento actual, sin precedentes y para el que la salida es todavía muy incierta, requiere sin duda soluciones excepcionales. LAS AYUDAS PÚBLICAS A FAMILIAS Y AUTÓNOMOS PARA LA CASA Y EL ALQUILERLas medidas recogidas en el real decreto 8/2020 aprobado esta semana por el Gobierno establecen una moratoria para el pago de las hipotecas y créditos al consumo y ayudas en el pago de las rentas por alquiler de la vivienda para las familias más vulnerables y a los autónomos que hayan sufrido una caída muy significativa de su actividad. Pero es necesario cumplir un conjunto de requisitos para acceder a las ayudas. No basta con uno solo sino que se han de dar a la vez la situación de haberse quedado en paro o que, en caso de ser empresario o profesional, se sufra una caída de los ingresos superior al 40%; que el conjunto de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Es decir, que no se hayan ingresado más de 1.613,52 euros al mes, si bien la cuantía se amplía según los hijos a cargo o si hay ancianos o dependientes en el hogar. Y que la cuota de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/03/midinero/1585937502_630433.html SJE 202013
1) AJM V 8/2020, de 28 de marzo.*** Juzgado Mercantil 3. Magistrado, Eduardo Pastor Martínez. Liquidación: Reactivación de actividad. Liquidación: Fabricación en favor de terceros de forma altruista. Que, por razones de interés general, resulta útil la reactivación de las instalaciones de la concursada, para la fabricación de prendas sanitarias de protección, siquiera parcial, de todos aquellos que, por razones de profesión o necesidad, están en contacto con personas que puedan estar infectadas por el Covid 19 o sean de riesgo, o que ellas mismas sean de riesgo. La concesión de autorización judicial para la rehabilitación de la actividad empresarial de la concursada quedaría sujeta a las siguientes condiciones: a) Quienes allí operarán lo harán en calidad de voluntarios, por su propia cuenta y riesgo, excluyéndose cualquier actividad profesional. Se firmarán declaraciones responsables que así lo avalen. b) El material que se fabrique servirá para el propósito indicado, entregándose a los eventuales beneficiarios sin coste. Esto es, se solicita la habilitación de una actividad gratuita y altruista. c) No se generarán costes para la masa ni se producirá un deterioro significativo de los activos. d) Se contratará un seguro de responsabilidad civil. 2) STS 774/2020, de 6 de marzo.** Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. Insuficiencia de masa: Créditos imprescindibles para la concluir la liquidación. Insuficiencia de masa: Crédito de la TGSS indisociable del de los trabajadores Para evitar la arbitrariedad de la administración concursal a la hora de atribuir la consideración de "créditos imprescindibles para concluir la liquidación", a los efectos de ser satisfechos de forma prededucible y, por ello, con anterioridad al resto de los créditos, es necesaria la autorización judicial, recabada por el trámite del art. 188 LC, con audiencia de los interesados. La administración concursal es el órgano especialmente llamado a realizar las tareas de liquidación del concurso, hasta su finalización, sin cuya actuación el procedimiento devendría imposible y encallaría sin solución.Ahora bien, el art. 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración concursal generadores del derecho a honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible. Reproduce su S 390/2016, de 8 de junio. En el caso de autos no consta que la administración concursal haya solicitado la preceptiva autorización judicial para que los salarios sean considerados gastos imprescindibles para la liquidación y por ello sean prededucibles. Esta autorización, en la medida en que es necesaria para que aquellos salarios puedan ser considerados y tratados como gastos imprescindibles a los efectos del art. 176 bis. 2 LC, constituye un presupuesto lógico de la justificación esgrimida por la TGSS. Como el juez del concurso declara en su sentencia que no ha concedido esa autorización respecto de los salarios, carece de sentido discutir la procedencia de considerar también imprescindible el crédito por las cuotas de la Seguridad Social. No obstante, si se llegara a reconocer a esos salarios la consideración de gastos prededucibles, en atención a que remuneran unos trabajos que eran imprescindibles para las operaciones de liquidación posteriores a la comunicación de la insuficiencia de masa activa, por la misma razón también merecerían esa consideración las cuotas de la Seguridad Social. La justificación estriba en que los servicios de unos determinados trabajadores que se consideran imprescindibles generan no sólo el crédito salarial sino también el correspondiente a las cuotas de la seguridad social. Ambos tienen el mismo origen, son el coste generado por ese servicio que se habría considerado imprescindible para concluir las operaciones de liquidación, sin que a estos efectos se pueda distinguir entre uno y otro, ni resulten de aplicación las reglas de prelación de créditos del propio art. 176 bis. 2 LC. El que este precepto trate de distinta forma el crédito salarial y el de la seguridad social resulta irrelevante a la hora de determinar si ambos son prededucibles en atención a que constituyen gastos necesarios derivado de un servicio imprescindible para concluir las operaciones de liquidación. Sin citarla, reproduce doctrina sentada en STS 302/2020, de 4 de febrero. Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.Haz clic aquí para editar. medidas adoptadas por el Gobierno:
Aspectos fiscales: Como advertencia previa, tenemos que saber que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que hace referencia el apartado 1 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 publicado el pasado día 14 no aplica a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, según lo dispuesto en el en su Artículo único.Cuatro.6, del Real Decreto 465/2020. Por lo tanto, lo que habíamos interpretado respecto a los plazos en procedimientos de aplicación de los tributos, procedimientos de revisión, sancionadores, de recaudación o respecto a las autoliquidaciones o declaraciones informativas no tiene validez, y pasamos a analizar lo que ahora se establece en este Real Decreto-ley. Naturalmente, sí tiene plena validez lo dicho respecto a los aplazamientos de ingresos de autoliquidaciones en período voluntario, para pymes, que se estableció en el Real Decreto-ley 7/2020. En conclusión, no se modifican los plazos para presentar y, en su caso, pagar las próximas autoliquidaciones –como las del IVA de febrero para acogidos al SII, del 30 de marzo, o las del primer trimestre, cuyo plazo finaliza el 20 de abril-, ni para presentar declaraciones informativas –como la del modelo 720, que finaliza el 31 de marzo-. Las medidas tributarias del Real Decreto ley 8/2020 son las siguientes: Plazos de pago de deudas liquidadas por la Administración y de pago de deudas tributarias en apremio
Articula una serie de medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, que se ven particularmente afectados por las circunstancias actuales. Se adoptan medidas para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, para ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. También se refuerza la protección de los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables. Asimismo, recoge las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. En circunstancias normales, durante un ERTE el trabajador puede acceder a la prestación contributiva por desempleo si cuenta con el periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, además, este periodo le computa a efecto de los periodos máximos de percepción de la prestación. Además, con el objetivo de aligerar los costes en los que incurren las empresas, en los casos de fuerza mayor regulados en este RD-ley, otra de las novedades incorporadas, es la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo. *Los artículos 22, 23, 24 y 25 de este RD-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. Resumimos las siguientes medidas de protección a los trabajadores:
I- Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual
Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. III Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos de COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO.
IV- Línea extraordinaria de cobertura aseguradora Línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros (dos tramos de 1000 y 1000 millones) con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, con las siguientes características:
- Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID 19 en su actividad económica. V-Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017 Afecta a los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 que acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos. VI-Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19 . Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del coronavirus COVID-19. -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19”, por importe de 950.000 euros. - Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del coronavirus COVID-19”, por importe de 24.000.000 de euros. - Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de investigación del coronavirus COVID-19”, por importe de 4.450.000 euros. VII-Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Disposición Final cuarta. Suspensión del régimen de liberalización de inversiones para inversores residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando como consecuencia de la inversión el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando se tome el control del órgano de administración de la sociedad española, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, en sectores :
VIII .Flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientospuedan invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en partidas de atención social de colectivos afectados por la expansión del Covid-19, como había reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Ámbito Mercantil:
En nuestra opinión estas medidas facilitarán la gestión de las empresas, así como de sus órganos de decisión evitando el desplazamiento de sus directivos y administradores.
Esta medida facilitará a los profesionales -como los economistas- sobre los que recae el encargo en la mayoría de ocasiones de elaboración de las cuentas anuales, particularmente en las PYMES, dispongan de un plazo adicional hasta que la situación se normalice para la realización de los trámites mercantiles tendentes al depósito de las cuentas anuales de sus clientes.
Ámbito concursal:
Nos parece interesante para nuestro colectivo el anexo “Plan Acelera” con una serie de medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la formación. Desde el Consejo General de Economistas, ahora más que nunca, queremos ser útiles y un apoyo para afrontar esta situación tan excepcional para todos, por lo que, os recordamos que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web un apartado de resolución de aquellas dudas que se os puedan suscitar en relación con el COVID-19 y nuestra actividad como economistas. Disponible Aquí Deseamos que esta situación pase lo más rápido posible y con las menores consecuencias tanto de salud, familiares y económicas.Haz clic aquí para editar. Sala de lo Civil. Ponente, Rafael Saraza Jimena.
Calificación: Art. 164.2.3.º, transferencia injustificada a socio mayoritario. Respecto de las causas de calificación del art. 164.2.3º, el ámbito de conocimiento en la sección reabierta se ciñe necesaria y exclusivamente a la determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es imputable al deudor concursado. Cita sus SS 246/2016, 13/04/2016. En el caso de autos se considera imputable por cuanto se realizaron tres transferencias por el concursadoal socio mayoritario sin justificación. Sección 2. Ponente, María Isabel Soler Navarro. Venta de la unidad productiva: Leasing, fianza. Cuando se vende una unidad productiva y entre los activos trasmitidos se encuentran derechos sobre bienes en arrendamiento financiero (contratos de leasing), los fiadores de la relación jurídica originaria únicamente responden de las deudas contraídas hasta el momento de la efectiva transmisión (a no ser que se disponga de otra manera en el Auto de adjudicación). No así de las posteriores toda vez que con la venta a quedó extinguida la obligación del fiador de conformidad con lo dispuesto en el Art 1847 del Código Civil. Cita su A de 19 de noviembre de 2019. Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.Haz clic aquí para editar. 1) RDGSFP, de 2 de diciembre de 2019.** Liquidación: Constitución de hipoteca. Supuesto de hecho: Hipoteca constituida la administración concursal de una persona física a favor de una entidad bancaria que ostenta la condición de acreedora concursal. Posteriormente el Juzgado conocedor del concurso dictó auto de conclusión del concurso al amparo del art. 176.1.4.º LC. Tratándose de personas naturales, en la medida en que éstas, por su propia naturaleza, no quedan extinguidas con ocasión de la liquidación y conclusión del concurso, a diferencia de lo que ocurre con los concursados personas jurídicas (cfr. artículos 145.3 y 178.3 de la Ley Concursal), y su responsabilidad es personal e ilimitada ex artículo 1911 del Código Civil hasta el momento de su fallecimiento (cfr. artículo 32 del Código Civil), el rigor en la aplicación de las normas concursales debe ciertamente atemperarse en aras a lograr una salida exitosa de la situación concursal por parte de los deudores personas físicas, sin olvidar en modo alguno la íntegra satisfacción de los acreedores, lo que en todo caso debe obtenerse en cuanto a ello responde la finalidad última de los procedimientos concursales. La hipoteca es válida. Nota: El Auto de 17 de junio de 2011 dictado por el Juzgado Mercantil 1 de Barcelona ya aceptó esta posibilidad. La resolución contemplaba la aprobación de un plan de liquidación que preveía como mecanismo solutorio la constitución de una hipoteca otorgada en favor de una entidad financiera sobre diversos inmuebles, en el bien entendido de que la financiación otorgada con dicha hipoteca permitía atender el pago de la totalidad de los créditos concursales y contra la masa. Agradecemos a Antoni Ramírez Angelat habernos facilitado esta R. 2) SJM M 4234/2019, de 16 de octubre.*** Sección 7. Ponente, Juan Carlos Picazo Menéndez. Contratos con obligaciones recíprocas: Descuento comercial. Supuesto de hecho: Entidad financiera que se niega a descontar los efectos que la concursada le solicita en el marco del contrato que ambas partes tenían suscrito desde antes de la declaración del concurso. La negativa produce un daño indemnizable en favor de la concursada por la disminución de beneficios como consecuencia de la falta de circulante necesario para atender las necesidades del proceso productivo y también por el menor precio obtenido en la venta de la unidad productiva. El daño es imputable a la entidad financiera a la que se condena. Agradecemos a Pablo Ferrándiz Avedaño habernos facilitado esta resolución. Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga Haz clic aquí para editar. HaSJE REFOR-CGE 9/2020 - 5 de marzo de 2020
seaprador 1) ATS 1438/2020, de 18 de febrero.* Sala de lo Contencioso. Ponente, JOSÉ LUIS REQUERO IBÁÑEZ. Crédito de la TGSS: Derivación de responsabilidad a administrador social. Para acordar la TGSS la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario, no sólo constatar una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el art. 367.1 LSC, sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. Reproduce doctrina emanada de la misma Sala en las SS de 24 de junio de 2019, 25 de junio de 2019, y 26 de junio de 2019. 2) RDGSJFP, de 5 de diciembre de 2019.*** Venta de inmueble: Requisitos formales a efectos del registro. Ante la negativa del registrador de la propiedad de inscribir una escritura de compraventa celebrada por un administrador concursal en el marco de una liquidación concursal, por considerar que a) es necesario que se aporte el plan de liquidación concursal mediante la presentación de un testimonio expedido por la autoridad judicial competente, sin que sea admisible la aportación de una fotocopia; b) es preciso que conste la firmeza del auto judicial por el que se aprueba el referido plan de liquidación, y, c) para cuando se aporte dicho testimonio del plan de liquidación, teniendo en cuenta que de las reglas que en él se recogen resulta que a la fecha del otorgamiento de la escritura, se habría superado el plazo previsto en el plan de liquidación para la enajenación de los bienes por el sistema de venta directa, es necesaria la declaración por el juez concursal de la misma se ajusta al plan de liquidación aprobado; Resuelve la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: 1.- Uno de los principios básicos de nuestro Derecho hipotecario es que sólo la documentación auténtica y pública puede tener acceso al Registro. Esta exigencia de titulación auténtica derivada del principio de legalidad al que responde el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Tratándose de documentos judiciales, sean resoluciones o diligencias de cualquier índole, el documento a presentar debe ser la ejecutoria, mandamiento o testimonio correspondiente expedido por quien se halle facultado para ello con las formas y solemnidades previstas en las leyes, extremos que no se dan en el caso, ya que la documentación aportada a calificación consiste en meras fotocopias, es decir reproducciones xerográficas de un documento. 2.- La práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las cancelaciones, ordenada en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza de la resolución judicial (arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria y 174 del Reglamento Hipotecario). Mientras que dicha firmeza no quede oportunamente acreditada, solo sería posible practicar una anotación preventiva (artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cita sus Resoluciones de 6 y 8 de julio de 2015. 3.- La enajenación de bienes inmuebles en el concurso debe realizarse por la vía de apremio, por subasta, salvo que el juez del concurso haya autorizado la venta directa, ya sea al aprobar un plan de liquidación ya sea de forma específica para ese acto. Por ello una venta directa de bienes del concursado debe contar con la resolución judicial que lo autoriza, ya sea la expresa para esa venta ya sea la general de aprobación del plan de liquidación que lo comprende. El registrador puede controlar esta exigencia legal al calificar la escritura de venta directa. Pero el control afecta a la existencia de esa autorización judicial, no al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran haberse previsto en el plan de liquidación y que presupongan una valoración jurídica que no le corresponde, como pudieran ser los términos y condiciones de la venta previstos en el plan. De ahí que el registrador, para corroborar la existencia de la autorización judicial de venta directa (la específica o la general de aprobación del plan de liquidación), deba exigir su aportación junto con la escritura. Y, por ello la calificación negativa del registrador, que suspende la inscripción mientras no se aporte el plan de liquidación o una resolución específica que autorizara la venta directa en ese caso, se acomoda a lo previsto en el art. 18 LH. Reproduce STS 315/2019, de 4 de junio. Del criterio que sostiene esta Sentencia puede concluirse que el registrador ha de exigir necesariamente que se aporte una resolución judicial que autorice la venta directa durante la fase de liquidación. Esa resolución puede ser específica para ese acto concreto, o la general que apruebe el plan de liquidación. El registrador, a la vista del plan de liquidación, tendrá que comprobar que dicho plan prevé la opción de la venta directa para esa clase concreta de bienes; y debe calificar si se cumplen los requisitos necesarios para que la venta pueda ser directa, es decir que se dan los presupuestos y requisitos exigidos para ello en el plan de liquidación (ad ex. si la venta se realiza por el precio mínimo que se hubiera fijado en el plan de liquidación se fije un precio mínimo; que se ha respetado el plazo previsto para la venta directa; o que se respetan determinadas garantías que se exigieran al comprador). En el Derecho español existe una clara opción de política legislativa dirigida a evitar que la administración concursal opere discrecionalmente en la fase predispuesta para la conversión en dinero de los bienes y derechos que integran el patrimonio concursal. Cita RR de 28 de junio de 2016 y 20 de septiembre de 2018.z clic aquí para editar. Haz
1) STS 302/2020, de 4 de febrero.** Sala primera. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. Insuficiencia de masa: Gastos prededucibles, TGSS. En el marco de los gastos prededucibles del art. 176 bis LC, si se considera que la remuneración de los servicios prestados por unos trabajadores eran imprescindibles para las operaciones de liquidación posteriores a la comunicación de la insuficiencia de masa activa, por la misma razón también merecerían esa consideración las cuotas de la Seguridad Social. La razón estriba en que los servicios de unos determinados trabajadores que se consideran imprescindibles generan no sólo el crédito salarial sino también el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social. Ambos tienen el mismo origen, son el coste generado por ese servicio que se habría considerado imprescindible para concluir las operaciones de liquidación, sin que a estos efectos se pueda distinguir entre uno y otro, ni resulten de aplicación las reglas de prelación de créditos del propio art. 176 bis. 2 LC. El que este precepto trate de distinta forma el crédito salarial y el de la seguridad social resulta irrelevante a la hora de determinar si ambos son prededucibles en atención a que constituyen gastos necesarios derivados de un servicio imprescindible para concluir las operaciones de liquidación. 2) STS 304/2020, de 3 de febrero.** Sala primera. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. Reintegración: Sacrificio patrimonial injustificado. Reintegración: Contextualidad de las garantías. Una cosa es que no resulte de aplicación la presunción del perjuicio iuris et de iure del art. 71.2 LC porque en estos casos la contextualidad de estas garantías, reales y personales, excluya su gratuidad; y otra la valoración de la justificación del sacrificio patrimonial que supone la prestación de la garantía, en atención de los beneficios directos o indirectos que podían derivarse para el concursado que haya prestado la garantía. Cita SSTS 100/2014, de 30 de abril, y 295/2015, de 3 de junio Esta valoración no queda reducida únicamente a los casos de grupos de sociedades sino que se aplica en cualquier caso en que se haya concedido una garantía sobre deuda ajena. El Tribunal a quo aunque haya partido de la consideración de que entre la concursada que otorga las garantías y las prestatarias no existía una relación de grupo, analiza si la concursada percibió alguna ventaja o beneficio directo e indirecto, y concluye que no. Por dicho motivo se considera que existe un sacrificio patrimonial injustificado y se ratifica la reintegración. 3) AAP B 322/2020, de 3 de febrero.*** Sección 15. Ponente, Luis Rodríguez Vega. Concurso de persona física: Exclusión de bienes de la liquidación. Puede excluirse de la liquidación concursal la finca propiedad de un concursado arrendada a un tercero si las rentas le sirven a su vez para pagar las rentas de su propia vivienda habitual que es propiedad de un tercero. Los requisitos que parecen concurrir en el caso son los siguientes: a) el valor de la garantía excede del valor del bien o resulta previsible que la enajenación en ningún caso cubrirá el crédito hipotecario; b) el crédito hipotecario se encuentra al corriente de pago; c) la medida no perjudica a los demás acreedores; d) el acreedor hipotecario no insta la subasta el inmueble. Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga. clic aquí para editar. Haz c
Jurisprudencia. Especial hipotecante no deudor. 1)AJM de Madrid AJM M 32/2019, de 26 de marzo.** Juzgado Mercantil número 6. Magistrado, Francisco Javier Vaquer Martín. Hipotecante no deudor: Liquidación del activo. Cuando el concursado no es deudor respecto del crédito dotado de garantía real (que recae sobre un bien del propio concursado), en cuanto limitó su intervención a otorgar la garantía sobre bienes de su propiedad, la realización de los mismos presentan esenciales especialidades dentro de la liquidación concursal; pues la necesaria realización de la totalidad del patrimonio del deudor exige la transmisión a tercero del bien gravado en garantía de deuda ajena, sin que dicha transmisión pueda afectar a la misma y determinar la cancelación de dicha carga real. En estos casos (hipotecante no deudor) la Ley Concursal no permite la enajenación libre de los bienes con gravamen real. Se deben realizar con subsistencia de dicho gravamen (art. 82.3 LC), sin que sea posible su cancelación (art. 149.5 LC), pues ésta se prevé respecto de los gravámenes reales constituidos en garantía de créditos concursales, que aquí ni existen ni pueden existir. Reproduce AAP de Murcia de 2 de febrero de 2017. Si bien la concursada no ostenta la condición de tercer poseedor y, por lo tanto, no resulta aplicable el art. 56.4 LC, tampoco ostenta la condición de deudora; la consecuencia de todo ello es que los bienes han de transmitirse con subsistencia de la carga. Paralelamente a lo anterior, debe procederse a la modificación de la lista de acreedores, excluyendo de la misma el crédito privilegiado especial reconocido a la apelante. Reproduce AAP de Cantabria de 11 de febrero de 2015. 2)AJM PO 98/2019, de 18 de noviembre.*** Juzgado Mercantil número 2. Magistrada, Nuria Fachal Noguer. Convenio: Constitución de hipoteca en favor de crédito privilegiado general. Supuesto de hecho: Hipoteca unilateral constituida en fase de convenio en favor de la TGSS en garantía de la devolución de un crédito concursal privilegiado general. Incumplido el convenio y abierta la liquidación se determinó (SAP de Pontevedra nº 444/2019, de 23 de julio), que la constitución de esta carga hipotecaria en la fase de convenio no conllevaba la conversión del crédito garantizado en privilegiado especial. Sentado lo anterior, ¿es procedente la cancelación y levantamiento de la carga hipotecaria que grava la finca? En la fase de cumplimiento del convenio es frecuente que el deudor entable negociaciones con los titulares de créditos concursales que no han quedado vinculados por el convenio, con el fin de evitar que puedan ejercitar acciones judiciales para la satisfacción de su derecho o puedan hacer uso de las facultades de autotutela que les confiere el ordenamiento jurídico. Generalmente se entablan negociaciones de este tipo con acreedores públicos, con el fin de obtener un aplazamiento en la exigibilidad del crédito, que permita al deudor obtener recursos económicos con los que hacer frente a los compromisos de pago contraídos. En garantía del aplazamiento, los acreedores públicos exigirán el reforzamiento de las garantías que aseguren el cobro de su crédito, generalmente mediante la constitución de hipotecas unilaterales. Si uno de los créditos concursales incluido en la lista de acreedores fue clasificado como crédito privilegiado especial, el art. 155.1 LC dispone que su pago habrá de atenderse con cargo al bien o derecho afecto. Mas si su clasificación fue la de privilegiado general, el hecho de que se haya constituido en fase de convenio una carga hipotecaria para reforzar su garantía de pago, no convierte al crédito en privilegiado especial ni permite que, con el producto de la realización del bien gravado, pueda atenderse con preferencia el pago del crédito garantizado. Por tanto, la carga hipotecaria constituida en la fase de cumplimiento de convenio no implica, una vez que se ha producido la apertura de la fase de liquidación, que hayan de observarse las previsiones del artículo 155 LC para la enajenación del bien que, en efecto, se encuentra gravado, pero la carga no concede en el concurso el pretendido privilegio especial. El hecho de que no se reconozca a ese acreedor con la categoría de privilegiado especial, no comporta que pueda cancelarse la carga. En consecuencia, la única opción legalmente admisible será la misma que se propone para la carga hipotecaria constituida por el hipotecante no deudor. En efecto, si la carga hipotecaria no pierde su validez y eficacia por la apertura de la liquidación concursal, ni resulta factible atender el pago del crédito garantizado con el producto del bien afecto, la transmisión del bien o derecho gravado habrá de tener lugar con subsistencia de la garantía. Conviene introducir alguna matización, pues si la constitución de la garantía real hubiese tenido lugar en fraude de los derechos de los restantes acreedores, su eficacia podrá ser atacada por medio de la acción revocatoria civil. No procedería la acción de reintegración concursal por ser un acto de disposición patrimonial posterior a la declaración de concurso. Cita STS nº 198/2017, de 23 de marzo. Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga.lic aquí para editar. La posición de la AEAT en los procesos concursales 1. ASISTENCIA DE LA AEAT A LA JUNTA DE ACREEDORES. Postura de la AEAT ante las Propuestas de Convenio y la asistencia a las Juntas correspondientes. Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y con la nueva estructura que introdujo en la clasificación y calificación de los créditos concursales, la Agencia Tributaria efectivamente ha venido siendo titular en un número significativo de concursos, de créditos que por imperativo de la Ley se ven sometidos a las condiciones de pago que se pacten a través de las Juntas de Acreedores. Por tanto, la AEAT, como el resto de agentes que participan en las Juntas de Acreedores, actúa en defensa de sus intereses en las mismas condiciones que el resto, si bien condicionada en gran parte por representar un tipo de créditos –el crédito público-, instrumento esencial para la satisfacción del interés general. Precisamente por representar esos créditos, la Agencia Tributaria debe ser especialmente exigente a la hora de evaluar las condiciones de pago contempladas en las propuestas de convenio que son sometidas a la aceptación por los acreedores. Así, es determinante para que adopte la decisión de apoyar una determinada propuesta que ésta contenga unas condiciones de pago que indudablemente redunden en el beneficio del crédito público que se verá afectado por el convenio. Para conseguir este objetivo, ante las diversas propuestas de convenio se atiende a distintos factores, entre los que cabe destacar la existencia o no de quitas, la duración de las posibles esperas y la proporción del crédito de la Agencia Tributaria que se verá afectada por la posible propuesta de convenio que resulte aprobada, respecto del total de los créditos de la Agencia en el concurso. En definitiva, la AEAT trata de potenciar su participación en las Juntas de Acreedores y los Convenios correspondientes, si bien para ello es necesario que las propuestas que se planteen sean asumibles dentro de los parámetros indicados. 2. PROBLEMAS DE LIQUIDEZ CON VIABILIDAD DE LA CONCURSADA. Aplicación del artículo 84.3 de la Ley Concursal y las posibilidades de modificar el criterio del vencimiento en los créditos contra la masa. El artículo 84.3 de la Ley Concursal (redactado por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003) mantiene la regla de pago a la fecha de vencimiento de los créditos contra la masa, pero introduce la posibilidad de que la administración concursal pueda alterar el criterio del pago a la fecha de vencimiento “cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa”. A su vez, el mencionado artículo contiene una salvedad muy importante “esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, alimenticios o ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social". La razón de esta salvedad se encuentra en que los créditos tributarios son indisponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La defensa de estos créditos está amparada por un interés general, al contrario que los créditos de los que son titulares los acreedores privados. La Administración tributaria no puede acordar que el pago de sus créditos se realice de forma distinta a la prevista en la Ley y los reglamentos de desarrollo. Además, la experiencia demostraba que, con anterioridad a la reforma, la postergación en el pago de los créditos públicos contra la masa era práctica frecuente, a pesar de que ya se establecía que debían satisfacerse a sus respectivos vencimientos (art. 154.2 LC anterior a la reforma). Se atendía antes el pago de los créditos de los acreedores privados que los créditos públicos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en el apartado 2 del artículo 176.bis LC se contempla un orden de pago de los créditos contra la masa diferente al regulado en el artículo 84 (cuando la administración concursal estime la insuficiencia en la masa activa para pagarlos y lo comunique al juez del concurso, el cual deberá ponerlo de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas). En este orden de pago ya no se atiende al vencimiento de los créditos contra la masa y se otorgaría preferencia al pago de otras categorías de créditos antes que al grupo de los demás créditos contra la masa, que figura en último lugar, y es en el que se encontraría el crédito público. De modo que si la administración concursal detecta que no va a haber masa activa suficiente para satisfacer los créditos contra la masa de acuerdo con el artículo 176.bis, debe ponerlo de manifiesto en el Juzgado, y desde ese momento se contempla un orden de pago en el que los créditos tributarios son postergados. 3. PRESENTACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES EN CASO DE FALTA DE CONTABILIDAD. Necesidad de denuncia del delito tipificado en el artículo 259.1.6º del Código Penal. En ocasiones, la administración concursal se encuentra con situaciones en las que el concursado y sus administradores incumplen el deber de colaboración e información contemplado en el artículo 42 de la Ley Concursal. En particular, esa falta de colaboración puede provocar consecuencias extremadamente graves cuando se acompaña de un incumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables básicas en la realización de la actividad, lo que determina que la administración concursal no pueda disponer de la información imprescindible para desarrollar las funciones inherentes a sus facultades, como puede ser la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Ni la legislación concursal ni la legislación tributaria contemplan que la situación descrita pueda eximir a la sociedad concursada de la llevanza de la contabilidad y de la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por lo que la administración concursal deberá adoptar las medidas que correspondan para el cumplimiento de dichas obligaciones. El planteamiento de la cuestión refiere que se trata de un concurso necesario, esto es, a solicitud de los acreedores, pero si se ha dictado un auto judicial declarando el concurso es porque el análisis de los ingresos y gastos de la entidad, así como de su activo y pasivo, han puesto de manifiesto una situación de insolvencia y la posibilidad de suspender pagos. Por tanto, hay una situación patrimonial de partida. Ante el conocimiento de estos hechos, la respuesta por parte de la administración concursal viene prevista en el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal, en el que se señala que el incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad implica que, en todo caso, el concurso se calificará como culpable, lo que debe ser instado por la administración concursal en el informe de calificación a presentar ante el juez del concurso, con las consecuencias que ello lleva aparejadas (posibilidad de inhabilitación de las personas afectadas y posibilidad de embargar sus bienes y derechos). Además, existe la posibilidad de proceder a la inmediata denuncia de los hechos ante las autoridades del orden jurisdiccional penal, al estar tipificada dicha conducta como un delito de insolvencia punible en el artículo 259.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el cual dispone: “1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas: (…) 6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor. 8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo. 9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial. 2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.” El propio artículo 259.3 del Código Penal señala que también es constitutiva de delito la realización de los hechos reflejados en el apartado 1 cuando se hubieran cometido por imprudencia, imponiendo en ese caso una pena de prisión y multa de menor duración. Según aclara el apartado 5 del mismo artículo 259, se trata de un delito que puede perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de su continuación, por lo que no se aprecia motivo alguno que justifique que, ante el conocimiento de hechos constitutivos del mismo por parte de la administración concursal, no se proceda a la inmediata denuncia por dicha administración para que sean objeto de análisis por los órganos competentes del orden jurisdiccional penal. De ser llevadas a cabo ambas actuaciones por parte de la administración concursal, se tendrán en cuenta las mismas por la Administración Tributaria, junto con el resto de circunstancias concurrentes, a la hora de apreciar si se ha obrado con la diligencia necesaria y determinar la existencia o no de responsabilidades tributarias derivadas de la falta de presentación de las autoliquidaciones por la inexistencia de información contable, conforme a lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la LGT. 4. BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES. Requisitos y forma de tramitación. Las sociedades extinguidas deberán acompañar la declaración censal de baja, además de con la escritura pública y certificado de la cancelación efectiva de los asientos en el Registro público correspondiente, con los documentos que acrediten la identidad, porcentajes y cuotas de los socios liquidadores o de la entidad resultante del proceso de absorción, fusión o escisión total. Si constan como tal en la escritura pública o en los documentos que acrediten la extinción, no sería necesario aportar nuevos documentos. Por tanto, los datos indicados son necesarios para tramitar la baja en el censo de empresarios de la entidad y deberán adoptarse las medidas que correspondan para obtener la información. La baja en el censo de empresarios de sociedades extinguidas debe presentarse en el plazo de un mes desde que se haya realizado la cancelación efectiva de los correspondientes asientos en el Registro Mercantil. Entendemos que el hecho de que corresponda al procurador/procuradora de la concursada la tramitación de la extinción de la sociedad ante el Registro Mercantil, no altera sobre quién recae la obligación de presentar la baja en el censo de empresarios, que es la administración concursal. Tratándose de un Registro público y existiendo un interés legítimo se debe conseguir la información. 5. COMPENSACIÓN DE OFICIO. Compensación de créditos contra la masa por parte de la AEAT. La controvertida cuestión relativa a la compensación de créditos contra la masa ha quedado resuelta por la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante TEAC) de fecha 26 de febrero de 2019, R.G. 217-2018, dictada en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, en la que se establece el siguiente criterio: "1.- La prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, opera tanto sobre créditos concursales como sobre los créditos contra la masa. 2.- No es posible ejecutar singularmente una deuda contra la masa una vez abierta la fase de liquidación, de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo según la cual no cabe una interpretación simplemente literal de la regla del apartado 4 del artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sino que es precisa su interpretación sistemática con el resto de los preceptos de la Ley Concursal y en particular con los artículos 8.3º, 55, 56 y 57.3. 3.- La compensación de oficio constituye un acto de ejecución singular contra el patrimonio del deudor que no puede ser dictado por la Administración tributaria sin plantear previamente un incidente concursal ante el Juez del Concurso." En la citada Resolución se hace mención a la existencia de una Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de fecha 13 de marzo de 2017, dictada en el recurso de casación 1632/2014, que llega a una conclusión diferente, señalando: “1.- La pretensión de aplicar, siquiera analógicamente, el art. 58 de la Ley Concursal a los créditos contra la masa no puede ser estimada. Justamente por no tratarse de créditos concursales, no son aplicables los efectos que respecto de tales créditos prevé la sección tercera del capítulo segundo del título tercero de la Ley Concursal, arts. 58 a 60 . Los créditos contra la masa pueden compensarse con créditos del concursado, deberán pagarse con los intereses, legales o pactados, que se devenguen, no se suspende el derecho de retención ni se interrumpe la prescripción de la acción para exigir su pago. 2.- Debemos recordar lo que afirmamos en la sentencia 428/2014, de 24 julio , con cita de la 46/2013, de 18 de febrero . En principio, la declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos anteriores frente al deudor común formen parte de la masa pasiva (art. 49 de la Ley Concursal) y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum , que impiden, en principio y salvo excepciones, su pago al margen del convenio o la liquidación. Esa es la razón por la que el art. 58 de la Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso. Pero si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva del concurso, no está sujeto a las reglas de la par condicio creditorum, y puede ser pagado al margen de la solución concursal alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación. 3.- Por otra parte, frente a lo afirmado en el recurso, si la compensación está correctamente efectuada, no se vulnera la exigencia de que el crédito contra la masa sea pagado a su vencimiento, tal como prevé el art. 84.3 y antes el art. 154.2 de la Ley Concursal , puesto que para que proceda la compensación, las deudas a compensar deben estar vencidas (art. 1196.3 del Código Civil)” No obstante, la mencionada Resolución del TEAC, considerando que se trata de un pronunciamiento aislado del Tribunal Supremo, fija un criterio contrario, que es vinculante para la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 242.4 de la LGT, por lo que, mientras no exista un nuevo pronunciamiento sobre la materia, de acuerdo con la citada Resolución del TEAC, la AEAT no procederá a realizar compensaciones de oficio. 6. PROBLEMAS DE GESTIÓN EN REAPERTURAS DE CONCURSOS. Modos de comunicación a la AEAT de las reaperturas de concursos. El artículo 21.4 de la Ley concursal, en la redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, imponía a la administración concursal la obligación de comunicar a la AEAT la declaración de concurso por los medios que ésta habilitase en su Sede electrónica. El artículo 33 g) 1º de la Ley Concursal, en la redacción dada por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, reforzó esta obligación al establecer como funciones de secretaría de los administradores concursales la “comunicación electrónica de la declaración de concurso a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social”. Con el fin de atender el mandato establecido en el artículo 21.4 LC, la Agencia Tributaria introdujo en su Sede electrónica un formulario que deberá cumplimentar el administrador concursal. Dicho formulario permite comunicar los mismos datos que figuran en el extracto de publicación del concurso en el BOE a que se refiere el artículo 23.1 LC. No se permite presentar otro formulario de comunicación de concurso con el mismo número de procedimiento y Juzgado porque podría provocar una duplicidad de expedientes. La Ley concursal, al regular la reapertura del concurso, no prevé una obligación similar de comunicación en la sede electrónica. A la reapertura de concurso, tal como dispone el artículo 179 de la Ley Concursal, “se le dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24, procediendo también la reapertura de la hoja registral en la forma prevista en el Reglamento del Registro Mercantil.” Por lo tanto, con el sistema actual, y dado que no se puede hacer uso del formulario anteriormente mencionado (al coincidir número de procedimiento y Juzgado), la forma de poner en conocimiento de la AEAT la reapertura del concurso sería mediante el envío de un correo electrónico a la dirección habilitada, adjuntando la documentación necesaria. 7. FACTURAS RECTIFICATIVAS DE IVA EN LAS CERTIFICACIONES DE LA AEAT. Identificación de las facturas rectificativas cuando se incluyen en las certificaciones de la AEAT. En la certificación de deudas que emite la AEAT, se incluye una cláusula genérica relativa a las facturas rectificativas de IVA: “A la deuda recogida en el presente certificado se deberá añadir por parte de la administración concursal toda aquella nacida de las autoliquidaciones derivadas de la modificación de las bases imponibles de IVA como consecuencia de la emisión de facturas rectificativas correspondientes, ello de acuerdo con lo establecido en los artículo 80.Tres, 99.Tres y 114 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre”. Si se producen dichas modificaciones y se incluyen en las certificaciones subsiguientes, la Administración Concursal deberá llevar un adecuado control para poder relacionarlas con el ejercicio correspondiente. Tampoco debería existir problema de identificación en caso de liquidaciones practicadas por la AEAT, ya que dichas liquidaciones habrán sido notificadas convenientemente y de su contenido se podrá conocer sin lugar a dudas el ejercicio y el concepto al que se refieren. 8. ACUERDOS SINGULARES. Posibilidades de suscripción de estos acuerdos, incluso en situaciones preconcursales, para favorecer la continuidad de las empresas viables. La suscripción de acuerdos singulares (artículos 164 LGT y 10 LGP) está prevista como un instrumento para facilitar el cobro por parte de la AEAT, pero también para facilitar el pago de las deudas al concursado. A la propia AEAT le interesa su suscripción y ha tratado de potenciar su utilización, hasta el punto de que se ha convertido en el marco general de las condiciones para la satisfacción del crédito tributario con calificación de privilegiado dentro del proceso concursal. Precisamente para facilitar su suscripción, el acuerdo singular podrá contener aquellas condiciones y garantías que se estimen necesarias para la mejor recuperación del crédito público (al tratarse de un acuerdo especial, en él caben distintos tipos de pactos y cláusulas relativos a plazos, periodicidad de pagos, garantías y su formalización, etc.). Sin embargo, sí que deben tenerse en cuenta una serie de requisitos mínimos: En primer lugar, el acuerdo en cuestión incluirá unas condiciones singulares de pago que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el Convenio o Acuerdo que ponga fin al proceso concursal. El límite temporal hasta el cual la AEAT va a suscribir acuerdos singulares respecto de su crédito privilegiado lo constituye la fecha de eficacia del convenio de acreedores establecida en el artículo 133.1 de la Ley Concursal, eficacia que se produce desde la fecha de la sentencia que apruebe el convenio, salvo que el Juez acuerde retrasar esa eficacia a la fecha en que la sentencia alcance firmeza. Así mismo, será necesario haber satisfecho todos los créditos calificados como créditos contra la masa, así como, si los hubiera, los créditos originados con posterioridad a la fecha de eficacia del convenio general suscrito. Su vigencia quedará condicionada al cumplimiento de las obligaciones corrientes. Finalmente, en cuanto a las situaciones preconcursales, es preciso señalar que el acuerdo singular solo puede utilizarse dentro del proceso concursal, mientras que, por otro lado, los créditos de Derecho Público no pueden verse afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos (mecanismo previsto para las situaciones preconcursales). Lo que sí podrá solicitar el deudor es el aplazamiento/fraccionamiento de las deudas vigentes, de acuerdo con la regulación prevista en la LGT y su normativa de desarrollo. Acceda directamente Contacte con nosotros Opine Enlaces de interés Aviso legal Aviso de seguridad Datos personales RSS Mapa web Accesibilidad Ayuda Política lingüística Buscar Castellano Català Galego Valencià English clic aquí para editar. Jurisprudencia. Especial acciones directas del art. 1597 CCv y DA 6ª de la Ley 9/2013, de 4 de julio vs concurso de acreedores.
1)AAP BI 1283/2019, de 28 de junio.** Sección 4. Ponente, Edmundo Rodríguez Achutegui. Acción directa: Ejercicio antes de la declaración de concurso. El art. 50.3 LC impide que una vez declarado el concurso se presenten demandas en ejercicio de la acción directa del art. 1597 CCv ante el JPI. A su vez el art. 51 bis 2 dispone la suspensión de los juicios en trámite, declarado el concurso, en que se ejercite la acción del art. 1597 CCv. A los acreedores que menciona la parte apelante en su solicitud que pretendan el ejercicio de la acción directa extrajudicialmente le son de aplicación tales previsiones normativas, y habrán de acudir al concurso a hacer valer su derecho, sin que la reclamación extrajudicial o judicial tenga eficacia a partir de que sea declarado. Cita los AA AP Álava, Secc. 1ª, 20 de septiembre de 2012, y 169/2013, de 7 noviembre; así como AAP Vizcaya, Secc. 4ª, 509/2019, de 27 de marzo. Los conflictos de competencia negativos surgidos entre JJPI y JJMM en materia de consignación se han resuelto por el TS en SS de 30 octubre 2012 y 4 diciembre 2012, considerando inaplicable el art.50 LC, ya que el expediente de consignación no afecta al patrimonio del deudor concursado, concluyendo la competencia de los Juzgados de 1ª Instancia. Es decir, la competencia objetiva para conocer de esta clase de expedientes no corresponde a los JJMM que tramitan el concurso, sino a los JJPI, aunque no cabrá consignación liberatoria una vez declarado el concurso por mandato del art. 50.3 LC. Nota: En idéntico sentido AAP BI 1282/2019, de 25 de junio. 2)AAP BI 1206/2019, de 28 de junio.** Sección 4. Ponente, María Lourdes Arranz Freijo. Acción directa: Ejercicio de acciones tras la declaración del concurso. El art. 50.3 LC impide que una vez declarado el concurso se presenten demandas en ejercicio de la acción directa del art. 1597 CCv ante el JPI. Por otro lado el art. 51 bis 2 LC dispone la suspensión de los juicios en trámite, declarado el concurso, en que se ejercite la acción del art. 1597 CCv. Por tanto si los acreedores pretenden el ejercicio de la acción directa extrajudicialmente, se toparán con tales normas y tendrán que acudir al concurso a hacer valer su derecho, sin que la reclamación extrajudicial o judicial tenga eficacia a partir de que sea declarado. Cita los AA AP Álava, Secc. 1ª, 20 de septiembre de 2012, y 169/2013, de 7 noviembre. Tras la declaración de concurso no es posible que la recurrente, dueña de la obra, consigne el importe a la vista de las reclamaciones que al tiempo puedan realizar la deudora concursada y los terceros que pretendieran hacer valer su acción directa conforme al art. 1597 CCv. No es posible, porque para cuando se ha presentado la demanda incidental en la que pretende se declare bien hecha la consignación, ya se ha declarado el concurso. 3)SJM PO 524/2019, de 20 de mayo.*** Magistrado, Nuria Fachal Noguer. Acción directa DA 6ª de la Ley 9/2013 (transportes): Resistencia frente al concurso. Frente a lo que ocurre en el caso de la acción directa del artículo 1597 CCv, la acción directa concedida al porteador efectivo en DA 6ª de la Ley 9/2013, de 4 de julio, resulta inmune a la excepción de pago que pudiera aducir el cargador contractual o cualquiera de los intermediarios quienes, de este modo, podrán verse obligados a hacer frente, más de una vez, al pago de un mismo porte, sin perjuicio del derecho repetición de quien hubiera respondido ante el actor (Reproduce Martín Castro, Mª de la Paz en RDM nº 308/2018). En consecuencia para el caso de concurso del transportista intermediario: i) la acción directa es resistente al concurso y, si el porteador contractual no hubiese abonado la cantidad debida al transportista efectivo, éste podrá dirigirse contra el cargador por la suma que se le adeuda; ii) el crédito del transportista efectivo será reconocido en el concurso del intermediario como crédito concursal (la inclusión de su derecho de crédito en la lista de acreedores que confecciona la administración concursal ni bloquea ni impide el ejercicio de la acción directa frente al cargador, que es inmune al concurso del porteador contractual) y, en caso de pago de los portes por el cargador como consecuencia del ejercicio de la acción directa, éste quedará subrogado en el crédito que ostentaba el transportista efectivo; y, iii) en el inventario de la masa activa figurará el derecho de crédito que ostenta el intermediario concursado frente al cargador, si éste no hubiese abonado el precio pactado a fecha de declaración de concurso. Resumen realizado porJosé María MarquésVilallonga.quí para editar. Todo lo que necesitas saber sobre la Ley de Segunda Oportunidad Por Redaccion DJ - 29 enero, 2020 En España, la Ley de Segunda Oportunidad entra en vigor en el año 2015 para ofrecer una alternativa a las personas y empresas autónomas que no cuentan con la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos financieros. A continuación, daremos los detalles de las condiciones para optar por este recurso y los casos en los que se puede solicitar la aplicación de esta ley. Qué es la Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal al que las personas particulares o empresas autónomas pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de insolvencia, es decir, en aquellos momentos en los cuales no son capaces de cumplir con sus obligaciones financieras. Tal como su nombre indica, esta ley tiene la finalidad de ofrecer una segunda oportunidad para encontrar un equilibrio en el pago de las deudas adquiridas, que por situaciones difíciles, las personas no han podido resolver. Este mecanismo es una alternativa para ayudar a quienes hayan intentado emprender en un nuevo negocio y no hayan obtenido el éxito deseado, con la intención de que tengan la oportunidad de recuperar su estabilidad financiera mediante un acuerdo con los acreedores, de maners que les permita exonerar o flexibilizar las cuotas de pago de las deudas adquiridas. A quién acudir para solicitar asesoría sobre la Ley de Segunda Oportunidad Para poder optar por los beneficios que supone la aplicación de esta Ley, la persona afectada debe cumplir con ciertos requisitos. En estos casos, lo mejor es contar con la asesoría de abogados profesionales, como los que Defensa del Deudor ofrece, para que cada persona esté informada sobre el procedimiento que debe seguir y, saber si su caso cumple con las condiciones requeridas. El procedimiento legal por el cual se puede obtener la exoneración de una deuda se denomina “concurso de acreedores para personas físicas”, en el cual, la persona afectada deberá demostrar que no cuenta con las condiciones económicas para cumplir con el pago de sus deudas. En cuanto a esto, la asesoría de un abogado especializado en la Ley de Segunda Oportunidad es necesaria para obtener todo el apoyo y la guía apropiada que permita que el deudor logre demostrar de forma exitosa sus razones y pueda lograr una disminución del déficit financiero. Pasos a seguir para aplicar la Ley de Segunda Oportunidad según recomienda Defensa del Deudor La empresa Defensa del Deudor cuenta con una amplia trayectoria en casos de aplicación de la Ley segunda oportunidad con un equipo de abogados deudas especializados, que ofrecen una atención personalizada en la que se presta mucha atención a cada uno de los detalles que puedan ayudar a la persona a liberarse de las deudas. Sus servicios están orientados a evaluar cada caso para determinar si se cumplen las condiciones que se necesitan para optar por los beneficios de la Ley y, acompañar a cada uno de sus clientes durante todo el proceso. En este sentido, el primer paso es acudir a un abogado que preste la asesoría necesaria, donde se preparará toda la información pertinente para presentar la solicitud ante un juez. Es importante tener en cuenta que en el proceso deben estar involucrados un abogado y un procurador y, es necesario que se haya intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de comenzar el procedimiento judicial. En Defensa del Deudor se aseguran de que cada uno de sus clientes cuenten con todos los requisitos y de que tengan conocimiento de las excepciones de la ley. De esta manera cada uno de sus clientes podrá estar al tanto de las deudas que no podrán ser exoneradas. Con la finalidad de prestar el mejor servicio, se encargan de la asesoría de los acuerdos extrajudiciales con los acreedores, en los que se busca una renegociación de las deudas y, en caso de no lograr un acuerdo, proceden a la preparación de los documentos para recurrir al procedimiento judicial. En qué casos se puede apelar a la Ley de Segunda Oportunidad Para apelar a la Ley Segunda Oportunidad, la persona debe demostrar que no cuenta con la cantidad de dinero necesaria para cumplir con sus deudas, ya que el fallo a favor del deudor depende de condiciones específicas demostrables. Una de estas condiciones, consiste en tener pruebas de que la persona ha actuado de buena fe, es decir, que los impagos han sido producto de las dificultades financieras y no por descuido o mala intención. La ley está diseñada para que cualquier persona, física o natural y empresas autónomas, que se encuentren en una difícil situación financiera puedan liberarse de sus deudas para tener un nuevo comienzo y recuperar su estabilidad económica. Desafortunadamente, no todas las deudas pueden ser exoneradas, tal es el caso de aquellas que responden a compromisos de manutención familiar y responsabilidad social. Lo que hace fundamental que tengas la asesoría adecuada para garantizar los mejores beneficios. En Defensa del Deudor podrás contar con expertos dispuestos a conocer con detalle cada uno de los aspectos de tu caso, cuyo objetivo es informarte sobre si puedes ser beneficiado por la Ley de Segunda Oportunidad. De ser así, esta empresa comenzará todo el proceso en tu nombre, en el que tendrás garantizado un asesoramiento legal en cada etapa del proceso, con el compromiso de tener éxito. Cuánto tiempo tarda el proceso Como en cualquier otro trámite judicial, se tratan de procedimientos que pueden tomar varios meses, ya que cada caso presenta condiciones particulares. El tiempo estipulado por la ley para la primera fase comprende entre dos y cuatro meses, pero esto depende de las condiciones de cada situación. Para lograr optimizar el tiempo de espera, se aconseja buscar la asesoría de profesionales expertos en el área, que te ayuden a cumplir con los requisitos y toda la documentación necesaria que pruebe tus condiciones. Esto facilitará que la evaluación sea más precisa y obtengas las reducciones necesarias que te ayuden a superar la etapa crítica de las deudas. El lado positivo es que, una vez presentada la solicitud, se detienen los embargos y se congelan los intereses para evitar que las deudas sigan aumentando. Lo que te permitirá obtener un poco más de tiempo y tranquilidad. https://www.diariojuridico.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-ley-de-segunda-oportunidad/ 1)STS 24/2020, de 16 de enero.**
Sala Primera. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. Fianza: Calificación del crédito en supuestos de subrogación. Responsabilidad de administradores: Pago por el fiador al acreedor tras el nacimiento de la causa de disolución del deudor principal. La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital prevista en el art. 367 LSC, que se anuda al incumplimiento de los deberes legales de promover la disolución de la sociedad, estando esta incursa en causa legal de disolución, lo es respecto de las deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución. Se entiende por deudas posteriores, las que hubieran nacido después del acaecimiento de la causa de disolución. Reproduce textualmente STS 716/2018, de 19 de diciembre. La póliza de crédito concedida a la sociedad y afianzada por es anterior a la aparición de la causa de disolución. El pago al acreedor principal hecho como consecuencia del incumplimiento de la sociedad, es posterior a la aparición de la causa de disolución. La cuestión controvertida gira en torno a la determinación de cuándo se entiende que nació la deuda social reclamada por la fiadora: con la póliza de crédito afianzada o con el pago del fiador al acreedor principal. El derecho del fiador a reclamar de la sociedad deudora lo pagado no es propiamente una nueva deuda social, sino una modificación subjetiva de la obligación originaria, un cambio de acreedor. El fiador que paga la obligación garantizada dispone de dos acciones para hacer efectiva la vía de regreso frente al deudor principal: un derecho de reembolso (art. 1838 CC) y una facultad de subrogarse en los derechos del acreedor (art. 1839 CC). Reproduce STS 761/2015, de 30 de diciembre. Aunque el fiador asuma la condición de acreedor frente a la sociedad deudora principal, respecto de lo pagado al acreedor principal, como consecuencia de la fianza, a los efectos previstos en el art. 367 LSC no cabe hablar del nacimiento de una nueva deuda social, sino más bien de que la existente persiste, sin perjuicio de que ahora sea el fiador el legitimado para reclamarla. Cuando menos por lo que respecta al importe de la deuda satisfecha y sus intereses. El pago por el fiador de una deuda social con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución no supone el nacimiento de una nueva deuda social para hacer responsable de ella al administrador que incumplió los deberes de disolución, sino, en su caso, la legitimación del fiador para reclamar frente a la sociedad la deuda social satisfecha y sus intereses. Cuestión distinta podría ser en lo que respecta al eventual crédito de indemnización de daños y perjuicios, al que legitima también la acción de reembolso. Nota del autor: A continuación obiter dicta, la Sentencia extrapola la casuística al concurso de acreedores mediante un sencillo pero interesante razonamiento a pesar de que ello no sea objeto de discusión. La solución alcanzada guarda relación lógica con el tratamiento concursal del crédito garantizado con fianza en el concurso del deudor, previsto en el art. 87.6 LC. El pago del fiador, con posterioridad a la declaración de concurso, le legitima para sustituir al acreedor originario como titular del crédito, que seguirá siendo concursal y no contra la masa. 2)AAP B 10393/2019, de 20 de diciembre.* Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo. Concurso necesario: Acreditación de la deuda. Al tiempo de instarse el concurso, tan sólo puede examinarse, en relación con el presupuesto de la legitimación, si se aporta el "documento acreditativo" del crédito, entendido como un soporte documental dotado de una mínima apariencia de regularidad que, de acuerdo con un criterio de normalidad en el sector de que se trate, proporcione no ya la seguridad de su existencia sino un razonable grado de verosimilitud. Reproduce AA de la misma Sección de 5 de diciembre de 2018 y de 11 de octubre de 2010. Resumen realizado por José María MarquésVilallonga. Haz clic aquí para editar. 1)STS 4156/2019, de 12 de noviembre.** Sala de lo Social. Ponente, María Luz García Paredes. Unidad productiva: Sucesión empresarial en las deudas derivadas de la extinción de relaciones laborales. La adjudicación de una unidad productiva en el procedimiento concursal conlleva la aplicación del art. 44 del ET, en tanto que es norma imperativa aplicable en cualquier supuesto de trasmisión de empresa que conlleva cambio de titularidad, sin que la existencia de un concurso de acreedores lo haga inaplicable, de forma que el adjudicatario pasa a ocupar la posición del empleador concursado y respecto de sus trabajadores. Reitera doctrina sentada en SSTS de 26 de abril y 27 de noviembre de 2018. Lo que es acorde con el art. 148.4 LC, en el que no se excluye la sucesión de empresa en los casos de adjudicación de una unidad productiva de la concursada, sino que, precisamente, dicho precepto remite al art. 64 LC cuando "las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales, traslados, suspensiones o extinciones colectivas de los contratos”. Si la adquisición de la unidad productiva no supusiera tal sucesión, dicha remisión sería superflua porque no conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora y el plan de liquidación se limitaría a contemplar las condiciones de la realización de los bienes y derechos del concurso, sin necesidad de previsión alguna respecto de la situación de los trabajadores. El interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rija la adjudicación de los bienes. 2)ATS 12885/2019, de 12 de noviembre.** Sala de lo Social. Ponente, María Luisa Segoviano Astaburuaga. Unidad productiva: Competencia de los Juzgados de lo Social para conocer sobre la extinción de las relaciones laborales. Sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la extinción colectiva de los contratos de los trabajadores en el marco de un concurso de acreedores de una empresa, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o no una sucesión empresarial ( artículo 44ET) es competencia de la jurisdicción social. Reitera STS de 29 de octubre de 2014 y Autos de 9 de diciembre de 2015 y de 9 de marzo de 2016 de la Sala de Conflictos. Reiterado igualmente en ATS 12609/2019 de la misma fecha. 3) Decreto JMB, de 9 enero de 2020.** Juzgado Mercantil 9. Ldo. de la administración de Justicia, Francesc-Xavier Rafí i Roig. Subasta: Derecho de adquisición preferente. En supuestos de venta pública en subasta judicial existe derecho de adquisición preferente. Reproduce doctrina de STS 663/1994, de 30 de junio; 790/2011, de 4 de abril; y 842/2013, de 21 de enero; y S SAP 2646/2019 de 13 de mayo. En consecuencia, debe aprobarse el remate a favor del mejor postor pero con la peculiaridad de, inmediatamente, suspender el plazo que éste tiene para consignar el resto del precio del remate y conceder, paralelamente, a los arrendatarios el plazo de 30 días para que puedan ejercer el derecho de tanteo. Para ello, el letrado de la administración de justicia exigirá al arrendatario consignar el depósito que fue preceptivo para participar en la subasta, y si finalmente se ejercita el derecho, el arrendatario dispondrá de los 40 días establecidos en el art. 670 LEC para consignar el resto del precio del remate. Nota: Agradecemos a Pau Ballvé su gentileza a la hora de remitirnos esta resolución. 4)STS 6/2020, de 8 de enero.*** Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. FOGASA: Imputación de pagos. Supuesto de hecho en el que los trabajadores de la concursada ostentaban diversos derechos de crédito: unos tenían la consideración de créditos contra la masa por tratarse de salarios de los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso, con los límites previstos en el art. 84.2.1º LC; otros eran créditos contra la masa por tratarse de salarios devengados con posterioridad a la declaración de concurso, conforme a lo previsto en el art. 84.2.4º LC; y el resto eran créditos concursales por tratarse de salarios anteriores a la declaración de concurso y no estar amparados por el art. 84.2.1º LC. Conforme a la previsión contenida en el art. 33 ET, el Fogasa pagó a cada uno de estos trabajadores 6.010,80€, sin hacer ninguna imputación de pagos expresa. Como consecuencia legal derivada de estos pagos, el Fogasa se subrogó en la posición de cada uno de los trabajadores respecto de los créditos satisfechos y frente a la sociedad concursada. Lógicamente, la subrogación no conllevó la extinción de estos créditos frente a la concursada, sino un cambio de acreedores. ¿A qué créditos debían imputarse estos pagos realizados por el Fogasa? Las reglas de imputación de pagos deben extraerse de los principios concursales y de la ratio subyacente a las reglas de preferencia de pagos dentro del concurso. Es decir, debe imputarse el pago por salarios primero a los adeudados que hubieran dado lugar a créditos contra la masa y después, lo que excediera de estos importes, se imputaría a los créditos concursales y por el orden de prelación legal consiguiente a la clasificación de créditos. Y ello, aunque sea el Fogasa quien realice el pago y no el propio deudor, y por lo tanto permanezca el crédito frente al deudor concursado, Nota del autor: Fogasa, en el momento de efectuar el pago podrá determinar a qué créditos deben imputarse las cantidades a satisfacer, teniendo en cuenta que si el pago de prestaciones se produce por la situación concursal del empresario, el FOGASA aplicará a las prestaciones a satisfacer, el criterio del crédito más oneroso, lo que significa que se imputarán, por el siguiente orden preferencia: (i) créditos contra la masa por los treinta últimos días de trabajo efectivo anteriores a la declaración del concurso; (ii) crédito contra la masa por los salarios devengados después del concurso por el orden de devengo temporal; (iii) créditos salariales anteriores a la declaración del concurso calificados con privilegio general; (iv) créditos salariales ordinarios; (v) créditos salariales subordinados. Agradecemos a Montserrat Moreno que nos ha clarificado este último extremo. Resumen realizado por José María MarquésVilallonga. SJE REFOR-CGE 2/ 2020- 15/01/2020 seaprador 1)SAP B 3301/2019, de 5 de abril.** Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo. Crédito con privilegio especial: Deuda originaria, concepto. Pago: Créditos con privilegio especial. Valor de la garantía: Concepto. Deuda originaria: Concepto. Atendido el tenor literal de los arts. 90.3º y 155.5 LC, entendíamos y entendemos que el pago del crédito con privilegio especial ha de hacerse en la forma prevista en el art 155.5º LC. Cita su Auto de 2 de julio de 2018. La finalidad de las reformas de la LC operadas en el año 2015 no fue reducir la garantía del crédito con privilegio especial, ajustándolo al valor razonable del bien afecto, sino conformar adecuadamente la masa pasiva del concurso con vistas a un eventual convenio de acreedores. El legislador tuvo claramente la intención de establecer una nueva forma de valorar la garantía para limitar el derecho de abstención de los acreedores que carecía "económicamente" de una garantía efectiva, pero no de limitar el alcance de las garantías. Para ello cambió la forma de valorar las garantías, como ya lo había hecho en la DA 4ª mediante el RD Ley 11/2014. El art. 90.3 LC se ubica en el capítulo "determinación de la masa pasiva" sección "clasificación de los créditos". Por el contrario, el art. 155.5º LC regula expresamente el pago de los créditos con privilegio especial. Y dicho precepto dispone que el "montante resultante" de la realización de los bienes y derechos afectos al crédito con privilegio especial se aplicará "a la deuda originaria", expresión que no puede identificarse con el valor razonable de la garantía sino con el total del crédito privilegiado. 2)SAP Z 560/2019, de 4 de abril. Sección 5. Alfonso María Martínez Areso. Deuda originaria: Concepto. Con la expresión deuda originaria se pretende hacer referencia a la deuda contraída por principal e intereses, en contraposición con la fijada en el art. 90.3 LC en relación con el art. 94.5 referida a los supuestos de convenio, pese a la duda introducida por el artículo 140.4 LC que solo se refiere al supuesto de incumplimiento de convenio y no a la fase de liquidación, a la que alude el supuesto enjuiciado. Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga. 1) STS 3924/2019, de 16 de diciembre.** Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. Calificación: Comportamientos del art. 164.2 LC. Calificación: Principio non bis in ídem. Calificación: Desvalor de la conducta de la que pueden predicarse dos causas de calificación culpable. El art. 164.2 LC enuncia seis comportamientos que, sin necesidad de acreditar la relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia, ni el dolo o la culpa grave, merecen cada uno de ellos la calificación culpable del concurso. Para su consideración como causa de culpabilidad diferenciada de otras previstas en la Ley Concursal es necesario que tal inexactitud no haya sido ya objeto de valoración por aplicación de un precepto preferente que contemple el mismo desvalor, como ocurre cuando la inexactitud en las cuentas anuales acompañadas a la solicitud de concurso ha sido considerada como irregularidad contable relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera y ha determinado la aplicación de la específica causa de culpabilidad del art. 164.2.1º de la Ley Concursal. La no aportación de las cuentas anuales o de determinados documentos contables, no puede integrar estas dos causas de culpabilidad del concurso, la prevista en el art. 164.2.1º LC y la prevista en el art. 164.2.2º, cuando el desvalor de la conducta es el mismo. Reproduce STS 650/2016, de 3 de noviembre. Sin embargo, una misma realidad, por ejemplo la desaparición de unos activos y su no inclusión en el inventario aportado con la solicitud de concurso, podría ser tomada en consideración de diversa forma para la aplicación de distintas causas de calificación culpable, siempre que cada una de ellas contemple un desvalor distinto. Así, la omisión de ese activo en el inventario, en caso de merecer esta inexactitud la consideración de grave, podría justificar la calificación culpable al amparo del art. 164.2.2º LC; y, si se constata que ese activo salió del patrimonio del deudor sin justificación o causa alguna, cabría también calificar culpable el concurso al amparo del art. 164.2.4º LC. La falta de aportación de documentación contable podría incardinarse tanto en el ordinal 1º como en el ordinal 2º del art. 164.2 LC, pero al encerrar el mismo desvalor, podría calificarse culpable el concurso por cualquiera de ellas pero no por las dos al mismo tiempo. 2) STS 3915/2019, de 11 de diciembre.** Sala de lo Civil. Pedro José Vela Torres. Reconocimiento de créditos: Obligaciones de hacer incumplidas. Supuesto de hecho: El 6-5 el Ayuntamiento declaró la ruina urbanística de un inmueble propiedad de Aulo Agerio, S.L. y le concedió un plazo de dos meses para que lo demoliera; El 13-6 la propiedad comunicó al Ayuntamiento la imposibilidad material y financiera de acometer dicha resolución y solicitó que, en régimen de ejecución subsidiaria, procediera a la demolición a su costa; El 4-7, se declaró en concurso a Aulo Agerio, S.L.; El 10-7 el Ayuntamiento dictó un decreto de demolición, en régimen de ejecución subsidiaria; El Ayuntamiento solicitó que el crédito resultante de dicha ejecución subsidiaria fuera clasificado como crédito contra la masa, mientras que la administración concursal sostuvo que debía ser calificado como crédito concursal. Tan solo en el caso en que no pueda conseguirse el cumplimiento voluntario o forzoso de la obligación entra en juego el principio nemo factum cogi potest y la prestación primitiva se transforma subsidiariamente en la de indemnizar, pero para que nazca esta acción de resarcimiento es indispensable que el incumplimiento sea voluntario, es decir, que se deba a dolo o culpa del deudor. Reproduce STS de 3 de julio de 1989. El crédito que pueda surgir de la ejecución forzosa no nace directamente con la obligación de hacer, sino con su incumplimiento. Máxime si, como era el caso, el obligado contaba con un plazo de cumplimiento voluntario. Es decir, si la propietaria del inmueble hubiera cumplido la orden de demolición en el plazo concedido por el ayuntamiento, ningún crédito dinerario habría surgido a favor de éste. Como la empresa obligada a la demolición no agotó el plazo de ejecución voluntaria, sino que solicitó del ayuntamiento que fuera dicha administración quien ejecutara la obra a costa del administrado, fue ahí –antes de la declaración de concurso- donde nació el crédito municipal. Por dicha razón el crédito debe calificarse concursal. Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga. 1) AP L 704/20219 de 2 de diciembre.* Sección 2. Ponente, Alberto Guilaña Foix. Ejecución: Paralización por la declaración de concurso. Declaración de concurso: Efectos. Conclusión del concurso por inexistencia de activos: Efectos sobre los créditos. En base al art. 55 LC cuando el ejecutado está en concurso y para evitar que pueda frustrarse el principio de la par conditio creditorum, perjudicando a los acreedores, debe acordarse la suspensión del proceso de ejecución, hasta que se dicte resolución en el concurso de acreedores. Eso significa que esos acreedores tendrán que hacer valer sus créditos dentro del proceso concursal. La ventaja que tienen estos acreedores es que, en la mayoría de los casos, esos créditos van a incluirse necesariamente en la lista de acreedores que elabora la administración concursal, sin que ésta tenga que entrar a analizar si procede o no su inclusión. ¿Hasta cuándo existe la prohibición de iniciar o continuar ejecuciones y apremios ya iniciados y suspendidos? Hasta la conclusión del concurso. Pero no toda conclusión del concurso autoriza al acreedor para reiniciar las ejecuciones singulares. Pues hay casos en los que éste concluye mediante actos que suponen la extinción de los créditos (por ejemplo, por pago o consignación de la totalidad de los créditos reconocidos - art. 176.1.3ºLC-, o por desistimiento o renuncia de todos esos acreedores - art. 176.1.5º LC-). En cambio, sí podrá reiniciar las ejecuciones singulares cuando el concurso haya concluido por inexistencia de bienes y derechos (arts.176.1.4º y 178.2 LC). Y ello porque esta forma de terminación del concurso supone el impago de todos o algunos créditos, por lo que el deudor continuará estando obligado a satisfacerlos. Por eso pueden esos acreedores reiniciar las ejecuciones singulares, mientras no se acuerde la reapertura del concurso y no se declare nuevo concurso ( art. 178.2 LC). 2) AAP GI 1337/2019 de 2 de diciembre .* Sección 1. Fernando Lacaba Sánchez Competencia objetiva: Jueces mercantiles Persona que era antes empresario y fue entonces cuando se generó la parte sustancial de su pasivo, pero al tiempo de la petición de su concurso ya ha dejado de serlo. Ante la falta de previsión del legislador sobre los problemas de delimitación de competencia entre el juez civil y el mercantil, lo más razonable es la atribución de la competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil, cuando la deuda tenga su origen en el ejercicio de la anterior actividad empresarial, que es además lo más acorde con el muy amplio concepto de empresario manejado por la legislación mercantil y concursal. 3) DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 Sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Comentario del autor. Dispone el art. 2.2 de la Directiva que “a efectos de la presente Directiva, los siguientes conceptos se entenderán según la definición de la normativa nacional: a) insolvencia; b) insolvencia inminente; y c) microempresas y pequeñas y medianas empresas (denominadas conjuntamente, «pymes»).” Consideramos que podría existir un error en la traducción española del apartado (b) de este artículo. Las versiones inglesa, francesa y alemana se refieren respectivamente a “likelihood of insolvency”, “probabilité d'insolvabilité” y “wahrscheinliche Insolvenz”. En los tres casos la traducción al castellano es “probabilidad de insolvencia”. Sin embargo, como hemos visto, la traducción castellana de la Directiva en ese mismo redactado ha sido “insolvencia inminente”. El posible error se reitera en el Considerando 24 de la Directiva variando su sentido en las versiones inglesa, francesa y alemana por un lado, y la española por el otro: Mientras en las primeras afirma: “A fin de evitar una utilización abusiva de los marcos de reestructuración, las dificultades financieras del deudor deben indicar una probabilidad de insolvencia…” En la versión española se afirma: “A fin de evitar una utilización abusiva de los marcos de reestructuración, las dificultades financieras del deudor deben indicar la insolvencia inminente…” A nuestro criterio no es lo mismo una “probabilidad de insolvencia” que una “insolvencia inminente”. La “probabilidad de insolvencia” abarcaría estadios de dificultades económicas anteriores a la insolvencia inminente. Creemos que la Directiva desea dotar al ordenamiento de herramientas de alerta temprana no a empresas que se encuentran en situaciones de “insolvencia inminente” sino a empresas que se encuentran en “probabilidad de insolvencia”. Tanto es así, que el considerando 22 de la Directiva dispone que “cuanto antes pueda detectar un deudor sus dificultades financieras y tomar las medidas oportunas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia inminente”. Dicho de otra forma, las medidas deben tomarse para evitar, no la insolvencia, sino la insolvencia inminente. Escenarios o alertas de “probabilidad de insolvencia” podrían ser los siguientes: pérdidas acumuladas, restricción del crédito, pérdida de clasificación en aseguradoras de crédito, determinados ratios, demandas o reclamaciones de terceros, pérdida de licencias o clasificaciones, resoluciones contractuales y hasta supuestos de desbalance. Por su lado, la “insolvencia inminente” quizá guardaría relación con “el próximo impago generalizado de créditos” (AJM M 72/2019, de 10 de septiembre) o “la próxima imposibilidad de cumplir sus obligaciones exigibles” (AJM PO 27/2019, de 10 de abril), es decir con situaciones de iliquidez próxima y generalizada. Como apuntan Cerdá Albero, Fernando y Sancho Gargallo, Ignacio en Curso de Derecho Concursal, Colex, 2000, “(l)a insolvencia es el presupuesto objetivo de cualquier declaración concursal…” La insolvencia es la piedra angular del concurso. Lo que entendamos por ella, y también por insolvencia inminente y por probabilidad de insolvencia puede marcar el futuro de nuestro derecho de insolvencias.
1)STS 3834/2019, de 2 de diciembre.*** Sala de lo Contencioso. Ponente, Celsa Picó Lorenzo. Unidad productiva: Derivación deudas de la TGSS al comprador. TGSS: Derivación deudas en la compra de unidad productiva. Competencia Juez Mercantil: En exoneración de obligación de pago de deudas con TGSS. Asunto Lanki Herramientas Al apreciar la existencia de sucesión de empresa, como consecuencia de la enajenación prevista en el art. 149.1.1º LC es decir, de la enajenación como un todo del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor, en el que la entidad económica mantenga su identidad, ¿se ha de considerar, conforme al art. 149.2 LC, en la redacción anterior a la reforma operada mediante el Real Decreto Ley 11/2014, que la expresión "a los efectos laborales" comprende a las deudas con la Seguridad Social a que se refieren los artículos 15, 104 y 127 de la anterior Ley General de la Seguridad Social (que se corresponden con los actuales artículos 18, 142.1 y 168 la actual Ley General de la Seguridad Social)? Cuando el art 149.2 LC, en su redacción anterior a la modificación operada por el Real Decreto-Ley 11/2014, dice que la sucesión de empresas de la que trata es "a efectos laborales", no comprende las deudas con la Seguridad Social. Reitera doctrina sentada en STS 113/2018, de 29 de enero. Además, el pronunciamiento firme del Juez de lo Mercantil que excluye, en virtud de la redacción indicada del artículo 149.2, al adquirente de los bienes y derechos de la exigibilidad de las deudas con la Seguridad Social, vincula a la Administración de la Seguridad Social e impide, por tanto, que por vía de la derivación de responsabilidad le reclame dichas deudas. 2)SAP B 13794/2019, de 28 de noviembre.** Sección 15. Ponente, José María Ribelles Arellano. Letrado de la concursada: Honorarios. Es posible aquilatar la cuantía de la retribución que ha de ser pagada con cargo a la masa, esto es, " determinar hasta qué montante pueden ser abonados (los honorarios) con cargo a la masa", en atención a los servicios profesionales prestados, lo que ha de hacer la administración concursal y, en su caso, el tribunal, sin que el previo pacto de honorarios entre el deudor y su letrado sea vinculante en el concurso. Reproduce STS de 18 de julio de 2014. El hecho de que los honorarios puedan tener cobijo en una hoja de encargo y en un presupuesto previamente aceptado, no impide que su importe pueda ser revisado en el concurso. Reproduce STS de 21 de julio de 2014. Resumen realizado porJosé María MarquésVilallonga. 1)ATS 12209/2019, de 20 de noviembre.** Insolvencia: Concepto. Insolvencia: Vs desbalance. Calificación: Art. 164.1.1. Crédito fiscal activado en sociedad con pérdidas. Calificación: Art. 164.1.1. Irregularidad relevante, concepto. En la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance o las pérdidas agravadas. Cabe que el patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social, incluso que el activo sea inferior al pasivo y, sin embargo, el deudor pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues obtenga financiación. Y, al contrario, el activo puede ser superior al pasivo pero que la deudora carezca de liquidez (por ejemplo, por ser el activo liquidable a muy largo plazo y no obtener financiación) lo que determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones en un determinado momento y, consecuentemente, la insolvencia actual. Por consiguiente, aunque con frecuencia se solapen, insolvencia y desbalance patrimonial no son equivalentes, y lo determinante para apreciar si ha concurrido el supuesto de hecho del art. 165.1 de la Ley Concursal es la insolvencia, no el desbalance o la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas agravadas. Reitera doctrina sentada en STS 22/2014, de 1 de abril. Activación de crédito fiscal en sociedad que lleva tres años incurriendo en pérdidas. Al exigir la Ley que la irregularidad contable sea relevante, expresa que debe tener suficiente entidad, cuantitativa o cualitativa, para desvirtuar la imagen de la empresa que ofrece la contabilidad. La irregularidad será cualitativamente relevante cuando impida al tercero tener una información correcta y suficiente del estado patrimonial de la empresa y, especialmente, cuando oculte la existencia de una causa de disolución o de una situación de insolvencia. Y lo será cuantitativamente cuando el importe económico de la incidencia, en relación con el tamaño de la empresa, altere significativamente la situación patrimonial y financiera que se proyecta al exterior. La irregularidad puede consistir en una sola conducta o en un conjunto de ellas, siempre que individual o globalmente produzcan el resultado típico. Concurre la causa de contabilidad. 2)SAP B 13242/2019, de 14 de noviembre.** Sección 15. Ponente Manuel Díaz Muyor. Rendición de cuentas: Concepto. Rendición de cuentas: Impugnación, ámbito. "Constituye una manifestación de la exigencia que el ordenamiento jurídico impone a cualquier persona que gestione intereses ajenos. Con la rendición de cuentas culmina el deber de la administración de informar sobre el cumplimiento de su cargo (art. 35 LC), como órgano concursal" que exige la elaboración y presentación ante el Juez del concurso de un informe donde debe darse cuenta de todas las actuaciones realizadas en el ejercicio del cargo e informar del resultado y saldo final de las operaciones realizadas. Reproduce STS 424/2015, de 22 de julio. Resulta improcedente cuestionar en el trámite de rendición de cuentas los actos que se imputan al administrador concursal (como demora en los actos de liquidación, rechazo de una oferta de compra sobre la vivienda del concursado, pagos improcedentes o la no comparecencia al otorgamiento de una escritura de compraventa de unas participaciones de una sociedad, que se llevó igualmente a cabo revirtiendo el precio pagado a la masa activa del concurso) cuando los resultados de dichas operaciones se han detallado en el informe y lo que las recurrentes pretenden en este momento es que se dejen sin efecto dichas operaciones, cuando la forma de atacarlas es ajena al objeto del presente incidente. Todo ello, sin perjuicio de otras acciones, que en su caso, pudieran ejercitarse frente al administrador concursal. 3)STS 3626/2019, de 14 de noviembre.** Sala de lo Civil. Ignacio Sancho Gargallo. Administrador social: Responsabilidad individual. Administrador social: Responsabilidad objetiva por no disolución (art. 367 LSC). Responsabilidad individual: Cierre de hecho. La insuficiencia de patrimonio de la sociedad determina la frustración del crédito reclamado cuando, en defecto de una liquidación ordenada, los acreedores de la sociedad sufren el agravamiento de su posición o los efectos de un comportamiento desordenado o arbitrario de su deudor cuyo patrimonio es en principio su única garantía, siendo directamente consecuencia de la conducta de los administradores que no hayan promovido la liquidación o el concurso a su debido tiempo. Cita STS 28 de abril de 2006. Cuando un acreedor ejercita una acción individual de responsabilidad frente al administrador de una sociedad en la que el daño o perjuicio cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito, es muy fácil caer en el riesgo de identificar "la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta errónea concepción de la responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador. Reproduce STS 150/2017, de 2 de marzo, y 274/2017,de 5 de mayo Para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. Reproduce STS 580/2019, de 5 de noviembre. Es desde esta perspectiva, desde la que la jurisprudencia ha admitido el impago de un crédito como daño o perjuicio susceptible de ser indemnizado por una acción individual. En este caso el ilícito orgánico denunciado ha sido realizar un cierre de hecho sin practicar operaciones de liquidación y una denuncia genérica de distracción de activos. En un supuesto como este la dificultad radica en apreciar una relación de causalidad entre esta conducta y el impago de la deuda, pues se precisa la constatación de la existencia de concretos activos cuya realización hubiera permitido abonar total o parcialmente la deuda. Algo que realizado hubiera servido para pagar el crédito. Delege ferenda, recomendamos el artículo de Matilde Cuena sobre crédito responsable y el necesario acceso a datos de solvencia positivos por parte de los prestamistas. ATS 11865/2019, de 11 de noviembre.** Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo. Reintegración: Sacrificio patrimonial justificado. Reintegración: Hipoteca. Concesión de hipoteca a pool bancario por valor de 26.978.328€ (responsabilidad hipotecaria,dato obtenido de la S recurrida) en garantía de la devolución de créditos preexistentes. No procede la reintegración concursal por cuanto en el marco de dicha operación de refinanciación:(i) Se obtuvo una ampliación del crédito disponible en favor de la concursada de 2.478,353,15 euro; (ii) Se obtuvo una ampliación del plazo de vencimiento de la deuda, de forma que se difiere su exigibilidad, lo que evita a su vez el inicio de procesos de ejecución por los acreedores; (iii) Se acuerdan condiciones financieras más beneficiosas durante el aplazamiento del pago de la deuda. En consecuencia, el sacrificio patrimonial estaría justificado. Reproduce STS 143/2015, de 26 de marzo. AAP B 8656/2019, de 7 de noviembre.*** Sección 15. Ponente, Marta Cervera Martínez. Bienes necesarios: Concepto. Bienes necesarios: Ejecución. El artículo 56.1 LC regula el régimen de las ejecuciones de garantías reales tras la declaración de concurso estableciendo un régimen distinto en función de que estemos ante bienes necesarios o no necesarios para continuar la actividad, siendo el juez del concurso el competente para tomar tal decisión (art. 56.5 LC). (i) si tales bienes son necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial los acreedores con garantía real deben sufrir un plazo de espera para poder realizar su garantía, en pro de que la actividad de la empresa permita superar la situación de insolvencia, de forma que "no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación"; (ii) si, por el contrario, estamos ante bienes no necesarios las ejecuciones podrán reanudarse tras constar en el correspondiente procedimiento el testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Una vez conste tal resolución, la ejecución separada continua ante el juzgado que la estuviera tramitando y los bienes quedan fuera del proceso concursal. El presupuesto indispensable para hablar de bienes necesarios es que la entidad concursada esté llevando a cabo una actividad empresarial, de forma que tales bienes estén dentro del proceso productivo y sean imprescindibles para que aquél continúe. El concepto de bien necesario es más amplio que el de bien afecto, y está íntimamente vinculado a las circunstancias concretas del deudor y no tanto a la naturaleza del bien. Si no hay actividad no hay necesariedad. Podemos establecer la necesidad de un determinado bien o derecho cuando nos hallamos ante una sociedad que ejerce su actividad ordinaria y que el negocio se presenta como de probable viabilidad. Por el contrario, cuando la sociedad esté abocada a la liquidación o cuando ha cesado en su actividad la necesariedad de los bienes desaparece. Resumen realizado porJosé María MarquésVilallonga. SAP GI 1446/2019, de 27 de septiembre.*** Sección 1. Ponente, Nuria Lefort Ruiz de Aguiar. Calificación: Art. 164.2.1 LC, alcance documental de las irregularidades contables. Calificación: Art. 164.2.1 LC, revalorización de bienes. Calificación: Art. 164.2.1 LC, efectos sobre la calificación concursal de la denegación de opinión e las cuentas anuales. Calificación: Art. 164.2.5 LC, salida fraudulenta, concepto. Calificación: Art. 164.2.6 LC, simulación de situación patrimonial ficticia, concepto y requisitos. Calificación: Vs Reintegración. Reintegración: Vs Calificación. Calificación: Cómplice, concepto. Nota del autor: complementar con la SAP GI 1445/2019, de 30 de septiembre. Cuando hablamos de irregularidades contables no nos referimos exclusivamente a las que puedan cometerse en la formulación de las cuentas anuales, sino también a las que se produzcan en la elaboración de la contabilidad a lo largo del ejercicio en la llevanza de los libros obligatorios o auxiliares. La revalorización de un bien es posible únicamente cuando así lo establezca una norma especial, como la Ley 16/2012, de 27 de diciembre que establece las condiciones y forma en que pueden las sociedades acogerse a la revalorización de activos que es voluntaria, pero sólo puede hacerse"respecto de los activos revalorizables que figuren en el primer Balance cerrado tras la entrada en vigor de la ley". En el plano teórico la sola existencia del asiento de regularización no constituye una irregularidad, pues precisamente está previsto para corregir pequeños errores o realizar ajustes. La denegación de opinión por el auditor en las cuentas no constituye per se una irregularidad contable, es cierto que el informe de auditoría acostumbra a ser un medio de prueba privilegiado para la acreditación de las irregularidades contables. Ahora bien, para que así sea es preciso someterlo a contradicción, lo que requerirá que la AC identifique las irregularidades, única forma de garantizar el derecho de defensa de las partes. La salida fraudulenta que exige el art. 164.2.5.º LC no supone necesariamente un acto consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener el deudor de ocasionar un perjuicio a los acreedores. Reproduce STS 1781/2016, de 22 de abril. Existe salida fraudulenta por cuanto habiéndose vendido una maquinaria, el comprador no paga íntegramente el precio al resultar del todo inexistente el pretedido crédito que ostentaba frente a la vendedora y sin que en consecuencia sea apreciable la existencia de compensación. La norma (art. 164.2.6 LC) regula un tipo abierto de perfiles borrosos que exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la ejecución de actos dirigidos a crear la apariencia de una situación patrimonial ficticia; b) que tales actos tengan carácter "jurídico", de tal forma que es insuficiente la creación de apariencia de situación patrimonial por "vías de hecho"; y c) que la ejecución de los comportamientos haya tenido lugar antes de la fecha de la declaración de concurso. A los requisitos expuestos, directamente deducibles de la exégesis de la norma, cabe añadir los siguientes: d) La actuación debe ser idónea para que la situación ficticia que se pretende crear sea erróneamente tenida por verdadera por los acreedores; e) la situación fingida ha de tener cierta relevancia y ser apta para distorsionar el comportamiento de los acreedores; y f) el comportamiento simulatorio no ha de estar previsto en ninguno de los supuestos enumerados en la propia norma. Reproduce STS de 14 de noviembre de 2012. No concurre cosa juzgada por el hecho de que en sede de reintegración en el concurso de otra sociedad se analizó la operativa y se llegó a la conclusión de que no había simulación y que no se había causado daño a aquella sociedad. Primero porque no coinciden las partes. Pero es que además, en ningún caso coincidiría la causa de pedir. Estamos ante unos hechos que pueden ser analizados desde distintas perspectivas. En sede de reintegración, donde lo que se pretende e la declaración de ineficacia de un negocio jurídico inicialmente válido, pero que supone un perjuicio patrimonial injustificado par a la concursada, lo relevante es si existe o no ese perjuicio, mientras que en sede de calificación lo relevante es determinar si la concursada ha simulado la existencia de una relación comercial. El cómplice es accesorio del autor y su condición resulta de haber participado o cooperado en los hechos por los que ha sido declarado culpable el concurso. AAP B 7337/2019, de 18 de septiembre.*** Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo. Plan de liquidación: Art. 155.4 LC. Plan de liquidación: Sistemas de realización de bienes en el concurso. Venta directa: Razones excepcionales que deben concurrir para autorizarla. Adjudicación en pago: Razones excepcionales que deben concurrir para autorizarla. Plan de liquidación: Concurrencia de ofertas y acreedor con privilegio especial. Venta: Precio ruinoso. Subasta: Remate, cesión. En relación al redactado del art. 155.4 LC la regla general es que la venta debe hacerse garantizando de modo efectivo la concurrencia de ofertas. Ahora bien, cabe interpretar lo que se entiende como tal. La Ley concursal no dice que deba ser en "subasta judicial" sino solo en subasta, lo que significa que se admiten procedimientos de venta no judiciales que se atengan al sentido y significado de una subasta, esto es, un procedimiento abierto y trasparente de venta. Abierto en el sentido de que pueda concurrir quien lo desee. Trasparente porque se lleve a cabo con una publicidad suficiente que permita asegurar un resultado óptimo, es decir, la consecución del mejor precio posible. El plan tanto puede prever como método ordinario de realización la venta por medio de subasta judicial como a través de otros métodos equivalentes, como son la venta a través de entidad especializada de la LEC, o bien a través de un sistema similar que permita recoger ofertas durante un lapso temporal determinado y ofrezca garantías de trasparencia objetiva bajo el control de los órganos del concurso. Entran en este último caso supuestos que en los planes se denominan "ventas directas", pero que en realidad no son tales porque la selección de las ofertas se ha hecho después de dar publicidad y oyendo las diversas ofertas presentadas. En cualquier caso, creemos que las exigencias de publicidad y transparencia a que más arriba nos hemos referido exigen que en tales casos el plan describa la forma en la que se va a proceder y que la misma permita dejar constancia objetiva y contrastable acerca del procedimiento de selección de la mejor oferta recibida en el concurso. Los métodos alternativos deben quedar reservados al caso de que fracase el sistema que constituye la regla general. La autorización judicial a la que se refiere la norma, lo más razonable es que deba interpretarse hecha para cada caso concreto, una vez acreditada la concurrencia de circunstancias que justifiquen apartarse del sistema ordinario. Creemos admisible la posibilidad de que el plan pueda prever como primer método de realización la venta directa, como ocurre en el caso de la venta de la unidad productiva. No obstante, lo razonable es exigir una justificación seria, esto es, que existan razones en el caso que hagan incompatible la venta en subasta con las necesidades del concurso: (1) porque se haya recibido una oferta que supere, sin duda, las valoraciones de mercado del bien, (2) porque la generación de créditos contra la masa vinculados al mantenimiento del bien sean superiores a las expectativas de realización del mismo, (3) porque la situación del concurso no permita prolongar más allá de lo razonable la liquidación. En todo caso la administración concursal deberá justificar suficientemente estas razones excepcionales. Lo mismo debe ocurrir en el caso de la adjudicación en pago o para pago, en este caso con mayor motivo. No puede descartarse la posibilidad de autorizarla en el plan de liquidación de forma directa, pero solo si resulta clara la falta de interés del mercado en los bienes a realizar, y siempre y cuando se garantice que con esta adjudicación queda completamente satisfecho o, cuando menos, razonablemente satisfecho, el crédito con privilegio especial. Pueden identificarse hasta cuatro procedimientos distintos de realización de los bienes o derechos del concurso: 1/ La venta en pública subasta. Nada impide al administrador concursal solicitar en el plan que los bienes se realicen por medio de subastas judiciales en el modo previsto por la LEC. No parece legalmente posible que, por vía del plan de liquidación, pueda diseñarse una subasta judicial distinta de la prevista en la LEC. Solicitada la subasta, deberán seguirse los trámites de la subasta judicial en todos sus aspectos. 2/ La venta por medio de un sistema que garantice la concurrencia de ofertas. Esa concurrencia de ofertas puede gestionarse bien previo depósito en la secretaría del juzgado, en el despacho del administrador concursal o ante notario. Es imprescindible que el plan de liquidación concrete los plazos, lugar y condiciones de recepción de las ofertas, la apertura y la posibilidad de mejora, el plan debería prever expresamente esa posibilidad de mejora de la oferta. El plan también debiera prever los medios de publicidad adoptados para permitir que llegue al mercado el efectivo conocimiento de la oferta de venta y la forma en la que los interesados pueden tener acceso a la información precisa o conveniente para poder realizar sus ofertas en las adecuadas condiciones de seguridad y garantía. La administración concursal bien al concluir el procedimiento de venta por concurrencia, bien en el momento de la rendición final de cuentas, ha de poder a disposición de los interesados toda la información referida a las ofertas recibidas y al modo en el que se han recibido las ofertas, así como al cumplimiento efectivo de las garantías de publicidad. 3/ La venta por medio de persona o entidad especializada, ajena a la administración concursal (no se trata de un auxiliar delegado). Esta fórmula ya viene prevista en la LEC (art. 641) y obliga a que el plan de liquidación prevea expresamente qué persona o entidad se va a ocupar de la venta, si lo hace en régimen de exclusiva, etc. Respecto de la misma creemos que es necesario que se precisen las siguientes condiciones: a) Debe determinar con claridad los plazos para realizar las gestiones (que deben coordinarse con los plazos de duración de la liquidación concursal). b) Debe establecerse expresamente un de precio mínimo de venta. Ese precio mínimo habrá de constar en el plan de liquidación; si no constara en el plan de liquidación, el precio mínimo debe recogerse en la resolución en la que se autorice de modo concreto la gestión de la venta y, caso de que no constara, debe entenderse de aplicación lo dispuesto en la LEC. En todo caso ese precio mínimo ha de ser conocido por los acreedores (sobre todo de los que gozan de privilegio especial), con el fin de que puedan hacer observaciones. c) Es especialmente importante fijar en el plan el régimen de retribución a la persona o entidad especializada que puede ser un porcentaje sobre el precio de venta, una escala de porcentajes en función del precio final de venta, o una cantidad fija. d) Si el plan prevé expresamente el sistema de retribución no habría problema en incluir expresamente que esa comisión o retribución se detraería del precio. En las normas supletorias del artículo 149.1 LC se indica que la retribución a los intermediarios es por cuenta de los honorarios de la administración concursal. Al ser norma supletoria nada impide que el plan prevea otro sistema de pago. 4/ La venta directa. La venta directa no debe confundirse con la habilitación de un sistema de concurrencia de ofertas. La venta directa supone que la administración concursal tiene ya un oferente que ha hecho una oferta en firme y, por medio del plan, propone que se adjudique directamente a un oferente conocido y predeterminado que ha ofrecido un precio cierto. El consentimiento a que alude el art. 149.2 a) LC no debe ser necesariamente expreso. Es admisible que resulte deducible de los actos propios del acreedor. Si el método de realización es la concurrencia de ofertas, en cualquiera de las formas a las que hemos hecho referencia, no tiene sentido alguno que se reserve al acreedor privilegiado la necesidad de que preste su consentimiento a aquellas ofertas que no superen el valor de tasación, dado que el propio acreedor está facultado para participar en la propia subasta, que es un procedimiento abierto. Ahora bien, a) Si no hay postor alguno, siguiendo los mecanismos generales de la LEC, se debe permitir al acreedor con privilegio especial la adjudicación del bien, pero respetando los términos y umbrales de la LEC. b) Cuando concurran otros postores que no hayan superado en su oferta el umbral o precio mínimo, debe permitirse la adjudicación al acreedor con privilegio. Si bien no resulta de aplicación directa en la liquidación concursal la regulación que hace la LEC para la ejecución singular, la solución a los concretos problemas que se planteen en esta última no puede estar completamente de espaldas a aquella regulación legal sino que se tiene que inspirar en los mismos principios, al menos en la medida en que los mismos puedan resultar compatibles con la finalidad que es propia al proceso concursal. El proceso concursal no impone la realización de los bienes a cualquier precio ni puede constituirse en instrumento para llevar a cabo ventas a precios ruinosos, que no sirvan de garantía ni a los derechos de los acreedores ni tampoco a los del deudor y solo sirven para incentivar actuaciones oportunistas. Lo razonable es que también se fijen esos valores mínimos de realización, al menos cuando así se hubiera interesado por los acreedores privilegiados al formular observaciones al plan. Y, en cualquier caso, en último extremo, no podemos ignorar la posibilidad que tiene el juez del concurso de poder aprobar ofertas inferiores al precio mínimo legal cuando concurran circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen, como también razonábamos que ocurría en el caso de concurso de persona física, por aplicación analógica de lo previsto en el art. 670.4, pfo. 3.º LEC. No creemos que exista ninguna razón de peso que justifique la exclusión de que el acreedor con privilegio especial pueda concurrir a la subasta reservándose la facultad de ceder el remate a tercero. Y, es más, creemos que concurren muy buenas razones para concederle ese beneficio porque es una forma excelente de proteger más adecuadamente su posición sin merma alguna de la eficacia de la ejecución concursal. Resumen realizado por José María MarquésVilallonga.
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