Abogados y administradores concursales denuncian restricciones a la segunda oportunidad en la nueva Ley Concursal

• Las empresas especiales celebran que la Ley mantienen vigentes sus plataformas de liquidación
• La Abogacía denuncia que los casos que están en juzgados se verán con la nueva norma

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Xavier Gil Pecharromán
05/07/2022 - 7:00El Congreso de los Diputados ha introducido muchas mejoras sustanciales en la reforma de la Ley Concursal sobre el borrador inicial, tal y como informaba este pasado fin de semana en la Guía de la Ley Concursal de elEconomista.
Numerosas instituciones han estado durante los últimos meses apoyando sus aportaciones a la nueva Ley, entra las que destacan las de la Abogacía, las de la Asociación de Administradores Concursales (Aspac) y la de las empresas especiales, dedicadas a la gestión de venta y subastas de activos mobiliarios, inmobiliarios e industriales en el ámbito judicial y extrajudicial.
Preceptividad del abogadoLa Abogacía destaca la importancia que tiene que en todos los procedimientos intervenga el abogado y el procurador.
Plataforma de liquidaciónSin embargo, no todos son luces para el Consejo. Así, en una nota, destaca que aunque se ha establecido de facto un periodo transitorio para los procedimientos de microempresas, hasta que la plataforma tecnológica donde deberán gestionarse esté funcionando, el Consejo entiende que el proyecto de ley aprobado no clarifica suficientemente qué es lo que sucederá con todos los casos que se están tramitando o que se presentarán antes de que esté disponible la aludida herramienta informática.
A este respecto, Alex Munné, vicepresidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (Anees) explica que "el artículo 708 de la nueva Ley, determina que "La liquidación de bienes individuales o de categorías genéricas de bienes se producirá a través del sistema de plataforma electrónica previsto al efecto, y complementariamente mediante entidad especializada, a menos que se justifique debidamente conforme a criterios objetivos".
Y recuerda que el proyecto de ley, pendiente de aprobación por el Senado, reconoce que no puede aplicarse en tanto no esté disponible la Plataforma de Liquidación de Activos, que dependerá del Ministerio de Justicia.
Por tanto, "hasta que esta entrada en vigor tenga lugar, los concursos y preconcursos de las microempresas se regirán por las disposiciones destinadas a las empresas de mayor tamaño, pero con diversas especialidades previstas en la propia normativa. De esta forma, todo sigue igual e incluso cuando entre en vigor, casi igual".
Perdón del crédito públicoPara la Abogacía es positiva la elevación del límite de pasivo público del que podrá exonerarse al deudor, pues se sitúa en 20.000 euros para Hacienda y la Seguridad Social frente los 2.000 euros que figuraban en el texto que llegó al Congreso. No obstante, el Consejo considera que "podría haberse elevado todavía sustancialmente".
Diego Comendador, presidente de Aspac, señala que exigieron que se pusieran en valor los datos estadísticos del crédito público y, finalmente, estas cifras son las que han servido para configurar las cuantías de la exoneración de este tipo de crédito.
Este ha sido uno de los puntos más polémicos en la tramitación del Proyecto y desde la Aspac se muestran satisfechos de haber logrado "unas condiciones más justas que realmente permitan tener acceso a la segunda oportunidad, puesto que la no exoneración del crédito público suponía una barrera para salvar empresas viables".
Segunda oportunidad limitadaSeñala el Consejo de A pesar de que la Directiva no obligada a ello, se ha aprovechado la transposición para cambiar el modelo de segunda oportunidad en tres elementos muy relevantes.
En primer lugar, la nueva regulación incorpora restricciones inexistentes hasta ahora en el acceso de los ciudadanos a la exoneración, con lo que menos personas se van a ver beneficiadas por este mecanismo.
En segundo lugar, se limita la exoneración del crédito público, lo que va a impedir una real segunda oportunidad para autónomos y pequeños empresarios que han fracasado en sus proyectos empresariales. A estas personas la nueva Ley solo les dará como opción seguir en la economía sumergida, sin poder empezar de nuevo, crear empleo y riqueza y pagar impuestos.
Y, en tercer lugar, la nueva ley prevé un régimen transitorio que obligará a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los Juzgados con anterioridad a su aprobación, norma que contaba con un régimen más favorable a la exoneración.
Solo en 2021 fueron 14.000 los casos, según datos del CGPJ.
Reducción del ámbitoLos administradores concursales destacan como uno de los grandes logros tras el trabajo de estos meses la reducción del ámbito de alcance del procedimiento especial a los parámetros propuestos por Aspac.
Este es un punto muy importante si tenemos en cuenta que, con la propuesta anterior, dicho procedimiento aplicaría a un porcentaje de prácticamente el 90% de las empresas que presentan concurso.
Se entiende por microempresas a las que han empleado durante el año anterior a la solicitud de inicio del procedimiento especial una media de 10 trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros.
Administración concursalLos administradores concursales destacan el incremento del plazo a partir del cual serán sancionados, de seis a ocho meses. on las enmiendas introducidas en el Proyecto, se modifica el artículo 86, que suponía la penalización de los honorarios de los administradores concursales en caso de superar los seis meses de liquidación, un plazo que se ha incrementado hasta los 8 meses. Además, será el criterio del juez el que defina la imputabilidad de la Administración Concursal en cada caso.
Diego Comendador, presidente de la Asociación, se muestra optimista y afirma que "desde la Asociación hemos trabajado incansablemente con los grupos parlamentarios para mejorar el texto inicial que se presentó el año pasado. Después de meses de mucho esfuerzo, podemos decir que se han logrado grandes avances teniendo en cuenta la opinión de los expertos, aunque somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer."
Desde Aspac han venido exigiendo desde hace años la creación de un Estatuto de la Administración Concursal que permitiese regular la profesión y fomentar la especialización de los administradores concursales.
El primer texto del Proyecto Concursal, sin embargo, supuso una gran incertidumbre en lo que respecta a las figuras profesionales, cuya definición se planteaba de forma confusa y sembraba dudas en el "quién hace qué" de los procedimientos de insolvencia, lo que provocó intensas críticas en el sector.
Las últimas modificaciones introducidas en el Proyecto suponen en este sentido una mejora que celebran desde Aspac. Para los nombramientos, en el caso de existir suficientes inscritos en el listado, no podían ser nombrados administradores concursales ni auxiliares delegados aquellas personas que hubieran sido nombradas para cualquiera de esos cargos en más de 20 concursos que estuviesen en tramitación en la fecha del nombramiento.
Además, con respecto al acceso a la profesión, se modifica el artículo 61, de forma que quedan exentos de realizar la prueba aquellos profesionales que acrediten la experiencia exigida
Expertos en reestructuracionesPor último, la Ley aprobada recoge la reivindicación de Aspac en torno a la nueva figura que la ley crea, el experto en reestructuraciones. Así, se ha modificado el artículo 674, incluyendo entre las condiciones para ser nombrado experto en reestructuraciones el contar con experiencia en reestructuraciones o acreditar cumplir con los requisitos para ser administrador concursal.

30 junio 2022
El Congreso mejora la reforma Concursal al incorporar la preceptividad de la abogacía en todos los procedimientosEl Congreso de los Diputados ha introducido mejoras sustanciales en la reforma de la nueva Ley Concursal, entre las que destaca la preceptividad de la abogacía y la procura en todos los procedimientos, tal y como había solicitado de forma reiterada el Consejo General de la Abogacía Española tanto durante el periodo de alegaciones previo como durante el trámite parlamentario. Ese es uno de los numerosos cambios incorporados en el texto que esta mañana ha sido aprobado por el Pleno del Congreso y que será remitido al Senado.
El Consejo se congratula de los avances introducidos, así como el hecho de que se han hayan incorporado los principales aspectos de la directiva que la reforma tiene el mandato legal de trasladar a la legislación española. De esta forma, el parecer del órgano rector de la Abogacía es que se ha avanzado en la aplicación del procedimiento simplificado al reducirse su umbral, pero la rebaja de los límites no ha sido suficiente para limitar mucho más su alcance. Según el texto aprobado hoy, deberán acogerse a este procedimiento las empresas que contasen con una facturación de menos de 700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 euros o que tengan menos de 10 empleados.
Aunque se ha establecido de facto un periodo transitorio para este tipo de procedimientos simplificados hasta que la plataforma tecnológica donde deberán gestionarse esté funcionando, el Consejo entiende que el proyecto de ley aprobado hoy no clarifica suficientemente qué es lo que sucederá con todos los casos que se están tramitando o que se presentarán antes de que esté disponible la aludida herramienta informática.
Para la Abogacía, también puede situarse en el saldo positivo de la reforma la elevación del límite de pasivo público del que podrá exonerarse al deudor, pues se sitúa en 10.000 euros frente los 1.000 euros que figuraban en el texto que llegó al Congreso. A pesar de lo cual, podría haberse elevado todavía sustancialmente.


En materia de segunda oportunidad se dan varios pasos atrás
En materia de segunda oportunidad el proyecto de ley también incorpora cambios relevantes que, en este aspecto, suponen un retroceso en materia de derechos para las personas insolventes respecto el modelo vigente a partir de 2015.  Solo en el año 2021 fueron 14.000 los casos, según datos del CGPJ.
A pesar de que la Directiva no obligada a ello, se ha aprovechado la transposición para cambiar el modelo de segunda oportunidad en tres elementos muy relevantes. En primer lugar, la nueva regulación incorpora restricciones inexistentes hasta ahora en el acceso de los ciudadanos a la exoneración, con lo que menos personas se van a ver beneficiadas por este mecanismo. En segundo lugar, se limita la exoneración del crédito público, lo que va a impedir una real segunda oportunidad para autónomos y pequeños empresarios que han fracasado en sus proyectos empresariales.  A estas personas la nueva Ley solo les dará como opción seguir en la economía sumergida, sin poder empezar de nuevo, crear empleo y riqueza y pagar impuestos. Y, en tercer lugar, la nueva ley prevé un régimen transitorio que obligará a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los Juzgados con anterioridad a su aprobación, norma que contaba con un régimen más favorable a la exoneración.

Guía de la Ley Concursal (y V): Las reglas diseñadas para simplificar el concurso de acreedores

• El deudor, junto a la solicitud, puede presentar una propuesta de compra vinculante

Foto: Getty

1. Xavier Gil Pecharromán

6:00 - 3/07/2022

La solicitud de concurso por el deudor, por un acreedor o por cualquier legitimado debe ser objeto de reparto el mismo día de presentación o el siguiente hábil para que el juez la examine lo antes posible. También, se reducen los plazos para la declaración de concurso voluntario y para tramitar la solicitud de concurso necesario.




Plazos de apertura

La presentación del informe de la administración concursal con el inventario provisional y la lista de acreedores provisional abre el plazo de presentación de la propuesta de convenio y, además, abre el plazo para presentar el informe de calificación. El deudor, junto a la solicitud de concurso, puede presentar una propuesta escrita vinculante de acreedor o de tercero para adquirir una o varias unidades productivas (pre-pack).
Reglas especiales de liquidaciónEl juez del concurso al acordar la apertura de la fase de liquidación de la masa activa o en resolución posterior, puede establecer reglas especiales de liquidación atendiendo a la composición de esa masa, a las previsibles dificultades que tenga la liquidación u otras circunstancias.
El administrador concursal liquidará la masa conforme a las normas legales o, en su caso, conforme a esas reglas especiales fijadas por el juez del concurso. El deudor, junto con la solicitud de concurso, puede presentar una propuesta escrita vinculante de acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias unidades productivas.
Bienes conyugales y salarialesSe unifica el régimen de responsabilidad de los bienes conyugales por deudas contraídas en el ejercicio de la profesión de cualquiera de los cónyuges, con supresión de la distinción según que el deudor sea o no empresario, o la reordenación de los créditos contra la masa.
La declaración de que, en caso de insuficiencia de la masa activa, tienen la consideración de créditos imprescindibles para la conservación y liquidación los créditos por salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación mientras continúen prestando sus servicios; la retribución de la administración concursal; y las cantidades adeudadas a partir de la apertura de la fase de liquidación en concepto de rentas de los inmuebles arrendados para la conservación de bienes y derechos de la masa activa.
Calificación del concursoLa presente ley mantiene la calificación del concurso de acreedores, aunque con importantes innovaciones relativas a la presentación del informe de calificación, con continuidad de plazos para acelerar la tramitación, y a la supresión del dictamen del Ministerio Fiscal. Esta supresión se compensa con el reconocimiento de la legitimación los acreedores que alcancen un determinado porcentaje del pasivo para presentar informe de calificación simultánea e independientemente del informe del administrador concursal, solicitando que el concurso sea calificado como culpable.
Sistema de alerta tempranaSe introduce una habilitación para que los titulares de los ministerios de Hacienda y Función Pública y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desarrollen un sistema de alerta temprana a las empresas que, de acuerdo con determinados indicadores, pudieran encontrarse en una situación susceptible de evolucionar hacia una situación de insolvencia, es decir, que se encuentren en una situación de probabilidad de insolvencia. Esta alerta sería confidencial e iría dirigida exclusivamente a la empresa.
Mediante un reglamento se establecerán servicios de asesoramiento gratuito y confidencial a empresas en dificultades para posibilitar el asesoramiento a pymes en un estadio temprano de dificultades. Además, se mantendrá la página web de autodiagnóstico de salud empresarial del Ministerio de Industria.
Reestructuración de deudaEn caso de ejecución judicial, si el ejecutado no señala bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados es insuficiente, el letrado de la Administración de Justicia debe advertir al ejecutado de que, en caso de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual, puede comunicar al juzgado el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores para pactar un plan de reestructuración de la deuda, con paralización de las ejecuciones durante esa negociación y que, si está en estado de insolvencia actual no lo hace, tiene el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado.
Administración concursalLa Ley proyecta el primero de esos principios a través de la doble exigencia de que las personas naturales o jurídicas que pretendan ser inscritas como administradores concursales en el Registro público concursal tengan la titulación y superen las pruebas que se establezcan en el Reglamento de la administración concursal.
En lugar de una clasificación de los concursos de acreedores en tres categorías en función de las dimensiones (pequeños concursos, concursos de grado medio y concursos de grandes dimensiones) la Ley fija como parámetro el de la complejidad.
Se incluye modular el sistema de turno correlativo en los concursos de mayor complejidad, entre los que cabe mencionar expresamente los concursos con elementos transfronterizos, en los que se tenga en cuenta el conocimiento de la lengua del país o la lengua inglesa; en todo caso, el juez, al efectuar el nombramiento, debe motivar la designación en la adecuación de los conocimientos y de la experiencia de la persona nombrada a las particularidades del caso.
La combinación de ambas formas de designación permite configurar un sistema claro y transparente y, al propio tiempo, adaptado al caso concreto.
La ley opta por mantener la regla general de irretroactividad de las normas procesales si bien modulada ante la constatación de la excesiva duración de los concursos de acreedores.
Así, las finalidades que se pretenden alcanzar con el nuevo régimen legal quedarían muy postergadas si no se fuera adelantando su aplicación a determinadas piezas, expedientes y trámites, como la exoneración del pasivo insatisfecho, el convenio o la pieza de calificación.
El concurso sin masaLa ley sustituye los concursos que nacen y mueren al mismo tiempo por un sistema más abierto al control de los acreedores.
Si de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que la acompañen surgiesen determinadas condiciones, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más pronunciamientos, ordenando que se publique edicto en el BOE y en el Registro Público Concursal.
El acreedor o los acreedores que representen, al menos, el 5% del pasivo pueden solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente su informe sobre si existen indicios suficientes de que el deudor haya realizado actos perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles, si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores o si hay indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable.
En el caso de que el administrador concursal emita informe apreciando la existencia de tales indicios, el juez dictará auto complementario con los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación de la masa activa, continuando el procedimiento conforme a lo establecido en la Ley.
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CONCURSO DE ACREEDORES ALICANTE, BENIDORM, ALTEA, ALBIR Y ELCHE

Guía de la Ley Concursal (III): Novedades en el proceso de segunda oportunidad o de exoneración del pasivo

• No habrá liquidación previa del patrimonio del deudor, con un plan de pagos y conservando su vivienda

Foto: L. Moreno

1. Xavier Gil Pecharromán

7:00 - 2/07/2022

La ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.


El Gobierno ha considerado oportuno seguir brindando la segunda oportunidad solo al deudor insolvente, tratando de evitar su paso a la economía sumergida o situación de marginalidad. Así, en todos los casos de frustración de continuación del plan especial para microempresas, si el deudor es persona física, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.
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Polémica con el crédito públicoA lo largo del proceso de tramitación, el Gobierno ha abierto la mano y accedido a que empresas y autónomos pudieran librarse de pagar hasta 2.000 euros de deuda pública (1.000 euros con la Agencia Tributaria y otros 1.000 con la Seguridad Social).

Posteriormente, en la Comisión de Justicia del Congreso, el texto de la Ley Concursal recogerá que el importe de la deuda pública de la que podrán descargarse pymes y autónomos en caso de quiebra será de hasta 20.000 euros (10.000 con Hacienda y 10.000 con la Seguridad Social). No obstante, habrá que ver cómo acaba el asunto en el Senado.
La exclusión de la suspensión en la ley de los créditos públicos (Seguridad Social y la Agencia Tributaria) se trata de compensar con las figuras del aplazamiento y el fraccionamiento de deuda, lo que no supone la suspensión del procedimiento recaudatorio.
Los consumidores se sumanSe opta por mantener la regulación de la exoneración también para el caso de personas naturales cuyas deudas no provengan de actividades empresariales (consumidores).
Así, se mantiene la opción, ya acogida por el legislador español en 2015, de conceder la exoneración a cualquier deudor persona natural de buena fe, sea o no empresario.
Modalidades de exoneraciónSe articulan dos modalidades de exoneración: con liquidación de la masa activa y con plan de pagos.
Estas dos modalidades son intercambiables, en el sentido de que el deudor que haya obtenido una exoneración provisional con plan de pagos puede en cualquier momento dejarla sin efecto y solicitar la exoneración con liquidación.


Se eliminan obligacionesSe elimina el requisito para poder gozar de la exoneración consistente en que el deudor no haya rechazado oferta de empleo en los cuatro años anteriores a la declaración de concurso. También desaparece la obligación de haber celebrado, o haber al menos intentado, un acuerdo extrajudicial de pagos.
Por el contrario, la exoneración de deudas de derecho público además de quedar sujeta a ciertos límites, solo podrá producirse en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no en las sucesivas. También, quedan fuera los costes o gastos judiciales derivados de la tramitación de la propia exoneración.
Acreedores afectadosSe mantiene el Derecho vigente en cuanto a los efectos de la exoneración sobre los acreedores, los bienes conyugales comunes del deudor, y otros obligados solidarios y fiadores, si bien se amplía este último ámbito a los aseguradores y a quienes, por disposición contractual o legal, vienen obligados a satisfacer total o parcialmente deuda exonerada.
La exoneración de deudas conyugales comunes contratadas por ambos cónyuges o por el cónyuge del concursado no beneficia a éste, salvo que obtenga él mismo el beneficio de la exoneración.


Revocación por ocultacionesEl perdón de las deudas puede ser revocado totalmente si se acreditase la ocultación por el deudor de bienes, derechos o ingresos.
Duración del plan de pagosSe ha reducido de cinco a tres años la duración del plan de pagos del deudor, si bien se prevé la extensión a cinco años en algunos casos en los que los acreedores hacen concesiones o esfuerzos más gravosos a favor del deudor o cuando su riesgo de recobro es mayor.
ImpugnacionesAunque no se requiere la aprobación de los acreedores afectados para la concesión por el juez de la exoneración, cualquiera de ellos podrá impugnarla en los casos previstos.
Incumplimiento por enfermedadSeguirá vigente la posibilidad ya contemplada en el Derecho concursal de que, pese al incumplimiento parcial del plan de pagos, se otorgue al deudor la exoneración definitiva, para el caso de que el juez aprecie que el incumplimiento ha resultado de accidente o enfermedad graves e inesperadas, ya del deudor, ya de las personas que con él conviven.

Roj: SJM B 4063/2022, de 20 de abril.***


Juzgado Mercantil 3. Ponente, Berta Pellicer Ortiz.
Calificación: Culpabilidad por infracción tributaria.
Supuesto de hecho: derivación de responsabilidad al concursado de las deudas de la sociedad fundada en el art 43.1 a) LGT.


Este artículo implica que los administradores de hecho o de derecho de la empresa responderán subsidiariamente de las sanciones impuestas y de la totalidad de la deuda tributaria de la sociedad cuando no hayan actuado con la debida diligencia, siendo que para imputar responsabilidad subsidiaria al administrador basta con una conducta pasiva (en el sentido de no evitar), así como el incumplimiento de la obligación de vigilancia que, de haber sido ejercida, hubiera evitado la infracción.


Y, partiendo de ello, es cierto que es posible sostener que la situación de insolvencia del concursado se ha podido generar o agravar por el hecho de que se le derivó responsabilidad por las deudas tributarias de la Sociedad CENTRO LA CLÍNICA, S.L. (que representa un 81,73% del total pasivo del concurso) pero ello no basta para concluir que el concurso deba ser calificado como culpable por el art 442 TRLC, en tanto que exige una conducta dolosa o con culpa grave del deudor.


Y aquí es donde adquiere relevancia el fundamento de la derivación de responsabilidad, que los es subsidiaria ex art 43.1.a) LGT y no solidaria ex art 42 LGT, para lo cual bastaría una negligencia leve (un conducta pasiva o no haber adoptado las actuaciones necesarias para el pago del tributo y en base a lo cual la Legislación Tributaria le obliga a compensar el daño que deriva de su negligencia, que no es propiamente una sanción sino una garantía de la deuda tributaria). Por ello asiste la razón a la concursada cuando alega que la relación entre el art 43 LGT y el art 442 TRLC presenta claras fricciones , porque para la calificación del concurso como culpable se exige dolo o culpa grave civil , mientras que en la derivación del art 43.1 LGT – responsabilidad subsidiaria- no ha de existir una conducta activa del administrador en la comisión de la infracción, bastando con una mera negligencia.


Frente a ello, los supuestos de derivación ex art 42 LGT -responsabilidad solidaria- sí que exigirán la participación activa del administrador en la comisión de la infracción, y por tanto una conducta dolosa o con culpa grave, en tanto que el art 42.1 a) LGT establece la responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria , estableciendo que "Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 1. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción".


En definitiva, para que los administradores incurran en este supuesto, es necesaria la realización por parte de éstos de actuaciones determinantes y decisivas en la comisión de la infracción.


Partiendo de todo ello, el hecho de que no se haya actuado con la diligencia necesaria para cumplir con la obligación del pago de los tributos no es directamente encuadrable en la cláusula general del art 442 TRLC, en un caso como éste, en que la derivación se ha fundado en el art 43.1. a) LGT y todo ello por cuanto además, la AEAT en ningún momento apreció la posible comisión de un delito, ni de una conducta dolosa que determinara la responsabilidad solidaria del concursado, ex art 42 LGT, que además no se ha acreditado que ejerciera funciones ejecutivas , siendo el Abogado Laboralista de la Sociedad. Por ello, si la única causa de la derivación de responsabilidad es el art 43.1 a) LGT, a falta de otros elementos acreditados, la conclusión es precisamente que no hay dolo o culpa grave, requisito indispensable para la calificación culpable a tenor del art 442 TRLC, por lo que el presente concurso se debe calificar como fortuito.



SJM B 4262/2022, de 19 de abril.**


Juzgado Mercantil 9. Ponente, Montserrat Morera Ransanz
Clasificación de créditos: ICO COVID


Mientras no se ejecute el aval que garantiza el préstamo ICO, el MAETD ostentará un crédito contingente sin cuantía propia, de conformidad con el art. 261.3 TRLC, al estar sometido a una condición suspensiva, mientras que el BBVA será acreedor por el importe íntegro del préstamo, con la calificación de ordinario por el importe del principal de 89.885'70 euros y de subordinado por los 2.987'91 euros de intereses.


En cuanto se ejecute el aval, operaría la subrogación del MAETD en la posición de acreedor, ostentando el 80% del crédito, con la calificación de ordinario, y el restante 20 % lo ostentaría el BBVA, también como crédito ordinario, y ello en virtud del art. 16.4 del Real Decreto-Ley 5/2021 según el cual: "Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado".




Resumen elaborado por José María Marqués Vilallonga.


29 de junio de 2022.

1) Roj: AJM GI 1561/2022, de 1 de abril.*


Juzgado Mercantil. Magistrado, Santiago Aragonés Seijo.
Pre-pack: procedimiento.


Abro el periodo máximo de TRES MESES para que, por parte de la compañía, debidamente asistida y supervisada por administrador en materia de restructuración designado, pueda llevar a cabo las operaciones preparatorias para la venta de su Unidad Productiva, de forma que, realizadas las mismas y obtenidas las correspondientes ofertas, el administrador designado pueda emitir su Informe Final, el cual será trasladado al Juzgado Mercantil con la oportuna solicitud para la declaración del concurso de 7Q5, S.A., para su liquidación por los trámites de lo dispuesto en el Art. 530 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) a través de la venta de la mencionada unidad.



2) Roj: SJM B 2980/2022, de 21 de marzo.***


Juzgado Mercantil 11. Magistrado, José María Fernández Seijo.
Moratoria concursal: Culpabilidad.


Persona física: Efectos en su concurso personal de actos enjuiciables en la calificación de la persona jurídica de la que era administradora social.


Tanto el concurso de la sociedad administrada por la Sra. Salvadora como el concurso de la Sra. Salvadora se presentaron mientras estaba en vigor la moratoria concursal prevista en la Ley 3/2020. Por lo tanto, la hipotética demora en la solicitud de concurso no sería determinante para calificar el concurso como culpable ya que no opera el deber de solicitar el concurso que permite la presunción de culpabilidad del artículo 444 del TRLC.


Incluso aunque no operara la moratoria concursal, que opera y que permite rechazar la alegación de la parte, he de tener en cuenta que la sociedad administrada por la Sra. Salvadora fue declarada en concurso y que en dicho concurso no hubo pronunciamiento de culpabilidad, por lo que los comportamientos de la sociedad y de sus órganos de administración no merecieron el reproche de apreciar dolo o culpa grave en la generación de insolvencia o en el agravamiento de la misma. Los hechos descritos por la parte en su escrito afectan a la sociedad y debió ser en el concurso de la sociedad donde hubiera tenido que discutirse su trascendencia.


SJE REFOR-CGE 22 de junio de 2022

concurs

1) Roj: STS 2151/2022, de 1 de junio.**

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.Concursada: Legitimación para actuar en juicio en defensa de los intereses de la concursada.Supuesto de hecho: Recurso de apelación interpuesto por una sociedad que ha sido declarada en concurso de acreedores con suspensión de facultades. Con posterioridad, la AC presenta escrito autorizando la interposición y después lo hace “propio”. La Audiencia desestima el recurso al apreciar una causa de inadmisión. Entiende que, cuando fue formulado el recurso, IM, S.A. carecía de legitimación para interponerlo porque tenía suspendidas sus facultades patrimoniales, y conforme al art. 54.1 LC la sentencia sólo podía ser apelada por la administración concursal.

Como al tiempo de interponerse el recurso de apelación la administración concursal no se había personado y sustituido procesalmente a la concursada, esta seguía legitimada para actuar en el proceso sin perjuicio de la necesidad de recabar la conformidad de la administración concursal para recurrir en apelación. El recurso fue interpuesto por la concursada con la conformidad de la administración concursal, quien pudiendo no hizo valer la sustitución procesal, razón por la cual hay que considerar que fue interpuesto correctamente. La concursada estaba legitimada para sostener el recurso, con la conformidad de la administración concursal, mientras esta no le sustituyera procesalmente.



2) Roj: SAP C 615/2022, de 9 de marzo.**

Sección 6. Ponente, Ana Belén Sánchez González.Misma relación jurídica: Resulta indiferente que los presupuestos para que opere la institución concurran con posterioridad a la declaración del concurso.Contrato de arrendamiento: Destino de la fianza.

No hay técnicamente compensación (CC art.1196 s.) cuando los abonos y adeudos que se liquidan fluyen de un contrato único, que no queda por tanto, incluida en el ámbito de aplicación de la ley concursal como viene a recogerse en el tenor literal del actual art.153 TR, como una excepción a la regla general mencionada, de forma que queda fuera la compensación de deudas de la concursada provenientes de una misma relación jurídica, independientemente de que los presupuestos para que operara la institución hubiesen concurrido con posterioridad a la declaración del concurso.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga



15/06/2022


1) Roj: STS 2151/2022, de 1 de junio.**

Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.Concursada: Legitimación para actuar en juicio en defensa de los intereses de la concursada.Supuesto de hecho: Recurso de apelación interpuesto por una sociedad que ha sido declarada en concurso de acreedores con suspensión de facultades. Con posterioridad, la AC presenta escrito autorizando la interposición y después lo hace “propio”. La Audiencia desestima el recurso al apreciar una causa de inadmisión. Entiende que, cuando fue formulado el recurso, IM, S.A. carecía de legitimación para interponerlo porque tenía suspendidas sus facultades patrimoniales, y conforme al art. 54.1 LC la sentencia sólo podía ser apelada por la administración concursal.

Como al tiempo de interponerse el recurso de apelación la administración concursal no se había personado y sustituido procesalmente a la concursada, esta seguía legitimada para actuar en el proceso sin perjuicio de la necesidad de recabar la conformidad de la administración concursal para recurrir en apelación. El recurso fue interpuesto por la concursada con la conformidad de la administración concursal, quien pudiendo no hizo valer la sustitución procesal, razón por la cual hay que considerar que fue interpuesto correctamente. La concursada estaba legitimada para sostener el recurso, con la conformidad de la administración concursal, mientras esta no le sustituyera procesalmente.



2) Roj: SAP C 615/2022, de 9 de marzo.**

Sección 6. Ponente, Ana Belén Sánchez González.Misma relación jurídica: Resulta indiferente que los presupuestos para que opere la institución concurran con posterioridad a la declaración del concurso.Contrato de arrendamiento: Destino de la fianza.

No hay técnicamente compensación (CC art.1196 s.) cuando los abonos y adeudos que se liquidan fluyen de un contrato único, que no queda por tanto, incluida en el ámbito de aplicación de la ley concursal como viene a recogerse en el tenor literal del actual art.153 TR, como una excepción a la regla general mencionada, de forma que queda fuera la compensación de deudas de la concursada provenientes de una misma relación jurídica, independientemente de que los presupuestos para que operara la institución hubiesen concurrido con posterioridad a la declaración del concurso.

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Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga



15/06/2022

La reforma de la Ley Concursal: concurso exprés y segunda oportunidad
15 junio 2022

Corbalán De Celis, CarlosC.E.O de Wings to claim
El 30 de junio del corriente supone el fin de la moratoria concursal, que ha durado algo más de dos años. A partir de ese momento será obligatorio que aquellas empresas que estén en situación de insolvencia inicien los trámites judiciales del concurso de acreedores.
Como el fin de la moratoria coincide a su vez con la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, las empresas insolventes tendrán que tramitar su procedimiento al amparo de un nuevo texto.
 La nueva norma no solo incorpora la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de estos procedimientos, sino que introduce novedades sustanciales en materia concursal.
Una de las más llamativas es la regulación de un nuevo concurso sin masa o exprés en los arts. 37 bis a 37 quinquies. Esta fórmula adquiere un protagonismo especial, ya que resulta aplicable a todas las empresas, incluidas las micropymes (el art. 689 del Proyecto se remite al libro primero de forma supletoria). Bajo el régimen actual pueden acogerse al concurso exprés las empresas insolventes siempre y cuando no sean previsibles acciones de reintegración a la masa; si el concurso no puede ser calificado como culpable; si no hay relaciones laborales vigentes (porque si las hay se deberá tramitar el concurso ordinario para la obtención de un ERE concursal).
El nuevo concurso exprés introduce algunos cambios que ceden un mayor protagonismo a los acreedores, impidiendo la simultaneidad y juicio exclusivo del juez para acordar la declaración junto con el archivo del procedimiento. Funcionaría en esencia del siguiente modo:
1.- Presentación de la solicitud de concurso en el Juzgado.
2.- Si el activo de la concursada es insuficiente para satisfacer los gastos del procedimiento, el Juez declarará el concurso.
3.- Declarado el concurso, el Juez publicará anuncios para que en el plazo de 15 días aquellos acreedores que representen al menos un cinco por ciento del pasivo puedan nombrar administrador concursal.
4.- Si nadie lo solicita y lo nombra, se archivará el procedimiento.
5.- En el caso de que se nombre, el administrador deberá emitir informe en el plazo de un mes, para decidir si concurren los requisitos para el archivo inmediato del procedimiento por carencia de masa. Si verifica que hay indicios de acciones de reintegración, de concurso culpable o de responsabilidad de los administradores, tendrá dos meses para ejercitarlas.
La nueva ley por tanto introduce en materia de concurso exprés un trámite que permite un mayor control por parte de los acreedores y que sigue consolidando la posición del administrador concursal como una pieza clave del procedimiento, además de fomentar la liquidación extrajudicial de la empresa. Pero al impedir la simultaneidad y juicio exclusivo del juez para acordar la declaración junto a la conclusión del concurso, el procedimiento de liquidación se hace más oneroso para la empresa en crisis, lo que supondrá previsiblemente un aumento significativo de las demandas concursales en las fechas previas a la entrada en vigor de la nueva ley, es decir, durante el mes de junio, para acogerse al régimen anterior.
La moratoria, por otro lado, no eximió a los administradores de sus deberes de diligencia y lealtad de modo que, presentado el concurso, éste puede ser declarado culpable si la situación de la empresa se ha agravado durante el período que ha durado la crisis del COVID, como es previsible. Lo mismo sucederá si la empresa ha retrasado la solicitud del concurso antes de la moratoria, verificándose que este databa de antes del 14 de marzo de 2019. La consecuencia de la calificación del concurso como culpable es conocida: el administrador deberá completar con su propio patrimonio personal las deudas de la empresa.
La relevancia de la labor del administrador concursal en el concurso exprés y el hecho de que su retribución corresponda a los acreedores que lo nombran, lleva a plantearse cuestiones relativas a su capacitación. También se impone probablemente una exigencia mayor en cuanto a su imparcialidad.  
El nuevo concurso exprés no debe ser confundido con la segunda oportunidad, que no se aplica a las empresas insolventes. La segunda oportunidad resulta seriamente afectada por el nuevo texto. Si desde 2019, a raíz de la importante sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio (res. 381/2019) las deudas de la empresa con Hacienda y la Seguridad social podían ser canceladas o serlo en su mayor parte, no será así desde el 30 de junio, cuando la Ley concursal entre en vigor y cese la moratoria. Si durante este período la empresa devino insolvente sin un cierre ordenado, esto es, sin que el administrador disolviera y liquidara, este podría responder con su propio patrimonio personal de las deudas públicas, ya que tanto la AEAT (artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria) como la TGSS podrán entablar contra él acciones de derivación de responsabilidad. Por todo lo expuesto, es previsible que durante el mes de junio también se dispare la segunda oportunidad y las acciones de responsabilidad subsidiarias, saturando nuestros Juzgados.
Con la nueva norma las empresas zombie, es decir, aquellas que no son viables en condiciones normales de actividad pero que han sobrevivido gracias a unas condiciones financieras favorables de las que ya no van a seguir gozando, podrán por fin descansar en paz, pero sin dejar de causar daños colaterales que afectarán a aquellas personas que están tras ellas. También a nuestros Juzgados. Corremos el riesgo de que sea esta vez el propio Estado el que también colapse, convirtiéndose así también en un muerto viviente, como parte de su tejido empresarial hasta la fecha.

Reforma de la Ley Concursal: ¿en serio habrá una segunda oportunidad?
MARIO LOPERA



El resultado de la tramitación del proyecto de reforma de la Ley Concursal que ha impulsado el Gobierno, si se mantienen los términos actuales, puede resultar muy restrictiva para los particulares y autónomos insolventes que mantengan deudas con las administraciones públicas.

En alguna medida, sus efectos podrían ser contrarios a los que establece la normativa europea, que no son otros que garantizar una segunda oportunidad plena y real a los particulares y autónomos que por diversas circunstancias han tenido que enfrentarse a un proceso concursal.


Quizás, la mejor manera de hacernos una idea acerca del nuevo escenario que se cierne sobre los contribuyentes, en caso de que prospere la reforma concursal en sus actuales términos, sea repasar el caso de un ciudadano real abocado a un acuerdo extrajudicial de pago y un concurso consecutivo, que finalmente se ha visto exonerado de una cuantiosa deuda en aplicación de la actual legislación concursal.

Este es el caso. Hacienda derivó responsabilidad contra "Gerard" en su condición de administrador solidario de una empresa familiar a principios de 2013. Era empleado por cuenta ajena desde 2002, pero no renunció a su cargo en la empresa por cuestiones familiares y falta de asesoramiento. Hacienda le embargó el sueldo y el piso en reclamación de 618.640,58 euros en concepto de IVA, y por la misma falta de asesoramiento no recurrió la derivación de responsabilidad.

Desde 2013 a 2021, Hacienda ha cobrado de este contribuyente 112.000 euros aproximadamente mediante el embargo del sueldo, pero a finales de 2019 seguía debiendo casi 578.000 euros debido a los intereses, recargos y sanciones. El piso no fue subastado por Hacienda, probablemente porque tenía una hipoteca vigente.

La Directiva Europea de la Insolvencia de 2019 establece en su primer considerando que "los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda oportunidad", y en su articulado concreta ese período en 3 años.



Puesto que Gerard ya había pagado por su error a Hacienda durante mucho más de 3 años (y de los 5 años que establece la normativa española), a principios de 2019 iniciamos el correspondiente trámite notarial (acuerdo extrajudicial de pagos) y posteriormente su concurso consecutivo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona. El Administrador concursal intervino su actividad y nos solicitó toda la documentación oportuna para evaluar la posible culpabilidad de Gerard, y si era merecedor de la exoneración de sus deudas pendientes.

Su piso fue tasado por 252.000 euros y, dados los plazos concursales, la mejor oferta que obtuvimos fue de 160.000 euros. No obstante, dicho importe permitió pagar al acreedor hipotecario y destinar el sobrante a Hacienda. Este organismo había aplicado las retenciones de sueldo a los créditos no privilegiados, pero requerido por el juzgado a nuestra instancia, corrigió su error, precisando Gerard, a partir de ese momento, solo de 15.000 euros para acabar de pagar todos los créditos contra la masa y privilegiados.

Gerard obtuvo un préstamo familiar para pagar a Hacienda y a su Ayuntamiento. Solicitamos la exoneración del resto de créditos, y el Administrador concursal no apreció culpabilidad de Gerard, apoyándonos en la exoneración, sin que ningún acreedor privado ni público se opusiera. El Juez calificó el concurso como fortuito (no culpable) y ha exonerado de forma prácticamente definitiva a Gerard del resto de sus créditos por importe total de 586.210 euros (casi 452.000 euros corresponden a intereses, recargos y sanciones de Hacienda).

El pago de 112.000 euros de su salario, la venta forzosa de su vivienda por un importe muy inferior a su valor, el pago de la plusvalía municipal de una venta involuntaria por importe de 10.200 euros, el pago de los gastos del procedimiento y de los 15.000 euros finales para liquidar los créditos públicos privilegiados, justifican a nuestro criterio la concesión de la exoneración de los créditos insatisfechos. Sin embargo, si se aprueba el Proyecto de reforma de la Ley Concursal en sus términos actuales, en el futuro, otros ciudadanos como Gerard solo podrán exonerar 2.000 euros de crédito público.

Puede que las enmiendas presentadas (BOCG de 20.04.22) por varios grupos parlamentarios hagan recapacitar al Gobierno para que no legisle en contra de la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que no tengamos que esperar a los pronunciamientos del TJUE ni a la nueva directiva europea en elaboración para poder seguir asesorando a nuestros clientes sin tanta incertidumbre como hasta ahora.

Ley de la Segunda Oportunidad, ¿sabemos qué significa? Ley de la Segunda Oportunidad, ¿sabemos qué significa?
Gracias a este mecanismo podemos sobrepasar una mala situación económica, cuando está provocada por un endeudamiento excesivo.

FacebookTwitterPinterest0LinkedInEmailPrint10 junio 2022
La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal dirigido a personas físicas (autónomos y particulares) para cuando estas no puede hacer frente sus deudas. Las deudas, que suelen ser un mal silencioso que acecha a las personas que peor lo están pasando, pueden convertirse en un arma de doble filo, en algo que nos quite el sueño.


Gracias a este mecanismo podemos sobrepasar una mala situación económica, cuando está provocada por un endeudamiento excesivo, sin que por ello tengamos que descuidar los derechos de cobro de otros acreedores. Con la posibilidad de eliminar de forma total o parcial aquello que debemos, la vida se nos hace algo más sencilla.


¿Cuáles son los pros de la Ley de Segunda Oportunidad? ¿Tiene algo en contra?

Los pros y contras de la Ley de Segunda Oportunidad son bastante significativos. Resulta interesante que veamos aquellas contradicciones a las que nos podemos enfrentrar, esos detalles que a la mayoría se les termina pasando por alto y que pueden hacer daño a quien ahora no sabe bien qué hacer con su situación.


Para los que están pendiendo de un hilo, conviene que conozcamos esos aspectos que nos pueden afectar, los que de verdad nos harán sufrir las consecuencias y para los que puede que no haya salida si no contamos con la ayuda de profesionales pero, antes de tratar con esto, también resulta interesante que miremos aquellos guiones que sí que nos dan una pequeña solución:


Cancelación de deudas

Con la Ley Segunda Oportunidad podemos cancelar nuestras deudas. El fin último que hay con esta normativa se da precisamente sobre un acuerdo con el que pagaremos solo una parte de lo que debemos e incluso nos pueden quitar el monto completo.


Eliminación de ficheros de morososPasado un tiempo, cuando la persona que debe cierta cantidad no ha saldado una determinada deuda, la empresa acreedora suele incluirle en una lista de morosos. Esto, lejos de ser algo de lo que nos podamos librar fácilmente, impide que pidamos préstamos, podamos pedir una hipoteca o hagamos frente a pagos considerables en el futuro.


Gracias a esta normativa se trata de eliminar los datos del archivo de conflictos para que pueda seguir con su vida comprando o pidiendo los préstamos que requiera en un momento determinado. Ideal para darnos un respiro, seguro que tú también agradeces que se acuerden de ti en este aspecto. ¿No es así?


Paralizar determinadas deudasPuede que en el momento en que se te pide saldar la deuda no tengas dinero pero sí que vayas a lograrlo dentro de poco. Para estos casos, la ley de la que venimos hablando resulta ideal puesto que nos da un pequeño margen a fin de que nos hagamos con la cantidad tranquilamente y sin la angustia de meternos, entre otras cosas, en esa lista de morosos a la que nos referíamos antes.


Volver a comenzar a nivel financiero

¿Sabías que con la Ley de Segunda Oportunidad puedes volver a comenzar cuando ya pensabas que no había nada más? Conscientes de que todo el mundo podemos pasar por una situación así, se puede solicitar nos da una pequeña tregua para que nos recuperemos, para que tratemos salvar el error y, en caso de que logremos ese acuerdo que tanto esperamos, podamos iniciar desde cero. ¿No te parece perfecto?


¿Cuáles son los contras de la Ley de Segunda Oportunidad?Hasta ahora hemos hablado de los pros que se dan con la famosa Ley de Segunda Oportunidad pero, debes saber que también tiene sus contras, situaciones en las que no hay manera de que demos el paso atrás que todos queremos. A continuación, para que los tengas presente, te dejamos con algunos puntos:

• No es aplicable a todo el mundo (y no tampoco se goza de iguales condiciones)
• Existen casos en los que no se pueden proteger pérdida de vivienda, patrimonio y/o vehículo
• Es posible que las deudas con la Seguridad Social o Hacienda no se eliminen del todo
• Todo puede finalizar con un plan de pagos pero no necesariamente hacia la cancelación de la deuda
• No todos los abogados saben del procedimiento

Conocidas las dificultades que hay con este acuerdo, resulta fundamental que nos asesoren personas que sepan del tema, que controlen la situación y que nos puedan ayudar en caso de conflicto. Reclama por Mi es una de las mejores alternativas que tenemos en Internet. Fácil de contratar, unicamente tenemos que exponer cuál es nuestra situación y lo que queremos sacar de la misma y es que, en momentos difíciles nada hay como alguien que nos sirve de completo apoyo. ¿Te animas?

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Los concursos aumentan un 7,9% en el primer trimestre de 2022

• Descienden un 12,6 % las demandas por despido y los lanzamientos se mantienen en cifras similares

Los concursos mantienen su tendencia al alza, a pesar de la moratoria concursal, y en el primer trimestre de este año se registraron 5312, lo que supone un aumento del 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial.
Del total, 2.812 correspondieron a los presentados por personas físicas no empresarios en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, que aumentaron un 11,1 % respecto al primer trimestre de 2021. Los 2.500 restantes correspondieron a los presentados en los Juzgados de lo Mercantil, que se incrementaron un 4,4 % con respecto al año anterior.
Los concursos no han parado de crecer desde el tercer trimestre de 2020, a pesar de la moratoria concursal, que ha sido prorrogada hasta el 30 de junio de este año.
De los 2.500 concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, 1.080 corresponden a personas físicas empresarios (un 29,5 % más que hace un año), y 1.420 a personas jurídicas (un 9 % menos que en el mismo trimestre de 2021).
Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 846, lo que supone el 33,8 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 446; Comunidad Valenciana, con 311; y Andalucía, con 261.
Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, la Comunidad Autónoma con mayor número de ellos también ha sido Cataluña, con 692, que representan el 24,6 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 511; Comunidad Valenciana, con 401; y Andalucía, con 357.
Descienden un 12,6 % las demandas por despido
En el primer trimestre de 2022 se han presentado 30.126 demandas por despido, un 12,6 % menos que en el mismo trimestre de 2021. Cataluña, con 6.287 (el 20,9 % del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 5.714; Andalucía, con 4.580, y la Comunidad Valenciana, con 3.309.
Los lanzamientos se mantienen en cifras similares
El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2022, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%. Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625, el 68,9 por ciento del total) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9 %) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 8,1% respecto al mismo trimestre de 2021; sin embargo, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 3,1 por ciento. Los derivados de otras causas se incrementaron un 25,6 %

SJE REFOR-CGE 21/2022

1) Roj: SJM B 2478/2022, de 4 de marzo.***


Juzgado de lo Mercantil 11. Ponente, José María Fernández Seijo.
Clasificación: Crédito ICO Covid.
Crédito ICO Covid: Clasificación.


De acuerdo con el artículo 263.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal, en línea con lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y teniendo en cuenta la naturaleza de los avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio, con carácter general, y sin perjuicio de la existencia de garantías otorgadas a estos préstamos, compartidas pari passu entre la entidad financiera y el Ministerio titular del aval, el crédito avalado por el Ministerio ostentará al menos el mismo rango en orden de prelación a los derechos correspondientes a la parte del principal no avalado."


Estas reglas permiten considerar no sólo que el crédito a reconocer a favor del Ministerio debe tener el mismo rango y calificación, sino también la necesidad de coordinación entre la entidad financiera prestataria y el avalista la decisión de voto en el convenio.


Por lo tanto, es razonable la tesis que mantiene el Ministerio cuando afirma que la calificación del crédito debe ser sin contingencia alguna, es decir, como crédito ordinario.
La concursada hace referencia al régimen de los créditos contingentes en el TRLC (artículo 261) en el que se ampara para defender que el crédito a favor del Ministerio debe clasificarse como ordinario sin cuantía para evitar la duplicidad del crédito. Considero que esta referencia no es correcta:

• Porque en la propuesta del administrador concursal no se observa duplicidad alguna ya que lo que propone es que se reconozca a favor del Ministerio el crédito ordinario de 40.000 euros (80% de la cantidad prestada) y a favor de Caixabank 10.000 euros (20% no avalado). Por lo tanto, no se reconoce dos veces la misma cantidad.
• La propuesta de la concursada es que se mantenga el crédito de Caixabank por el total prestado (50.000 euros) y la misma cantidad como contingente como consecuencia del aval, para el caso de que el deudor no pudiera pagar el principal prestado.
• Porque la posibilidad de considerar contingente el crédito garantizado con un aval se refiere a aquellos supuestos en los que el deudor concursado aparece como avalista de la deuda de un tercero. En estos casos sí tiene sentido clasificar el crédito como ordinario contingente si el deudor principal cumple con sus obligaciones y el avalista no ha sido requerido de pago. Pero en el supuesto de autos, la condición de avalista no la tiene el concursado sino el Ministerio, por lo que no hay ninguna contingencia o condición que cubrir. El deudor tendrá que devolver el préstamo a la entidad financiera y sólo en el supuesto en el que el deudor no pueda satisfacer el crédito, el Ministerio avala una parte del mismo, de modo que el aval termina constituyéndose en favor del prestamista.
• No comparto el criterio de la sentencia citada por la concursada, de 14 de enero de 2022, porque considero que el TRLC no opera como ley especial frente a las normas generales de los reales decretos citados, más bien sucede al contrario, en primer lugar por un criterio temporal, el RDL 5/2021 es de fecha posterior; en segundo lugar, porque tanto el RDL 5/2021 como la Resolución que lo complementa hacen referencia expresamente a la insolvencia del prestatario y su declaración en concurso. Por lo tanto, la normativa Covid actuaría como ley especial.

2) Roj: AAP Z 274/2022, de 25 de mayo.**


Sección 5. Ponente, Alfonso María Martínez Areso.
BEPI: Solicitud extemporánea.


Resulta acreditado que se solicitó extemporáneamente, seis meses después de declarar concluido el concurso. Ninguna explicación se da a este retraso, sólo la necesidad de paralizar unas ejecuciones individuales, argumento inadecuado para justificar tal retraso.


La regla de la preclusión es indicada en supuestos como el presente. De admitirse la solución contraria, chocaría con los efectos que para la conclusión del concurso prevén los arts. 483 y 484 del TRLCon -cese de la administración concursal y de las limitaciones de las facultades de administración y disposición de los deudores e inicio o reanudación de ejecuciones singulares contra los mismos-.


Una solicitud extemporánea sería notablemente perturbadora para el orden jurídico. La AC habría cesado, con dificultad para obtener su informe; el deudor tendría plena capacidad de obrar, pudiera haber contraído otras deudas no amparada por dicho beneficio con una indeseable confusión de deudas preconcursales y postconcursales; pudieran haberse cobrado parte de sus deudas y otras no, con frustración arbitraria de las expectativas de parte de sus acreedores. Estas distorsiones aumentarían a medida que aumentase la dilación en el tiempo de su solicitud.


Por tanto, se estima que la solicitud del BEPI fue realizada fuera de plazo, cuando este había precluido y, consiguientemente, la solicitud debía haber sido inadmitida inicialmente. Lo anterior determina la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto, sin necesidad de examinar el resto de los motivos formulados, en cuanto falta el requisito temporal de solicitud en plazo.





Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

SJE REFOR-CGE 20/2022


1) AAP BCN 89/2022 de 11 mayo.***e


Sección 15ª. Ponente, Juan Francisco Garnica Marín.
BEPI: Exoneración de deuda de la TGSS.


Lo que interpreta el TS es que el alcance de la exoneración establecida en el apartado del art. 178-bis.5 LC es únicamente aplicable a los supuestos del apartado 3 ordinal 5.º, como se deduce de la propia literalidad de la norma, esto es, para los deudores que no cumpliendo los requisitos generales para obtener la exoneración directa acepten someterse a un plan de pagos. Pero que tal norma no resulta de aplicación a los que, cumpliendo los referidos requisitos, tengan derecho a la exoneración directa, respecto de los cuales no existe limitación alguna, más allá de que deban cumplir con los requisitos legales establecidos, entre los que se encuentran haber pagado íntegramente los créditos contra la masa y los concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.


El nuevo Texto no sólo se aparta frontalmente de la jurisprudencia sentada a partir de la norma refundida, sino que lo hace con una modificación sustancial, en perjuicio del beneficio de exoneración, de los créditos exonerables en el régimen general no sujetos al plan de pagos, pues mientras que el artículo 178 bis, 3º, apartado 4º no contempla el crédito público como crédito no exonerable, el artículo 491 del TRLC sí lo hace. Por tanto, no se trata de una mera aclaración sino una modificación legal relevante que no le está permitida al Gobierno al llevar a cabo la refundición.


Hemos venido sosteniendo que la nueva redacción contradice la Directiva (UE) 2019/1023. El artículo 21.1 al regular el derecho a la exoneración, dispone que "los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva". Y, el artículo 23.4, al regular las excepciones a ese derecho, prevé que: "Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, en los siguientes casos: a) deudas garantizadas; b) deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas; c) deudas derivadas de responsabilidad extracontractual; d) deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad; e) deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y f) deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas".


Es cierto que esa invocación del contenido del art. 23.4 de la Directiva no es del todo correcta porque la enumeración de las excepciones que se contiene no constituyen un numerus clausus, según lo que se deduce de otra traducción publicada en un momento posterior y que se corresponde mejor con los textos en lengua inglesa y francesa. En la primera traducción publicada se había suprimido un "como" (traducción del término del inglés "us") que aparece en la segunda traducción publicada. Por tanto, parece claro que los supuestos que se indican no son exclusivos y que el legislador nacional tiene libertad para incorporar otros.


Aunque los Estados pueden incluir entre las excepciones otros supuestos, creemos que resulta muy significativo que los créditos públicos no aparezcan enunciados entre ellas. Por tanto, por la vía de la simple aclaración no creemos que esa excepción pueda ser introducida por el Gobierno. Por consiguiente, no vamos a cambiar nuestro criterio como consecuencia de esa nueva traducción, atendido de forma esencial que este no era el argumento fundamental que lo sostenía sino un mero argumento de refuerzo.



2) Roj: STS 1814/2022, de 27 de abril.**


Sala de lo Social. Ponente, Sebastián Moralo Gallego.


Crédito salarial: Anterior a la declaración de concurso, competencia del Juzgado de lo social.
Corresponde al juzgado de lo social la competencia para conocer de las pretensiones de los trabajadores dirigidas a la declaración de la existencia de una deuda por créditos salariales anteriores a la declaración del concurso, que no consten reconocidos en la lista de acreedores, y sin perjuicio de su ulterior remisión al juez del concurso en la fase ejecutiva del proceso, en su caso y conforme a los criterios expresados en la precitada STS 10/2/2022, en función del momento procesal en el que se encuentre.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga




31/05/2022

Articulo Ley segunda oportunidadLa implementación de la Ley de Segunda Oportunidad está inspirada en los principios éticos de ayuda y propuestas de salvar la mala situación de quien no puede hacer frente a sus deudas de manera inmediata
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31/05/22access_time 14:22
​SECCIÓNJurídico
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REMITIDO chevron_right L.B.VLa implementación de la Ley de Segunda Oportunidad está inspirada en los principios éticos de ayuda y propuestas de salvar la mala situación de quien no puede hacer frente a sus deudas de manera inmediata. El mecanismo de la segunda oportunidad nace como recurso legal al que particulares y autónomos pueden acogerse suponiéndoles, no solo una inyección de fluidez, sino una proyección de futuro que evita la quiebra de sus negocios. Te contamos las claves principales de su funcionamiento.
Concepto: qué es y a quien protegeLa Ley de Segunda Oportunidad, regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, es la herramienta que ofrece el ordenamiento jurídico mediante la que se puede renegociar una deuda o eliminarla de forma total o parcial cuando no es posible hacer frente al pago. Protege tanto al deudor como al acreedor, de tal modo que el deudor obtiene una "segunda oportunidad" para cumplir la obligación de pago y el acreedor sigue viendo satisfecho su derecho de cobro.
Requisitos para la concesión de la segunda oportunidadLa Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal al que pueden acogerse particulares y autónomos que no puedan pagar las deudas contraídas. Para ello, se necesita cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:

• No haber sido condenado por delitos contra el Patrimonio, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o en contra de los derechos de los trabajadores, en los últimos diez años.
• Haber mediado un intento de acuerdo por vía extrajudicial.
• No haberse acogido a la exoneración de pagos en los últimos diez años.
• Que no haya mala fe por parte del deudor. La buena fe se traduce en el compromiso del deudor de demostrar, en todo momento, que:
  • De haber concurso de acreedores, la situación de insolvencia no puede haber sido causada mediante dolo o culpa.
  • No se llevarán a cabo mentiras ni ocultaciones sobre la situación de solvencia o cualquier documentación relevante para el procedimiento.
  • Ha intentado pagar o ha pagado créditos posteriores con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social u otros pagos.
  • No ha rechazado ofertas de trabajo en los últimos cuatro años.
  • Acepta su inclusión en el Registro Público Concursal, con el fin de regularizar y dar visibilidad a su situación ante los acreedores y satisfacer el interés legítimo de estos.
  • Que la deuda sea menor de cinco millones de euros.

La importancia del acuerdo extrajudicialEn el intento por evitar lo posible las medidas extremas, se favorece la negociación de la deuda entre ambas partes y hacer factible el pago antes de llegar a instancias judiciales. Así, mediante el acuerdo extrajudicial, se intenta conseguir un pacto entre las partes que favorezca a ambas y que evite una suma de gastos desorbitados o la generación de intereses que no hagan más que hacer menos factibles los cobros. Los acuerdos siempre estarán tutelados por el Juez o por el mediador concursal.
La posibilidad de exoneraciónLa Ley de la Segunda Oportunidad contempla el BEPI, esto es, el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, un mecanismo que permite al Juez liberar al deudor de toda o parte de su deuda. No obstante, los acreedores pueden revertir este beneficio si se cumplen una serie de circunstancias contempladas en la ley (por ejemplo, que el deudor recupere la solvencia).

LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
Un juez de Sevilla libera a una autónoma de más de medio millón de euros de deuda por la Ley de Segunda Oportunidad

• El procedimiento se ha tramitado en menos de cinco meses
  
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El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha exonerado a una autónoma  de las deudas por más de 500.000 euros, incluidos 10.000 euros a Hacienda. La mujer cayó en bancarrota tras el fracaso de un negocio familiar de restauración. La exoneración, técnicamente denominada "beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos" o "BEPI", ha sido concedida aplicando la Ley de Segunda Oportunidad, de 2015.
A.S. y su marido J.F. constituyeron en 2005 una sociedad civil para poner en marcha un restaurante. Si bien los inicios fueron alentadores, la crisis de 2008 hizo que el negocio fuera económicamente inviable. El matrimonio empezó a no poder atender los préstamos con entidades financieras y los impuestos que gravaban el negocio. Esta situación desencadenó una cascada de reclamaciones administrativas y judiciales que hundió a la familia en la ruina. Desde entonces y hasta esta sentencia han vivido en una situación extrema, sin ingresos y con embargos y ejecuciones que les impedían volver a empezar.
A finales de 2021, el matrimonio inició un procedimiento de Segunda Oportunidad,,  que en un tiempo récord de cinco meses ha culminado en la concesión de la exoneración de deudas. Gracias a ello, el matrimonio ha podido empezar de nuevo y ahora, sin deudas ni embargos, regenta un floreciente negocio de comida para llevar. La exoneración se ha extendido también a más de la mitad de las deudas que el matrimonio tenía con Hacienda.
La exoneración de deuda con entidades públicas (Seguridad Social, Agencia Tributaria, etcétera) es uno de los puntos más discutidos del régimen de la Segunda Oportunidad. El Tribunal Supremo se pronunció en 2019 por la posibilidad de exoneración de parte de la deuda pública, en una controvertida interpretación de la Ley Concursal que se encontró con la frontal oposición de los Ministerios de Hacienda y de Justicia.
La Directiva Europea de Segunda Oportunidad aboga por la "plena exoneración" a través de "procedimientos ágiles" de la totalidad de las deudas personales, incluyendo las deudas con entidades públicas. Sin embargo, "el Gobierno español ha adoptado una postura extraordinariamente restrictiva al respecto. En los borradores iniciales de la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, se cerraba absolutamente la posibilidad de exoneración de deudas públicas. Tras el clamor y las protestas de los profesionales (abogados, administradores Concursales, y asociaciones de afectados), el Gobierno rectificó, pero sólo en parte, introduciendo en el borrador de reforma la posibilidad de exonerar hasta1.000 euros de deuda con Hacienda y 1.000 euros de deuda con la Seguridad Social", explica Carlos Fidalgo.
"La reforma, tal y como está planteada por el Gobierno, supone un hachazo al mecanismo de Segunda Oportunidad", sostiene Carlos Fidalgo, profesor de la Universidad de Sevilla y socio director de Moreana | Abogados, el despacho que consiguió la exoneración del matrimonio. "El Gobierno insiste en que el proyecto de reforma es una transposición fiel de la Directiva Comunitaria, cuando lo cierto es que no hace sino complicar y dificultar el acceso de los deudores de buena fe a la exoneración de deudas", insiste Fidalgo. "Y más allá de eso, en los casos, más escasos, en los que sí cabría la exoneración, ésta sería únicamente de las deudas con entidades financieras y proveedores privados, pero reservándose el Estado la práctica totalidad de su derecho a seguir reclamando sus créditos hasta la tumba".
Según la mujer que ha conseguido que le quiten la deuda de medio millón de euros., "la exoneración ha supuesto el final de un calvario de más de una década, en la que no teníamos salida por mucho que luchásemos. Ahora tenemos, como dice la ley, una nueva oportunidad para trabajar y emprender, para sacar adelante a nuestra familia y seguir contribuyendo a la sociedad". La Directiva de Segunda Oportunidad, de 2019, efectivamente afirma que la exoneración de deudas a los empresarios y autónomos arruinados de buena fe es un instrumento fundamental para conseguir que éstos se reincorporen a la vida económica, en bien no sólo de los deudores exonerados sino de la sociedad en general.
"Muchas personas no entienden que puedan exonerarse las deudas", explica Carlos Fidalgo. "Pero no se trata de una exoneración arbitraria ni el premio a defraudadores y tramposos, sino un instrumento para sacar de las cunetas de la economía a quienes, sin mala fe de su parte, se arruinaron y no tienen esperanzas de volver a resurgir".
La reforma de la Segunda Oportunidad, actualmente en trámite parlamentario, podría ser aprobada antes de verano, pues en junio vence el plazo que tiene España para trasponer la Directiva Comunitaria. Sin embargo, el carácter restrictivo de la reforma ha generado una gran oposición, sobre todo por parte de los profesionales y los afectados. El número de enmiendas está en torno a las 1.000, con lo que resulta difícil prever cuál será el resultado que finalmente se aprobará.
Frente a esa incertidumbre, que afecta a futuros procedimientos, A.S. y J.F. pueden mirar al futuro con confianza. Se encuentran entre los pocos miles que, desde 2015 hasta la fecha, han iniciado y conseguido culminar sus procedimientos de segunda oportunidad y exoneración de deudas. "Pero el número de personas insolventes que se han acogido a la Segunda Oportunidad en España es muy bajo en comparación con los países de nuestro entorno", resalta Fidalgo. "La segunda oportunidad iba siendo cada vez más conocida, pero la reforma en curso podría impedir su consolidación".

 juzgados  deuda

ESTUDIO ESTADÍSTICO REFOR COMPARANDO EVOLUCIÓN CONCURSAL 1 T 2022 (Post Covid II) CON 1 T 2019 (Precovid)
POR TIPO DE CONCURSO E INCLUYENDO EVOLUCIÓN DE 2021 A 2022 EN CONCURSOS EXPRÉS (a partir de datos de Registradores publicados en mayo 2022,2021 y del INE 2020 y 2019).

A partir de las cifras estadísticas de Registradores del 1 T 2022 (Post Covid II) publicadas en mayo 2022 (y 2021) y su comparación con las de INE de 2020 y especialmente 2019 (Precovid) desde el REFOR, se ha analizado evolución concursal en el primer trimestre de cada uno de estos años especificando evolución en personas físicas, autónomos y sociedades, en las que observamos una distinta evolución:

1.Concentración de concursos de acreedores en personas físicas y especialmente en los autónomos: Tabla 1.REFOR Comparativa concursal 1 T 2022 Y 2019 (con datos de Registradores 2022, 2021 y del INE 2019 Si comparamos 1 T 2022 (Post Covid) con 1 T 2019, observamos que ha habido un crecimiento de los concursos de acreedores en cifras totales del 77,18% pasando de 1648 a 2920. Lo más destacado que observamos es que los concursos de acreedores crecen intensamente para las personas físicas y autónomos: los mayores crecimientos concursales se dan en las personas físicas que crecen un 115,17% pasando de 501 en el 1 T 2019 a 1078 en el 1 T 2022; esto 2 es se duplican y sobre todo especialmente en los autónomos, que tienen un crecimiento muy intenso (el mayor de todos) creciendo desde 87 en 2019 a 717 en 2022 (se multiplican más que por 8).

En cambio, los crecimientos concursales en las sociedades son más moderados y solo han crecido un 6% del 1 T 2019 al 1 T 2022 (de 1060 pasan a 1125). 2.Concentración de concursos de acreedores de tipo exprés: Tabla 2. REFOR Comparativa concursal concursos exprés 1 T 2022 Y 2019 (con datos de Registradores 2022) Por lo que se refiere a los concursos exprés (concursos que se abren y cierran simultáneamente al no haber masa, por lo que el Juez establece en el mismo auto la declaración de concurso y decreta la conclusión del mismo) crecen en el 1 Trimestre de 2021 a 2022 un 20,75% (ya superan los 1.000 por trimestre) e incrementan su peso respecto a los concursos totales, pasando de representar de 2021 a 2022 el 30,48% de los concursos al 35,27%.

​ Si comparamos los exprés con los concursos de empresas (incluyendo los concursos de personas físicas empresarios; esto es autónomos) la representación es mayor, alcanzando en 2021 el 47,65% y en 2022 el 56% respectivamente. Es decir, ya son la mayoría de los concursos de acreedores de empresas de tipo exprés (no disponemos de datos de concursos exprés trimestrales de fuentes homogéneas anteriores a 2021, pues no se ofrecían desde el INE; si bien acudiendo a otras fuentes anuales -CGPJ- y recordando el Atlas Concursal del REFOR de dichos años en el que las incluíamos ya, de ediciones anteriores publicadas, sí podemos decir que sus cifras eran menores en 2020 y 2019). Hay que tener en cuenta por lo que se refiere a las cifras de estos datos, la moratoria concursal en la que nos encontramos, por lo que será interesante la comparativa a realizar de estas variables y consecuentes trimestres posteriores, cuando tengamos datos a partir de su fin (en principio 30 de junio 2022) y estén disponibles, que presumiblemente modificará los porcentajes y la evolución estadística.
CONCURSO EXPRES EXPRESS ALICANTE 

El juez libera a un autónomo de una deuda de 282.502 eurosTRIBUNALESLa autoridad judicial aplicó la Ley de la Segunda Oportunidad a este profesor de música grancanario
CANARIAS7Las Palmas de Gran CanariaMiércoles, 25 mayo 2022, 23:52
7Un autónomo de Las Palmas de Gran Canaria logró liberarse de una deuda de 282.502 euros a entidades privadas y públicas, a pesar de la oposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, según una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
El proceso fue llevado por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad.
 El protagonista de esta historia solo tenía ingresos provenientes de sus clases de música y, debido a la crisis, fue perdiéndolos lo que le dificultó pagar regularmente todas sus deudas.
A finales de 2019, aparecieron los primeros impagos con sus acreedores. Entre estos, los atrasos con las administraciones públicas fueron el desencadenante para que su situación fuera insostenible. Ante las reclamaciones de recobro y amenazas de embargo constantes, decidió contactar con la asociación y sus letrados le indicaron que la mejor solución a la insolvencia que atravesaba era acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.
TrámiteEl deudor inició el procedimiento para liberarse de las deudas que no podía pagar. El primer paso seguido fue informar a los juzgados de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria de su situación. No podía pagar regularmente sus deudas, por lo que cumplía con la condición de insolvencia. Con esto, se dio pie a presentarles un intento de acuerdo a todos los acreedores.
Dicho convenio se formalizó en notaría, pero no fue aceptado por la mayoría de los acreedores, pero el interesado dejaba plasmada su buena fe y, con ello, podría solicitar la exoneración de toda la deuda ante los juzgados grancanarios.
Los letrados de esta parte presentaron, tras este trámite, la demanda de concurso de nuevo en el juzgado y, dado que carecía de bienes, no procedía más actuación que un informe del administrador concursal confirmando que el deudor cumplía con los requisitos para empezar de nuevo sin deudas.
Antes de la sentencia final, la Seguridad Social alegó para incrementar esa deuda privilegiada -la que no se exonera automáticamente- y para excluir la deuda pública de la sentencia. A lo primero accedió el juzgado, reconociendo que se habían olvidado 5.000 euros de la cuantía «no exonerable». A lo segundo no. Esto no tuvo ninguna repercusión en la práctica.
El 20 de abril el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y cancelando los 282.502 euros.
Solo le quedarán pendientes a este deudor 75 euros mensuales durante cinco años para cumplir con la parte no exonerable de la deuda con la Seguridad Social.
Un criterio cada vez «más extendido»Pepe Domínguez, abogado de la asociación, comentó sobre este asunto que «atendiendo al criterio fijado por el Tribunal Supremo desde el 2019, la inclusión de la Deuda Pública en la Ley de la Segunda Oportunidad cada vez está más extendida entre los tribunales. Especialmente, los Juzgados de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria están siendo unánimes en sus últimas resoluciones». Se suma esta noticia a la sentencia conseguida por la misma Asociación de Ayuda al Endeudamiento hace tres semanas en la provincia de Las Palmas, esta vez permitiendo a un autónomo de Lanzarote quedar libre de todas sus deudas, incluidas las pendientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

SJE REFOR-CGE 19/2022

1) Auto 93/2022, de 18 de mayo de 2022.**


Sección 15. Ponente, Marta Cervera Martínez.


Créditos imprescindibles para la liquidación: Honorarios de otros profesionales más allá de los de la AC.


Para la delimitación de los créditos imprescindibles para la liquidación debemos partir de varios extremos, por un lado, debe haberse comunicado la insuficiencia de masa y que queden pendientes actuaciones necesarias para la liquidación. Además, como bien indica la AC, le corresponde a ésta delimitar qué actuaciones de liquidación quedan pendientes y hacer una valoración de las mismas, valoración que deberá de ser razonable en atención al trabajo efectivamente realizado y pendiente de realizar hasta el cierre el procedimiento.


En la medida que estamos ante gastos necesarios para la realización del activo y el pago a los acreedores y, en definitiva, para la conclusión del concurso, son varios los profesionales que pueden verse implicados y diversos los gastos en los que se puede incurrir, no pudiendo limitar este reconocimiento de crédito imprescindible a los honorarios de la AC, sino que, como en el supuesto que nos ocupa, pueden existir pagos a terceros que sean imprescindibles para poner fin a la liquidación concursal.


En el caso del perito-tasador, sus honorarios se corresponden con una factura, y en el caso del AC, cuya presencia, como hemos indicado, es siempre imprescindible para la liquidación del concurso, se trata de retribuir las actuaciones llevadas a cabo durante un periodo aproximado de dos años, realizando actuaciones necesarias para la ejecución de la sentencia, ejecución que finalmente se evita mediante la firma de un acuerdo transaccional que supone un incremento sustancial de la masa activa. Por el contrario, la intervención del letrado de la concursada no es imprescindible en esta fase, ni de la relación de actuaciones detalladas por la AC se deduce que haya tenido intervención trascendente alguna, por lo que no se puede pretender reconocerle unos honorarios como si un gasto imprescindible para la liquidación se tratara.


Agradecemos a la compañera Dña. María Jesús Baigorri Hermoso que nos haya hecho llegar esta resolución.




2) ATS 7294/2022, de 10 de mayo.*


Sala de lo civil. Ponente, Juan María Díaz Fraile.


Competencia territorial: Centro de intereses principales vs domicilio social.


Si bien se admite que la presunción del art. 45.2 TRLC según la cual, el centro de intereses principales de una persona jurídica es su domicilio social, debe entenderse iuris tantum, por lo que cabe prueba en contrario.


En el presente caso, la presunción no ha quedado desvirtuada toda vez que, como apunta el Juez onubense, que se inhibe al igual que lo hizo antes el de Valencia: (i) La sociedad tiene su domicilio social en Gandía y está inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; (ii) Asimismo tiene su domicilio fiscal y su domicilio a efectos de notificaciones y facturación en Gandía; (iii) Los apoderados y la administradora tienen su domicilio en Valencia; (iv) No dispone de oficina, representación o domicilio en Huelva y todas las operaciones de gestión se llevan a cabo desde Gandía, como lugar donde se lleva a cabo la administración de la empresa de modo reconocible para su localización por terceros; (v) En Huelva solo realiza la producción de "berries" por razones climatológicas, por lo que es lógico que parte de sus acreedores tengan allí su domicilio, de la misma forma que otros consta que lo tienen en Valencia y en el resto de España; (vi) No cuenta con trabajadores y la producción y las instalaciones agrícolas de Huelva se encuentran sin funcionamiento.


Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga



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Nota de Aviso REFOR 24/2022: SELECCIÓN CONTENIDO CONCURSAL EN EL INFORME ANUAL ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO 2022 (importante referencia a problemas de no incluir administrador concursal en microempresas)RecibidosREFOR -CGE11:23 (hace 1 hora)
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Nº24/2022
SELECCIÓN CONTENIDO CONCURSAL EN EL INFORME ANUAL ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO 2022(Mención del Banco de España a los problemas derivados en reforma concursal de no contar con administrador concursal en microempresas)
Recordamos que en un reciente boletín InfoREFOR 18/2022 incluímos en la sección semanal de Informes y Estadísticas, un interesante documento económico del Banco de España, el "Informe Anual 2021" (publicado recientemente en mayo 2022 por la citada entidad), en el que seleccionábamos un apartado concursal del mismo.
Destacamos el siguiente contenido de dicho Informe, y especialmente el párrafo en el que el Banco de España valora la reforma concursal, con ciertos aspectos positivos, pero también advierte, entre otros aspectos a mejorar, de problemas en el procedimiento de micropymes y riesgos de no contar en todos los casos con un profesional administrador concursal en este tipo de procedimientos.(como observamos estos comentarios están en línea con las propuestas realizadas por el Consejo General de Economistas, con el impulso del REFOR, en las propuestas formuladas en 2021 en la fase de borrador de Anteproyecto y en 2022 en la fase de enmiendas al Proyecto de Ley de reforma concursal en el Congreso de los Diputados)
"Por su parte, la reforma de la Ley Concursal introduce cambios significativos en el ámbito concursal y preconcursal. Entre sus novedades, destaca la introducción de la reestructuración de las deudas empresariales en una fase temprana mediante un nuevo mecanismo preconcursal denominado «plan de reestructuración». Además, se mejora el mecanismo de segunda oportunidad —tanto para consumidores como para empresarios— y se introduce la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y mediante un plan de pagos, extendiendo la exoneración del pasivo insatisfecho al crédito público —si bien todavía en una cantidad relativamente limitada—. Por último, se introduce un procedimiento específico para microempresas, caracterizado por una simplificación procesal máxima y por el recurso a las nuevas tecnologías, para que resulte menos costoso y más rápido que el concurso de acreedores general. En este procedimiento, la intervención del juez solo se producirá para adoptar las decisiones más relevantes o cuando exista una cuestión litigiosa que las partes eleven al juzgado. Esta reforma concursal podría contribuir a corregir parte de las ineficiencias que presentan los mecanismos de insolvencia actuales, si bien no está claro hasta qué punto serán eficaces algunos de los nuevos procedimientos. En principio, la reestructuración temprana de las empresas debería favorecer el descenso de la alta tasa de liquidación de las empresas concursadas en España. Asimismo, los cambios introducidos podrían contribuir a reducir la duración de los procedimientos concursales —lo que redundaría en una menor congestión de los juzgados— y el coste de estos procedimientos, especialmente en el caso de las microempresas. Además, en términos generales, esta reforma podría tener efectos positivos sobre el emprendimiento empresarial, al proporcionar una cobertura a los empresarios en caso de que se produzca su insolvencia de forma sobrevenida. En cambio, existe cierta incertidumbre sobre la eficiencia del procedimiento especial para microempresas. En concreto, prescindir del administrador concursal en la mayoría de estos procedimientos, dejando su control en manos del deudor, podría conllevar riesgos de comportamientos oportunistas y problemas de riesgo moral, debido a la falta de supervisión por parte de un profesional independiente. En este sentido, será preciso valorar, en los próximos meses, en qué medida estos posibles efectos de la nueva normativa se materializan y con qué intensidad."
Finalmente incluimos también comentarios del Banco de España, con respecto a otro Proyecto de Ley, el de Crea y Crece (en el que recordamos también hemos remitido enmiendas al Congreso con el impulso del REFOR):
"El Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y el de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes suponen un paso adelante para impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial. Entre otras medidas, este proyecto de ley reduce el coste y los trámites de constitución de las sociedades mercantiles y refuerza los órganos que velan por la unidad de mercado regulatoria. De cara al futuro, sería conveniente abordar, además, otras cuestiones, como la revisión de los umbrales regulatorios en el ámbito laboral y tributario —asociados a niveles arbitrarios de tamaño empresarial—, que desincentivan el crecimiento de las empresas, y la mitigación de la morosidad de las AAPP, que dificulta la financiación empresarial, especialmente en el caso de las pequeñas empresas."

• Recordamos acceso a la documentación del Banco de España Informe Anual 2021: (mayo 2022 - informe completo, resumen y cuadros)

Esperando que esta documentación os resulte de utilidad recibid un cordial saludo




REFOR

Insolvency report 2022
May 18 2022, Paris
Global insolvencies expected to rebound by +10% in 2022 and +14% in 2023, approaching their pre-pandemic level.
The war in Ukraine and new lockdowns in China have significantly deteriorated the balance of risks for companies. While cash buffers will prevent insolvencies surging quickly in the short term, Allianz Trade, the world leader in trade credit insurance, expects global insolvencies to rebound by +10% in 2022 and +14% in 2023, approaching their pre-pandemic level.3 key signs of resilience will delay the normalization of insolvency levels
Companies now face multiple global headwinds once again, from extended supply-chain disruptions and transportation bottlenecks to high input costs and shortages, notably for energy and commodities but also labor. To add to this, they also face higher funding costs as the global surge in inflation accelerates monetary tightening.
Yet, Allianz Trade identifies three key signs of resilience:
The total cash holdings of listed firms was 30% higher at the start of 2022 than in 2019 at the global level.

• The total cash holdings of listed firms was 30% higher at the start of 2022 than in 2019 at the global level. 
• Allianz Trade’s proprietary data show that the number of fragile firms (i.e. those likely to default in the next four years, based on profitability, capitalization and interest coverage as of 2021) remained contained in Europe, particularly in Italy (to 7% in 2021 from 11% in 2020) and France (to 12% from 15%).
• Finally, the Q1 2022 earnings season has confirmed that listed companies have been far more capable of passing on higher costs to prices.

“These factors suggest that the global economy should be able to avoid a big surge in insolvencies – at least in the short term. Nonetheless, companies will have to be vigilant: The normalization of global insolvencies has already started. For some countries, catching up with 2019 figures will take a few years, but we are back to a high level of non-payment risk, both globally and locally”, explains Clarisse Kopff, CEO of Allianz Trade.
For the first time since 2019, global insolvencies will bounce back in 2022 and 2023
Allianz Trade identifies some pockets of fragility which may result in a strong rise in insolvency levels in 2022 and 2023. First, in 2021, working capital requirements increased particularly in Asia (+2 days), Central and Eastern Europe (+2 days) and Latin America (+2 days), and for sectors such as household equipment (+8 days), electronics (+3 days) and machinery equipment (+2 days).
In addition, the Eurozone posted a noticeable deterioration of its NFC debt-to-GDP ratio (+5.2pp compared to +3.5pp for the US).
Last but not least, the current international context has sparked a decline in real purchasing power for consumers, which could create another downside risk for companies in the form of slowing demand. In response, governments in France, Germany and Italy have already extended existing partial unemployment programs and introduced new forms of state-guaranteed loans, with more measures likely the longer the current crisis lasts.
Against this backdrop, Allianz Trade expects global business insolvencies to rise by +10% in 2022 and +14% in 2023 (after -12% in 2021).
 “For the first time since 2019, we expect global insolvencies to bounce back in 2022 and 2023, approaching their pre-pandemic levels. In France and Germany, insolvencies will rise in 2022 and 2023 (+15% and +33%, +4% and +10%, respectively), but the number of cases will remain artificially low due to strong state support measures, which could delay the normalization of business insolvencies once again”, explains Maxime Lemerle, Head of Insolvency Research at Allianz Trade.
One out of three countries will return to their pre-pandemic levels of insolvencies in 2022
In the U.S (+8% in 2022 and +23% in 2023), companies should benefit from the buffers accumulated since the pandemic, helped by the Paycheck Protection Program being massively transformed into subsidies and the recovery in profits. China should also be able to maintain insolvencies in check (+1% in 2022, +11% in 2023), thanks to a low starting point and despite a rebound of difficulties for companies most exposed to international trade. In these countries, the number of insolvencies will not return to pre-pandemic levels in 2022 nor 2023.
“At this stage, we expect one out of three countries to return to their pre-pandemic levels of insolvencies in 2022, and one out of two countries in 2023. Western Europe in particular will see a diverging trend: In the United Kingdom and Spain, the number of insolvencies will overtake 2019 levels by the end of this year, while in Italy, Portugal and the Nordics, the normalization will happen only in 2023”, adds Ana Boata, Head of Economic Research at Allianz Trade.
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SJE REFOR-CGE 18/2022
1) Roj: SAP OU 773/2021, de 25 de noviembre.**


Sección 1. Ponente, Ricardo Pailos Núñez.
Contrato de arrendamiento: Posible compensación de la fianza cuando la resolución es anterior a la declaración de concurso.
Supuesto de hecho: Contrato de arrendamiento resuelto con anterioridad a la declaración de concurso. ¿Es compensable la fianza?


Concurrirían los requisitos exigidos por el artículo 1.196 del código civil para que operase la compensación de deudas, pues las partes estaban obligadas recíprocamente y las deudas habían vencido, eran líquidas y exigibles. Extinguida la relación arrendaticia, el importe de la fianza podía ya ser imputado al cumplimiento de la obligación del arrendatario, consistente en la obligación de abono de renta. A ello hemos de añadir que, independientemente de la fecha del lanzamiento, el apartado segundo del artículo 153 de la ley concursal permitiría la compensación, al dimanar la obligación de pago de renta por parte del arrendatario y correlativa devolución de la fianza por parte del arrendador de la misma relación jurídica.


2) Roj: ATS 7072/2022, de 26 de abril.**


Sala Especial. Ponente, Pedro José Vela Torres.
Prohibición de disponer: Vs concurso de acreedores.
Vis atractiva: Prohibición de disponer dictada en proceso penal sobre activos de la concursada.
Supuesto de hecho: Juzgado de Instrucción que dicta una prohibición de enajenar en el marco de la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales. La sociedad es declarada en concurso y se abre la fase de liquidación en la que se plantea como primer mecanismo solutorio la venta de la unidad productiva.


Sobre conflictos de competencia positivos entre jueces del concurso y jueces de instrucción, en relación con medidas cautelares sobre bienes del concursado, se ha pronunciado la sala especial en los autos 2/2019, de 19 de febrero, y 35/2021, de 17 de julio (invocado tanto por el Juzgado de lo Mercantil como por el Ministerio Fiscal). Este último, con cita de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito, y de diversas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, declaró que el decomiso no es responsabilidad civil derivada del delito, sino consecuencia jurídica penal de éste, una especie de sanción penal sometida a los principios de culpabilidad, proporcionalidad, pertinencia y legalidad, que guarda directa relación con las penas y el derecho sancionador, con la lógica exigencia de su carácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición.


Cuando se ha planteado el conflicto positivo de competencia no ha recaído sentencia que haya acordado el decomiso de las fincas de la concursada. Y de recaer sentencia condenatoria que así lo acuerde, a tenor de lo dispuesto en el art. 13.2 del RD 948/2015, de 23 de octubre, en el art. 367 quinquies LECRIM y en el art. 127 octies 3 CP , el producto de la eventual realización de las fincas de la concursada cuya enajenación se prohibió por el Juzgado de Instrucción, habría de destinarse, antes de adjudicarse al Estado, a satisfacer las responsabilidades civiles que pudieran declararse procedentes en la causa penal.
Tras la declaración de concurso, la vis atractiva del concurso conlleva que todos sus bienes se integraran en su masa activa para el pago a sus acreedores, conforme se desprende del art. 192.1 TRLC, que señala que la masa activa del concurso está constituida "por la totalidad de los bienes y derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de concurso y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento".


En el inventario de la masa activa se integraron las fincas de la concursada cuya prohibición de disponer se había acordado cautelarmente por el Juzgado de Instrucción, ya que siguen formando parte de su patrimonio, al no haberse acordado aún su decomiso por sentencia firme.


La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado (art. 86 ter 1.4.º LOPJ) o que afecte o pudiera afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o autoridad que la hubiera acordado (art. 54.1 TRLC), de forma que si aquel considerase que las adoptadas pueden suponer un perjuicio para la tramitación del concurso, ha de acordar su suspensión y requerir al tribunal o autoridad que la hubiera acordado para que proceda a su levantamiento (art. 54.2 TRLC).
A diferencia de lo que contempla el art. 40 LEC respecto de los procedimientos declarativos civiles, la incoación de procedimientos criminales relacionados con el deudor o por hechos que tuvieran relación o influencia en el concurso no provoca la suspensión de este (art. 519 TRLC), lo que obedece a que el concurso articula mecanismos para la realización de todos los pronunciamientos que puedan derivar del procedimiento penal. [Y reproduce el art. 520].
Las eventuales responsabilidades pecuniarias a que pudiera dar lugar el pronunciamiento firme que, en definitiva, se llegara a adoptar en el procedimiento penal quedarían protegidas a través de su tratamiento concursal, bien como créditos contingentes, al amparo de los arts. 261 y 262 TRLC, o, en su caso, como créditos subordinados, si se refirieran a "multas o sanciones pecuniarias" (art. 281.1.4.º TRLC).


En el presente caso no se ha dictado aún sentencia condenatoria penal, pero ni siquiera la misma permitiría a los perjudicados por el delito ni al Estado cobrar al margen del concurso, sino únicamente dentro de él y por el orden de prelación de créditos que les corresponda en él - par conditio creditorum-, conforme al principio de universalidad del procedimiento concursal contemplado en los arts. 192.1 y 251.1 TRLC.



3) Sentencias en el asunto C-600/19 Ibercaja banco, en los asuntos acumulados C-693/19 SPV Project 1503 y C-831/19 Banco di Desio e della Brianza y otros, y en los asuntos C-725/19 Impuls Leasing România y C-869/19 Unicaja Banco.*


Gran Sala del TJUE.
Clausulas abusivas: Efecto de la cosa juzgada.


Se pregunta al Tribunal de Justicia si principios procesales nacionales, como el de la fuerza de cosa juzgada, pueden limitar las facultades de los jueces nacionales, en particular de ejecución, para apreciar el carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales. ¿Son compatibles con la Directiva 93/13 unos principios de Derecho procesal interno que no permiten dicha apreciación en el ámbito de la ejecución, incluso de oficio por el juez que conoce de la ejecución, debido a la existencia de resoluciones judiciales nacionales previas?
Sobre este particular, el Tribunal de Justicia recuerda la importancia que reviste el principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. Así, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de esos recursos. Dicho esto, en primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información. Habida cuenta de esta situación de inferioridad, la Directiva 93/13 prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal del contrato por un equilibrio real. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y que los Estados miembros están obligados a establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas.


En principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y, por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro establecer dichos procedimientos en su ordenamiento jurídico interno. Las disposiciones procesales nacionales deben observar el principio de efectividad, es decir, cumplir la exigencia de tutela judicial efectiva. A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que si no hay un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse el respeto de los derechos conferidos en la Directiva 93/13.


Nota: Hemos reproducido el texto común de la nota de prensa emanada del propio Tribunal.




Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga




18/05/2022

SJE REFOR-CGE 17/2022
1) Roj: A AP de Barcelona de 26 de abril de 2022.**
Sección 15. Ponente, Luis Rodríguez Vega.
Vivienda habitual: Beneficios propios de leyes protectoras.
Nota: Repetimos el envío pues el documento pdf vinculado no estaba completo.


Se debe Incluir en el plan de liquidación la siguiente mención: “serán de aplicación al deudor los beneficios propios de las leyes protectoras del derecho a una vivienda digna, en su caso, haciendo extensible al acreedor hipotecario la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social en los términos que resulte de aquella normativa”.



2) Roj: ATS 6461/2022, de 3 de mayo.*
Sala de lo Civil. Ponente, Francisco Javier Arroyo Fiestas.
Cesión de crédito litigioso: No necesidad de inscripción en el Registro.


Procede acordar la sucesión procesal solicitada por D. Calíope porque, pese a lo alegado por la parte recurrente, de la documentación aportada ha quedado acreditado que mediante escritura de ampliación de capital el desplazamiento de la titularidad del crédito ya se ha hecho aun cuando aún no conste en el Registro Mercantil.



3) Roj: STS 1610/2022, de 21 de abril.**
Sala de lo Contencioso. Ponente, José María del Riego Valledor.
Concesiones administrativas: Resolución del contrato por apertura de la fase de liquidación.


En el régimen del TRLCAP aplicable al presente caso, la declaración de concurso o, en todo caso, la apertura de la fase de liquidación, determinan ope legis o por ministerio de la ley, "siempre", esto es, sin alternativa posible para el órgano de contratación, la resolución del contrato.


La resolución del contrato resulta imperativa por disposición de la ley en caso de apertura de la fase de liquidación en un concurso, y el órgano de contratación está obligado a acordarla ("siempre").


4) Roj: STS 1388/2022, de 6 de abril.***
Sala de lo Civil. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Convenio: Propuesta condicionada.
Supuesto de hecho: Convenio con propuestas alternativas que disponen Primera opción. Conversión de créditos en acciones (…). Segunda opción. Quita del 65% y Espera de 10 años siendo los 2 primeros de carencia.
Un número relevante de acciones están pignoradas y de acuerdo con el pacto de pignoración es necesaria la autorización del acreedor pignoraticio para un ejercicio de los derechos políticos.


El art. 101.1 LC, prescribe que "la propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrá por no presentada". Este precepto se encuentra ahora, con la misma redacción, en el art. 319 del texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el RDLeg 1/2020, de 5 de mayo (en adelante, TRLC). Con esta norma, la ley quiere evitar propuestas condicionadas, en cuanto que su eficacia esté sujeta al cumplimiento de "cualquier clase de condición": suspensiva o resolutoria; positiva o negativa; potestativa, causal o mixta... Pero conviene distinguir, como hace la sentencia recurrida, entre hechos futuros e inciertos de los que se haga depender la eficacia de una concreta propuesta de convenio, de los hechos futuros e inciertos que podrían incidir sobre el cumplimiento efectivo del contenido obligacional del convenio aprobado.


Partiendo, pues, de que la aprobación de la ampliación de capital social afecta al cumplimiento de la conversión de créditos en acciones o participaciones, sin que pueda caracterizarse como una condición a los efectos de la prohibición prevista en el art. 101.1 LC, las circunstancias que puedan incidir en ese cumplimiento efectivo tampoco pueden merecer esta caracterización de condición. De este modo, el hecho de que un número relevante de acciones estén pignoradas y de acuerdo con el pacto de pignoración sea necesaria la autorización del acreedor pignoraticio para un ejercicio de los derechos políticos como este, es una circunstancia que puede llegar a afectar al cumplimiento, pero no convierte la propuesta de convenio en condicionada, como pretende el recurrente


Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

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ADELANTO SELECCIÓN 4 ESTADÍSTICAS DE VARIABLES CONCURSALES 2021 A PARTIR DE DATOS DE ESTADÍSTICAS DEL CGPJ Y SU COMPARACIÓN CON DATOS 2020 Y 2019 (POSTCOVID/PRECOVID)(Entre ellas acuerdos de refinanciación: AEP Acuerdos Extrajudiciales de Pagos, Concursos Exprés; concursos personas físicas…)

En abril de 2022, el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial ha hecho pública sus estadísticas concursales hasta 2021. Desde REFOR, a través de su servicio estadístico, hemos procedido a realizar una selección de las siguientes cuatro variables concursales que consideramos muy interesantes de otras muchas que se incluyen en el ámbito judicial. Como teníamos resultados de los años 2019 y 2020; de esta forma podemos comparar la evolución de estas variables pre Covid y post Covid.
Resumen

• Se produce un crecimiento del 13% en cuanto a los acuerdos de refinanciación no homologados entre los años 2021 y 2020, del actual 583 TRLC (antiguo artículo 5 bis de la Ley Concursal); el año pasado decrecieron un 16%. No obstante, si comparamos cifras 2021 (postcovid) y 2019 (precovid) hay una disminución del 5,5% en los acuerdos de refinanciación no homologados (cifra por debajo de los 4.000). Por su parte, como puede observarse, los acuerdos de refinanciación homologados decrecieron un 28 % en 2021 (en 2020 aumentaron un 14%).
• Se incrementan fuertemente los concursos exprés en 2021, actual artículo 470 TRLC (antiguo artículo 176 bis LC) con respecto al año anterior 2020 con un crecimiento muy intenso; pasando de 1.923 en el año 2020 a 3.297 en 2021 (subida del 71,4%). Los concursos exprés representan en 2021 ya un 62% de los concursos acreedores de empresas con un gran crecimiento en el último año
• Si bien hasta año 2020 los acuerdos extrajudiciales de pagos eran escasos, en 2021 aumentaron su cifra y llegaron a 1.058 (crecimiento del 185% de 2021 sobre 2020)
• En cuanto a los datos de concursos de acreedores de personas físicas en los Juzgados de Primera Instancia en 2021 llegaron a 4.660 (crecimiento del 49% de 2021 sobre 2020) y del 83% de 2021 (postcovid) sobre 2019 (precovid). Suponen un indicio de posibles casos de segunda oportunidad (pues hay que pasar por un concurso de acreedores)

• Acceso a documento desarrollado REFOR de 4 variables concursales

Esperando que esta información sea de utilidad, recibid un cordial saludo


REFOR

DATOS ESTADÍSTICOS CONCURSALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACTUALIDAD DE ENERO A ABRIL 2022
(NOTA: incluimos además de datos 2021, también datos de 2019 al ser 2020 un año especial por la Covid para una comparativa de año pre Covid más normalizado)


1) Acuerdos de refinanciación homologados (datos desde REFOR)

• Acceso a informe y cuadro del REFOR

El número de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril 2022, primer cuatrimestre del año, es 0 (no se han publicado ninguno; lo que resulta un tanto curioso y fuera de lo normal) inferior a los 23 del año 2021; a los 22 de 2020 y 25 del año 2019, que hubo en el primer cuatrimestre de los correspondientes años.Se ha producido un claro decrecimiento de los mismos, que ya veíamos a lo largo de 2021 (incluso a partir de junio 2021 ya no se publicaba ninguno). Estimamos que entre otras razones podría influir la moratoria concursal que se amplió hasta el 30 de junio 2022 que podrían percibir los distintos agentes intervinientes en este tipo de operaciones.


2) Pagos del FOGASA (datos desde REFOR con datos FOGASA)


OBSERVAMOS QUE LOS PAGOS DEL FOGASA DE ENERO A ABRIL 2022, PRIMER CUATRIMESTRE ESTE AÑO, HAN DISMINUIDO EN TORNO AL 10% Y LA RATIO QUE LOS COMPARA CON EL NÚMERO DE CONCURSOS DE ACREEDORES (tiende a 1) HA DISMINUIDO UN 8% CON RESPECTO A 2021. CREEMOS QUE LA MORATORIA CONCURSAL CON SUS CONTINUAS AMPLIACIONES, TODAVÍA HASTA 30 JUNIO 2022, HA TENIDO UNA INCIDENCIA EN ESTA DISMINUCIÓN DE PAGOS Y COMPARATIVA CON LOS CONCURSOS DE ACREEDORES. POR LO QUE HABRÁ QUE VER LA EVOLUCIÓN DE ESTE ÍNDICE CUANDO LA MORATORIA SE LEVANTE Y VOLVAMOS A LA NORMALIDAD CONCURSAL.

• Acceso a informe del REFOR
• Acceso a datos del FOGASA
• Acceso a cuadro del REFOR

3) Concursos de acreedores


Datos Nacionales:


a) Registradores (datos publicados en abril 2022)



Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre enero y marzo 2022 fueron 1.212, un aumento del 5,0% con relación al mismo trimestre de 2021.


Por comunidades autónomas, en el primer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2021, se incrementaron sobre todo en Cantabria (142,9%), Castilla – La Mancha (42,9%) y Extremadura (20,0%). En la parte opuesta, descendieron más en La Rioja (-62,5%), las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (-50,0%) y Baleares (-24,0%).


En datos anualizados, en los últimos 12 meses, de abril de 2021 a marzo de 2022, se declararon en concurso 4.772 sociedades, un 33,3% más que en el acumulado del año anterior.

• Acceso

b) Informa D&B:


Los concursos de acreedores se reducen un 18 % en abril, hasta 440, rompiendo la tendencia ascendente que llevaban desde que comenzó el año de tal manera que los datos acumulados también se reducen, un 2 %.

• Acceso

c) Axesor:
Los concursos de acreedores frenan su escalada en casi cuatro puntos a cierre del primer trimestre:

• Acceso

d) Estadísticas nacionales de Crédito y Caución:
Crédito y Caución (Iberinform): En abril de 2022 la constitución de empresas registró una caída del 6,9% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. En el conjunto del año la creación de tejido productivo acumula un incremento del 1,8%.

• Acceso

Datos Internacionales:


- Datos de Reino Unido: abril 2022 (publicados en mayo 2022):

• Acceso
  
  

Traducción: o El número de registros de insolvencias de empresas en marzo 2022 fue 2.114:
· Más del doble del número registrado en el mismo mes en el año anterior (999) en marzo 2021.
· Un 34% mayor que el número registrado en los tres años anteriores (prepandemia) 1.582 en marzo 2019.
Fuente: Insolvency Service (UK)Traducción desde REFOR: Cuadro 1: el número de insolvencias de empresas en abril 2022


-Insolvencias en Francia: (datos publicados en enero 2022)


Traducción desde REFOR: el nº de insolvencias de empresas en 2021 (entre enero y diciembre 2021) es de 27.285, que supone un decrecimiento del 12,7% con respecto a las registradas en 2020.

• Acceso

El número de insolvencias permanece en niveles bajos comparados con años previos a la Covid 19 (44.8% por debajo de 2019 y un 36.6% por debajo en 2020). A pesar de haberse suprimido las ayudas, las cifras de insolvencias en los primeros meses de 2022 son menores que en 2019. No parece haber signos de una ola de insolvencias.
Esperando que esta documentación seleccionada por REFOR os resulte de utilidad, recibid un cordial saludo,



REFOR


9 de mayo de 2022