La nueva ley de reestructuración tiene poco más de cuatro meses y ya se está poniendo a prueba a medida que la economía se ralentiza, por lo que empresas y autoridades confían en que ayude a reducir los elevados índices de quiebra.

La siderúrgica Celsa pone a prueba la nueva ley concursal
La nueva ley de reestructuración tiene poco más de cuatro meses y ya se está poniendo a prueba a medida que la economía se ralentiza, por lo que empresas y autoridades confían en que ayude a reducir los elevados índices de quiebra.
      
El logo del grupo Celsa en su planta de Castellbisbal, cerca de Barcelona. REUTERS/Albert Gea
El logo del grupo Celsa en su planta de Castellbisbal, cerca de Barcelona. — Albert Gea / REUTERS
LONDRES/MADRID19/02/2023 19:45REUTERS
La nueva ley concursal tiene poco más de cuatro meses y ya se está poniendo a prueba a medida que la economía se ralentiza, por lo que empresas y autoridades confían en que ayude a reducir los elevados índices de quiebra.


La reforma ha racionalizado y acelerado el proceso de reestructuración de la deuda. Se trata de una cuestión vital en España, donde las cifras de Eurostat muestran que las declaraciones de quiebra de empresas aumentaron un 66% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al anterior, frente a un aumento medio del 16% en la Unión Europea.


En este contexto, destaca el caso de Celsa. El plan de reestructuración de la empresa, mayor grupo industrial no cotizado de España con una deuda de unos 2.800 millones de euros (3.040 millones de dólares), se encuentra en los tribunales.

Imagen del logo de Twitter y Elon Musk - 16/12/2022
Las diez polémicas más sonadas de Elon Musk al frente de Twitter
MANUEL RUIZ RICO
Se trata de una prueba de fuego para la nueva ley, considerada por los expertos jurídicos como la joya de la corona de un paquete de reformas que entró en vigor en septiembre.

Las señales de que las reformas están funcionando podrían impulsar la inversión en la cuarta mayor economía de la zona euro y ayudar a amortiguar una recesión. El Banco de España ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2024.

"El problema que tú tienes en España con la reestructuración de una empresa es que se tarda mucho hasta que se lleva a cabo porque los jueces están desbordados (...) y no puedes dejar a una empresa con problemas financieros dos años sin tomar decisiones", dijo José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.

Yolanda Díaz
Yolanda Díaz denuncia que el despido es "demasiado barato" y permite "abusos"
PÚBLICO
"Lo que va a intentar la ley es entrar en ese proceso, en preconcurso resolver el problema para no llegar a concurso", añadió Díez, exmiembro del panel de expertos del Banco Central Europeo sobre economía europea. Cuando el COVID activó los confinamientos en marzo de 2020, la obligación de declararse en quiebra se suspendió hasta junio de 2022 para evitar una avalancha de bancarrotas.

Un camion que transporta bobinas de acero abandona la planta de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona. REUTERS/Albert Gea
Un camion que transporta bobinas de acero abandona la planta de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona. — Albert Gea / REUTERS
Muchas empresas solicitaron activamente financiación estatal durante la pandemia, pero algunos economistas temían que la moratoria ocultara empresas "zombis" que en circunstancias normales deberían haber sido liquidadas.

El año pasado cerraron sus puertas más de 26.200 empresas, lo que supuso un incremento de un 10,1% respecto 2021, y la cifra más alta desde que se empezaron a recopilar datos oficiales en 1995.

Planta de Técnicas Reunidas.
La Audiencia Nacional falla a favor de Técnicas Reunidas en una disputa con Hacienda por 117 millones
EUROPA PRESS
A prueba
En diciembre, un plan de reestructuración de la empresa española de distribución de alimentos congelados Xeldist Congelados aprobado por un tribunal le permitió recibir capital nuevo y salvar puestos de trabajo, en un primer éxito de la nueva ley.

Ahora la atención se centra en Celsa, mucho mayor, atrapada en una batalla entre acreedores y accionistas que han sido incapaces de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.

La nueva reforma permite implementar un plan aunque las partes no lo pacten.

22/03/2022 Tesla
El capitalismo extremo invade las 'bigtechs', que afrontan una segunda oleada de despidos masivos
DIEGO HERRANZ
Los acreedores de Celsa proponen recortar la deuda en unos 1.290 millones de euros y tomar el control de la firma, al tiempo que se crearía un nuevo contrato para la deuda restante, añadieron las fuentes.

Un experto de la consultora Lexaudit designado por el tribunal evaluará en breve si el plan es sostenible antes de una resolución judicial este trimestre o el próximo, según las fuentes.

"El caso de Celsa demuestra que los acreedores pueden presionar para lograr un plan de reestructuración y solicitar el nombramiento de un experto para ayudar en las negociaciones", dijo Juan Verdugo, socio del bufete de abogados Garrigues. "Si tiene éxito, demostrará que el nuevo plan cambia drásticamente la dinámica, ya que muchas de las palancas que tenía el deudor en el pasado pierden fuerza".

El antiguo presidente del grupo Pescanova Manuel Fernández de Sousa (el primero por la derecha), en el banquillo de la Audiencia Nacional en el juicio por la quiebra de la compañía. E.P./Pool
El Supremo rebaja a seis años la condena al expresidente de Pescanova por falsear las cuentas
EUROPA PRESS
Un camión entra en la planta de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona. REUTERS/Albert Gea
Un camión entra en la planta de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona. — Albert Gea / REUTERS
"Se pretende que las empresas o unidades de negocio viables no se vayan al traste, sino que se encaminen a un plan de reestructuración capaz de potenciar las posibilidades de prosperar, en lugar de limitarse a la liquidación", dijo Javier Zuloaga, socio responsable de procesal y concursal España de la consultora KPMG.

Marcar la pauta
Un resultado satisfactorio para Celsa podría marcar la pauta para otros.

En el cuarto trimestre de 2022 el número de deudores concursados subió un 86,4% respecto al mismo período del año anterior, y un 78,4% respecto al trimestre anterior, según datos del Colegio de Registradores de España.

Un empleado del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en Barcelona, realizado por Valoriza.
Sacyr planea vender por separado sus filiales de servicios
EUROPA PRESS
Según Verdugo, las cifras confirman que 2022 terminó con más de 7.000 concursos de acreedores, algo que no se veía desde 2013, el peor momento de la crisis inmobiliaria.

La nueva ley permite que "España esté mejor preparada para gestionar esta oleada de insolvencias sobre empresarios y acreedores, para que se den cuenta de que no deben esconder la cabeza bajo el ala", añadió.

España se está poniendo al día después de que en 2019 la UE pidiera a los Estados miembros que mejoraran sus instrumentos de reestructuración. Mientras algunos, como Alemania, actuaron con rapidez, España e Italia solicitaron una prórroga de un año.

El logo de Enagas, en lo alto del edificio de su sede en Madrid.
Enagas cancela la adquisición del 20% del gasoducto BBL
AGENCIAS
Pero más vale tarde que nunca. "Los próximos seis a doce meses serán muy importantes para desarrollar la ley y demostrar que hay coherencia y certidumbre", dijo Josu Echeverría Larrañaga, socio de la consultora PwC. "Esto ayudará a atraer a nuevos inversores, sobre todo fondos para los que será más fácil hacerse con el capital de una empresa en reestructuración".

La reforma es un buen augurio para la inversión a largo plazo, impulsada por el Fondo de Recuperación de la UE, creado para contribuir a la reactivación tras la crisis.

"Estamos observando un dinamismo en los mercados españoles y una fuerte inversión en los dos últimos años", afirmó Micaela Forelli, directora general para Europa de M&G Investments. "Esto es en parte un reflejo de las reformas que se han llevado a cabo; una mano de obra más joven también está ayudando".

Una viajera consultando el panel de vuelos en un aeropuerto.
El tráfico de pasajeros en los aeropuertos supera por primera vez niveles prepandemia
REUTERS
Las claves de la quiebra de la siderúrgica Celsa

El mayor grupo industrial privado de España, Celsa, está poniendo a prueba una nueva ley de insolvencia ante la incapacidad de acreedores y propietarios familiares para ponerse de acuerdo sobre cómo reestructurar unos 2.800 millones de euros (3.040 millones de dólares) de deuda. Lo que sabemos hasta ahora:

¿QUÉ ES CELSA?
Celsa España, parte del Grupo Celsa, es un grupo industrial siderúrgico fundado en 1967 por la familia Rubiralta.
Con sede en Barcelona, Celsa cuenta con 120 centros de trabajo en nueve países europeos y está presente en siete comunidades autónomas y 13 provincias españolas, predominando Cantabria, Cataluña y País Vasco.
La empresa cuenta con 4.500 empleados en España.

PROBLEMAS FINANCIEROS
La crisis COVID afectó al negocio de Celsa debido a los confinamientos y a la dificultad para obtener materias primas y materiales.
Al igual que otros fabricantes de acero, Celsa se vio obligada a realizar recortes de producción el año pasado al dispararse los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.
En junio, el Gobierno español autorizó una ayuda estatal de 550 millones de euros a Celsa, aprobada por la Comisión Europea.
La ayuda se dividió en un préstamo participativo de 280,5 millones de euros, un instrumento híbrido que las empresas pueden convertir en capital, y un préstamo ordinario de 269,5 millones de euros.
Su desembolso estaba sujeto a un acuerdo entre los acreedores y la empresa, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.
Además de la ayuda estatal, la familia Rubiralta también se comprometió a realizar una ampliación de capital de 50 millones de euros.

BATALLA CON LOS ACREEDORES
Entre los tenedores de deuda de Celsa figuran GoldenTree Asset Management, Cross Ocean Partners, Sculptor Investments, que compraron la deuda con descuento, así como Goldman Sachs, según documentos judiciales.
En un principio, los acreedores se negaron a permitir que Celsa o los accionistas utilizaran el dinero público para pagar la deuda pendiente con descuento y presentaron su propio plan de reestructuración conforme a la nueva ley española.
Aunque los accionistas de Celsa están ahora abiertos a la posibilidad de que los acreedores se queden con parte del capital de la empresa, siempre que los propietarios familiares conserven el control, la composición de ese reparto es un escollo, dijeron una de las fuentes y una tercera.

NUEVA LEGISLACIÓN
El plan de reestructuración de Celsa es la primera gran prueba de la nueva ley española que permite a los deudores hacer uso anticipado de los mecanismos de preconcurso y beneficiarse de la protección judicial cuando prevean que no podrán hacer frente regularmente a las obligaciones de deuda que venzan en los próximos dos años.
Los deudores pueden beneficiarse de un plazo de tres meses para negociar un plan de reestructuración con los acreedores que puede prorrogarse.
La ley reformada agrupa a los acreedores en clases, por lo que los acreedores que tengan prioridad en el orden de prelación de pago de los créditos deben pertenecer a la misma clase.
Los acreedores que tengan créditos afectados por planes de reestructuración deben votar juntos por clases, estableciéndose como regla general que la mayoría de las clases deben votar a favor del plan para que sea aprobado.
La aprobación judicial permitiría ampliar un plan de reestructuración dentro de una misma clase de acreedores y entre distintas clases.

PRÓXIMOS PASOS
Los bancos han acordado prorrogar otros seis meses un préstamo de 525 millones de euros para que Celsa obtenga liquidez a corto plazo con la que pagar a los proveedores, dijeron las dos primeras fuentes.
Una vez aprobadas las clases de acreedores, el siguiente paso será presentar un plan de reestructuración definitivo que muestre la estructura de capital de Celsa tras la reestructuración.
Lexaudit, la consultora especializada en reestructuración e insolvencias designada por el tribunal, evaluará entonces si el colateral —los activos utilizados para garantizar la deuda— cubre el valor de la deuda.
Las cuestiones pendientes giran en torno a la creación de una nueva empresa y en qué condiciones se refinancia la deuda para que el fabricante de acero pueda hacer frente a los intereses



La siderúrgica Celsa pone a prueba la nueva ley concursal
La nueva ley de reestructuración tiene poco más de cuatro meses y ya se está poniendo a prueba a medida que la economía se ralentiza, por lo que empresas y autoridades confían en que ayude a reducir los elevados índices de quiebra.

 
 
 
 
 
 

El logo del grupo Celsa en su planta de Castellbisbal, cerca de Barcelona. -- Albert Gea / REUTERS


LONDRES/MADRID
19/02/2023 19:45REUTERS
La nueva ley concursal tiene poco más de cuatro meses y ya se está poniendo a prueba a medida que la economía se ralentiza, por lo que empresas y autoridades confían en que ayude a reducir los elevados índices de quiebra.

La reforma ha racionalizado y acelerado el proceso de reestructuración de la deuda. Se trata de una cuestión vital en España, donde las cifras de Eurostat muestran que las declaraciones de quiebra de empresas aumentaron un 66% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al anterior, frente a un aumento medio del 16% en la Unión Europea.

En este contexto, destaca el caso de Celsa. El plan de reestructuración de la empresa, mayor grupo industrial no cotizado de España con una deuda de unos 2.800 millones de euros (3.040 millones de dólares), se encuentra en los tribunales.

Las diez polémicas más sonadas de Elon Musk al frente de Twitter
MANUEL RUIZ RICO

Se trata de una prueba de fuego para la nueva ley, considerada por los expertos jurídicos como la joya de la corona de un paquete de reformas que entró en vigor en septiembre.
Las señales de que las reformas están funcionando podrían impulsar la inversión en la cuarta mayor economía de la zona euro y ayudar a amortiguar una recesión. El Banco de España ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2024.
"El problema que tú tienes en España con la reestructuración de una empresa es que se tarda mucho hasta que se lleva a cabo porque los jueces están desbordados (...) y no puedes dejar a una empresa con problemas financieros dos años sin tomar decisiones", dijo José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.

Yolanda Díaz denuncia que el despido es "demasiado barato" y permite "abusos"
PÚBLICO

"Lo que va a intentar la ley es entrar en ese proceso, en preconcurso resolver el problema para no llegar a concurso", añadió Díez, exmiembro del panel de expertos del Banco Central Europeo sobre economía europea. Cuando el COVID activó los confinamientos en marzo de 2020, la obligación de declararse en quiebra se suspendió hasta junio de 2022 para evitar una avalancha de bancarrotas.

Un camion que transporta bobinas de acero abandona la planta de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona. -- Albert Gea / REUTERS
Muchas empresas solicitaron activamente financiación estatal durante la pandemia, pero algunos economistas temían que la moratoria ocultara empresas "zombis" que en circunstancias normales deberían haber sido liquidadas.
El año pasado cerraron sus puertas más de 26.200 empresas, lo que supuso un incremento de un 10,1% respecto 2021, y la cifra más alta desde que se empezaron a recopilar datos oficiales en 1995.

La Audiencia Nacional falla a favor de Técnicas Reunidas en una disputa con Hacienda por 117 millones
EUROPA PRESS

A pruebaEn diciembre, un plan de reestructuración de la empresa española de distribución de alimentos congelados Xeldist Congelados aprobado por un tribunal le permitió recibir capital nuevo y salvar puestos de trabajo, en un primer éxito de la nueva ley.
Ahora la atención se centra en Celsa, mucho mayor, atrapada en una batalla entre acreedores y accionistas que han sido incapaces de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.
La nueva reforma permite implementar un plan aunque las partes no lo pacten.

El capitalismo extremo invade las 'bigtechs', que afrontan una segunda oleada de despidos masivos
DIEGO HERRANZ

Los acreedores de Celsa proponen recortar la deuda en unos 1.290 millones de euros y tomar el control de la firma, al tiempo que se crearía un nuevo contrato para la deuda restante, añadieron las fuentes.
Un experto de la consultora Lexaudit designado por el tribunal evaluará en breve si el plan es sostenible antes de una resolución judicial este trimestre o el próximo, según las fuentes.
"El caso de Celsa demuestra que los acreedores pueden presionar para lograr un plan de reestructuración y solicitar el nombramiento de un experto para ayudar en las negociaciones", dijo Juan Verdugo, socio del bufete de abogados Garrigues. "Si tiene éxito, demostrará que el nuevo plan cambia drásticamente la dinámica, ya que muchas de las palancas que tenía el deudor en el pasado pierden fuerza".

El Supremo rebaja a seis años la condena al expresidente de Pescanova por falsear las cuentas
EUROPA PRESS

Un camión entra en la planta de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona. -- Albert Gea / REUTERS
"Se pretende que las empresas o unidades de negocio viables no se vayan al traste, sino que se encaminen a un plan de reestructuración capaz de potenciar las posibilidades de prosperar, en lugar de limitarse a la liquidación", dijo Javier Zuloaga, socio responsable de procesal y concursal España de la consultora KPMG.
Marcar la pautaUn resultado satisfactorio para Celsa podría marcar la pauta para otros.
En el cuarto trimestre de 2022 el número de deudores concursados subió un 86,4% respecto al mismo período del año anterior, y un 78,4% respecto al trimestre anterior, según datos del Colegio de Registradores de España.

Sacyr planea vender por separado sus filiales de servicios
EUROPA PRESS

Según Verdugo, las cifras confirman que 2022 terminó con más de 7.000 concursos de acreedores, algo que no se veía desde 2013, el peor momento de la crisis inmobiliaria.
La nueva ley permite que "España esté mejor preparada para gestionar esta oleada de insolvencias sobre empresarios y acreedores, para que se den cuenta de que no deben esconder la cabeza bajo el ala", añadió.
España se está poniendo al día después de que en 2019 la UE pidiera a los Estados miembros que mejoraran sus instrumentos de reestructuración. Mientras algunos, como Alemania, actuaron con rapidez, España e Italia solicitaron una prórroga de un año.

Enagas cancela la adquisición del 20% del gasoducto BBL
AGENCIAS

Pero más vale tarde que nunca. "Los próximos seis a doce meses serán muy importantes para desarrollar la ley y demostrar que hay coherencia y certidumbre", dijo Josu Echeverría Larrañaga, socio de la consultora PwC. "Esto ayudará a atraer a nuevos inversores, sobre todo fondos para los que será más fácil hacerse con el capital de una empresa en reestructuración".
La reforma es un buen augurio para la inversión a largo plazo, impulsada por el Fondo de Recuperación de la UE, creado para contribuir a la reactivación tras la crisis.
"Estamos observando un dinamismo en los mercados españoles y una fuerte inversión en los dos últimos años", afirmó Micaela Forelli, directora general para Europa de M&G Investments. "Esto es en parte un reflejo de las reformas que se han llevado a cabo; una mano de obra más joven también está ayudando".

El tráfico de pasajeros en los aeropuertos supera por primera vez niveles prepandemia
REUTERS

Las claves de la quiebra de la siderúrgica Celsa
El mayor grupo industrial privado de España, Celsa, está poniendo a prueba una nueva ley de insolvencia ante la incapacidad de acreedores y propietarios familiares para ponerse de acuerdo sobre cómo reestructurar unos 2.800 millones de euros (3.040 millones de dólares) de deuda. Lo que sabemos hasta ahora:
¿QUÉ ES CELSA?
Celsa España, parte del Grupo Celsa, es un grupo industrial siderúrgico fundado en 1967 por la familia Rubiralta.
Con sede en Barcelona, Celsa cuenta con 120 centros de trabajo en nueve países europeos y está presente en siete comunidades autónomas y 13 provincias españolas, predominando Cantabria, Cataluña y País Vasco.
La empresa cuenta con 4.500 empleados en España.
PROBLEMAS FINANCIEROS
La crisis COVID afectó al negocio de Celsa debido a los confinamientos y a la dificultad para obtener materias primas y materiales.
Al igual que otros fabricantes de acero, Celsa se vio obligada a realizar recortes de producción el año pasado al dispararse los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.
En junio, el Gobierno español autorizó una ayuda estatal de 550 millones de euros a Celsa, aprobada por la Comisión Europea.
La ayuda se dividió en un préstamo participativo de 280,5 millones de euros, un instrumento híbrido que las empresas pueden convertir en capital, y un préstamo ordinario de 269,5 millones de euros.
Su desembolso estaba sujeto a un acuerdo entre los acreedores y la empresa, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.
Además de la ayuda estatal, la familia Rubiralta también se comprometió a realizar una ampliación de capital de 50 millones de euros.
BATALLA CON LOS ACREEDORES
Entre los tenedores de deuda de Celsa figuran GoldenTree Asset Management, Cross Ocean Partners, Sculptor Investments, que compraron la deuda con descuento, así como Goldman Sachs, según documentos judiciales.
En un principio, los acreedores se negaron a permitir que Celsa o los accionistas utilizaran el dinero público para pagar la deuda pendiente con descuento y presentaron su propio plan de reestructuración conforme a la nueva ley española.
Aunque los accionistas de Celsa están ahora abiertos a la posibilidad de que los acreedores se queden con parte del capital de la empresa, siempre que los propietarios familiares conserven el control, la composición de ese reparto es un escollo, dijeron una de las fuentes y una tercera.
NUEVA LEGISLACIÓN
El plan de reestructuración de Celsa es la primera gran prueba de la nueva ley española que permite a los deudores hacer uso anticipado de los mecanismos de preconcurso y beneficiarse de la protección judicial cuando prevean que no podrán hacer frente regularmente a las obligaciones de deuda que venzan en los próximos dos años.
Los deudores pueden beneficiarse de un plazo de tres meses para negociar un plan de reestructuración con los acreedores que puede prorrogarse.
La ley reformada agrupa a los acreedores en clases, por lo que los acreedores que tengan prioridad en el orden de prelación de pago de los créditos deben pertenecer a la misma clase.
Los acreedores que tengan créditos afectados por planes de reestructuración deben votar juntos por clases, estableciéndose como regla general que la mayoría de las clases deben votar a favor del plan para que sea aprobado.
La aprobación judicial permitiría ampliar un plan de reestructuración dentro de una misma clase de acreedores y entre distintas clases.
PRÓXIMOS PASOS
Los bancos han acordado prorrogar otros seis meses un préstamo de 525 millones de euros para que Celsa obtenga liquidez a corto plazo con la que pagar a los proveedores, dijeron las dos primeras fuentes.
Una vez aprobadas las clases de acreedores, el siguiente paso será presentar un plan de reestructuración definitivo que muestre la estructura de capital de Celsa tras la reestructuración.
Lexaudit, la consultora especializada en reestructuración e insolvencias designada por el tribunal, evaluará entonces si el colateral —los activos utilizados para garantizar la deuda— cubre el valor de la deuda.
Las cuestiones pendientes giran en torno a la creación de una nueva empresa y en qué condiciones se refinancia la deuda para que el fabricante de acero pueda hacer frente a los intereses