¿Cómo puedes si puedes acogerte a la Ley de Oportunidad en tiempos de COVID?
Desde que empezó la pandemia, con el paso de los meses la Ley de Segunda oportunidad se ha vuelto popular en España y otras partes del mundo. Según explican los expertos de AdiósAMisDeudas, empresa especializada en la ley de segunda oportunidad y en concurso de acreedores, esto es así porque es capaz de ayudar a cualquier persona que atraviese una situación financiera crítica mientras haya actuado de buena fe. Y en estos tiempos de crisis económica por el coronavirus, la Ley de Segunda oportunidad representa una gran solución tanto para autónomos como para empresas de cualquier tipo.

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?La pandemia del coronavirus ha tenido repercusión a nivel mundial, tanto en la salud como en la economía de todos los países que la están sufriendo. Pero, en este contexto, existe un vehículo legal que puede ayudar a los españoles durante estos días difíciles, la Ley de Segunda Oportunidad, que ofrece ayuda a aquellas personas que sufren graves situaciones de impago. Y aunque la crisis del coronavirus ha afectado a empresas y profesionales autónomos, esta ley sigue siendo una solución sólida para todo el que necesite hacer frente a sus deudas.
Desde AdiósAMisDeudas aclaran que puede hacerlo cualquier empresa o particular que se encuentre en situación de impago.  Además, es necesario destacar que una persona que haya sufrido un fracaso de índole personal o laboral, como el provocado por la COVID-19, puede aprovechar los beneficios de esta ley para rehacer su vida y librarse de una situación de sobreendeudamiento.
Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda OportunidadPara acogerse a esta ley, hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta: por un lado, los requisitos relativos al acuerdo extrajudicial de pagos, regulados en el art 231 de la ley concursal, y por otro, los requisitos del beneficio de exoneración del artículo 178 bis. Así que, para aprovechar sus beneficios, desde AdiósAMisDeudas advierten que hay que cumplir con los siguientes requisitos:
Requisitos relativos al acuerdo extrajudicial:

• La estimación inicial del pasivo no debe superar los 5 millones de euros.
• Si el deudor es empresario (incluyendo profesionales y autónomos), tendrá que aportar un balance.
• El deudor no puede haber sido condenado por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, o por falsedad documental en los 10 años anteriores.
• No estar tramitando o haber obtenido un beneficio similar en los últimos 5 años.
• Desde la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el mes de julio 2019, contempla también una quita de hasta el 70 % de los créditos de derecho público, permitiendo el pago del 30 % restante en cuotas mensuales durante 5 años.
• El Mediador Concursal designado por la autoridad competente, seré quien presente a los acreedores una propuesta de pagos adaptada a la situación del deudor, demostrando así la buena fé del mismo en satisfacer sus deudas.

Requisitos relativos al beneficio de exoneración (liberación de la deuda):

• La persona debe haber terminado el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del patrimonio del deudor.
• Es indispensable haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
• Presentar la solicitud del beneficio de exoneración como objetivo del concurso consecutivo que se debe declarar en los 15 días posteriores a la finalización del acuerdo extrajudicial de pagos.
• El deudor tendrá que aceptar que el beneficio de exoneración se haga constar en el Registro concursal durante 5 años. Dicho beneficio de exoneración podrá ser revocado durante este plazo de tiempo, si mejorase sustancialmente la situación del deudor, por ejemplo, mediante una herencia o lotería, o si el deudor hubiese ocultado ingresos, bienes o derechos.
• Todas las deudas contra la masa deben estar satisfechas.

Los trámites legales en tiempos de COVID
Muchos piensan que, en estos momentos de pandemia, no es momento para llevar a cabo ningún trámite legal, peo esto no es así. En Adiós a Mis Deudas, que trabaja directamente con el despacho Aran Advocats, la gestión se hace 100% online, sin la necesidad de mantener contacto presencial. “En estos momentos de crisis e incertidumbre, hemos apostado por un gran equipo que también teletrabaja para poder tramitar a una mayor velocidad las solicitudes de aquellas personas que necesitan exonerar sus deudas”.
Fuente: Adios a mis deudas

a Ley de Segunda Oportunidad, una buena salida frente a la crisis ARCHIVADO EN | ECONOMIAEl número de solicitudes para acogerse a este mecanismo se ha incrementado notablemente desde el inicio de la pandemia, un hecho que deja claro su utilidad.

Desde su entrada en vigor en el año 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha ayudado a miles de particulares y autónomos a salir de complicadas situaciones financieras. Sin embargo, en épocas de crisis, como la derivada de la pandemia por la COVID-19, es cuando más patente se hace su enorme utilidad.
Con la Ley de Segunda Oportunidad, lo que el solicitante logra es afrontar sus deudas para poder volver a empezar. En los mejores casos, la anulación de las deudas pendientes de pago es el resultado. Por este motivo, debido a todos los problemas que atraviesan particulares y autónomos a raíz de la aprobación de las medidas de confinamiento y distanciamiento social es más que probable que el número de solicitantes crezca notablemente.
A este respecto, Ángel Andújar, director del despacho Segunda Oportunidad Galicia, considera obvio que se producirá un incremento del interés por este mecanismo. Sobre todo, porque “la reactivación tras la paralización económica sin precedentes que ha originado la pandemia está siendo lenta, en especial en determinados sectores productivos”, asegura. Como consecuencia de esto, la reincorporación de los trabajadores a los centros de trabajo está siendo paulatina, si es que se produce.
Todo esto provoca inevitablemente la reducción de ingresos en las familias, algo que, en opinión de Ángel Andújar, “va a derivar en situaciones de dificultad económica e insolvencia que deberán ser encauzadas, en gran parte, a través de la Ley de Segunda Oportunidad”.
EL FUNCIONAMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY

Hay que dejar claro que la Ley de Segunda Oportunidad no se ajusta a absolutamente todos los casos de insolvencia. Sin embargo, tal y como señala Andújar, “sí es un potente recurso para gran parte de ellos, pues con él se procede a la renegociación de las deudas y, no en pocos casos, a la cancelación definitiva de las mismas, a través del mecanismo de exoneración previsto en la propia ley”.


Así, esta segunda oportunidad consiste en poder dejar de pagar de manera prácticamente inmediata todas las deudas que se tengan pendientes, a la vez que se goza de protección legal. Todo ello, eso sí, si se logra el acceso a la Ley de Segunda Oportunidad, algo que sin duda será mucho más fácil si se recurre a profesionales expertos en la materia que fijen de la mejor forma posible la estrategia a seguir. “Hablamos de un procedimiento complejo y muy especializado, que no es aplicable a todas las situaciones, de ahí el valor que adquiere el asesoramiento experto”, recuerda el abogado.


¿El siguiente paso? Firmar la solicitud de acogimiento a la ley ante notario y ponerse a disposición del mediador concursal asignado para iniciar el intento de renegociación de las deudas. Una renegociación que, si proporciona un resultado satisfactorio, permitirá al solicitante liberarse de sus deudas mientras duren sus problemas financieros. De esta forma, todos los créditos, préstamos y facturas atrasadas dejarán de ser un problema sin solución.

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2037447/xunta-rechaza-disminucion-10-pac-e-insta-gobierno-no-dar-batalla-perdida

Concurso de acreedores en Valencia, Murcia y Alicante

) ATS 4926/2020, de 8 de julio.*
Sala de lo Civil. Ponente, Francisco Marín Castán.
Reintegración: Garantías contextuales.
Grupo de sociedades: Reintegración y garantías contextuales.
En las garantías contextuales intragrupo puede considerarse excluida la existencia de perjuicio patrimonial si existe una atribución patrimonial, siquiera indirecta, a favor de la sociedad garante, de una entidad suficiente para justificar la prestación de la garantía. Pero la simple existencia de un grupo de sociedades no es por si sola justificativa de la existencia de esa atribución o beneficio patrimonial que excluya el perjuicio en la constitución de la garantía. No basta, pues, la invocación en abstracto del "interés de grupo" para excluir la existencia de perjuicio en la constitución de una garantía intragrupo, es preciso concretar y justificar el beneficio económico obtenido por el garante. Es más, en ocasiones, algunos resultados provechosos para el "interés del grupo" pueden lograrse a costa de sacrificar los intereses objetivos de una o varias de las sociedades consorciadas, lo que los acreedores de estas no están obligados a soportar. Reproduce sus SS n.º 100/2014, de 30 de abril y 45/2019, de 9 de enero.
La exclusión de la existencia de perjuicio patrimonial se justifica en este caso en atención a que los únicos ingresos de A, S.L. provenían de los rendimientos B, S.L. y de las demás sociedades del grupo del que la primera es dominante. Ello supone un interés inmediato de A, SL en el sostenimiento y cooperación de la actividad de las sociedades, que constituían su única fuente de ingresos. Además, por A, S.L. se mantenía una importante cuantía de inversión en el capital social de B, SL, por suma superior de 31.000.000 euros. Asimismo, en la sentencia se indica que este marco de reestructuración de inversiones de grupo logró reducir sensiblemente los resultados negativos.
 
2) SAP B 3943/2020, de 2 de junio.***
Sección 15. Ponente, José María Fernández Seijo.
Intervención de facultades: Régimen legal.
Concursado que,sin autorización de la AC, liquida su plan de pensiones por 355.184'22 euros y trasfiere los fondos a cuentas corrientes abiertas a nombre de sus hijos y suegra amparándose en su situación de necesidad y la de su entorno familiar.
La administración concursal ejercitó la acción de anulación de los actos del concursado posteriores a la declaración de concurso prevista en el artículo 40.7 de la Ley Concursal.
El artículo 40 de la LC regula las facultades patrimoniales del deudor durante el concurso, estas facultades están intervenidas por el administrador concursal durante la fase común del procedimiento, de modo que cualquier acto del deudor que tenga contenido patrimonial necesita la conformidad o autorización del administrador concursal. La norma permite que determinados actos de disposición que puedan considerarse ordinarios, es decir, incluidos dentro del giro o ámbito de actividad del deudor, puedan ser autorizados con carácter general, sin necesidad de una decisión concreta por parte del administrador concursal.
Al abrirse la liquidación del concurso, el artículo 145 de la LC determina la suspensión definitiva de esas facultades patrimoniales, que son asumidas completamente por el administrador concursal.
El artículo 40.7 de la LC fija el régimen de fiscalización de los actos con contenido patrimonial que pudiera realizar el concursado durante el procedimiento. La Ley no define una acción específicamente concursal, sino el ejercicio dentro del concurso de una acción de anulabilidad prevista en el artículo 1300 del CC, por el cual " los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley."
Esta acción de anulabilidad se vincula a las limitaciones que el consentimiento del concursado tendría en aquellos negocios jurídicos con trascendencia patrimonial que realizara una vez declarado el concurso.
Condena a la entidad de crédito y a los familiares por cuanto se trata de actos o negocios jurídicos que están vinculados a su conocimiento y consentimiento. Sin ese conocimiento y consentimiento los actos descritos en esta sentencia no se hubieran podido llevar a cabo. Los codemandados conocían con todo detalle que el deudor había sido declarado en concurso, que sus facultades patrimoniales estaban suspendidas, que no podía adoptar actos de disposición sobre sus bienes y que, específicamente, respecto de los planes de pensiones existía una controversia judicial.
 
 
Resumen realizado por José María Marqués Vilallonga

​

Los abogados recuerdan a particulares y autónomos que existe la Ley de Segunda Oportunidaddos recuerdan a particulares y autónomos que existe la Ley de Segunda Oportunidad
Recomiendan acogerse cuanto antes a este mecanismo, para evitar el colapso en los juzgadosAtención a aquellos particulares y autónomos que estén ahogados por sus deudas. Los abogados recuerdan que existe la Ley de Segunda Oportunidad y que sería conveniente acogerse a ella, adelantarse, antes del colapso que esperan por el aumento de los concursos que dicen veremos al final del verano. Esta ley todavía no se conoce mucho y eso que lleva cinco años en marcha.
La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a los autónomos y ciudadanos de a pie la posibilidad de exonerar prácticamente la totalidad de la deuda que hayan podido contraer.
Se trata de un mecanismo en vigor desde 2015 y, que cobra ahora especial relevancia debido a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria, por el que un juez puede exonerarles de toda su deuda sea cual sea la cuantía si demuestran actuar de buena fe y haber intentado renegociar la deuda o llegar a un acuerdo de manera extrajudicial.
Los profesionales recomiendan que aquellas personas endeudadas se asesoren correctamente y se acojan a este recurso legal que, además, disminuye la aparición de economía sumergida.
A partir de septiembre el proceso se agiliza, puesto que una reforma en la ley de 2015 suprime la exigencia de iniciar previamente un proceso concursal.
Este mecanismo permite a los autónomos y personas físicas volver a empezar y reduce la aparición de economía sumergida.