Roj: AJM SE 169/2023, de 18 de abril.

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla. Magistrado, Jesús Ginés Gabaldón Codesido. 
Solicitud de concurso: 224 BIS TRLC 

Supuesto de hecho: El grupo de empresas Abengoa, con más de 30 empresas, presentó solicitud de declaración de concurso de acreedores voluntario y conexo, acompañando la oferta vinculante de la mercantil Urbas Grupo Financiero SA de adquisición de una unidad productiva constituida por elementos de la mayoría de las sociedades solicitantes. Abierto el plazo para la presentación de mejoras, varias empresas presentaron sus ofertas. Las sociedades declaradas en concurso forman con otras parte de Abengoa, actuando bajo esta marca. Operan de forma conjunta, cada una en la línea de negocio en que se sitúan, sometidas a un control único, actuando conforme estrategias y directrices comunes.

Las sociedades concursadas recurren a la nueva figura del art. 224bis TRLC, introducida por la reforma por Ley 16/22, dentro del capítulo sobre la conservación y enajenación de la masa activa, al final de la subsección segunda dedicada a regular la enajenación de unidades productivas, para lo que a la solicitud de declaración de concurso acompañaron la oferta de adquisición de la mercantil Urbas Grupo Financiero SA, y que tiene por objeto una sola unidad productiva configurada con elementos de la mayor parte de las sociedades en concurso.

Esta figura busca adelantar la tramitación y resolución de la enajenación de una o varias unidades productivas de la concursada, reduciendo así los efectos negativos para la continuidad de la actividad, su reanudación, el mantenimiento del empleo, el valor en liquidación de la unidad productiva, incluso, el preservar la masa activa, que normalmente derivan del tiempo necesario hasta que aquella puede llevarse a cabo en el seno del procedimiento de concurso de acreedores. Figura orientada a la obtención del interés del proceso, concurso, tal y como se ha ido configurando por la Ley sus sucesivas modificaciones y refundiciones, como son la mejor satisfacción de los acreedores, el mantenimiento de la actividad y el empleo, buscando con el adelanto la obtención de un mayor valor en la liquidación, limitar el incremento de la masa pasiva con créditos contra la masa, facilitar la continuación de la actividad o su reanudación y el mantenimiento del empleo.

El hecho de tratarse de un grupo y la forma que está estructurado da lugar a multiplicidad de vínculos entre las diferentes sociedades, relaciones cruzadas, tanto entre las que están en concurso tramitado de forma conexa como las que estando en concurso se sigue de forma independiente, también, las que no están en concurso, relaciones de todo tipo, deudas, créditos, y de garantía de deudas de otras de las sociedades.

El supuesto concreto es diferente de aquel que parece es el tenido en cuenta por la regulación (art. 224bis TRLC), el de una sola empresa, dificultando su aplicación, lo que hace necesario su adaptación e interpretación conforme la finalidad buscada por aquella, el conjunto de la regulación del concurso, y sus fines ( art. 3 CC).

Teniendo en cuenta las características del supuesto, pluralidad de sociedades de un mismo grupo, su estructura, conformación, los vínculos entre ellas, su dependencia, también, la coincidencia con el planteamiento de las ofertas globales, cabe apreciar un interés que va más allá del de cada una de las sociedades, que incluso puede contraponerse al de alguna de las sociedades tomada de forma aislada.

Cuestión del interés del concurso, al que ha de estarse, a la que se refiere la norma en el caso de la figura a la que se recurre en el supuesto de autos, presentación de la oferta vinculante de adquisición de una o varias unidades productivas con la solicitud de declaración del concurso, tanto en cuanto como el punto de vista desde el que la administración concursal ha de evaluar las ofertas - " ... En el informe la administración concursal valorará la propuesta o propuestas presentadas, atendiendo al interés del concurso ..."; art. 224bis 5 TRLC-, como criterio determinante de la aprobación de la oferta "... la que resulte más ventajosa para el interés del concurso. " (art. 224 bis 6 TRLC), interés que en este caso entendemos ha de ser el del conjunto de los diferentes concursos, el cual vendrá dado del que suponga la mayor satisfacción de los acreedores, y el mantenimiento de la actividad y del empleo en conjunto. De modo que para determinar si procede aprobar alguna de las ofertas, se habrá de comparar entre ellas, teniendo también presente la situación a la que podría dar lugar el no aprobarse ninguna, su examen para determinar lo más ventajoso para el interés, no de cada concurso, sino el del conjunto, la más favorable para alcanzar la satisfacción de los acreedores, el mantenimiento de la actividad, y conservación del empleo.

Fuente: José María Marqués Vilallonga para REFOR
Etiquetas: ​Abogado, Concursal, Concurso de Acreedores, Prepack, Ley de Segunda Oportunidad, Experto en Reestructuración, Exoneración, Deudas futuras, Insolvencia

Roj: AJM M 163/2023, de 17 de abril.
 
Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. Magistrado, Francisco Javier Vaquer Martin.
 
 
El art. 3.3 LCo atribuye legitimación para instar la declaración concursal, de tercero y con carácter necesario, a los “socios que sean personalmente responsables de las deudas de aquella”. En tal caso, como afirma la mejor doctrina, el socio/administrador no actúa en nombre e interés de la sociedad, sino que lo hace en contra de ésta, de quien pretende que de modo necesario y contra su voluntad sea declarada en concurso.

 
Pues bien, de la lectura del escrito rector y solicitud necesaria de concurso resulta que el socio instante no invoca precepto legal alguno por razón del cual deba el mismo responder de las deudas de la empresa [-más bien, frente a lo afirmado por la sociedad demandada, imputa aquella responsabilidad al socio y administrador D. Fendespato, lo que la sociedad y éste niegan-]; y tampoco invoca vínculo contractual por razón de fianza, aval o garantía en virtud del cual el socio instante deba responder frente a terceros de deuda líquida, vencida y exigible.

 
 
Debe negarse, por ello, legitimación activa al socio no responsable personalmente de las deudas sociales [-por ley en atención al tipo societario, o por contrato con activación ya efectiva del aval o fianza por incumplimiento social-] para instar el concurso necesario de la sociedad; y menos aún para instar en este cauce declarativo la apreciación de conductas de culpabilidad concursal respecto de quien afirma ser administrador de hecho y/o de derecho.

Fuente: José María Marqués Vilallonga REFOR
Etiquetas:​ Abogado, Concursal, Concurso de Acreedores, Prepack, Ley de Segunda Oportunidad, Experto en Reestructuración, Exoneración, Deudas futuras, Insolvencia

CONCURSO Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante
NIG 0301466120230000419
Nº Exp. 42/2023
Nº Autos 138/2023
​

Por la presente comunicación les informo de la situación procesal y de venta de la empresa/unidad productiva con la cual ustedes mantienen una relación como acreedores

 Adjunto les remito mi nombramiento como la persona encargada y responsable de gestionar y valorar la posibilidad de la venta de unidad productiva.

Se ha solicitado el nombramiento de experto para recabar ofertas de adquisición de unidad productiva. La unidad productiva se ha valorado en 188.889,75 euros

En el caso de tener ustedes interés en estudiar la posible compra de la unidad productiva,  les ruego entren en contacto con mi despacho:
QA CORPORATE- Quintanilla & Alcaide Abogados, Economistas y Auditores
C/ Pintor Lorenzo Casanova nº36 
CP 03003 Alicante 
Teléfono: 965 349 420
Email: eliseo@qacorporate.es

Es importante remarcar que el tiempo en estos procedimientos de Venta de unidad productiva es fundamental y crítico para la recuperación posterior en caso de venta. 

En caso de cualquier cuestión o duda no tengan problema en contactar conmigo.

Saludos

El volumen de reestructuraciones empieza a crecer, aunque los expertos esperan que la ola llegue el año que viene. Sin embargo, son las operaciones que está habiendo ahora, y que ya son más de 30, según las fuentes consultadas, las que están marcando jurisprudencia y la pauta de cómo serán en el futuro los procesos para reestructurar deuda y asegurar la viabilidad de empresas con problemas financieros. Hay casos sonados que están en plena reestructuración, como Celsa, Naviera Armas, Single Home, Telepizza, Pronovias, Xeldist o Ezentis. Pero hay unas cuantas operaciones más. Fuentes jurídicas y financieras apuntan a que se han sobrepasado las 30 operaciones, aunque muchas no son conocidas, porque se realizan extramuros del juzgado, "donde llegan solo para que se solicite la homologación", recuerda Diego Comendador, presidente de ASPAC. Algunas de ellas, consensuadas y sin mucho ruido, como la empresa almeriense de hidrocarburos Interfronteras Área de Servicios, la primera en la que se extendieron plazos de créditos con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Ya estamos viendo un volumen importante de operaciones de restructuración, aunque es cierto que gran parte de ellas se corresponde con situaciones que vienen del pasado", señala Pedro de Rojas, socio de Latham & Watkins.

Entre las sonadas, en algunas hay batalla, como en Celsa, entre la familia Rubiralta y los fondos, con Deutsche Bank a la cabeza; y en otras ha habido cierto acuerdo, como en Ezentis, aunque con una quita importante que ha afectado al ICO. Ha sido la primera gran pérdida para el banco público, pero vendrán más. De hecho, muchas reestructuraciones se desbloquearon cuando el ICO comunicó a la banca que tendrá una postura flexible para aceptar quitas. En Naviera Armas ya se ha nombrado a un experto en reestructuraciones, Abencys, para formalizar la petición de homologación de un plan de reestructuración que prevé una quita del 100% a la banca, incluyendo al ICO.

En este caso se esperan impugnaciones desde los bancos, como también ha habido en Single Home, donde Sareb y los fondos han cuestionado el plan presentado por la propia empresa y apoyado por acreedores ligados a la misma. En la promotora inmobiliaria de lujo se ha dado por primera vez la circunstancia de que hubiera dos planes presentados. El juez que llevó el caso se guio por orden de llegada para seleccionar el que analizó primero validar, pero no está claro que vaya a ser siempre así. Para muchos hay una laguna legal que está por definir. Es una de las cuestiones en las que hay dudas. Pero no es la única. Tampoco está claro si los procesos se pueden ver amenazados por las impugnaciones. La primera reestructuración homologada bajo el nuevo marco concursal llegó con la gallega Xeldist, pero tres acreedores impugnaron y se quedaron fuera de la reestructuración, dejando a la empresa abocada al concurso. En teoría, tienen que pasar 12 meses desde la presentación de un plan hasta que se pueda aprobar otro, pero también hay dudas sobre si sería posible de forma consensuada llevar a cabo algún tipo de reestructuración o solución intermedia que evite la quiebra de una empresa.

"Los autos y sentencias emitidos por los juzgados de lo Mercantil y las audiencias tras las primeras operaciones nos van a permitir tener más claro cuáles son los criterios jurisprudenciales a la hora de estimar o no posibles impugnaciones de acreedores disidentes. Ello motivará, probablemente, que aquellos disidentes que ahora se plantean impugnar prácticamente cualquier operación que no cuente con su consentimiento expreso, se abstengan de hacerlo y, con ello, faciliten la implementación del plan”, aseveran Ignacio Buil y Patricia Álvarez, socios de Cuatrecasas. Xeldist es un ejemplo de cómo las primeras reestructuraciones marcan la pauta para las siguientes. "Está habiendo tensión en los bancos por los casos Xeldist y Single Home. Derivados del caso Xeldist, hay exigencia de un tratamiento paritario en los planes de reestructuraciones dentro de cada clase de acreedores para evitar impugnaciones de acreedores disidentes", arguye Manuel Mingot, socio de Squire Patton Boggs.

Cada reestructuración está siendo analizada por los abogados y banqueros que participan y por competidores que no están, ante la expectativa de que haya más operaciones en el futuro bajo la pauta de la jurisprudencia y el modus operandi de las que se están negociando o ejecutando en 2023. Además, hay que tener en cuenta que muchos despachos y bancos se han reforzado en los últimos dos años, aunque solo un puñado está siendo activo en las reestructuraciones en marcha. El consenso es que las reestructuraciones aumenten el año que viene. "Entendemos que el aumento en las reestructuraciones será a partir de 2024 por varios motivos, incluyendo la finalización de la moratoria relativa a la disolución por capital negativo (negative equity), así como la conveniencia de anticipar las reestructuraciones a la situación de insolvencia que surge de la nueva ley Concursal", explican Miguel Lamo de Espinosa y Rodrigo López, socios de Gómez Acebo & Pombo.

Esto se suma a "una situación inflacionaria y de subida de tipos que va a hacer recomendable el ajuste de las estructuras de capital. Además, las resoluciones judiciales que se van dictando en sede de homologación de Planes de Reestructuración no consensuales (presentados tanto por deudora como por acreedores), van abonando el terreno para diseñar estrategias por ambos lados (socios y acreedores) que pueden abrir escenarios interesantes y anticipar reestructuraciones que no son imprescindibles en el corto plazo", añaden los socios de Gómez Acebo & Pombo. En la misma línea, Miguel Ángel Díez, managing director en FTI Consulting, recuerda que "hay sectores que ya están impactados, y otros sobre los que se ha generado una burbuja poscovid en los que llegará el ajuste". Este punto es clave. Además de que la evolución económica y el fin de las carencias y moratorias pueden aflorar problemas financieros en las empresas, tanto estas como sus acreedores pueden tener incentivo a acometer reestructuraciones tempranas que disminuyan el daño financiero y, en el caso de los dueños, la pérdida de capital. Pero queda camino por recorrer, opina Diego Gutiérrez, socio de RSGM Abogados. "El principal problema que afrontan las reestructuraciones en España es el importante déficit de cultura pre concursal en nuestro tejido empresarial. La reestructuración es un mecanismo, poco y mal conocido". "Será preciso que se entienda como un mecanismo preventivo y anticipatorio de una situación de conflicto, lo que vendrá unido del dictado de resoluciones judiciales que vayan marcando el camino de su aplicación. Probablemente hasta el 2024 no se percibirá un aumento en su uso", matiza Ignacio Fernández, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

En la misma línea, Santiago Hurtado, socio de Dentons, cree que hay "una primera fase de cierto desconocimiento de la norma", pero sí observa "un incremento de actividad". Eso sí, recuerda que se están produciendo "en situación de insolvencia actual", en vez de con "una vocación preventiva", que es el espíritu que persigue la ley, que transpuso la directiva europea 2019/1023 para acercar el modelo concursal y de reestructuraciones al anglosajón, y dar más poder de negociación a los acreedores, así como evitar que se enroquen los administradores con la amenaza del concurso. Ignacio Buil y Patricia Álvarez, de Cuatrecasas, consideran también que "las operaciones de reestructuración deberían normalizarse y no entenderse como operaciones traumáticas, sino como facilitadoras de una segunda oportunidad". Además, es una vía para que haya un nuevo tipo de M&A, con fondos comprando deuda de cara a tener participación en el capital. "Los procesos de reestructuración son favorecidos por los actores del mercado como procedimientos óptimos para comprar empresas a través de los conocidos debt-for-equity swaps, ya sea de forma consensual o no consensual", añaden. Aunque un abuso del M&A vía deuda podría llevar a "efectos no deseables", afirma Ignacio Fernández, de CMS: "La finalidad y propósito de la ley es que la intervención judicial sea la menor posible y se focaliza en su homologación. Si se generaliza el conflicto en su aplicación, o se usa como un mecanismo para la toma de control de compañías (algo que no sería deseable), es previsible que su uso se vea seriamente afectado. El uso del mecanismo de la reestructuración hostil, bajo la premisa de facilitar el mantenimiento de la actividad y proponer una alternativa más beneficiosa para todas las partes afectadas, es una alternativa que no será desconocida. El problema es que se convierta en un mecanismo de toma de control de compañías en sustitución de sus socios".

Reestructuraciones con consenso
En las primeras reestructuraciones está habiendo operaciones con consenso general, otras en las que solo algunas clases están de acuerdo, dejando a otras fuera, y otras en las que hay batalla total entre el capital y los acreedores, como el caso Celsa con los Rubiralta. De cara al futuro, hay opiniones encontradas sobre si se tenderá al consenso. "El estreno de la nueva regulación de los planes de restructuración está ofreciendo ejemplos muy interesantes sobre distintos planteamientos. Alguno, curiosamente, ha terminado de forma precipitada en concurso de acreedores por no haber resistido a las primeras impugnaciones. Con carácter general, creo que todos deberíamos aspirar a planes consensuales, en los que todas las clases afectadas, deudora y socios, alcancen los mayores consensos posibles", comenta Pedro de Rojas, de Latham & Watkins. Si no es posible el consenso, "los planes deben estar diseñados de forma muy escrupulosa, con total respeto a las distintas reglas y formalidades exigibles: una definición razonable y objetiva del perímetro afectado, una correcta formación de clases, y unos efectos y sacrificios impuestos conforme a la prioridad aplicable. Aun así cabe esperar una gran litigiosidad, sobre todo al principio", añade. "Uno de los principales atractivos del nuevo proceso de reestructuración es la posibilidad de arrastre de acreedores no adheridos voluntariamente al Plan de Reestructuración y eso reduce notablemente el escenario de los planes consensuales", apunta Diego Gutiérrez, de RSGM. En este escenario, continúa, "la litigiosidad está abierta, pero sobre todo en lo concerniente a la conformación de clases, que es el proceso donde el deudor puede tener la tentación de modular a su conveniencia las clases, de tal forma que ello facilite la obtención de los requisitos para el arrastre".

La mayoría de situaciones, ahora, "están siendo no consensuales", dice Santiago Hurtado, de Dentons. Pero "una vez pasada la primera fase, que puede durar varios meses o años, la tendencia será a planes cada vez más consensuales y menos conflictivos", pronostica. "A largo plazo, creemos que se tendrá que volver a entornos más consensuales de manera necesaria. Quien tiene el botón nuclear para imponer planes de reestructuración, verá que es más eficiente para sus intereses alcanzar un consenso y huir de la impugnación. Quizás no lleguemos a soluciones menos eficientes en cuanto a valor, pero sí a que la solución consensual sea la más eficiente por su inmediata implementación", apostilla Miguel Ángel Díez, de FTI Consulting. Sin embargo, el experto advierte de que actualmente la ley garantiza "un sistema de protección a los stakeholders que está siendo utilizado en los contextos no consensuales, lo cual conlleva que la implementación de los Planes de Restructuración sean poco eficientes por existir un bloqueo en la práctica. La norma hace que casi se vuelva a la casilla de salida cuando la impugnación se tenga que resolver en una instancia superior y, al llegar a las audiencias provinciales, por más de un juez”. En cualquier caso, lo ideal, argumenta Diego Comendador, presidente de la asociación de administradores concursales ASPAC, es que "fuesen consensuales para evitar impugnaciones". Sin embargo, avisa de que "eso dependerá del estado de la situación en la que se encuentre el deudor. Ante un mayor grado de insolvencia, el esfuerzo pedido a los acreedores será mayor, lo que repercute directamente en que estos acepten o no el plan presentado".

Fuente: Óscar Giménez para El Confidencial (04/06/2023)

En abril 2023, el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial ha hecho pública sus estadísticas concursales hasta 2022. Desde REFOR, a través de su servicio estadístico, hemos procedido a realizar una selección de las siguientes cuatro variables concursales que consideramos muy interesantes de otras muchas que se incluyen en el ámbito judicial. Como teníamos resultados de años 2019, 2020 y 2021; de esta forma podemos comparar evolución de estas variables pre Covid y post Covid.

Resumen
• Se produce un crecimiento del 37% en cuanto a los acuerdos de refinanciación no homologados entre los años 2021 y 2020, del actual 583 TRLC (antiguo artículo 5 bis de la Ley Concursal); en los años 2021/2020 crecieron un 16%. Además, si comparamos cifras 2022 (postcovid) y 2019 (precovid) hay un incremento del 29% en los acuerdos de refinanciación no homologados (se llega en 2022 a la cifra de 5428 acuerdos). En cuanto a los acuerdos de refinanciación homologados crecieron un 63,8% en 2022 sobre 2021 (frente al decrecimiento que hubo en 2021), pero su número es muy reducido, solo 172; son mucho menos que los no homologados).
• Se incrementan moderadamente los concursos exprés en 2022, actual artículo 470 TRLC (antiguo artículo 176 bis LC) con respecto al año anterior 2021; pasando de 3.297 en el año 2021 a 3.385 en 2022 (subida del 2,67%). Los concursos exprés representan en 2022 ya casi la mitad de los concursos acreedores de empresas con importantes crecimientos desde 2019 (un 91% más).
• Si bien hasta año 2020 los acuerdos extrajudiciales de pagos eran escasos, en 2022 y 2021 aumentaron su cifra y llegaron a 1.058 (crecimiento del 185% de 2021 sobre 2020) y a los 1411 en 2022 (crecimiento del 33,33%): si bien su número no es elevado. 
• En cuanto a los datos de concursos de acreedores de personas físicas en los Juzgados de Primera Instancia en 2022, a los que hay que añadir los casos de personas físicas tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, pues a partir del 17 agosto tras LO 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil les corresponden también los concursos de personas físicas, llegaron a 7.736 (crecimiento del 66% de 2022 sobre 2021) y del 204% de 2022 (postcovid) sobre 2019 (precovid). Suponen un indicio de posibles casos de segunda oportunidad (pues hay que pasar por un concurso de acreedores).
1. Acuerdos de refinanciación: tanto no homologados como homologados.
2. Concursos del artículo 176 bis LC: concursos por insuficiencia de masa activa, “concursos exprés”, actualmente artículo 470 TRLC.
3. Acuerdos extrajudiciales de pagos.
4. Concursos de personas físicas: relacionados con segunda oportunidad.
• Acceso al documento


Fuente: REFOR (2023)

Si eres autónomo, es importante que conozcas en qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un procedimiento legal que permite cancelar deudas a personas en situación de insolvencia.

En 2022 entró en vigor una importante reforma que ha simplificado los trámites y abaratado los costes de acogerse a este procedimiento. Es una ley pensada para que particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen de manera total o parcial sus deudas.

Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad
El primer paso consiste en recabar toda la documentación que acredite la insolvencia y la situación financiera del deudor, para después acudir al juzgado y solicitar la cancelación de deudas.

Actualmente se puede acudir directamente al Juzgado de lo Mercantil para presentar la declaración de concurso, sin ser necesario  iniciar los trámites ante notario ni intentar celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

Es posible escoger entre dos modalidades a la hora de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad:
Cancelación total de deudas con liquidación de patrimonio.
Cancelación parcial de deudas con plan de pagos.

Requisitos para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad
Los requisitos para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad son que el deudor sea una persona natural, que lo sea ‘de buena fe’, que haya satisfecho las deudas mediante un plan de pagos o haber concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.

La masa activa está formada por el conjunto de bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquieran hasta la conclusión del procedimiento.

¿Cuánto dura el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?
La duración varía en función de cada caso concreto, pero como regla general se puede hablar desde unos pocos meses hasta el máximo de 18 meses que actualmente fija la ley.

Estos tiempos dependen del Juzgado y el Administrador Concursal. Mientras dura el procedimiento de segunda oportunidad el deudor está protegido y no pueden seguir reclamándole sus deudas ni embargar sus bienes.

El proceso judicial puede tardar unos seis meses, pero si el deudor elige comprometerse a un plan de pagos, se dictará auto en consonancia y la duración será de tres años por norma general.

Una vez en el proceso judicial, los abogados tienen libertad para fijar sus honorarios. Las tarifas más comunes oscilan entre los 2.000 y 3.000 euros.

La opción más beneficiosa para el deudor es tener un pago único y cerrado, ya que asegura la agilidad del proceso.

Fuente: Joana Sánchez (2023) en Pymes y Autónomos
Etiquetas: Abogado, Concursal, Concurso de Acreedores, Prepack, Ley de Segunda Oportunidad, Experto en Reestructuración, Exoneración, Deudas futuras, Insolvencia

E1.- AJM M 151/2023, de 25 de abril.***

Juzgado Mercantil 19 de Madrid. Ponente, Francisco José Soriano Guzmán.

Experto en reestructuración: Nombramiento. 
Experto en reestructuración: Funciones.

Nota del autor: La resolución resulta de lectura obligada por su claridad.
Cuando se solicita al juez el nombramiento de un experto al amparo del art. 672 TRLC, únicamente se contará con las alegaciones de la parte solicitante y con la documentación que haya aportado; es decir, contará con un conocimiento muy limitado, y de parte, de los antecedentes de la solicitud, de la existencia y cuantía del crédito, y de la situación de insolvencia de la deudora.
Cuestiones de suma relevancia (como, por ejemplo, si el deudor se encuentra o no en situación de insolvencia, en alguna de sus categorías según el caso) deben relegarse en su análisis a un momento posterior, bien de homologación del plan o de impugnación ante la Audiencia Provincial, si se plantean por los legitimados.
La función del experto en reestructuración está concretada y delimitada perfectamente en la Ley: asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración, elaborando y presentando al juez los informes establecidos en la ley y aquéllos otros que éste estime necesarios o convenientes (art. 679, "Funciones"). El experto no tiene como función la elaboración de un plan de reestructuración, sino la de mera asistencia a las partes en la negociación.


2.- AJM CO 148/2023, de 6 de marzo.**


Juzgado Mercantil 1 de Córdoba. Ponente, Antonio Fuentes Bujalance.

EPI: Alcance de la exoneración a deudas futuras resultantes de la ejecución de determinado inmueble.

En este asunto, el deudor solicita que en el ámbito de la exoneración se incluyan las deudas que eventualmente puedan dimanar de un proceso ejecutivo contra el inmueble que el deudor va a mantener en propiedad. Es decir, las deudas serían todas aquellas dimanantes de dicho proceso ejecutivo y que no fuesen objeto de extinción mediante la citada ejecución de la garantía.
Lo cierto es que la norma concursal aplicable no regula este supuesto concreto y bien podría argumentarse que en todo caso la deuda exonerable es la actual, no la futura, y que para ello se debería solicitar en todo caso un nuevo proceso si es que ha lugar a ello, teniendo en cuenta las prohibiciones del art. 488 del TRLC. Junto a ello podría indicarse que además si el actor ha decidido mantener el bien inmueble, debe de alguna manera asumir dicho hecho de forma completa, y no perseguir mantener dicho inmueble y sin embargo pretender que se aplique los efectos propios de un proceso de exoneración con liquidación donde, supuestamente, el deudor no mantiene bienes ninguno. No obstante esto técnicamente no es así, y existe un supuesto, que además puede que sea muy corriente en la práctica como es el que nos ocupa, el de solicitud de concurso, declaración del mismo por verificarse los presupuestos del art. 37 bis del TRLC y posterior petición de EPI por la vía del art. 501.1 donde como se observa se puede pedir el EPI aún sin liquidar la masa activa (precisamente en los supuestos del art. 37 bis).
Sin embargo, este deudor concreto en este caso concreto solicita el EPI con liquidación, y ello debe conllevar a que la deuda generada o generable en el seno de las obligaciones del deudor al tiempo de la solicitud debe quedar bajo el ámbito objetivo del objeto de la exoneración. Por ello, debe estimarse la solicitud del deudor en el sentido de quedar amparada por la presente exoneración, obviamente con los límites y prohibiciones legales aplicables a cualquier otra deuda, la deuda que eventualmente pueda generarse en el proceso ejecutivo que pueda llevarse a cabo por el acreedor que actualmente tiene garantizado su crédito con el inmueble que actualmente pertenece al deudor y del cual mantiene su propiedad, remarcando el concepto "actualmente", es decir, no aplica esta previsión para deuda nueva futura de otro acreedor diferente, ni para nuevas garantías sobre el referido inmueble u otros posibles que no forman parte del activo de este concurso.


Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga. 
​Fuente: REFOR
Etiquetas: Abogado, Concursal, Concurso de Acreedores, Prepack, Ley de Segunda Oportunidad, Experto en Reestructuración, Exoneración, Deudas futuras, Insolvencia

Resolución de 27 de mayo de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación.

Destacamos la creación de una nueva Unidad: Creación de un Equipo Nacional de Procedimientos Concursales 

Según indica esta disposición, teniendo en cuenta la experiencia positiva, corroborada por los excelentes resultados que para toda el área se han obtenido por los Equipos y la Unidad Nacionales creados en el año 2021, se acomete en el ámbito de los Servicios Centrales la creación de nuevas unidades administrativas de ámbito nacional. En línea con dos objetivos estratégicos del área de Recaudación y de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) se crea el Equipo Nacional de Cobro Internacional y la Unidad de Coordinación de Asistencia e Información Recaudatoria, reforzando así dos objetivos fundamentales: el control del fraude tributario en fase recaudatoria y la asistencia e información a los contribuyentes. Paralelamente a las necesarias adaptaciones de esta resolución a las modificaciones del texto refundido de la Ley Concursal, se hace imprescindible también la creación de un Equipo Nacional de Procedimientos Concursales, que asumirá el liderazgo en dicho ámbito en cuanto al impulso de la gestión de los deudores en proceso concursal, así como de la modernización de las complejas aplicaciones informáticas que permitan afrontar las necesidades crecientes en este ámbito de mantenimiento de las herramientas gestión de estas deudas y de asistencia al contribuyente, en colaboración y coordinación con el Departamento de Informática Tributaria. Adicionalmente se refuerzan y especifican las funciones del Equipo de Selección y Análisis de Riesgos, de vital importancia desde su creación para la dirección y planificación del trabajo del área a nivel nacional, a la vez que se refuerza su estructura. 

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Subdirección General de Recaudación Ejecutiva, y cualquiera que sea la sede territorial en que se puedan ubicar, existirán los siguientes equipos y unidades:
I. El Equipo Nacional de Enajenaciones. 
II.La Mesa Nacional de Subastas. 
III.Equipo Nacional de Embargos
IV.El Equipo Nacional de Procedimientos Concursales
V. La Unidad Nacional de Actuaciones. 

Nos remitimos a esta Resolución, en cuyo articulado se regula el contenido de cada uno de estos Equipos e incluimos información de dos: 
II. La Mesa Nacional de Subastas. 

1. Composición. La Mesa de subastas a que se refiere el artículo 103 ter del Reglamento General de Recaudación se denominará, en el ámbito nacional, Mesa Nacional de Subastas. La Mesa Nacional de Subastas estará compuesta por el presidente, el secretario y uno o más vocales designados por el titular del Departamento de Recaudación entre funcionarios integrados en dicho Departamento. Actuará como presidente de la Mesa el Jefe del Equipo Nacional de Enajenaciones. En caso de vacante, ausencia o enfermedad le corresponderá actuar como presidente al Subdirector General de Recaudación Ejecutiva y, subsidiariamente, al Subdirector General de Recaudación Ejecutiva Adjunto o al funcionario del Departamento de Recaudación que designe su titular. Serán vocal o vocales de la Mesa el funcionario o funcionarios designados de entre los integrados en el Departamento de Recaudación que no actúen como presidente ni como secretario. Además, formará parte de la Mesa un secretario designado de entre los funcionarios integrados en el Departamento de Recaudación. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de los vocales o del secretario, estos podrán ser sustituidos por los funcionarios del Departamento de Recaudación que designe su titular.
2. Funciones y Competencias. La Mesa Nacional de Subastas ejercerá sus funciones y competencias en todo el ámbito territorial nacional, cualquiera que sea la adscripción de los obligados tributarios. En concreto, le corresponderán las siguientes:
a) Recibir, para cada procedimiento de enajenación convocado, la información sobre las pujas efectuadas y cualquier otra necesaria para poder decidir sobre la adjudicación de los lotes.
b) Acordar la adjudicación o declarar desierto el procedimiento de enajenación, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Recaudación y en las Instrucciones y criterios establecidos por el Departamento de Recaudación.
c) En caso de quedar desierta la subasta, extender el Acta haciendo constar esta circunstancia y dar traslado de las actuaciones a la Dependencia Regional de Recaudación o a la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, según la adscripción del deudor, a efectos de que por éstas se continúe el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación. 

d) En caso de que se acuerde la adjudicación: extender el Acta haciendo constar esta circunstancia; proceder a notificar al adjudicatario instando el pago del precio del remate y a los posibles titulares de derechos preferentes de adquisición que se hubieran hecho constar en el expediente electrónico de subasta, con los efectos previstos en el Reglamento General de Recaudación; y comunicar la adjudicación a la Dependencia Regional de Recaudación o a la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes según corresponda para que éstas soliciten al correspondiente Servicio Jurídico la emisión del informe de conformidad. 

e) En caso de impago del adjudicatario, podrá adjudicar al siguiente mejor licitador que hubiera hecho reserva de puja, o declarar desierta la subasta. En cualquier caso, dejará constancia de su decisión en la correspondiente Acta. 
f) Emitir la Certificación del Acta de Adjudicación, con el contenido y los requisitos previstos en el artículo 104 bis.
i) del Reglamento General de Recaudación, dando traslado a la Dependencia Regional de Recaudación o a la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de dicha Certificación y de todo lo actuado para que por éstas se proceda a realizar las subsiguientes actuaciones del procedimiento, incluidas las actuaciones posteriores a la adjudicación. 


IV. El Equipo Nacional de Procedimientos Concursales. 
1) Composición. Estará dirigido por un Jefe de Equipo, Inspector de Hacienda, conforme a los criterios que se determinen y podrá estar integrado, en su caso, por un Jefe de Equipo Adjunto, otros Inspectores de Hacienda, Jefes de Área, por Jefes de Servicio Especial, Jefes de Servicio, Técnicos de Hacienda, Agentes de la Hacienda Pública y el resto del personal que se determine. 
2) Funciones y competencias:
• a) El estudio, diseño, planificación y programación de actuaciones vinculadas a los procedimientos concursales y preconcursales. 
• b) Establecer, en coordinación con la Subdirección General de Procedimientos Especiales, los criterios generales que deban seguirse en los procedimientos preconcursales y concursales, en orden a la suscripción de acuerdos singulares, adhesión o voto favorable a propuestas de convenios, planes de reestructuración y planes de continuación, así como llevar a cabo en relación con estas actuaciones los trámites que deban realizarse en el Departamento de Recaudación para su preceptiva autorización. 
• c) La coordinación de las actuaciones vinculadas a los procedimientos concursales y preconcursales con otras administraciones y entes públicos. 
• d) El asesoramiento a los órganos de recaudación en relación con las actuaciones de gestión recaudatoria y en materia preconcursal y concursal que afecten a los expedientes que estos tramiten. 
• e) El estudio y propuesta de mejoras de las aplicaciones informáticas para una más eficaz gestión de los procedimientos concursales y preconcursales. 
En el ámbito territorial, los órganos de las Dependencias Regionales de Recaudación ejercerán sus funciones y competencias regionalizadamente respecto de las personas o entidades cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del ámbito territorial de la correspondiente Delegación Especial y que estén adscritas a dicha Delegación Especial, así como respecto de las personas o entidades cuya competencia les pueda corresponder por aplicación de las reglas de adscripción aunque no tengan su domicilio fiscal en esa Delegación Especial, salvo que resulte competente otro órgano. La estructura de los órganos territoriales no experimenta variaciones con respecto a las anteriores resoluciones 

Destacamos las competencias en materia de recaudación de los titulares de las Delegaciones Especiales, Delegados Especiales Adjuntos, Delegados de la Agencia Tributaria, Administradores e Inspectores Coordinadores.
1. Competencias de los titulares de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria en materia de recaudación. 
1.1 Aplazamientos. Corresponde a los titulares de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria, resolver o inadmitir los aplazamientos y fraccionamientos de pago cuyo importe conjunto exceda de 1.000.000 € y adoptar medidas cautelares en sustitución de garantías cuando sea competente para resolver la citada solicitud. A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas. 

Adicionalmente, destacamos dos disposiciones transitorias: 
Disposición transitoria primera. Mesa Nacional de Subastas y Mesas Regionales de Enajenación. La Mesa Nacional de Subastas ejercerá las competencias reconocidas en la presente resolución respecto de los procedimientos de enajenación que se hayan iniciado a partir del 1 de marzo de 2021, correspondiendo a las Mesas Regionales de Enajenación ejercerlas en relación con los procedimientos de enajenación iniciados con anterioridad a dicha fecha. A estos efectos, se entenderá iniciado el procedimiento de enajenación con la emisión del acuerdo de enajenación. 

Disposición transitoria segunda. Procedimientos en tramitación. En todo caso, los procedimientos que estén en curso a la entrada en vigor de esta resolución continuarán tramitándose por los órganos que lo estuvieran realizando, hasta su finalización. En los casos en los que una función pase a ser ejercida por un órgano distinto tras la entrada en vigor de esta resolución, los procedimientos en curso se continuarán hasta su terminación por el órgano que los hubiera iniciado. Hasta tanto se cubran los puestos previstos en esta resolución, las funciones y competencias de las nuevas unidades administrativas creadas serán desempeñadas por el personal de recaudación actualmente existente que se corresponda con el mismo cuerpo y subgrupo que los previstos. 

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente resolución y, en particular, la Resolución de 14 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación y la Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. 

Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE (esto es, el 2 de junio de 2023). 

Fuente: REFOR 
Etiquetas: Abogado, Concursal, Acreedores, Subasta, Agencia Estatal de Administración Tributaria

1.- AJM M 151/2023, de 25 de abril.***

Juzgado Mercantil 19 de Madrid. Ponente, Francisco José Soriano Guzmán.

Experto en reestructuración: Nombramiento.
Experto en reestructuración: Funciones.

Nota del autor: La resolución resulta de lectura obligada por su claridad.

Cuando se solicita al juez el nombramiento de un experto al amparo del art. 672 TRLC, únicamente se contará con las alegaciones de la parte solicitante y con la documentación que haya aportado; es decir, contará con un conocimiento muy limitado, y de parte, de los antecedentes de la solicitud, de la existencia y cuantía del crédito, y de la situación de insolvencia de la deudora.

Cuestiones de suma relevancia (como, por ejemplo, si el deudor se encuentra o no en situación de insolvencia, en alguna de sus categorías según el caso) deben relegarse en su análisis a un momento posterior, bien de homologación del plan o de impugnación ante la Audiencia Provincial, si se plantean por los legitimados.

La función del experto en reestructuración está concretada y delimitada perfectamente en la Ley: asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración, elaborando y presentando al juez los informes establecidos en la ley y aquéllos otros que éste estime necesarios o convenientes (art. 679, "Funciones"). El experto no tiene como función la elaboración de un plan de reestructuración, sino la de mera asistencia a las partes en la negociación.



2.- AJM CO 148/2023, de 6 de marzo.**

Juzgado Mercantil 1 de Córdoba. Ponente, Antonio Fuentes Bujalance.

EPI: Alcance de la exoneración a deudas futuras resultantes de la ejecución de determinado inmueble.

En este asunto, el deudor solicita que en el ámbito de la exoneración se incluyan las deudas que eventualmente puedan dimanar de un proceso ejecutivo contra el inmueble que el deudor va a mantener en propiedad. Es decir, las deudas serían todas aquellas dimanantes de dicho proceso ejecutivo y que no fuesen objeto de extinción mediante la citada ejecución de la garantía.

Lo cierto es que la norma concursal aplicable no regula este supuesto concreto y bien podría argumentarse que en todo caso la deuda exonerable es la actual, no la futura, y que para ello se debería solicitar en todo caso un nuevo proceso si es que ha lugar a ello, teniendo en cuenta las prohibiciones del art. 488 del TRLC. Junto a ello podría indicarse que además si el actor ha decidido mantener el bien inmueble, debe de alguna manera asumir dicho hecho de forma completa, y no perseguir mantener dicho inmueble y sin embargo pretender que se aplique los efectos propios de un proceso de exoneración con liquidación donde, supuestamente, el deudor no mantiene bienes ninguno. No obstante esto técnicamente no es así, y existe un supuesto, que además puede que sea muy corriente en la práctica como es el que nos ocupa, el de solicitud de concurso, declaración del mismo por verificarse los presupuestos del art. 37 bis del TRLC y posterior petición de EPI por la vía del art. 501.1 donde como se observa se puede pedir el EPI aún sin liquidar la masa activa (precisamente en los supuestos del art. 37 bis).

Sin embargo, este deudor concreto en este caso concreto solicita el EPI con liquidación, y ello debe conllevar a que la deuda generada o generable en el seno de las obligaciones del deudor al tiempo de la solicitud debe quedar bajo el ámbito objetivo del objeto de la exoneración. Por ello, debe estimarse la solicitud del deudor en el sentido de quedar amparada por la presente exoneración, obviamente con los límites y prohibiciones legales aplicables a cualquier otra deuda, la deuda que eventualmente pueda generarse en el proceso ejecutivo que pueda llevarse a cabo por el acreedor que actualmente tiene garantizado su crédito con el inmueble que actualmente pertenece al deudor y del cual mantiene su propiedad, remarcando el concepto "actualmente", es decir, no aplica esta previsión para deuda nueva futura de otro acreedor diferente, ni para nuevas garantías sobre el referido inmueble u otros posibles que no forman parte del activo de este concurso.



Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.
31 de mayo de 2023

fuente:REFOR Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.
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Un juzgado aprueba el plan de reestructuración de EzentisNEGOCIOShirley Noticias 2 days ago REPORT
Un juzgado aprueba el plan de reestructuración de Ezentis

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La Sección Primera del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha acordado aprobar judicialmente los planes de reestructuración de deuda de la compañía aprobados por Ezentis en el Consejo de Administración del pasado 21 de abril, respaldados por más del 90% de votos a favor, según informa la compañía en un comunicado.
Ezentis y sus filiales Ezentis Field Factory, SLU y Ezentis Tecnología, SLU firmaron los planes de reestructuración de su deuda. Ese mismo día, Ezentis presentó una solicitud de homologación judicial del Plan de Reestructuración ante la Sección 1a de los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla.
Mediante esta aprobación se da pleno efecto a los planes de reestructuración de la compañía, haciendo efectivas las medidas de reestructuración contenidas en los mismos, dando efecto al Plan de Viabilidad Anexo a los Planes de Reestructuración.
Asimismo, se acuerda la extensión de los efectos derivados de los Planes de Reestructuración a los créditos titularidad de acreedores que no hayan suscrito el Plan de Reestructuración de conformidad con lo previsto en el artículo 649 TRLC.
También se declara la irrescindibilidad de los actos realizados en ejecución de los Planes de Reestructuración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 667 TRLC y se declara que los contratos comerciales y de explotación formalizados con anterioridad a la solicitud de aprobación judicial de los Planes de Reestructuración no pueden resolverse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 618.2 TRLC.
Por otra parte, se reconoce la condición de financiación provisional y nueva financiación para los instrumentos concedidos en los términos de los artículos 665 y 666 TRLC en virtud de los Planes de Reestructuración y la irrescindibilidad de la Financiación Provisional y la Nueva financiación concedida en virtud de los Planes de Reestructuración.
Finalmente, se acuerda el sobreseimiento de todos los procedimientos de ejecución crediticia afectados por los Planes de Reestructuración.

El salario del deudor y su consideración como activo dentro del concurso

• Marta Bergadà

Marta Bergadá, Abogada, especialista en derecho concursal y en la Ley de la Segunda Oportunidad y socia fundadora de Bergadà Asociados.

Una de las cuestiones que más dudas suscita es si debe ser incluido o no como parte del activo a la hora de realizar el inventario de bienes y derecho del concursado
26/5/2023 06:30
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Actualizado: 26/5/2023 12:25

• En esta noticia se habla de:

Concurso de acreedores Derecho Concursal Marta BergadàEl artículo 192 del actual TRLC hace referencia al Principio de universalidad a la hora de determinar qué bienes y derechos de contenido o carácter patrimonial conforman el activo del concursado desde el inicio del procedimiento hasta la conclusión de éste, con la única excepción de aquellos bienes y derechos que sean legalmente inembargables.
Una de las cuestiones que más dudas suscita la hora de determinar qué bienes conforman parte del activo del deudor dentro del concurso es la concerniente al hecho de si el salario que éste percibe por la realización de su trabajo, como derecho que es, debe ser incluido o no como parte del activo a la hora de realizar el inventario de bienes y derechos del concursado por parte del administrador concursal.
Lo normal es que, tras el auto que declara el concurso de acreedores, el concursado esté percibiendo mes a mes su salario y que, este, en virtud del artículo 192 del TRLC, sea tenido en cuenta por el administrador concursal como parte integrante de los bienes y derechos que forman su activo dentro del concurso.
No obstante, son muchos los administradores concursales que, amparándose en el excepción contenida en el apartado 2 del mentado artículo,  deciden excluir la totalidad de esta retribución percibida por el concursado mensualmente  del cómputo de su activo por entender, o bien que éste pueda ser constitutivo del llamado derecho de alimentos del deudor reconocido en el artículo 123.1 TRLC o bien porque, parte de éste, pueda ser considerado un bien legalmente inembargable de conformidad con lo establecido  en los artículos 605 a 607 Ley de Enjuiciamiento Civil.
El llamado derecho de alimentos del concursado, como hemos dicho, viene recogido en el artículo 123.1 TRLC y establece que:
«En el caso de que en la masa activa existan bienes bastantes para prestar alimentos, el concursado persona natural que se encuentre en estado de necesidad tendrá derecho a percibirlos durante la tramitación del concurso, con cargo a la masa activa, para atender sus necesidades y las de su cónyuge y descendientes bajo su potestad».
Apoyándose en este precepto, y sin perder de vista lo establecido en el artículo 607 que fija el límite de la cuantía del salario inembargable “en la cuantía que no exceda del salario mínimo interprofesional”, la mayoría de los administradores concursales, cuando la retribución que percibe el concursado por la realización de su trabajo apenas supera o iguala dicho limite, suelen optar por no incluir éste como parte de su activo, ya que, como es lógico, estos ingresos van destinados en su mayor parte a la satisfacción de las necesidades básicas del deudor, como puede ser el pago del alquiler, de consumos o alimentos.
CUANDO LA RETRIBUCIÓN SUPERA EL LÍMITE DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONALAhora bien, ¿qué ocurre cuando la retribución que percibe el deudor supera ampliamente el límite establecido para salario mínimo interprofesional?
Pues bien, cuando esto sucede la mayoría de los administradores concursales optan por la aplicación de la escala recogida en el artículo 607.2 de la LEC e incluir la cuantía resultante de su aplicación como parte del activo del concurso destinando la suma total de dicho activo a la satisfacción, en primer lugar, de los créditos contra la masa (si los hubiere) y, posteriormente, los créditos concursales hasta su finalización,  dejando la cantidad restante para que el concursado pueda destinarlo a sus necesidades básicas.
Con la actual regulación que entró en vigencia el 26 de septiembre pasado tras la Ley 16/2022, los ingresos por salarios deben jugar un papel importante. Pero ello, únicamente, a nuestro parecer en el itinerario del plan de pagos, para ser tenidos en cuenta para el cálculo de los pagos de las deudas exonerables, posibles oposiciones, impugnaciones o, en algunos supuestos, incluso revocaciones.
En el caso de la exoneración por liquidación, insuficiencia de masa activa o concurso sin masa, aunque el salario exceda del mínimo embargable no puede tenerse en cuenta a los efectos de exoneración ni a los efectos de conclusión del concurso y sostenemos este criterio por lo siguiente:
En relación a la oposición de la exoneración, sólo pueden mediar las causas de oposición referidas en los artículos 487 y 488 TRLC, y entre ellas no se contempla el hecho de que el concursado mantenga un salario por encima del mínimo inembargable.
Y en cuanto a la revocación, tampoco será posible accionarla en el caso de que el deudor, en los tres años posteriores, vea aumentado considerablemente su salario, puesto que tal y como establece el artículo 493.1. 2º TRLC ello sólo cabría en los casos de mejora sustancial de la situación económica por causas de herencia, legado, donación, o juego de suerte, envite o azar, y ello no incluye el aumento de salarios.
El salario del deudor es una percepción de carácter mensual, condicionada a que ese deudor siga manteniendo ese puesto de trabajo. Por ello, mientras esté percibiendo ingresos embargables dentro del concurso podrán considerarse como masa activa. Pero ello no es óbice para que una vez concluido el concurso, esa situación sea indefinida y, por ende, de no contar con más bienes el deudor concursado, debe procederse a la conclusión, bien por haber finalizado la liquidación, por insuficiencia de masa, o por ser considerado concurso sin masa.
LA CONCLUSIÓN DE BERGADÀ ASOCIADOSTal y como exponen Raúl Nicolás García Orjudo y Francesc-Xavier Rafí Roig en su reciente libro La exoneración del pasivo insatisfecho en relación a la situación de la integración a la masa activa de los salarios embargables:
“Ha de estar limitada en el tiempo porque no puede mantenerse ad infinitum la situación concursal del deudor en liquidación a fin de ir mes a mes liquidando sus deudas solamente con su salario. Lógicamente, esta situación se pone fin con la concurrencia de la causa de la conclusión del concurso por liquidación, por carecer el deudor de otros bienes realizables”.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de abril de 2018, en un caso en concreto, ante un salario elevado, y tras calcular los importes embargables, en base a los artículos 607 y SS LEC, llegó a la conclusión de que serían necesarios 269 años para pagar la deuda con el concurso sin concluir, algo que no tiene sentido y que se erigiría contrario al espíritu de la Ley de la Segunda Oportunidad.
En conclusión, el salario del deudor debe tenerse en cuenta si se acoge a la modalidad del plan de pagos. En caso de concurso sin masa, conclusión por liquidación o por insuficiencia de masa activa, no puede ser tenido en cuenta en la masa activa del concurso.
Con la colaboración de Carmen Fernández
Abogada sénior
https://confilegal.com/20230526-el-salario-del-deudor-y-su-consideracion-como-activo-dentro-del-concurso/

​Estas deudas no se pueden perdonar con la segunda oportunidad
Jueces y abogados han analizado este viernes en Zaragoza las novedades de la ley concursal, y han coincidido en que la reforma endurece los requisitos.

Cómo puede una persona declararse 'en quiebra' y conseguir el perdón de sus deudas
B. ALQUÉZAR
NOTICIA
ACTUALIZADA 26/5/2023 A LAS 15:08
Foro sobre el concurso de persona física en el Colegio de Abogados de Zaragoza en 2023.Foro sobre el concurso de persona física en el Colegio de Abogados de Zaragoza .H. A.
La ley concursal sigue siendo el paraguas para las personas que sufran un bache económico y quieran tratar de conseguir el perdón de sus deudas a través de la llamada segunda oportunidad. Sin embargo, jueces y abogados coinciden en que desde la aprobación de la última normativa se endurecen las condiciones para quienes acudan a esta vía. Este ha sido uno de los puntos analizados este viernes en el I Foro Monográfico de Concurso de Persona Física organizado por la sección de Derecho Mercantil y Concursal, junto con la comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Unos 160 profesionales han participado en el encuentro en la sede del citado colegio. Desde el colectivo de profesionales del derecho resumen que los últimos cambios suponen "el fin de la barra libre" en la llamada exoneración del pasivo insatisfecho que había antes de la aprobación de la nueva ley concursal en septiembre de 2022.


Sin perdón para quien se endeudó de forma "temeraria"
El aragonés Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha destacado en su intervención ante los abogados zaragozanos que "es muy importante hacer un buen uso de la exoneración, no s

1.- SJM BCN, de 8 de mayo de 2023.***

Juzgado Mercantil 8. Magistrada, Montserrat Morera Ransanz.

Declaración de concurso sin masa: Efectos de una previsible conclusión por insuficiencia de la masa activa posterior al auto de declaración del concurso.

Supuesto de hecho: A petición de un acreedor, el Juzgado nombra un administrador concursal para la presentación del informe a que se refiere el art. 37 ter TRLC. El nombrado -el letrado suscribiente- informa de que existen indicios suficientes para pensar que el concurso se declarará culpable. Sin embargo, contrariamente a lo dispuesto en la norma, pide la conclusión del concurso pues a su criterio, cuando se declare el concurso, este deberá concluirse por insuficiencia de la masa activa posterior al auto declarativo de concurso ya que “lo que se pudiera obtener del ejercicio de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa pendientes de pago”. Y es que los dos administradores sociales carecen de bienes embargables. Es decir, integra la redacción del art. 37 ter TRLC con la del 473.2.4º TRLC.

En este caso, la administración concursal aprecia que existen indicios suficientes de calificación culpable a que se refiere el artículo 37 ter LC; por lo que procede dictar el auto complementario previsto en el artículo 37 quinquies LC con los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación de la masa activa, y continuar el procedimiento conforme a lo establecido en la Ley concursal.

En cuanto a la solicitud del administrador concursal de que se concluya el concurso por insuficiencia de la masa atendido que lo que se pudiera obtener con su continuación sería insuficiente para pagar los gastos del procedimiento por la situación patrimonial de la persona que pudiera ser declarada afectada; debo tenerla por no efectuada por cuanto este no es el momento procesal oportuno. Me explico.

En los concursos sin masa, el administrador concursal designado debe presentar el informe previsto en el artículo 37 ter LC sin extralimitarse en sus funciones; que son, exclusivamente, las de informar sobre las acciones de reintegración y de responsabilidad y sobre la previsible calificación del concurso.

Complementada la declaración de concurso, el administrador concursal podrá solicitar la conclusión por falta sobrevenida de masa, a través del régimen general de los artículos 465 y siguientes LC; pues no rige el del artículo 37 bis LC, y porque los acreedores deben tener la oportunidad legal de formular alegaciones y de informar sobre la calificación (arts. 447 y 449 LC).

Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.

SJE REFOR-CGE 18/23




1.- Roj: SJM B 13535/2022, de 20 de diciembre.**


Juzgado Mercantil 8. Magistrada, Cristina Maestre Fuentes.


Calificación: Legitimación activa, derecho transitorio.
Calificación: Causa general.


El régimen de calificación de este concurso se rige por la legislación concursal anterior porque la sección sexta se abrió antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de setiembre, de reforma del texto refundido de la Ley concursal (disposición transitoria primera, apartado 3.º, ordinal 7.º). De manera que, según dicha normativa anterior, la administración concursal y el Ministerio Fiscal son los únicos legitimados para proponer la calificación del concurso ( arts. 447 y 448 LC). Esto significa que el acreedor viene a tener en esta sección una posición de coadyuvante de la administración concursal y/o del Ministerio Fiscal; sin que, por tanto, sus alegaciones sobre la calificación del concurso constituyan el objeto del litigio. Así que, las pretensiones de la administración concursal y/o del Ministerio Fiscal, por un lado, y los motivos opuestos por la concursada y la persona afectada, por otro, constituyen el objeto litigioso. Por lo que únicamente voy a analizar aquí las causas de culpabilidad alegadas por la administración concursal y el Ministerio Fiscal


Para apreciar la causa general de culpabilidad (art. 442 TRLC), la doctrina considera que es preciso que se den los requisitos siguientes: 1.- Una acción u omisión del deudor o de sus representantes legales, y, en el caso de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho o directores generales. 2.- Un comportamiento antijurídico, porque haya mediado dolo o culpa grave; sin que, por tanto, sea suficiente para apreciarlo que haya habido una simple negligencia. 3.- Un resultado: la generación o agravación del estado de insolvencia. 4.- Y la relación de causalidad entre el comportamiento del sujeto afectado por la calificación y el resultado. Se trata, pues, de examinar aquí si concurren los presupuestos relacionados.


2.- Roj: SJM M 13602/2022, de 23 de diciembre.**


Juzgado Mercantil 6. Magistrado, Francisco Javier Vaquer Martín.


Calificación: Derecho transitorio.
Calificación: Elemento subjetivo de actuación del deudor.


En fecha 1 de septiembre de 2020 ha entrado en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal [-en adelante TRLCo-], que dedica a la calificación concursal el Título X del Libro I -arts. 441 a 465-, por lo que siendo el escrito de calificación de fecha 15.1.2021 debe estarse a la regulación vigente al tiempo de la apertura de la calificación por Auto de 15.4.2021, por el que se aprobaba el plan de liquidación consecuencia de la apertura de la liquidación por declaración firme de incumplimiento de convenio en virtud de sentencia 276/2018 de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.5.2018. De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en la STS, Sala 1ª, de 12.1.2015 el régimen de responsabilidad concursal a la cobertura del déficit será la recogida en la redacción dispuesta en el TRLCo aprobado por el citado Real Decreto-Ley 1/2020, de 5 de mayo.


El legislador no atribuye a la previa y necesaria situación de insolvencia un carácter peyorativo, negativo o perjudicial que pueda justificar por sí sola una reacción sancionatoria de la Ley Concursal; resultando que tal régimen sancionador encuentra su justificación y fundamento en la propia conducta [desvalor de la acción] del deudor común (dolo y culpa grave) y en el resultado [desvalor del resultado] consistente en el agravamiento o causación de tal estado de insolvencia.


El legislador ha optado por esclarecer un criterio de atribución de responsabilidad que recae, no en la situación de insolvencia, sino en la valoración de la conducta seguida por el deudor común cuando aquélla se produce o agrava. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento subjetivo en la actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales que pesan sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia....


El citado art. 442 TRLCo exige que la indicada causación o agravación de la insolvencia lo sea por dolo o culpa grave del deudor; elementos subjetivo o intencional de la conducta activa u omisiva que debe concurrir para la declaración del concurso como culpable; debiendo entender por dolo la malicia, voluntariedad y mala fe en el resultado de causación o agravación de la insolvencia, siendo culpa grave aquel comportamiento no voluntaria en la infracción de la norma de conducta ni en el resultado producido, pero integrada por una vulneración de la diligencia exigible en cuanto impuesta por normas jurídicas que contienen normas de comportamiento básico en cuanto exigibles de cualquier persona, para distinguir tal comportamiento de la culpa leve o levísima


Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.

A ELIMINACIÓN DEL MEDIADOR CONCURSAL Y LA CONFIANZA HAN SIDO LOS MOTIVOSCrece cada vez más el número de autónomos en crisis que se acogen a la Ley de la Segunda OportunidadDesde que se aprobara a finales de 2022 la reforma de la Ley de la Segunda Oportunidad, ha aumentado un 40% el número de personas con deudas y autónomos en dificultades que se han acogido a ella.

 Aumenta el número de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad

MARTA ESCRICHS
12/05/23 - 00:04La Ley de la Segunda Oportunidad se acerca ya a sus ocho años de edad. A lo largo de este tiempo, los negocios y particulares con deudas que están utilizando esta nueva norma son cada vez más, sobre todo a raíz de la reforma de la Ley, que tuvo lugar en septiembre de 2022 y que alivió muchas cargas de los deudores. Según los datos facilitados por Repara Tu Deuda, despacho de abogados especializado en la materia, el número de personas que se han acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad experimentó “un aumento significativo” durante el cuarto trimestre de 2022.
Durante dicho periodo, el número de concursos aumentó un 40%, lo que supone que, en todo el territorio nacional, casi 4.500 personas y autónomos decidieron acogerse a esta ley. 
XSegún explicaron los expertos del despacho de abogados, este aumento se debe a la reciente reforma de la ley, que permite cancelar las deudas “de una manera más rápida y económica”, eliminando la figura del mediador concursal y el acuerdo previo con el banco, lo que permite reducir los costes en un 30%. 

• 
  Las 10 claves para saber cómo acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

“Nuestras previsiones son que cada año van a seguir aumentando las cifras, ya que la necesidad es cada vez mayor y, además, el paso del tiempo está posicionando de una manera correcta el procedimiento de la Segunda Oportunidad. Cada vez es más conocida, y la gente, que ya de por sí tenía necesidad, una vez ya la conoce, sabe que se trata de un procedimiento limpio y con el que, al final, se consigue obtener la cancelación de la deuda”, explicó a este diario la consejera delegada de Repara Tu Deuda, Alicia García. 
Los últimos años, además, marcados por la pandemia y la inflación, han provocado que muchas personas, entre las que se encuentran un importante número de autónomos, lleguen a unos altos niveles de desesperación. “Hay personas que ya no saben qué hacer. Tienen unos ingresos con los que no pueden vivir dignamente y, a su vez, afrontar las deudas. Al final, el mecanismo de la segunda oportunidad lo que permite es eso, poder respirar a nivel financiero y poder optar a algo nuevo. Si, por ejemplo, eres una persona emprendedora, te permite poder iniciar otro negocio”, destacó la experta. 
En los últimos años, y tras los numerosos casos de éxito, la confianza en la Ley de la Segunda oportunidad ha aumentado. “En septiembre se cumplirán ocho años desde que se aprobó el mecanismo de segunda oportunidad. Al principio sí que es verdad que costaba mucho, ya que era algo muy desconocido para la población. Incluso a día de hoy nos sorprende lo desconocida que puede llegar a ser para muchas personas. Lo que sí está claro es que la necesidad siempre va a estar ahí, siempre va a haber personas que estén sobre endeudadas y que se encuentren en una mala situación económica, por lo que siempre va a haber alguien que se pueda acoger al mecanismo de segunda oportunidad”, sentenció Alicia García. 
Es necesario ser “un deudor de buena fe” para poder acogerse a este mecanismoSegún explicó la experta consultada, hay dos requisitos principales para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. En primer lugar, hay que ser lo que se conoce como “deudor de buena fe”. Es decir, toda persona que realmente esté predispuesta a lo que supone el procedimiento y a presentar la documentación requerida para elaborar una demanda y una presentación de concurso. 
“Esto, al final, no deja de ser un concurso voluntario. Se trata de un concurso de acreedores, pero que, a raíz del cambio de la reforma de septiembre de 2022, ahora es voluntario. Por tanto, tiene que haber una información y unos datos que acrediten que realmente, con los ingresos que tienes, no puedes vivir dignamente y pagar a quien debes dinero. Es un juez el que lo cancela y el que da el beneficio de la exoneración”, explicó Alicia García.
Por ello, el requisito principal es ser un deudor de buena fe y estar predispuesto en todo momento. “Si, por ejemplo, tienes patrimonio, y esos bienes están hipotecados, tanto si están hipotecados como si no, los tienes que poner a disposición del procedimiento. Por eso primero asesoramos y valoramos si realmente esa persona tiene que acogerse a la ley de la segunda oportunidad, luego ya es decisión del deudor”, señaló. 
El segundo requisito para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es que la deuda no sea superior a cinco millones de euros. No obstante, puede haber excepciones si se dan una serie de casuísticas. 
PUBLICIDAD“Hace unos dos años batimos el récord. Teníamos una clienta que acudió a nosotros y le cancelamos una deuda superior a cinco millones de euros. Cuando ella se acogió con nosotros, la deuda era un poco inferior a cinco millones, pero como el procedimiento dura un tiempo, los intereses fueron subiendo. Al final conseguimos cancelarlo todo, y es una excepción que se hizo, porque sí que es verdad que cuando acudió a nosotros y presentó el concurso, la deuda sí que era inferior a cinco millones de euros”, explicó la CEO de Repara Tu Deuda.
En este caso, como en muchos otros, la persona en cuestión era trabajadora por cuenta propia. Había iniciado un proyecto y no le habían ido bien las cosas. Gracias a este procedimiento, según explicó García, pudo tener una segunda oportunidad.
“Recibimos muchos casos de autónomos y emprendedores, personas muy trabajadoras que han intentado poner negocios en marcha, pero a veces no depende de uno mismo. Se va haciendo una rueda cada vez mayor. Y a raíz de la pandemia hemos tenido muchos profesionales que tuvieron que dejar sus negocios parados e intentaron remontar, pero al final no les quedó otra que renunciar, acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y empezar de cero. 
Los expertos explican el paso a paso de este procedimientoSegún explicó a este diario la consejera delegada de Repara Tu Deuda, Alicia García, el primer paso para arrancar con este procedimiento y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es que las personas interesadas soliciten información al despacho de abogados, el cual valora cada situación y ofrece un primer asesoramiento. 
Tras ello, si los deudores quieren continuar con el proceso y los abogados consideran que sí reúnen las características para poder acogerse a la ley, se inicia el procedimiento entrando en lo que se conoce como “fase previa”. 
En esta primera fase, el cliente debe rellenar un formulario y entregar toda la documentación que corresponda, acreditando así que realmente su situación es de insolvencia o que prevé que la insolvencia sea inminente. “A partir de ahí, con esa documentación y esa información detallada en el formulario, presentamos la solicitud de concurso voluntario en el juzgado Mercantil”, explicó.
Antes de la reforma, matizó la experta, había que acudir al juzgado de primera instancia, que es el que impusieron cuando se aprobó el mecanismo de la segunda oportunidad. “Gracias a la reforma del 26 de septiembre de 2022, ahora se hace todo a nivel provincial, con el juzgado mercantil. El juzgado mercantil es el que llevará los procedimientos de segunda oportunidad, y eso ha hecho que el proceso sea un poco más rápido”, destacó. 
Tras ellos, se inicia lo que es el concurso, pudiendo variar cada situación dependiendo de si se tienen propiedades o no.
Si el deudor no tiene propiedadesEn caso de no tener propiedades, explicó García, la persona puede acogerse igualmente a la Ley de la Segunda Oportunidad y, además, por lo general, el concurso es un poco más rápido, ya que, al no intervenir los bienes, no hay nada que liquidar. 
“Nosotros elaboramos un expediente en el que demostramos que la persona no puede afrontar esa situación con los ingresos que tiene. Evidentemente es un juez el que determina si realmente es así, pero nosotros preparamos el expediente y sabemos cómo hacerlo”, destacó.

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  Una jueza libera a una autónoma de pagar un millón de euros a Hacienda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Si el deudor tiene propiedadesEn caso de tener propiedades, se realiza la apertura, la fase de liquidación. “Los bienes se ponen a disposición del procedimiento, pero esto no quiere decir que siempre se tengan que liquidar, ya que se pueden hacer excepciones”, explicó.
Puede darse la situación de que se tenga vivienda habitual hipotecada y que, en caso de que se cumplan unos requisitos, esta se pueda mantener. “Por ejemplo, puede ser que estés al día con la hipoteca, o que si la vendes no le vayas a sacar un beneficio. En estos casos, el juez te puede permitir cancelar la deuda y mantener tu vivienda habitual y tu hipoteca. Eso también lo hemos conseguido. Te quitas la parte de tarjetas, préstamos, créditos que no puedes pagar, pero tu vivienda habitual, si cumples esos requisitos, se mantiene”.
Sin embargo, si se tienen propiedades que están sobrehipotecadas, lo que se hace es ponerlas a disposición del procedimiento, por lo que todos los bienes se liquidan. “Se cancela todo, porque entregas la vivienda, y la parte de la hipoteca que te quedaría se cancela junto con el resto de créditos. Te dan el beneficio de cancelar todo”, aclaró la experta.
Aproximadamente, el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad tiene una duración de entre 12 y 18 meses, aunque, según concluyó Alicia García, los tiempos dependen mucho del juzgado en cuestión, ya que, “por desgracia, no todos los juzgados trabajan con la misma rapidez y fluidez”. 

Casi un 80% de los autónomos y pymes españolas ya admiten los pagos digitales en su negocioCada vez más autónomos y pequeñas empresas admiten los pagos digitales, no sólo la tarjeta de crédito, sino también el Bizum o los monederos electrónicos en su negocio.  Estos nuevos métodos se han expandido de manera exponencial en los últimos años y se convierten poco a poco en una de las opciones preferidas para pagar en tiendas, bares o restaurantes.
Así lo muestra el último estudio elaborado por Visa. Según los datos de la compañía de pago, en solo un año la cantidad de comercios españoles que acepta pagos digitales ha aumentado un 11% hasta alcanzar el 77% del total de las pymes en 2023, frente al 66% que admitían este método en 2022.
En el estudio, Visa ha analizado el grado de digitalización y uso de los pagos digitales en más de 800 pequeños comercios en España. En el informe, otra de las tendencias que destacan es el del uso de la tarjeta entre los consumidores, que ya representa el 37% del total de los pagos en aquellos comercios que aceptan este método de pago.
La mayoría de los pequeños negocios apuestan por los pagos digitales por razones de seguridad e ingresosUna de las principales razones por las que cada vez más pequeños negocios incorporan los nuevos métodos de pago en su negocio son la facilidad y la atracción de una mayor clientela, pero especialmente la seguridad de que el cliente vaya a pagar. Según el informe, el 66% de los comercios que actualmente aceptan pagos digitales consideran que el pago con tarjeta reduce el riesgo de no ser pagados.
Además, afirman que estos métodos les ayudan a mejorar sus cifras de negocio, ya que más de la mitad (54%) de las pymes encuestadas afirma que facturan entre un 6% y un 15% desde que comenzaron a aceptar pagos digitales. También ven incrementada la cuantía del gasto que efectúan sus clientes: el 65% de las pymes encuestadas considera que el ticket medio incrementa al pagar con tarjeta.
En todo caso, la seguridad continúa posicionándose entre las principales razones que han señalado las pymes encuestadas para apostar por la digitalización de los pagos en sus negocios. En concreto, el 76% de las pymes que aceptan pagos con tarjeta consideran las herramientas de prevención de Fraude y Seguridad como un factor relevante dentro de su oferta de pagos.
Por otro lado, para las pymes, los pagos digitales también ofrecen una mayor agilidad y facilidad en cada pago, y, según el informe, el 67% de las pequeñas empresas que aceptan pagos con tarjeta lo consideran un método más fácil que otros medios de pago.
Respecto a los distintos sectores, según el estudio, el Retail (91%), la  Alimentación y Bebidas (86%), o los  Viajes y Transporte (84%) son los que mejores cifras tienen en cuanto a aceptación de medios de pago digitales, mientras que otros como la Educación (65%) todavía cuentan con margen para digitalizarse.




Hacienda deberá admitir la deducción de todos los gastos de promoción a los autónomos societariosEl Tribunal Supremo emitió recientemente una nueva sentencia que amplía los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades a los que pueden acceder los pequeños negocios al promocionar su marca. Con este pronunciamiento, Hacienda deberá admitir que los trabajadores por cuenta propia y las pymes se deduzcan en el Impuesto de Sociedades todos los gastos en los que incurran al hacer este tipo de campañas publicitarias.

• Una sentencia del Supremo supone la anulación parcial de muchas sanciones tributarias a los autónomos

Según los asesores y abogados fiscales consultados, la sentencia ha supuesto un gran cambio en la cantidad de gastos que van a poder deducir los negocios en el Impuesto de Sociedades. Hasta ahora, según explicó Pablo G. Vázquez de GVA asesores, experto fiscalista especializado en deducciones, "Hacienda sólo admitía que los negocios que realizan una campaña publicitaria a través de la promoción de un evento se dedujeran los gastos relativos a introducir su marca en dicho evento. Es decir, los costes de imprimir el logotipo en una pancarta o en cualquier otro elemento de merchandising, por ejemplo" .
Sin embargo, todos los demás gastos en los que incurren los negocios al promocionar un evento, como puede ser el alquiler del local, la compra de merchandising, la organización de un catering o cualquier otra compra que hayan pactado con el organizador del evento al que promocionan, quedaban excluidos. "Hacienda ha hecho hasta ahora una interpretación demasiado restrictiva de la norma, que el Tribunal Supremo ha considerado que va en contra del espíritu de la ley. Los gastos de una campaña de promoción no se limitan sólo al logotipo, ya que el negocio que se promociona siempre paga una parte o incluso la totalidad de los costes del evento que está promocionando", añadió Pablo G. Vazque, de GVA asesores.

Desde ahora, con la nueva sentencia que emitió el Tribunal Supremo el pasado mes de abril, se han ampliado los gastos que pueden deducir las pequeñas empresas en el Impuesto de Sociedades. "La sentencia supone un cambio que ahorrará miles de euros a muchos negocios. Las campañas de promoción suelen ser muy costosas, ya que los negocios que promocionan suelen pagar buena parte del evento. Ahora, cualquier gasto, desde la compra de camisetas, botellas de agua, alquiler de un local, o contratación de influencers o personalidades, van a ser deducibles en Sociedades", explicó el abogado fiscalista de GVA asesores. 
Según argumenta el Supremo en la sentencia, el criterio que venía aplicando la Agencia Tributaria hasta la fecha, como en muchos otros casos, suponía una interpretación restrictiva de esta deducción, por lo que "reducía a cantidades insignificantes" el importe que realmente podía ahorrarse un autónomo en una campaña de promoción. Este tipo de publicidad, de hecho, es una de las más costosas para los negocios.
Por ello, de seguir aplicándose esta interpretación, el "beneficio fiscal quedaría vacío de contenido", ya que en ningún caso compensaría asumir costes tan elevados para luego deducir una pequeña parte de los gastos que realmente se han sumido, según explicó el Alto Tribunal.
Los negocios ya pueden deducir un 15% de todos los gastos en campañas de promociónEl cambio de criterio del Supremo puede suponer un gran ahorro fiscal para los autónomos societarios que decidan promocionarse en un evento, ya que este tipo de publicidad suele ser muy costosa. "Habitualmente, hablamos de costes que difícilmente bajan de los 20.000 euros. A veces son cientos de miles de euros. Hasta la fecha sólo era deducible una pequeña parte de este gasto, que es la impresión de la marca. Ahora, Hacienda tiene que asumir cualquiera que esté vinculado con la puesta en marcha del evento".
Esta deducción puede ser muy atractiva para los pequeños negocios ya que la ley permite aplicar un 15% a la base del gasto. Es decir, "imaginemos la diferencia que puede suponer deducir en la liquidación de sociedades un 15% de 1.000 o 2.000 euros que puede costar la impresión de un logotipo, a un 15% de 20.000 o 30.000 euros que puede costar un evento".
Otros gastos que el Supremo consideró como deducibles recientementeEl nuevo criterio del Supremo se suma a otros gastos que ha considerado recientemente como deducibles. El año pasado, el Alto Tribunal emitió  dos sentencias en las que reconoce abiertamente el derecho de las pequeñas sociedades a deducirse como gasto el sueldo de cualquiera de sus socios, mayoritarios o no, aunque esta retribución no se haya reflejado previamente en los estatutos de la sociedad. 
Con estas dos sentencias dictadas en el mes de julio, el Tribunal Supremo reconoce que las empresas puedan deducir como gasto, en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a un socio mayoritario que no sea administrador 
Frente a la tesis de la Administración, que entendía que esas cantidades no eran deducibles, por no ser obligatorias (las calificaba de liberalidad), el Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador es deducible como gasto. Eso sí, siempre y cuando se acredite, como en cualquier otro gasto " la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental", afirma la sentencia. Es decir, cuando cumpla los requisitos básicos y generales de deducibilidad en el Impuesto de Sociedades.
A partir de ahora, según los expertos, sólo puede haber dos motivos por los que se impida deducir el sueldo de un socio como gasto. El primero es que la Junta directiva, que es el máximo órgano de una Sociedad, impugne ese salario y decida que el socio en cuestión no puede cobrarlo. Ese sería un motivo para que Hacienda impidiera su deducción. El segundo, lógicamente, es que este sueldo no se haya registrado correctamente en la contabilidad y no se pueda justificar con documentos como el extracto bancario. Pero esto sucede en cualquier gasto, no sólo en el sueldo.


¿Qué es un descubierto técnico en un negocio y cuáles son sus consecuencias, según el Banco de España?Disponer de una cuenta bancaria saneada es un aspecto fundamental para mantener una adecuada salud financiera, especialmente en el caso de los autónomos y pequeños negocios, quienes necesitan mantener liquidez de manera constante para poder hacer frente a los pagos que realizan a sus proveedores, el alquiler de sus locales o el salario de sus empleados, entre otros gastos. 
En este contexto, desde el Banco de España explicaron qué es un descubierto técnico, así como las consecuencias que podría tener para los negocios. “A veces, una mera cuestión de pocos días puede jugarnos una mala pasada”, explicaron. Sobre todo, en el caso de los negocios, muchos de los cuales están acostumbrados a realizar los pagos a sus proveedores concentrados en las mismas fechas. 

• Autónomos con deudas: éste es el importe a partir del cual se les podría incluir en una lista de morosos

Así, desde la autoridad bancaria afirmaron que, “para evitar sorpresas y costes innecesarios, es importante atender no sólo a la fecha en que realizamos nuestras operaciones bancarias, sino también a la fecha de valor.” 
¿Qué es y cuándo se produce un descubierto técnico en las cuentas de los autónomos y negocios? Tal y como explicaron desde el Banco de España, el descubierto técnico -o por valoración- se produce cuando se ordenan cargos en una cuenta corriente por un importe mayor al de los fondos disponibles. Por ejemplo, cuando una factura por valor de 3.000 euros se carga a la cuenta del negocio mientras ésta sólo tiene 2.900 en el momento del cobro.  
“Se le llama descubierto técnico en alusión a aquellos descubiertos momentáneos, cuya única razón es la mecánica bancaria que genera diferencias entre la fecha contable y la fecha de valor”, explicaron desde la autoridad bancaria. Estos conceptos consisten en: 

• Fecha de valor: el día en que los fondos están disponibles en la cuenta. “Como concepto financiero, es el momento en que el apunte contable inicia o finaliza el devengo de intereses”, explicaron desde el Banco de España. 
• Fecha contable: es el momento en que la entidad bancaria contabiliza el cargo, “aunque los fondos, en el caso de un abono, pudieran no estar libres para su uso.” 

Por ejemplo, si un autónomo realiza un ingreso en efectivo en su entidad bancaria para poder hacer frente al pago de sus facturas, la fecha contable sería la del ingreso, mientras que la fecha de valor correspondería al día en el que el banco hace efectiva la operación. En algunos casos, podrían ser diferentes, lo que generaría un desajuste en las cuentas del negocio. 
“En la práctica, los descubiertos que nos encontramos con más frecuencia suelen estar derivados de la propia operativa intrínseca del producto, y la entidad estaría legitimada para el cobro de intereses y comisión de apertura de descubierto si así está fijado contractualmente”, puntualizaron desde el Banco de España.  
Para explicarlo, pusieron el ejemplo de un autónomo que ingresa un cheque recibido por un cliente, procedente de otra entidad bancaria. “Necesita el dinero con inmediatez, porque con ese cheque tiene que pagar a un proveedor”, matizaron.  
Tal y como explicaron, este tipo de operaciones presentan una serie de limitaciones técnicas. “La entidad que recibe el cheque tiene que comprobar si el librador dispone de fondos suficientes. Una vez verificado, transferirá al autónomo el importe a su cuenta. Si pagara a su proveedor el mismo día que ingresa el cheque, se generaría un descubierto, puesto que los fondos todavía no están disponibles.” 

• ¿Qué consecuencias tiene un descubierto técnico en las cuentas del autónomo? 

Así, en este caso, se produciría una situación de descubierto técnico, que podría generar un sobrecoste en las cuentas del autónomo si así queda recogido en el contrato que mantenga con su entidad bancaria.  
Tal y como explicaron desde el Banco de España, las entidades podrían cobrar al autónomo intereses por sufrir un descubierto técnico. Aunque, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los descubiertos tácitos -cuando se produce por otras causas- “debe quedar excluido del pago de comisiones.” 

• ¿Cuál es el plazo máximo para hacer efectiva la transferencia en la cuenta del autónomo? 

Tal y como explicaron desde el Banco de España, la normativa de servicios de pago, en su artículo 50, “dispone que la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior al día hábil en que el importe de la operación de pago se abonó en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario.”  
Es decir, en el caso del ejemplo, el autónomo debería recibir el importe del cheque, como máximo, en un plazo de un día hábil desde que lo ingresó en su entidad bancaria. De igual manera ocurriría en el caso de una transferencia realizada entre cuentas de diferentes bancos. Por último, desde la autoridad bancaria recordaron “que un día hábil no incluye sábados ni domingos.” 
El descubierto técnico no es igual que el descubierto tácito: el segundo podría generar más sobrecostes en los negocios Debido a la similitud de los términos, muchos autónomos no conocen las diferencias entre el descubierto técnico -explicado por el Banco de España anteriormente- y el descubierto tácito. Las consecuencias a las que se podrían enfrentar los trabajadores por cuenta propia, así como el sobrecoste en comisiones e intereses, son diferentes en cada caso. 
Por definición, el descubierto tácito se produce cuando el autónomo o el negocio realiza un pago desde su cuenta sin tener salgo suficiente. Se trata de una situación corriente entre aquellos trabajadores por cuenta propia que disponen de una tarjeta de crédito para realizar las compras en su negocio, por ejemplo.  

• Los cinco consejos que da el Banco de España a los autónomos para tratar con las entidades financieras

En este caso, la entidad bancaria sí puede cobrar comisiones por descubierto, además de intereses, a los autónomos, a diferencia de lo que ocurre cuando se produce un descubierto técnico. Así, el Banco de España enumeró los derechos y obligaciones a los que tendrán que hacer frente los trabajadores por cuenta propia y los negocios que se cobre una comisión por descubierto: 

• Generalmente se aplica sobre el descubierto mayor de todo el período de liquidación. 
• Es incompatible con cualquier comisión de apertura o similar. 
• No es aplicable en los descubiertos técnicos. 
• No puede adeudarse más de una vez, “aunque se generen varios descubiertos dentro de un mismo período de liquidación.” 
• El precio de la comisión debe ser, como máximo, dos veces y medio el interés legal del dinero, situado este 2023 en el 3,25%. Es decir, la comisión por descubierto máxima se sitúa este año en el 8,12%. 
•  En el caso del cargo de comisiones en cuentas inactivas o la ejecución de un embargo, entre otras, las entidades bancarias no pueden declarar un descubierto. 

Por último, desde el Banco de España concluyeron recomendando a los autónomos -y al resto de usuarios- que, para evitar que la cuenta se quede al descubierto, “se solicite al banco por escrito que no se conceda en ningún caso.” 

ESTADÍSTICAS CONCURSALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 (Registradores)
Hoy se han publicado por Registradores las estadísticas concursales de personas físicas y jurídicas del primer trimestre 2023 (de enero a marzo).

Seleccionamos los siguientes datos y tablas de interés:

En primer lugar, hay que tener en cuenta como venimos indicando desde el REFOR y se incluye en la nota de Registradores, que las estadísticas en estos meses de 2023 son especiales pues hay que tener en cuenta la huelga de los LAJs durante gran parte de este primer trimestre del año:

"Nota 1: La pasada huelga de los letrados de la administración de Justicia podría haber afectado a la representatividad de los datos del primer trimestre de este año, circunstancia que debería corregirse en los próximos trimestres."

En el primer trimestre de 2023 el número de deudores concursados (totales personas físicas y jurídicas) alcanza la cifra de 4.895, lo que supone un incremento del 67,6% respecto al mismo período del año anterior, y una disminución del 11,7% respecto al trimestre anterior.
Por clase de procedimiento, los concursos sin masa (que sustituyen a los anteriores exprés), han aumentado un 234%, mientras que los procedimientos ordinarios (anteriores abreviados y ordinarios) disminuyen un 23,6%.
Por primera vez, desde su entrada en vigor el 1 de enero, se han contabilizado 11 aperturas de procedimientos especiales para microempresas.
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Personas Físicas*: Entraron en concurso de acreedores 3.983, que supone un incremento del 121,9% con respecto al mismo periodo (1 T) del año pasado y una disminución del 9,6% con relación al trimestre anterior.

(*desde que entró en vigor la Ley Concursal en septiembre 2022, en las personas físicas se incluyen tanto las personas naturales como las personas físicas empresarios-autónomos).

Personas Jurídicas (Sociedades): y dentro de esta categoría se distinguen:
SL: 819 disminuyen un 21,5% con relación al año pasado (bajan un 21,4% con respecto a trimestre anterior)
S.A: 62 incremento del 1,6% con respecto a 2022 (se reducen un 21,5% sobre trimestre anterior)
Otras: 31 subida del 47,6% sobre el año pasado (incremento del 93,8% con relación al trimestre previo)
Total concursos sociedades: 912 (que suponen el 18,6% de los concursos de acreedores)
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En cuanto a la evolución en la variación del número de deudores concursados entre el primer trimestre del año y el cuarto trimestre del año precedente a lo largo de los últimos cinco años. En 2023 esta tasa ha sido del -11,7%
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Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 4.895 deudores concursados en el cuarto trimestre, 912 son empresas personas jurídicas, y 3.983 son personas físicas, lo que supone el 18,6% y 81,4% respectivamente, del total de deudores.

El número de empresas personas jurídicas concursadas disminuye un 18,9% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 89,8% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El 36,6% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros), y tan sólo el 8,2% supera los 2 millones de euros anuales.

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Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2023 son Cataluña (1.313), Comunidad Valenciana (773), Andalucía (706) y Madrid (665), concentrando en ellas a siete de cada diez deudores concursados.
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Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha presentan los únicos decrementos anuales en el primer trimestre (29,2%, 29%, y 11,1% respectivamente); e Illes Balears, Extremadura y Andalucía los mayores incrementos (286%, 236% y 174% respectivamente).
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Acceso a Nota de prensa Registradores
Acceso a todos los datos

Esperando que estos datos estadísticos os resulten de utilidad, recibid un cordial saludo.
 

REFOR
12 de mayo de 2023
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1–100 de 104

1) Roj: SJM BA 538/2023, de 23 de marzo.*


Juzgado Mercantil 2 de Badajoz. Magistrado, María Victoria Dávila Arévalo.


Calificación: Salida fraudulenta de bienes o derechos.


Déficit Concursal: nexo causal.


El elemento objetivo (del art. 443.2º TRLC, la nota es nuestra) consiste en la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor y el temporal que haya sido desarrollado dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso. Y el elemento subjetivo es el de que el acto sea fraudulento, que no clandestino (STS de 27 de marzo de 2014, que justificaría el supuesto de alzamiento de bienes). El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la acción rescisoria por fraude.


No cabe presumir en todo caso que las irregularidades en la contabilidad relevantes para comprender la situación patrimonial del deudor generaron la insolvencia. Es necesario un plus argumentativo por parte del AC y del Ministerio Fiscal a fin de establecer el nexo causal entre la conducta culpable y la generación o el agravamiento de la insolvencia. En el presente supuesto, ni en la demanda del AC ni en la del Ministerio Fiscal se contiene explicación alguna sobre esta relación de causalidad.




2) Roj: SJM MU 519/2023, de 7 de marzo.*


Juzgado Mercantil 2 de Murcia. Magistrado, Francisco Cano Marco.


EPI: reconocimiento de crédito especialmente privilegiado.


Supuesto de hecho: PALLEROLS CONSUMER FINANCE SA afirma que se opone a la exoneración del pasivo en tanto no se le reconozca su crédito en la cuantía de 17.648,79 euros derivado de contrato de financiación de bienes muebles con reserva de dominio como especialmente privilegiado. Los concursados se oponen a dicho reconocimiento alegando que la reserva de dominio que alegan ha sido inscrita en el Registro de Bienes Muebles después de la declaración de concurso.


El reconocimiento o no de privilegio especial sobre dicho crédito no es razón suficiente para oponerse a la concesión de la exoneración, pues no encuentra encaje en las prohibiciones contenidas en los arts. 487 y 488 TRLC por cuanto se trata de una discrepancia técnica que nada tiene que ver con la buena o mala fe del deudor. Los concursados cumplen con los requisitos previstos en los arts. 487 y 488 TRLC, por lo que no se puede denegar la exoneración solicitada.




3) Deudas derivadas de créditos públicos (recensión de artículo publicado en vLex).***


Autor: José M.ª Fernández Seijo.


EPI: Crédito público.


A criterio del autor, en la reforma concursal se optó por considerar que el crédito público en su práctica totalidad no debe ser exonerado en ningún caso.


A partir de ahí considera que, si el deudor opta por la exoneración definitiva previa liquidación de su patrimonio, el efecto de la no exoneración es sencillo. Los acreedores con créditos no exonerables podrán iniciar o reanudar sus reclamaciones sin obstáculo alguno.


Si el deudor opta por la exoneración provisional, sin liquidación de su patrimonio, el artículo 499.2 TRLC incluye una regla que modifica la competencia para la declaración o ejecución del crédito no exonerables ya que atribuye al juez del concurso la competencia objetiva sobre estas reclamaciones. En los supuestos referidos en los apartados 5º y 6º esa regla de atribución de la competencia objetiva lleva a la paradoja de atribuir al juez del concurso competencias propias del juez penal o de la autoridad administrativa correspondientes



Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.
10 de mayo de 2023

SJE REFOR-CGE 16/23



1) AJM A 133/2023, de 25 de abril (cuestión prejudicial).**


Juzgado Mercantil 1. Magistrado, Gustavo Andrés Martín Martín.


EPI: Crédito público.
TJUE: Cuestión Prejudicial.


Al existir "ultra vires" y no haberse respetado los límites de la norma habilitante, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 47/1984, de 4 de abril - ECLI:ES:TC:1984:47-), muchos tribunales decidieron no aplicar la nueva regulación y continuaron aplicando la norma anterior en el sentido interpretado por la STS, Sala 1ª, de 02 de julio de 2019 (ROJ: STS 2253/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2253)


1. Dudas relativas a la interpretación del artículo 23.2 de la Directiva (UE) 2019/1023.


1.1. ¿El apartado 2 del artículo 23 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impide el acceso a la exoneración en el sentido establecido en el artículo 487.1.2º TRLC en la medida en que dicho límite no estaba previsto en la normativa previa a la transposición de la Directiva que reconocía el derecho a la exoneración y que ha sido introducido ex novo por el legislador? En concreto, ¿puede el legislador nacional, con ocasión de la trasposición de la Directiva, establecer mayores restricciones al acceso a la exoneración que las previstas bajo la legislación anterior, especialmente cuando dicho límite no se corresponde con ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Directiva?


Opinión del Juzgado Mercantil: El derecho a la exoneración plena de deudas es un derecho de origen comunitario que integra el patrimonio de los ciudadanos. La protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea no puede menoscabar los principios de equivalencia o de efectividad. En particular, la regulación nacional no puede comprometer el contenido esencial del derecho a la plena exoneración de deudas. Por ello, el artículo 23.4 debería ser interpretado igualmente a la luz de los artículos 15 y 16 de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De esta forma, un sistema que restrinja indebidamente el acceso a la exoneración, pone en riesgo la libertad de empresa (artículo 16 CDFUE) y el derecho al trabajo (artículo 15 CDFUE) en la medida en que al no poder ni siquiera acceder a la plena condonación de deudas, los empresarios sobre endeudados no tendrán posibilidad de retomar sus actividades comerciales. En definitiva, el derecho a la exoneración plena de deudas es esencial para garantizar mercados dinámicos y competitivos lo que afecta, principalmente, al mercado único.


1.2. En el caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido negativo a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 23.2 de la Directiva 2019/1023 en el sentido en que se opone a una normativa nacional que impide el acceso a la exoneración cuando en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad (487.1.2º TRLC), en la medida en que dicha causa suponga alterar la sistema de clasificación de créditos concursales?


Opinión del Juzgado Mercantil: Para acceder a la vía de exoneración inmediata y definitiva bajo la regulación anterior, el sr. Cornelio tendría que haber abonado únicamente 36.108,97€ correspondientes a la parte de crédito privilegiado. (…) La excepción, además, genera externalidades negativas en términos de mercado. El deudor preferirá abonar las deudas por derivación tributaria antes que pagar a otros acreedores privilegiados y ordinarios.


1.3. En el caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido negativo a la cuestión anterior, ¿El apartado 2 del artículo 23 de la Directiva debe interpretarse en el sentido en que se opone a una normativa nacional que impide el acceso a la exoneración en el sentido establecido en el artículo 487.1.2º TRLC cuando [...] se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad en la medida en que tal circunstancia no es apta para delimitar la mala fe del deudor? A tales efectos, ¿tiene alguna relevancia el hecho de que el concurso no haya sido declarado culpable?


Opinión del Juzgado Mercantil: La norma contenida en el artículo 487.1.2º TRLC no pretende delimitar el concepto de buena fe empresarial sino, en su caso, forzar a los administradores de aquellas sociedades mercantiles que no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias, a abonar tales responsabilidades.


1.4. En el caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido negativo a las cuestiones anteriores, ¿el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva, debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impide el acceso a la exoneración en el sentido establecido en el artículo 487.1.2º TRLC por infracciones o acuerdos de derivación de responsabilidad que se han dictado o acordado en los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración sin atender a la fecha del hecho generador de la responsabilidad y del posible retraso en la adopción del acuerdo de derivación de responsabilidad?


Opinión del Juzgado Mercantil: Ello supone que el tiempo durante el cual el deudor no puede acceder a un procedimiento de plena exoneración de deudas, depende de múltiples factores que nada tienen que ver con su actuación en el mercado. De hecho, genera un incentivo negativo para la adopción en tiempo de tales acuerdos de derivación. Cuanto más tarde, mayor será el incentivo para abonar la deuda dado que mayor será el lapso de tiempo dentro del cual el deudor no podrá solicitar el acceso a la exoneración.


1.5. En el caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido negativo a la cuestión anterior, ¿el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido en que se opone a una normativa nacional que impide el acceso a la exoneración en el sentido establecido en el artículo 487.1.2º TRLC en la medida en que dicho límite no ha sido justificado debidamente por el legislador nacional?


Opinión del Juzgado Mercantil: La exposición de motivos de la Ley se limita a explicar el concepto de buena fe, pero sin atender a la debida justificación de las causas que excluyen el acceso a la exoneración en el sentido exigido por el artículo 23.2 de la Directiva.




2. Dudas de interpretación en relación con el apartado 4 del artículo 23 de la Directiva (UE) 2019/2023:


2.1. ¿El apartado 4 del artículo 23 de la directiva debe interpretarse en el sentido de se opone a una normativa como la prevista en el artículo 487.1.2 TRLC que recoge causas que impiden el acceso a la exoneración que no se encuentran recogidas en la lista recogida en el citado apartado 4 del artículo 23? En concreto, ¿debe interpretarse que la lista de causas que se contienen en el apartado 4 del artículo 23 es una lista de numerus clausus o, por el contrario, es una lista de numerus apertus?


2.2. En la medida en que la lista sea de numerus apertus y el legislador nacional pueda establecer otras excepciones más allá de las previstas en la Directiva, ¿el apartado 4 del artículo 23 de la Directiva se opone a una normativa nacional que establece una regla general de no exoneración de créditos de Derecho público salvo en circunstancias y cuantías muy limitadas al margen de la naturaleza y circunstancias de deudas concretas de Derecho público? En particular, ¿resulta relevante en este caso el hecho de que la normativa anterior, según había sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, permitiera cierta exoneración del crédito público y que la norma de trasposición haya servido para restringir el alcance de la exoneración?


Opinión del Juzgado Mercantil: La nueva normativa de transposición de la Directiva ha servido para restringir el derecho a la plena exoneración de deudas frente a la normativa anterior. En este caso para restringir el alcance de la exoneración al establecer una protección absoluta que no existía bajo el régimen anterior o que, en el mejor de los casos, no existió hasta el 1 de septiembre de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1/2020.


2.3. En el caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido negativo a la cuestión anterior, ¿el apartado 4 del artículo 23 de la Directiva debe considerarse que se opone a una normativa nacional como la prevista en el artículo 489.1.5º TRLC que establece una regla general de exclusión de la exoneración de créditos públicos (con ciertas salvedades objeto de la siguiente cuestión prejudicial) en la medida en que otorga un tratamiento privilegiado a los acreedores públicos frente al resto de acreedores?


Opinión del Juzgado Mercantil: La norma prevista en el artículo 489.1.5º TRLC no es coherente con el sistema general de insolvencia. Genera diferencias de trato que carecen de justificación dado que privilegia sin razón alguna créditos ordinarios y subordinados frente a otros de igual rango o superior. Ello compromete la competitividad del tejido económico. Dado que la exoneración de las deudas de derecho público, al ser uno de los principales pasivos de las pequeñas y medianas empresas, provocará diferencias competitivas inaceptables entre los Estados Miembros.


2.4. En particular, y en relación con la pregunta anterior, ¿resulta relevante el hecho de que la normativa prevea cierta exoneración de los créditos públicos, pero tan solo para determinadas deudas y dentro de límites concretos que no guardan relevancia con la cuantía real de la deuda?


Opinión del Juzgado Mercantil: En circunstancias como las del presente caso, la exoneración carece de efecto real alguno y el deudor será probablemente abocado a la economía sumergida. Recordemos que el empresario presenta una deuda con la Agencia Tributaria de 127.170,56€.


2.5. Finalmente, ¿el artículo 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1024 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma como la prevista en el artículo 489.1.5º TRLC , en la medida en que la exoneración se justifica por la especial relevancia de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho y la misma se refiere con carácter general al crédito público sin atender a la naturaleza concreta del crédito? En particular, ¿es relevante a tales efectos el hecho de que la justificación genérica se emplee tanto para deudas que aparecen recogidas en el listado del apartado 4 del artículo 23 de la Directiva como de circunstancias o deudas que no aparecen recogidas en tales listados?


Opinión del Juzgado Mercantil: Lo paradójico de la no exoneración del crédito público radica en que, si a alguien afecta la misma, es, por tanto, a los empresarios (objetivo primigenio de la Directiva) y no a los consumidores insolventes. En este sentido, la regulación podría resultar antitética por lo que la justificación llevada a cabo por el legislador español es absolutamente insuficiente.





Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.

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SJE REFOR-CGE 15/23



1) Roj: STS 1144/2023, de 21 de marzo.***

Sección 1ª. Ponente, Ignacio Sancho Gargallo.
Cláusula arbitral: Competencia del juez del concurso.
Créditos contra la masa: compensación.

Supuesto de hecho: Una sociedad A que explota un parque fotovoltaico contrató los servicios de mantenimiento con otra sociedad B. La sociedad B concursa. La sociedad A deja de atender el pago de los servicios contratados y por ese motivo la administración concursal de B promovió demanda ante la jurisdicción ordinaria. A se opuso, solicitando que se descontaran determinadas cantidades que había tenido que atender, lo que daría lugar a una eventual compensación. El contrato estaba sometido a convenio arbitral.

La decisión del juez del concurso se limita a suspender, durante el concurso, la eficacia de la cláusula arbitral, pero no altera las reglas sobre competencia objetiva establecidas por la Ley. Con carácter general, la competencia para conocer de las reclamaciones que la concursada ejercita frente a un tercero, después de la declaración de concurso y al amparo de lo regulado en el art. 54 LC, viene determinada por las reglas generales de atribución de competencia, sin que exista una vis atractiva a favor del juez del concurso. Esta regla general no deja de operar también cuando el juez del concurso suspende los efectos de una cláusula arbitral, sin que esta decisión conlleve una atracción de la competencia a favor del juez del concurso, pues eso supondría una modificación de las reglas contenidas en el art. 86 ter.1. LOPJ y el art. 8 LOPJ. El art. 52.1 LC, cuando prescribe la facultad del juez del concurso de suspender la eficacia del convenio arbitral, no contiene ninguna previsión que atribuya a su vez la competencia al juez del concurso para conocer en todo caso de las cuestiones afectadas por el convenio arbitral. Razón por la cual, rigen las reglas generales de atribución de competencia objetiva, en el caso de las acciones del concursado frente a un tercero al amparo del art. 54 LC.

La prohibición de compensación del art. 58 LC opera únicamente respecto de créditos concursales, anteriores a la declaración de concurso, y en nuestro caso el crédito reclamado por la concursada es posterior al concurso y las cantidades que se solicita por “sociedad A” sean descontadas afloraron también después del concurso; y la segunda, porque no estamos propiamente ante una compensación de créditos a la que se refiere el art. 58 LC, sino ante la liquidación de créditos y deudas derivadas de una misma relación contractual, que no se ve afectada por la prohibición de compensación.

Aunque en la sentencia 129/2019, de 5 de marzo, reiterando esta doctrina jurisprudencial, apostillamos que "en realidad más que una compensación es un mecanismo de liquidación de un contrato ya resuelto" (sentencia 188/2014, de 15 de abril), con ello no se pretendía acotar esta doctrina a los casos de liquidación de una relación contractual ya resuelta. Cuestión distinta es que en alguna de las sentencias referenciadas fuera ese el caso. Por el contrario, esta doctrina es de aplicación aunque la relación contractual no se haya resuelto, máxime cuando se trata de un contrato de tracto sucesivo, y los créditos y obligaciones surgidas para una y otra parte contractual que se pretende "compensar" se correspondan al mismo periodo de tiempo.



2) Roj: SAP GI 333/2023, de 17 de febrero.**

Sección 1ª. Ponente, Soraya María Callejo Carrión.
Créditos públicos: armonización por el Texto Refundido.

Esta Sala, en sentencias de 11 de noviembre del 2021, 5 de julio del 2021, 8 de junio del 2021 y 3 de marzo del 2021 mantuvimos el exceso en la elaboración del RDL al razonar que se ha de estar a la doctrina jurisprudencial expuesta en la medida en que el precepto citado vulnera lo establecido en el artículo 82.6 de la Constitución Española, al ser contrario a la norma que es objeto de refundición, lo que supone su inaplicación sin necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad (por todas la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 2016). Teoría seguida por diversas Audiencias Provinciales, como la de Zaragoza en auto de 25 de mayo del 2022 , sentencias de 12 y de 20 de mayo del 2022, Barcelona de 9 y 11 de abril del 2022. Cierto es que esta teoría no es seguida por otras Audiencias que mantienen que dentro de las facultades del gobierno se encontraban la de armonizar las dudas interpretativas que resolvió el Tribunal Supremo, como la AP de Cantabria, en sentencia de 20 de mayo del 2022, AP de Valencia 15 de febrero y 1 de marzo del 2022, AP de Oviedo de 20 de abril del 2022. Sin embargo, debemos seguir manteniendo el mismo criterio y entender que se ha producido dicho exceso, teniendo en cuenta, en primer lugar, cuál fue la finalidad de la reforma llevada a cabo por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, al cual se refiere la sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

Debe mantenerse que el Gobierno al dictar el Decreto legislativo se excedió en las facultades de delegación al incumplir con la finalidad principal de la concesión del beneficio de la exoneración de las deudas insatisfechas y, en consecuencia, no podía hacerlo en su facultad de armonizar, aclarar o regularizar la normativa objeto de Texto Refundido, pues incumplió con dicha finalidad y no justificó la razón por la que todos los créditos públicos deben quedar excluidos del beneficio de exoneración.





Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.

AJM 5 M 85/2023, de 10 de abril.**


Juzgado de lo Mercantil nº 5. Magistrado, Moisés Guillamón Ruiz.


Plan de reestructuración: Tratamiento de un segundo plan de reestructuración presentado, posteriormente al primero del deudor, por los acreedores.


Debe de estarse al régimen de presentación de la solicitud, como así se produce también en la solicitud de concurso, o de procedimientos de microempresas, para el caso de haberse presentado varias solicitudes, como en la solicitud de concurso necesario, del art 15 y 29 TRLC; analizando la primera solicitud, presentada por el deudor, a continuación conforme el Libro 2 TRLC, en cuanto a los requisitos para la homologación del Plan de Reestructuración presentado por el deudor, sin fase de contradicción previa.




SAP PO 179/2023, de 10 de abril.***


Sección 1ª. Ponente, Francisco Javier Menéndez Estébanez.


Planes de reestructuración: paridad de los derechos de los acreedores.
Planes de reestructuración: formación de las clases de acreedores.


Se puede imponer el interés de una sola clase frente a una mayoría de clases o de categorías, que no hayan apoyado el plan de reestructuración.


La disparidad entre el pasivo afectado que vota a favor o en contra de un plan no consensual, y la aprobación del mismo en función de la mayoría de clases, puede resultar llamativo, pero no impide ni obstaculiza su aprobación, ni tampoco, su ulterior homologación.


Si el rango concursal de un crédito, en relación al orden de pago en el concurso de acreedores (art. 623.2 TRLC), y que es reflejo de ese interés común para integrarse en la misma clase, hace referencia a la posición jurídica del crédito en relación a las expectativas de cobro en una situación de insolvencia del deudor, los supuestos ejemplificativos y no tasados, que justifican la excepción a la regla general, hacen referencia a elementos que poco o nada tienen que ver con el rango concursal y, por lo tanto, convierten el concepto de interés común en un concepto de múltiples significados, sin un claro criterio jurídico prefijado para su aplicación a concretos supuestos, convirtiéndose en un concepto ampliamente elástico y flexible, bajo el que cobijar múltiples situaciones, con la única exigencia de que la clasificación, separando créditos del mismo rango, atienda a razones suficientes que lo justifique, que pueden ser de lo más variado, siempre que atienda a criterios objetivos.


Criterios como la naturaleza del crédito, crédito con garantía real o crédito público, o financiero/no financiero, sin mayor elemento común que una supuesta relevancia jurídica o económica, tanto en el marco de un proceso concursal, como con anterioridad al mismo, o la alusión a posibles conflictos de interés, o la forma en que los créditos pueden quedar afectados por el plan, reflejan criterios dispares carentes de un claro fundamento común. Es por ello por lo que no puede afrontarse la formación de clases sino desde una visión amplia y flexible, ajustada a las circunstancias de cada supuesto.


En la disciplina del plan de reestructuración no rige el principio concursal de universalidad de la masa pasiva.


El diferente tratamiento que conlleve un tratamiento menos favorable para el acreedor disidente se convierte en injusto cuando resulta desproporcionado. Desproporción que no puede medirse en relación con la conveniencia o necesidad de aprobar el plan para mantener la viabilidad de la empresa, sino que debe realizarse desde la protección de la posición económica del acreedor disidente en relación a los otros acreedores del mismo rango, aunque estén en clases diferentes, por un principio de justicia en el reparto económico de las pérdidas o recortes, de forma que el valor de la reestructuración sea repartido también de forma mínimamente igualitaria.


Una posición maximalista que permitiera cualquier tratamiento, por desproporcionado que fuere, con fundamento en que es inevitable mejorar la afectación de unos determinados por el plan dada la posición estratégica de sus titulares, para favorecer su aprobación con el beneplácito de estos acreedores necesarios para la continuidad de la empresa, no es aceptable. Convertiría a otros acreedores, con similar posición en función de su rango, en los auténticos financiadores de la reestructuración, a pesar de su oposición al plan, cuando en realidad son los más perjudicados en el tratamiento de sus créditos. Se afecta de esta forma, de una manera desproporcionada, y por ello injusta, su posición económica. Por otro lado, vaciaría de contenido el límite que exige un trato igualitario entre acreedores del mismo rango del art. 655.2.3º TRLC.


La situación de casi insolvencia actual no convierte cualquier solución alentadora de la continuación de la actividad, especialmente a través de un plan de reestructuración, en fundamento absoluto y prioritario que pueda justificar cualquier merma de los variados derechos e intereses que confluyen en estos marcos de crisis empresarial. El respeto de la posición económica y los legítimos derechos de todos los acreedores, especialmente de los disidentes, en los planes no consensuales, conforman un sistema de controles y límites para evitar un tratamiento injusto y desproporcionado de unos acreedores en beneficio de otros. La carga económica de la reestructuración debe ser repartida de forma paritaria o equitativa entre los acreedores, sin que la apuesta a favor del plan, o la oposición al mismo, puedan tener relevancia al tomar en consideración estos límites de equidad.


Resumen de jurisprudencia elaborado por José María Marqués Vilallonga.

Providencia de APREMIO CONCURSAL y RESOLUCION TEAC
En Enero 2023 el TEAC estableció como nueva doctrina "....la imposibilidad de dictar una providencia de apremio respecto de deudas concursales aun cuando las condiciones para su emisión se hubiesen producido con anterioridad a la declaración de concurso."
Adjunto la reciente resolución del TEAC estimatoria de nuestro REA del año 2020 contra la desestimación de la AEAT de nuestro RReposición contra la notificación de una Providencia de Apremio de 6 Millones de Euros cuyo periodo voluntario de pago había terminado en fecha anterior al auto de declaración de concurso. Nuestra solicitud de anulación de la providencia de apremio se basaba en:
1º) que habiendo sido declarada en concurso en enero de 2020, el Juzgado ha dictado auto en octubre de 2020 abriendo la fase de liquidación; 2º) que por ello, no cabe proceder a la ejecución de la deuda según resulta de lo establecido en el art. 142 del TRLc, sin que sea acorde con dicha prohibición que se pueda incrementar la deuda tributaria con el recargo de apremio; y 3º) que no se entiende qué se quiere decir cuando se indica en la resolución que impugnamos, que no se está haciendo una exigencia de la providencia de apremio sino una simple comunicación de la misma.
Básicamente decíamos que el dictado de una Providencia obliga a la AEAT a la ejecución y embargo de bienes del obligado lo cual no es factible en un procedimiento concursal y ésta ha sido, a la postre, la razón principal del cambio de posición del TEAC.
Aún sabiendo en aquella época (porque teníamos otras resoluciones del TEAC) que nos iban a denegar esta solicitud, fuimos adelante con el REA porque la deuda tributaria era muy importante y el recargo que íbamos a sufrir tambien lo iba a ser.
A veces (pocas con la AEAT) ser persistente tiene sus frutos y al final y gracias al cambio de posición del TEAC (y el tiempo que lleva obtener resoluciones) nos han dado la razón y el TEAC anula la Prov de Apremio en contra de la posición de la AEAT.
Creo que será de las primeras resoluciones del TEAC en este sentido teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en obtenerlas y lo poco que ha pasado desde su cambio de posición.
Con esta anulación de la providencia de apremio:
1.- Se deben suprimir del pasivo concursal los recargos de apremio comunicados por la AEAT que aún siendo subordinados nunca se sabe si al final podrán ser pagados.
2.- Se reduce también el pasivo público concursal que pudiera afectar a cualquier tipo de cálculo de mayorías y
3.- Se reduce también el montante total en caso de derivaciones de responsabilidad o la afectación a responsables solidarios/subsidiarios de la deuda tributaria del obligado principal.

fuente: https://www.linkedin.com/feed/update/activity:7054019164000124928/?midToken=AQGdEkxaQJQn7g&midSig=0or3l8mACsLaI1&trk=eml-email_notification_digest_01-hero_notification_cta-0-SHARED_BY_YOUR_NETWORK&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-hero_notification_cta-0-SHARED_BY_YOUR_NETWORK-null-2dcp1v~lgo1bk7v~vi-null-null&eid=2dcp1v-lgo1bk7v-vi

​Carlos Perelló

El ICO facilita las reestructuraciones de deuda con más carencias y quitas sin perder el aval

• La banca podrá aplazar un año extra el repago del crédito siempre que se devuelva en ocho años
• Los créditos respaldados por el organismo serán susceptibles de sufrir quitas, aunque vote en contra

1. Eva Contreras

6:00 - 12/04/2023

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) despeja el camino a procesos de reestructuraciones de deudas, encallados, en muchos casos, por las dudas que suscitaba el tratamiento de los créditos que avala con la reforma concursal. En una nota explicativa remitida a los bancos, les habilita para otorgar un año extra de carencias en el repago de la deuda y clarifica que su deuda es susceptible de sufrir quitas sin que se pierdan los avales expedidos (cubren entre un 70 y 80% el riesgo en las financiaciones que garantiza).


Deja además la puerta abierta a extensiones de plazo más allá de los ocho años fijados por ley para la financiación que garantiza, siempre que exista el permiso previo de la Agencia Tributaria.
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"¿Qué es lo que ha ocurrido desde diciembre? Que se ha levantado el tapón: había un gran atasco de expedientes porque nadie sabía muy bien a qué sujetar las refinanciaciones con préstamos ICO-Covid 19 y es que los préstamos ICO-Covid 19 los tiene cualquier deudor", explica el socio bancario y financiero de Squire Patton Boggs, Manuel Mingot, quien detalla que "las refinanciaciones estaban totalmente atascadas pese a la voluntad del legislador de impulsarlas con la aprobación de la ley que entró en vigor en septiembre, la Ley Concursal, y con la reforma preconcursal".
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La inflación cae a mínimos de casi dos años en EEUU y acerca el fin de las subidas de tipos de la FedEl bloqueo se produce, precisamente, al incorporar en dicha normativa la disposición adicional octava para regular cómo actuar con la deuda avalada por el organismo y que algunas fuentes del sector consideran como "un torpedo a la línea de flotación" porque no dejaba claro si el banco debía recabar o no la autorización previa al Ministerio de Hacienda antes de tomar todo tipo de decisiones.
En la práctica, esa duda impuso la inacción en las entidades financieras ante el riesgo de perder avales que cubren hasta el 70% de los créditos respaldados por el organismo público. El Gobierno trató de enmendar el embrollo con una modificación sorpresa a la Ley Concursal escasos tres o cuatro meses después, pero ha sido la nota del ICO la que despeja las dudas poniendo negro sobre blanco qué permite o no en cada supuesto y escenario.
Para el socio bancario y financiero de Squire Patton Boggs una de las principales aportaciones de la nota es que capacita a la entidad financiera a "conceder una carencia de capital adicional de 12 meses a los 24 que marcaba la ley" sin necesidad de recabar autorización a Hacienda. "Es muy importante porque hay muchos casos donde lo que interesaba no era tanto ya la redistribución de las cuotas, que también, sino que dejase de pagar, una estabilización financiera total mediante carencia. Y el ICO ha dejado claro que, si no se supera el plazo de ocho años, se puede hacer", detalla.
Capacita así a la banca para ampliar a tres años las carencias de forma bilateral. Es decir, esta alternativa se suma al cajón de herramientas de que disponen las entidades para reestructurar deuda de empresas sin necesidad de obtener permiso previo y entre las que figura la posibilidad de recalendarizar las amortizaciones (fechas de cobro e importe de las cuotas) siempre que no exceda esos ocho años de devolución máxima de la deuda fijado por ley en los créditos avalados.
Quitas con autorizaciónLa nota técnica del ICO abre, en cualquier caso, la opción de extender dichos plazos más allá, aunque en su caso bajo la condición de contar con el visto bueno de la Agencia Tributaria como ocurrirá también con las quitas. La normativa establecía desde su origen la posibilidad de aplicar rebajas en la financiación avalada por el ICO, junto al resto de deudas, entre las fórmulas para ayudar a las empresas en dificultades a encarar el abono del resto y evitar el impago en su totalidad.
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Sin embargo, las dudas sobre la validez de sus garantías estaban afectando a la actuación de la banca. "Hasta ahora, las reestructuraciones realizadas bajo el nuevo marco concursal se habían estructurado siguiendo un criterio de prudencia, dejando el crédito avalado aparte o reestructurando plazos (con las limitaciones temporales del marco legal previamente autorizado por los Reales Decretos Ley que lo regulaban), pero sin quitas", relata a su vez Manuel Follía, socio de Reestructuraciones, insolvencias y situaciones especiales de Cuatrecasas.
El organismo ha clarificado que el banco contará con dos votos: uno por el crédito no avalado y otro que ejercerá con las indicaciones que reciba de la Agencia Tributaria por la parte que garantiza el ICO, pudiendo no estar alineados e, incluso, con la posibilidad de obligarle a aceptar el resultado que mayoritariamente se apruebe por los acreedores en el plan de reestructuración. "Así, la banca podrá apoyar quitas en créditos ICOs avalados sin que se vea perjudicada la garantía, incluso en caso de arrastre de los créditos ICO; en este nuevo contexto, un banco podría votar a favor de un plan de restructuración con una quita por su 30% y que haya un efecto arrastre al ICO sin que esto implique que el aval del Estado se vea dañado", explica el socio de Cuatrecasas.
"El plan de reestructuración afectará, como es su regla general, a todos aquellos acreedores afectados por el perímetro de plan de reestructuración, incluidos los que hubieran votado en contra o los que se hubieran abstenido. De esta manera, el crédito ICO puede verse arrastrado por la votación aunque haya votado en contra y puede verse afectado porque es el efecto típico de arrastre de los planes de reestructuraciones, pero el aval no se verá perjudicado por la aprobación del plan", detalla el socio de Procesal y Arbitraje en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Juan Ignacio Fernández-Aguado.


"Esto introduce una facilidad a la hora de negociar los planes de reestructuración porque la duda que había era: si no tengo la autorización de la Agencia Tributaria y voto en contra, bien o no se aprueba el plan o aprobándose el plan no se sabía si se iba a haber afectado o arrastrado la parte del crédito ICO", repara el experto, quien señala que la nota interpretativa ha sido "muy bien recibida" por las entidades porque "ha venido a arrojar un poco de luz respecto de la normativa legal" que adolecía de un "déficit evidente de redacción".
A efectos prácticos y con un ejemplo, si se acordase una quita del 50% y existiese un aval por el 80%. La deuda quedaría reducida a la mitad, perdiendo el banco un 10% y el ICO cubriría el 40% restante por esa parte afectada por la reducción o quita, procediendo al pago con el calendario original de la financiación. En el 50% restante de la deuda que seguiría "viva", se mantiene también el aval del organismo en beneficio de la entidad financiera correspondiente durante el periodo que dure el convenio acordado por la mayoría de acreedores en el plan de reestructuración.
Hay otras condiciones que no pueden imponerse al ICO en planes de reestructuración ni en concursos como son el cambio de deudor o de legislación, renunciar a garantías o convertir la deuda en préstamos participativos o acciones.
Si el convenio acordado por los acreedores estipulase alguna de esas medidas la deuda avalada del organismo sería considerada como una clase diferente para salvaguardarla de su aplicación. Con todo, ante la duda se impone la precaución. "Ante una respuesta muy poco definitiva, los bancos apuestan mucho por la vía conservadora. Están muy cautelosos de no perder el aval", agregan otras fuentes.

 Los concursos de autónomos y familias se disparan más de un 30% por la segunda oportunidadEstos procedimientos aumentaron en el último trimestre de 2022 por la nueva Ley Concursal

NURIA MORCILLO
Madrid - 11 ABR 2023 - 05:35 CEST




Una persona trabajando con un ordenador portátil.PIXABAYLa reforma de la Ley Concursal, en vigor desde el pasado mes de septiembre, ya ha registrado su primer gran impacto. El número de concursos de acreedores de personas físicas (empresarios autónomos y familias) repuntó más de un 30% en 2022, en gran parte por las modificaciones introducidas en relación al mecanismo de la segunda oportunidad, que permite cancelar las deudas.
Según datos provisionales del Registro Público Concursal, dependiente del Colegio de Registradores, y que ha sido consultado por CincoDías, 9.669 personas físicas solicitaron el año pasado el concurso de acreedores, siendo esta cifra un 32,56% mayor que en 2021, cuando lo pidieron 7.294 personas.

 

En concreto, de acuerdo a los datos publicados por los registradores a lo largo de 2022, en el último trimestre de dicho año (de octubre a diciembre) 4.407 personas en situación de insolvencia iniciaron el proceso concursal, lo que supuso un notable ascenso con respecto a los meses previos, en los que aún funcionaba la ley anterior. En los primeros tres meses de 2022 se registraron 1.795 concursos de personas físicas, una cifra que se mantuvo estable en el segundo trimestre (de abril a junio), con 1.791 concursos, mientras que en el tercer trimestre (entre julio y septiembre) hubo una ligera caída hasta los 1.676 casos.
Estos concursos destacan si se comparan con los solicitados por personas jurídicas (empresas), que experimentaron un leve ascenso de un 0,25%. Se contabilizaron 4.755 concursos en todo 2022, solo 12 más que en 2021.
Tramitación más ágilSegún fuentes del Colegio de Registradores, el significativo incremento que se ha producido entre los concursos de autónomos o de familias se debe a que, desde que entró en vigor la nueva ley de segunda oportunidad, ya no es obligatorio alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. La eliminación de este requisito “facilita y agiliza mucho la tramitación del concurso”, indicaron, al tiempo que resaltaron que gran parte de los procesos judiciales por insolvencia han sido iniciados a instancia del propio deudor.
Así lo refleja también el Registro Público Concursal en sus datos provisionales, pues los concursos voluntarios aumentaron un 44,9% en 2022, desde 6.115 casos de 2021 hasta 8.861 concursos del año siguiente. Estas cifras engloban tanto los concursos de personas físicas como jurídicas, si bien reflejan la flexibilidad para lograr el perdón de las deudas.
Con la aprobación de la ley, muchos abogados expertos en esta materia aventuraron una avalancha de solicitudes de concursos de acreedores. Por un lado, por la simplificación de los trámites y, por otro, por la creación de un procedimiento especial para micropymes (que constituyen el 93,82% del tejido empresarial español) a través de una plataforma electrónica.


Otras estadísticas, como la publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desprenden la incoación de más procedimientos que los recogidos por los registradores, si bien en ambos casos se constata que en el último tercio de 2022 se duplicaron los concursos.
Exoneración del crédito públicoNo obstante, fuentes jurídicas consultadas por este diario incidieron en el periodo comprendido entre julio y agosto, justo antes de la entrada en vigor de la actual Ley Concursal, ya que hubo un aumento importante de solicitudes de empresarios con deudas. Según explicaron, ello se debe a que muchos de los deudores con actividad empresarial se “apresuraron a presentar el concurso” para acogerse al régimen anterior, que no excluía la exoneración del crédito público, a diferencia del nuevo.
Este cambio ha abierto, desde antes de la aprobación de la ley, un debate sobre el posible incumplimiento del derecho europeo. Finalmente será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que resuelva la incertidumbre. “Hemos retrocedido 15 años”, afirmó Martí Batllori, coordinador del grupo de trabajo de segunda oportunidad del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
En cualquier caso, “los datos reflejan un constante incremento del uso de la segunda oportunidad”, señaló el letrado, que enfatizó que esta tendencia es “constante” desde 2015 -cuando se introdujo este mecanismo- por el mayor conocimiento que hay entre la abogacía y la ciudadanía. “La segunda oportunidad da respuesta a situaciones de insolvencia de forma adecuada y sigue claramente al alza año a año”, concluyó Batllori.
Aluvión de solicitudesMismo juzgado. Antes de la reforma de la Ley Concursal, las personas físicas empresarios y no empresarios seguían el mismo procedimiento, que se estudiaba en distintos juzgados. Los procesos sobre personas con actividad empresarial iban a los juzgados de primera instancia, mientras que los otros eran resueltos por los juzgados de lo mercantil. A partir del pasado septiembre, todos los concursos de acreedores de personas físicas se tramitan por la vía mercantil. Este cambio ha sido celebrado por el sector de la abogacía, si bien alertan del riesgo de colapso si no aportan medios para afrontar el aumento de número de asuntos. 
Distintas vías. La reforma legal introdujo dos vías para resolver los concursos de personas físicas. Los no empresarios, como pueden ser los hogares, se tramitan como un concurso normal, al igual que las empresas; si bien las microempresas, en las que entran un elevado número de autónomos, van por el proceso especial telemático, mucho más rápido. 
Huelga. La huelga de letrados de la Administración de Justicia, que duró dos meses, retrasó la tramitación de los concursos de acreedores, estando en algunas provincias totalmente paralizados.

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SOBRE LA FIRMANuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.

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​ADELANTO ESTADÍSTICAS CONCURSALES DEL 1 T 2023 REGISTRADORES.
NUEVO INFORME INTERNACIONAL DE INSOLVENCIAS PREDICCIONES
2023 Y 2024 ALLIANZ
Incluimos dos informes estadísticos de interés, recientemente publicados en este mes de abril:

A) Nacional: Estadísticas concursales de España del 1 T 2023 (Registradores)

Por un lado, recordamos como ya incluimos en el InfoREFOR de ayer, que se ha publicado dentro de las estadísticas mercantiles del 1 T 2023 de Registradores, además de las constituciones de empresas, los concursos de acreedores de empresas del primer trimestre 2023.

Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre enero y marzo fueron 1.022, una caída del 15,7% con relación al mismo trimestre de 2022.
(comentamos desde REFOR que hay que tener en cuenta la huelga de los LAJs en el primer trimestre 2023 que puede explicar este número tan bajo de procedimientos concursales que rompe la tendencia ascendente había anteriormente y que se esperaba iba a continuar y que se espera continúe en próximos trimestres).
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Por comunidades autónomas, en el primer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2022, descendieron más en Canarias (-88,5%), Cantabria (-82,4%), Baleares (-63,2%), Galicia (-47,1%), Castilla-La Mancha (-40,0%) y Murcia (-29,2%). En la parte opuesta, aumentaron en La Rioja (66,7%), Castilla y León (54,5%), Extremadura (50,0%) y Andalucía (25,0%).

En datos anualizados, en los últimos doce meses, de abril de 2022 a marzo de 2023, se declararon en concurso 5.058 sociedades, un 6% más que en el acumulado del año anterior.


Acceso: "La constitución de sociedades aumentó el 10% en el primer trimestre de 2023"
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B) Internacional: Predicciones de insolvencias internacionales por países 2023 Y 2024 (Allianz)

Incluimos resumen de este estudio, que ha actualizado Allianz [anteriormente Euler Hermes] de abril de 2023, en el que incluyen predicciones de insolvencias en los principales países, a nivel global, en 2023 y 2024.

Para el caso de España, se prevé se incrementen las insolvencias un 66% de 2019 a 2024. El crecimiento de insolvencias para España se espera sea del 18% en 2023 y del -5% en 2024 (comparado con año anterior)

Aceleración del repunte de las insolvencias empresariales. El índice global de insolvencia Allianz aumentará un +21 % en 2023 y un +4 % en 2024. Es probable que la mitad de los países que analizamos superen sus niveles de insolvencia previos a la pandemia en 2023 , y tres de cinco de ellos en 2024. En Europa, esperamos que las insolvencias alcancen los 59.000 casos en Francia en 2023 (+41%), 28.500 casos en el Reino Unido (+16%), 17.800 casos en Alemania (+22 %) y 8.900 casos en Italia (+24%). En Estados Unidos, se espera un aumento del +49% en 2023 como resultado de las condiciones crediticias más estrictas y la fuerte desaceleración, lo que significará un regreso a más de 20.000 insolvencias por año. China debería experimentar un aumento moderado de las insolvencias (+4 %) ya que el sector de la construcción aún está en problemas.
Un menor crecimiento en 2023 y 2024 tendrá su precio. Se calcula que la zona euro y los EE. UU. necesitarían 1,3 pp y 1,5 pp de crecimiento adicional del PIB en promedio en 2023-2024 para estabilizar el número de insolvencias. La confusión actual es la razón principal detrás de nuestro pronóstico. Cuidado con los efectos dominó: el número de insolvencias de empresas con más de 50 millones de euros en ingresos ahora está ligeramente por encima de los niveles previos a la pandemia (la construcción, el comercio minorista y los servicios son los más afectados).
Además de la demanda, la presión prolongada sobre la rentabilidad, las reservas de efectivo más débiles y las condiciones financieras más estrictas durante más tiempo están poniendo a prueba la resiliencia de las empresas más frágiles. Esto incluye a aquellos con menor poder de fijación de precios (por ejemplo, el comercio minorista especializado como textiles, electrodomésticos y algunos servicios, incluidos restaurantes); los más expuestos a una factura salarial más alta, como el comercio minorista, el transporte y la construcción; y los más expuestos a los crecientes costes de pago de intereses (construcción, bienes duraderos). El efectivo es predominante, pero las prácticas de gestión de crédito se han deteriorado según los últimos datos de requisitos de capital de trabajo.
El crédito se está agotando. Según nuestras estimaciones (Allianz) una crisis financiera como la de 2008 supondría 21.600 insolvencias adicionales en EE. UU. durante 2023 y 2024, y 99.900 en Europa Occidental. Incluso sin una gran crisis financiera, una contracción crediticia de la magnitud observada a principios de la década de 2000 durante el estallido de la burbuja tecnológica generaría 12.900 y 95- 300 insolvencias adicionales durante 2023 y 2024, respectivamente. Y en caso de una congelación del crédito que detuviera nuevos préstamos (reducir el crecimiento del crédito a cero , las insolvencias aumentarían en 10.700 casos adicionales en EE. UU. y 46.300 casos en Europa.

Destacamos a continuación una selección de las gráficas y cuadros del Informe, que nos parecen desde el REFOR más interesantes:
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Gráfico 1: Evolución índice de insolvencias por Continentes y Regiones 2019 a 2024
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Tabla con datos de Evolución Insolvencias de empresas de países en 2023 (últimos datos disponibles y destacamos en azul datos de España)
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Gráfica 2: Predicción evolución de insolvencias en 2023 y 2024 (índice) y evolución desde 2019.
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Cuadro: Pronóstico insolvencias países en 2024
(España al final en color azul con uno de los mayores crecimientos insolvencias 66% comparando predicción 2024 con datos 2019 pre Covid)
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Tabla: Apéndice estadístico: Insolvencias 2020-2022 y predicciones 2023 y 2024 y comparativa
evolución [véase página 17 del documento más abajo] (datos de España señalados en color azul)
Resumen
Acceso al documento
Podcast sobre el informe de insolvencias de Allianz

Esperando que esta documentación, os resulte de interés y utilidad, recibid un cordial
saludo.

REFOR

Los particulares ya acaparan más de la mitad de los concursos de acreedores en Alicante
La provincia finaliza el año con 1.025 solicitudes de quiebra, un 35% más que en el ejercicio anterior
David Navarro | @davidnavarro_al
31·03·23 | 06:00 | Actualizado a las 06:00

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El edificio que alberga los juzgados de lo Mercantil de Alicante.
El edificio que alberga los juzgados de lo Mercantil de Alicante. PILAR CORTES

Cuando se habla de concursos de acreedores, la primera imagen que se viene a la mente son las grandes quiebras empresariales, con procesos que se dilatan durante años y que suelen acabar con la disolución de la compañía. Sin embargo, lo cierto es que, desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015, cada vez son más los particulares que recurren a esta figura para liberarse de sus deudas. Una tendencia que se ha acelerado durante el último año hasta el punto de que, por primera vez, las personas naturales no empresarias fueron mayoría en las solicitudes presentadas en los juzgados alicantinos.

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Una tendencia que, además, se prevé que siga al alza, tras la última reforma de la Ley Concursal que entró en vigor el pasado otoño y que ha agilizado todavía más el procedimiento a seguir, acortando los plazos.  


Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de 2022 se presentaron 1.025 concursos de acreedores en la provincia, un 35% más que en el año anterior y la mayor cifra de toda la serie histórica. Esto supone prácticamente tres declaraciones de insolvencia diarias.


Sin embargo, si se baja al detalle, lo que se observa es que, a pesar de la incertidumbre y de las subidas de costes, las solicitudes presentadas por empresas apenas variaron, con un total de 306 concursos registrados frente a los 308 del año anterior. Sí hubo cierto repunte de los concursos de personas naturales empresarias o, en otras palabras, de autónomos, que sumaron 148 en total, frente a las 128 contabilizadas en 2021.

Y lo que realmente se incrementó de forma considerable fueron las solicitudes presentadas por particulares, que sumaron hasta 571 casos, un 75% más que el año anterior, cuando sumaron 325.

Los juzgados de Alicante.
Los juzgados de Alicante. INFORMACIÓN

Detrás de este incremento de los concursos de personas físicas, los profesionales ven un conjunto de factores, empezando por el cada vez mayor conocimiento que existe de la propia ley y de la posibilidad de quedar libre de deudas. Algo impensable hace unos años, cuando los particulares se veían obligados a cargar con la etiqueta de moroso de por vida, si no podían hacer frente a sus pagos. Es lo que se conoce como exoneración del pasivo insatisfecho, la gran novedad que introdujo la ley de segunda oportunidad.


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Pero también hay factores económicos. "Con la pandemia hubo mucha gente que se quedó tocada, muchos autónomos que no han conseguido reflotar el negocio", recuerda el presidente de la Sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Alicante, Luis Fernando Alonso Saura, que señala que la mayoría de procedimientos que está llegando a los tribunales son concursos sin masa. Es decir, en los que el solicitante ya no tiene bienes de los que disponer.

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Un diagnóstico que comparte también Antonio Galve, director jurídico de Repara tu Deuda, uno de los bufetes especializados en la materia que han surgido en los últimos años. "Hubo mucha gente que vio recortados sus ingresos, que entraron en ERTE y tardaron en cobrar o que tuvieron mucho tiempo cerrado el negocio, y recurrieron a la financiación bancaria para sobrevivir. Gente que ahora no puede hacer frente a los pagos", explica Galve sobre uno de los perfiles más habituales con los que se están encontrando. En otros casos, la situación venía de antes, pero es ahora cuando han conocido la posibilidad de poner fin a la persecución de las empresas de recobro.

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Otro de los factores que apunta este profesional es el fin el pasado mes de julio de la moratoria que aprobó el Gobierno y que eximía de la obligación de declararse en concurso, lo que ha provocado que ahora se acumulen más casos. Pero, sobre todo, Galve señala que los últimos cambios en la Ley Concursal también están animando a más personas endeudadas a recurrir a este mecanismo, al haber agilizado notablemente los trámites. Por ejemplo, al suprimir la obligatoriedad de intentar primero una mediación con los acreedores o prescindir de la figura del administrador concursal, a no ser que algún acreedor lo reclame.

Pendientes de la devolución de los créditos ICO

El presidente de la Sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Alicante, Luis Fernando Alonso Saura, pronostica que en los próximos meses puede registrarse un incremento de los concurso de empresas. Sobre todo a medida que venzan los créditos ICO que se concedieron para garantizar la liquidez de las empresas en el confinamiento y un número significativo de firmas no sean capaces de devolverlos. Una situación que se une al deterioro de la actividad económica o los problemas de tesorería derivados del aumento de los costes.


fuente: https://www.informacion.es/economia/2023/03/31/particulares-acaparan-mitad-concursos-acreedores-85407973.html

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